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Río Negro

Presentaron proyecto legislativo que rechaza el DNU que modifica la Ley de Migraciones

Los legisladores Pita y Mango repudiaron enérgicamente el Decreto N° 70/2017 que modifica la Ley N° 25.871.

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Los legisladores rionegrinos del Frente Grande en el bloque legislativo del Frente para la Victoria, Carina Pita y Marcelo Mango, presentaron en la Legislatura de Río Negro, un nuevo proyecto de comunicación dirigido al Poder Ejecutivo Nacional donde expresan su «enérgico rechazo al Decreto N° 70/2017 que modifica la Ley N° 25.871».

Ambos legisladores provinciales explicaron que «en enero de 2017, el Poder Ejecutivo Nacional, avasalla todo un proceso colectivo, participativo y ampliatorio de derechos, reformando -nuevamente- una Ley a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Este decreto, quiere introducir cambios a la Ley de Migraciones para asociar la migración con la delincuencia y expulsar personas que entren al sistema penal -incluso por una simple contravención-; centrándose en los inmigrantes más débiles, mientras que no implicará ningún cambio importante para los más peligrosos».

«Según nuestra opinión, este DNU podría ser violatorio de la Constitución Nacional por dos factores. En primer lugar, la Constitución Nacional establece en su Art. N° 75 que es el Congreso de la Nación quién tiene la facultad para regular la política migratoria. Para promover un DNU hay que acreditar alguna razón de urgencia y necesidad, que el gobierno nacional -solamente- justificó con la declaración de emergencia en seguridad, documento que no trabaja con datos certeros sobre la emergencia en la cuestión migratoria. En segundo lugar, también nuestra Constitución Nacional prohíbe todos los DNU que se refieran a materia penal. La reforma que realiza el decreto migratorio está regulando sobre antecedentes penales, o sobre materias que involucran el proceso penal», opinaron los legisladores Pita y Mango.

«Esta forma de toma de decisiones de Cambiemos no escapa a la gran transformación del modelo económico neoliberal en la Argentina de los 90´, donde la reforma del estado y el ajuste estructural, se implementaron con gran concentración de poder de decisión y acción en los Ejecutivos. Esto significó concentrar en el presidente facultades institucionales y políticas que violaron el equilibrio con los otros poderes del estado, sobre todo el legislativo. Es importante tener en cuenta que más de 150 organizaciones le pidieron una reunión al jefe de gabinete Marcos Peña para dar una discusión sobre los efectos del decreto, pero al momento no dieron señales de iniciar un espacio de diálogo. Por todo ello, es necesario que a través de todas las vías legislativas, el cuerpo legislativo rionegrino manifieste un rechazo rotundo al Decreto N° 70/2017, porque viola nuestra Constitución Nacional y porque avasalla los derechos de muchos y muchas migrantes que habitan el suelo argentino con el afán de ver crecer nuestra gloriosa Nación», expresaron los autores de la iniciativa legislativa.

Por su parte, el legislador Mango agregó que «el gobierno nacional muestra una clara intención de avanzar sobre la política migratoria en general. En esta línea eliminó todos los programas de abordaje territorial que tenía la Dirección Nacional de Migraciones, para ir al territorio y facilitar canales de regularización. Ahora los migrantes sólo pueden hacer el trámite si tienen acceso a las sedes centrales. Esto significa que se vuelve a poner sobre el migrante la responsabilidad de buscar la regularización, derribando el paradigma que acoge la Ley del 2004, propiciada por el entonces presidente Néstor Kirchner. Otro indicador del cambio en la política migratoria según especialistas en la materia, es el aumento en gran medida de las expulsiones».

En concordancia, para Pita «esta política migratoria está asociada a una concepción de seguridad ligada a lo que se denominan nuevas amenazas, discurso que no es novedoso. Fue Estados Unidos quien difundió estos lineamientos en la década del 90. Una de esas «nuevas amenazas» son las migraciones, entendidas como posibles focos de desestabilización. En el contexto de asunción de Donald Trump como presidente de EEUU se exacerba una política que EEUU ya promovía. En este sentido, estamos en presencia una vez más de discurso demagógico punitivo de los sectores de derecha, tanto de nuestro país como del resto del mundo: poner en el centro de la escena a los migrantes y menores para introducir el endurecimiento que es lo que «parece» a la gente le importa. Es decir, promover un decreto anticonstitucional se haría solo porque en la opinión pública prende fácilmente pero que en términos estadísticos no es una cuestión central de los problemas de seguridad».

Para ambos legisladores rionegrinos, «la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ha mal utilizado las estadísticas. Cuando difundió informes referidos a las temáticas, mencionó que los migrantes eran el 6 % del total de presos de nuestro país, pero que si se mira el narcotráfico pasan a ser el 33 %. Pero especialistas del CELS han hecho notar que ese 33% es sólo del narcotráfico del Servicio Penitenciario Federal, que representa solo el 15 % del total de detenidos del país. Además, según datos del organismo, las personas detenidas por delitos relacionados con drogas representan el 10 % del total de presos, en tanto que del total de detenidos por drogas en todo el país, el 83 % son argentinos y solo el 17 % son extranjeros, con lo cual la incidencia extranjera se reduce a la mitad de lo que afirmó la ministra. También esas mismas cifras ocultan que es esperable que en un delito como narcotráfico haya una mayor representación de extranjero, porque como sucede en todo el mundo, es un delito que tiene un componente transfronterizo. Entre 40 y 50 por ciento de los argentinos presos en el extranjero están presos por narcotráfico, eso no significa que los argentinos sean un problema en el narcotráfico mundial».

En este sentido, explicó el legislador Mango que «lo que muestran los datos difundidos por la propia ministra es que la participación de extranjeros en el delito no es significativa para que sea el eje central de una emergencia en seguridad. Y la ley migratoria del 2004 tenía herramientas concretas de expulsión para resolver los crímenes más graves que los extranjeros puedan haber cometido. Esta reforma, por Decreto, habilita un nuevo sistema de control migratorio que pone en incertidumbre a todos los residentes de nuestro país, y delega en las agencias policiales y judiciales un sistema de control sin establecer parámetros claros que brinden garantías debidas», concluyó.

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Política

Río Negro desregula farmacias y amplía el acceso a medicamentos

Elimina restricciones y suma nuevas herramientas digitales que buscan garantizar una mejor atención y más accesibilidad a los medicamentos.

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La Legislatura de Río Negro sancionó la ley impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck que desregula el sistema de farmacias, eliminando restricciones y sumando nuevas herramientas digitales que buscan garantizar una mejor atención y más accesibilidad a los medicamentos.

«La nueva ley reconoce una realidad que cambió y actualiza el sistema para responder a las demandas actuales, ampliando la libertad de elección y facilitando el acceso a un servicio esencial, con más competencia, innovación y mejores respuestas para los rionegrinos», destacó el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis.

Entre las nuevas herramientas digitales, se destacan la implementación obligatoria de la receta electrónica y la incorporación de la telefarmacia, lo que permitirá gestionar prescripciones de manera digital y acceder a medicamentos mediante envíos seguros y trazables.

En este sentido, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, explicó que «buscamos simplificar y ampliar el acceso. Con esta ley vamos a tener menos barreras para su instalación y herramientas modernas como la receta electrónica y el envío a domicilio. Esto significa que cada vecino va a poder acceder a sus medicamentos de forma más rápida, más cómoda y segura».

Otro de los avances es la posibilidad de prescripción diferida de hasta seis meses para personas con enfermedades crónicas, evitando la necesidad de renovar recetas de manera mensual y facilitando la continuidad de los tratamientos.

Se habilita la apertura del régimen de propiedad. Esto permite que personas físicas o jurídicas puedan ser titulares de farmacias, pero manteniendo la obligatoriedad de la Dirección Técnica a cargo de un farmacéutico matriculado para asegurar estándares de calidad y seguridad sanitaria.

Finalmente, la norma fortalece a la Productora Farmacéutica Rionegrina (PROFARSE), habilitándola a proveer directamente a farmacias locales. Esto permitirá optimizar la red de abastecimiento y contribuir a precios más accesibles para la población, consolidando un sistema más eficiente y cercano.

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Política

La Legislatura ratificó el acuerdo que impulsa exportación de gas

El gobernador Weretilneck destacó el respaldo legislativo y remarcó que este proyecto «ratifica el rumbo que elegimos para Río Negro».

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La Legislatura aprobó por amplia mayoría la ratificación del acuerdo firmado por el gobernador Alberto Weretilneck con Southern Energy y San Matías Pipeline. «La ley consolida reglas claras para una inversión estratégica que confirma el rumbo de Río Negro como puerta de salida del gas de Vaca Muerta al mundo, garantizando la generación de nuevos puestos laborales y más desarrollo», destacó el mandatario provincial.

De este modo, se ratifica el Acta Acuerdo firmada el 14 de abril pasado entre la Provincia, Southern Energy S.A. (SESA) y San Matías Pipeline S.A., orientada a establecer un régimen fiscal y de estabilidad regulatoria para el desarrollo del proyecto de Gas Natural Licuado en el Golfo San Matías.

La decisión, acompañada por una amplia mayoría en la Legislatura (41 votos a favor y 3 en contra), consolida un nuevo avance en el camino que viene construyendo Río Negro para convertirse en un actor estratégico de la exportación energética argentina, con infraestructura, trabajo local, cuidado ambiental y nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades.

El gobernador Weretilneck destacó el respaldo legislativo y remarcó que este proyecto «ratifica el rumbo que elegimos para Río Negro: transformar nuestros recursos en empleo, desarrollo y obras para nuestra gente, con reglas claras y defendiendo los intereses de la provincia en cada decisión».

Un paso clave para consolidar a Río Negro como exportador de GNL

El Proyecto FLNG prevé la instalación de dos buques de licuefacción en el Golfo San Matías, con una capacidad total de 6 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a casi 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. Además, contempla la construcción de un gasoducto dedicado de 471 kilómetros y 36 pulgadas, que conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina.

La secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, destacó el acompañamiento legislativo que permitió avanzar con una herramienta clave para dar previsibilidad a una inversión de escala internacional.

«Queremos agradecer a los legisladores que acompañaron esta decisión y que entienden el cambio de perfil productivo al que estamos asistiendo en Río Negro. Este no es un proyecto aislado: es parte de un rumbo que venimos construyendo con planificación, reglas claras y defensa de los intereses de todos los rionegrinos», afirmó Confini.

A su vez, remarcó que el acompañamiento no fue unánime, pero valoró especialmente a quienes respaldaron el proyecto «con una mirada estratégica sobre lo que ya está pasado en la provincia».

«Agradecemos a quienes confían en esta etapa de transformación. Río Negro está asumiendo un rol central en el desarrollo energético nacional, y el Gobierno Provincial tiene la responsabilidad de cuidar que ese proceso se traduzca en empleo, infraestructura, ingresos y oportunidades reales para nuestra gente», sostuvo.

Previsibilidad para invertir y beneficios para Río Negro

El acuerdo busca brindar certeza jurídica, fiscal y regulatoria para el desarrollo del Proyecto FLNG, una condición clave para una inversión de gran escala vinculada a la producción, transporte, licuefacción y exportación de gas natural.

El proyecto podría generar para Río Negro más de USD 490 millones en 20 años, entre cánones, regalías, tasas, aporte comunitario y un aporte variable asociado al precio internacional del GNL.

Entre esos beneficios se incluye un aporte comunitario fijo de USD 36 millones, destinado a seguridad, salud e inversiones comunitarias. Además, la norma dispone que el 5% de esa contribución sea asignado al Municipio de San Antonio Oeste para obras de infraestructura y equipamiento.

Río Negro, puerta de salida al mundo

Southern Energy está integrada por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. El consorcio proyecta una inversión superior a los USD 15.000 millones para operar durante 20 años un esquema de exportación basado en dos unidades flotantes de licuefacción en el Golfo San Matías.

Este avance se suma a otros hitos recientes del desarrollo del GNL en la provincia, como el primer contrato de venta con la empresa estatal alemana SEFE, que prevé exportaciones por 2 millones de toneladas anuales de GNL desde el Golfo San Matías a partir de fines de 2027.

Desarrollo con control ambiental y prioridad local

El acuerdo incorpora compromisos ambientales, entre ellos la adhesión de Southern Energy al Programa de Monitoreo de la zona costera de influencia del Golfo San Matías, con el objetivo de garantizar seguimiento, fiscalización y cuidado de los recursos naturales.

«La Provincia está presente para ordenar, regular y defender. Nuestro rol es garantizar que las inversiones lleguen, pero también que dejen beneficios concretos en Río Negro: más trabajo para rionegrinos, más actividad para nuestras empresas, más infraestructura y más futuro para las próximas generaciones», agregó Confini.

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Río Negro

En Río Negro quienes provoquen siniestros viales deberán reintegrar los gastos médicos

Es para los casos en que no sean cubiertos por obras sociales o seguros.

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En la sesión de este jueves (30/04), los legisladores rionegrinos sancionaron la norma que establece que los conductores que provoquen siniestros viales bajo los efectos del alcohol o estupefacientes deberán reintegrar al Estado los gastos de atención médica, en los casos en que no sean cubiertos por obras sociales o seguros.

El proyecto obtuvo sanción en primera vuelta en sesión extraordinaria en diciembre del 2025. Presentado por el legislador Fernando Frugoni, del bloque CC ARI Cambiemos, obtuvo 24 votos positivos y 17 negativos en segunda vuelta.

La medida también alcanza a conductas graves como el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo o la conducción sin licencia. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud y se prevé la ejecución judicial en caso de incumplimiento, además de la realización obligatoria de capacitaciones en seguridad vial.

En la misma sesión, se aprobó la creación del Observatorio Provincial de Arbolado Público, que tendrá como objetivo monitorear y gestionar el arbolado con especies autóctonas. Entre sus funciones se incluyen el censo y mapeo periódico, la evaluación sanitaria y la promoción de la reforestación. La iniciativa contempla la participación de organismos públicos, académicos y de la sociedad civil.

Ambas leyes deberán ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo.

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