Personal de la Comisaría 47° de J.J. Gómez intervino este lunes (10/08) por la tarde tras un siniestro vial ocurrido sobre calle Félix Heredia al 2100, donde una motocicleta colisionó con una camioneta blanca que se retiró del lugar.

Al arribar, los efectivos encontraron a dos jóvenes lesionados junto al rodado menor y solicitaron asistencia médica. Los ocupantes de la motocicleta fueron atendidos por personal del SIARME y posteriormente trasladados al hospital local.

Mientras se desarrollaban las primeras actuaciones, la Policía preservó el lugar y trabajó junto al Gabinete de Criminalística, que realizó las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Durante el procedimiento, los efectivos también verificaron los datos de la motocicleta, una Ruser Bajaj de 250 cc, debido a que sus ocupantes manifestaron no contar con la documentación del rodado.

La consulta en los sistemas oficiales permitió establecer que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo por un hecho de hurto desde el 9 de agosto pasado.

Ante esta situación, el rodado fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia. La medida fue dispuesta por la Fiscalía de turno, que ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes.

Personal de la Subcomisaría 69° de General Roca detuvo a un hombre de 29 años que circulaba por la vía pública con un elemento de fabricación casera que presentaba características similares a un arma de fuego.

La intervención policial se inició a partir del alerta realizado por un vecino, quien aportó una descripción que permitió orientar las recorridas hacia el sector donde se encontraba el sospechoso.

Con esos datos, los efectivos realizaron un operativo de búsqueda y lograron localizar al hombre en inmediaciones de calle Pública y Picaflor.

Durante un cacheo preventivo, los uniformados encontraron entre sus prendas el elemento señalado. Se trataba de un objeto de fabricación casera, cuyas características motivaron la intervención de la Justicia.

Tras tomar conocimiento de la situación, la Fiscalía de turno dispuso la detención del hombre en el marco de actuaciones por presunta portación de arma de guerra.

Además, personal del Gabinete de Criminalística realizó las pericias correspondientes y procedió al secuestro del elemento, que quedó a disposición de la Justicia.

Este martes (11/08) se desarrolló en General Roca una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal reformuló y precisó la acusación contra 11 imputados, entre ellos un adolescente de 16 años, en el marco de una investigación por una asociación ilícita que habría actuado en distintas ciudades del Alto Valle y Neuquén.

La nueva instancia judicial se produjo luego de los resultados obtenidos a partir de distintas pericias, entre ellas el análisis de los teléfonos celulares de las personas señaladas como presuntos integrantes de la organización.

Los dispositivos fueron peritados por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel), organismo dependiente de la Procuración General. Según explicó la Fiscalía, los informes permitieron obtener datos que ubicaron a los imputados en los lugares donde se produjeron distintos hechos investigados.

A partir de esos elementos, la fiscal jefe Belén Calarco y la fiscal del caso Verónica Villarruel solicitaron al juez de Garantías Gustavo Quelín que tuviera por reformulados los cargos contra los acusados como integrantes de una asociación ilícita.

La Fiscalía sostuvo que los hechos investigados se desarrollaron entre el 1 de octubre de 2024 y el 22 de diciembre de 2025, en un lugar no determinado con exactitud pero ubicable en General Roca.

De acuerdo con la acusación, los 11 imputados habrían acordado formar parte de una asociación ilícita destinada a cometer delitos indeterminados contra la seguridad y el orden público y contra la propiedad. La organización habría desarrollado actividades en Villa Regina, Allen, General Roca, Cipolletti y Neuquén capital, con una pluralidad y diversidad de maniobras y una distribución de tareas caracterizada, según la Fiscalía, por estabilidad y permanencia en el tiempo.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal detalló además qué función habría cumplido cada uno de los integrantes dentro de la organización y sumó dos hechos ocurridos en Cipolletti.

Uno de los puntos analizados estuvo relacionado con el adolescente de 16 años. Las defensas cuestionaron su incorporación a la asociación ilícita, mientras que la Fiscalía lo identificó como partícipe.

El juez explicó que existe una diferencia respecto de la situación del menor, dado que no se le atribuye la participación directa en ninguno de los 14 hechos imputados. Sin embargo, aclaró que la asociación ilícita constituye un delito autónomo y que una persona puede formar parte de ella sin intervenir necesariamente en los robos concretos.

En ese sentido, señaló que pueden existir tareas preparatorias o de colaboración destinadas a posibilitar la concreción de los hechos, sin que necesariamente quien las realiza participe directamente en cada uno de los delitos.

Durante la audiencia, la Fiscalía también solicitó la prórroga de todas las medidas cautelares y del plazo de la investigación penal preparatoria hasta el 10 de diciembre.

El pedido contó con el acuerdo de la Fiscalía y de los abogados defensores, tanto particulares como los representantes de la Defensa Penal Pública, Estela Aroca Alvarez y Juan Pablo Chirinos. El juez Quelín hizo lugar a la solicitud.

Además, pese a la oposición planteada por algunos defensores, el magistrado autorizó la realización de ruedas de reconocimiento.

¿Cuál es la situación de los acusados?

Con la resolución adoptada este martes, quedaron prorrogadas las prisiones preventivas de 5 imputados. Otros 2 continuarán bajo medidas cautelares con tobillera electrónica. A su vez, 2 imputados permanecen detenidos en prisión preventiva en el marco de otra causa.

Los 2 restantes continúan sujetos a medidas cautelares consideradas suficientes para garantizar los fines del proceso.

De esta manera, al día de la fecha, 10 personas mayores de edad y un adolescente de 16 años continúan vinculados a la causa con formulación de cargos.

Uno de los imputados ya había aceptado su responsabilidad y cumple una condena, que fue unificada en 13 años de prisión.