Gremios
ATE definió un paro de tres días
Será este jueves 16 y los próximos martes 21 y miércoles 22 de marzo. Además, exigen la renuncia del legislador Rubén López.
Durante gran parte de la jornada sesionó en General Roca el plenario provincial de secretarios generales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), con la presencia de representantes de todas las Seccionales de ATE y del Consejo Directivo Provincial.
Las principales conclusiones del cónclave de los dirigentes rionegrinos fueron convocar a un paro general de 24 horas de toda la Administración Pública, empresas del Estado y entes descentralizados para el jueves 16; y además a un paro general de 48 horas para el martes 21 y miércoles 22 de marzo.
Además, durante el plenario, acordaron demandar la destitución del legislador de Juntos Somos Río Negro, Rubén López, denunciado por violación de dos jóvenes cipoleñas. En el mismo plano, ATE denuncia al funcionario del Ministerio de Educación, Rudecindo Navarro, de la localidad de San Carlos de Bariloche, quien ya fue señalado por el sindicato por supuesto acoso e intercambio de puestos laborales en las escuelas a cambio de favores sexuales.
«El gobierno se encamina a discutir con un solo gremio en la Administración y a otorgar nuevamente una recomposición salarial muy por debajo de la inflación. A esta altura y a partir de las fuertes medidas de ajuste, está claro que entre (Mauricio) Macri y (Alberto) Weretilneck prácticamente no existen diferencias políticas. Tanto en el país, como en la provincia buscan aplicar una baja salarial», señaló el secretario general de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar, una vez finalizado el encuentro.
Agregó que «los nuevos tarifazos nos colocan frente a una nueva escalada inflacionaria en la región. El gas aumenta un 500%, la luz un 140% y el agua otro 70% ¿Quién puede pensar que la inflación va a ser de 17% este año? Se va a ubicar por sobre los 30 puntos».
El sindicato llegó a estas resoluciones tras debatir ampliamente sobre el escenario político nacional y provincial, analizando la «crítica situación de los empleados públicos y el grave deterioro que sufrieron sus ingresos». En tal sentido, «estas medidas pretenden ser la respuesta de los trabajadores a la dilación e inacción del gobierno provincial, quien se niega a convocar a negociaciones paritarias para definir la pauta salarial de los empleados públicos rionegrinos».
Cabe recordar que ATE rechaza el 17% de aumento y en su lugar demanda un 40% para todos los estatales, de manera de poder cubrir la inflación 2017 y compensar la del 2016. Del mismo modo, «el paro será la expresión en los lugares de trabajo y en las calles contra el recorte de recursos en los servicios que se prestan a la población más necesitada en materia de Salud, Desarrollo Social, Educación y Seguridad».
Dando continuidad al plan de lucha definido por el plenario, este jueves la entidad sindical llevará a cabo un paro total por 24 horas con movilizaciones regionales, centralizando las actividades en la Zona Andina en San Carlos de Bariloche, el Alto Valle en Cipolletti y la Zona Atlántica en Viedma.
La entidad resolvió llevar las protestas a todos los hospitales de la provincia, «atento a las graves consecuencia que está acarreando en los trabajadores y la población asistida el ajuste aplicado por el gobierno rionegrino mediante el Decreto N° 58/17. En el caso del Alto Valle, los estatales concentrarán a partir de las 10 de la mañana en el Hospital «Dr. Pedro Mogillansky» de Cipolletti.
Gremios
Mientras UnTER asegura un 70% de adhesión al paro, el Gobierno informa un 65% de presentismo en las escuelas
En el primer día de protesta, los docentes se movilizaron en los puentes Cipolletti-Neuquén y fueron reprimidos por efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura.
La primera jornada del paro docente de 48 horas en Río Negro estuvo marcada por cifras contrapuestas entre el gremio UnTER y el Gobierno provincial, y por momentos de tensión en los puentes carreteros que conectan Cipolletti con Neuquén.
Desde el sindicato aseguraron que la medida de fuerza alcanzó una adhesión cercana al 70% en toda la provincia. En contraposición, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos informó que el presentismo docente superó el 65%, lo que, según indicaron, «permitió sostener el dictado de clases en gran parte de las escuelas».
En paralelo, la protesta tuvo su punto más crítico en la zona de los puentes interprovinciales sobre la Ruta Nacional N° 22, donde docentes se manifestaban en el marco del paro de 48 horas. Durante la mañana, la actividad se había desarrollado con entrega de folletería y tránsito lento, sin mayores inconvenientes.
Sin embargo, la situación escaló cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar sobre la calzada. En ese momento, intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura, quienes utilizaron gas pimienta para dispersar a los docentes.
El accionar generó corridas, momentos de tensión y desconcierto entre los presentes. Algunos manifestantes resultaron afectados por los gases, aunque fueron asistidos en el lugar y continuaron con la movilización.
Desde UnTER señalaron que la intención era movilizarse hacia la rotonda sin cortar totalmente el tránsito, dejando al menos un carril habilitado para la circulación.
Por su parte, el Gobierno provincial cuestionó la medida de fuerza al considerarla injustificada y remarcó que, «en los últimos años, los salarios docentes se ubicaron por encima de la inflación».
Gremios
Paro docente: Sin llamado del Gobierno, UnTER confirmó medidas de fuerza para este martes y miércoles
El sindicato docente reclama una nueva oferta salarial y denuncian incumplimientos del Ejecutivo provincial.
El gremio docente UnTER ratificó el paro de 48 horas previsto para esta próxima semana, luego de que el Gobierno de Río Negro no realizara una nueva convocatoria a paritaria antes del 30 de abril, tal como había sido exigido por el sindicato en el último Congreso. La medida de fuerza se llevará adelante a partir del primer minuto de este martes (05/05) y se extenderá hasta las 23.59 horas del miércoles (06/05).
El paro había sido definido en el CCCXCIII Congreso General Extraordinario realizado el pasado 22 de abril en Fernández Oro, que estableció un plazo para retomar la discusión salarial. Al no concretarse ese llamado antes del comienzo del mes de mayo, el gremio confirmó la continuidad del plan de lucha, que incluye un paro de 48 horas con acciones provinciales y locales para mañana y pasado.
Desde UnTER reclaman una nueva propuesta salarial que contemple una recomposición real de los haberes, con actualización por inflación y un salario mínimo de $2.000.000. Además, exigen la incorporación de sumas no remunerativas al básico y cuestionan la utilización del índice de inflación de Viedma, en lugar del de la región patagónica.
En paralelo, el gremio reiteró críticas a distintas políticas del Gobierno provincial, como la aplicación del presentismo, las auditorías médicas y reformas educativas que consideran inconsultas.
Asimismo, se ratificaron medidas de visibilización del conflicto, entre ellas movilizaciones, clases públicas y una marcha de antorchas en cada localidad, además de la posibilidad de profundizar las acciones en caso de no haber respuestas oficiales.
Gremios
714 estatales pidieron créditos en el Banco Nación, rechazaron la mayoría y al resto les ofrecieron hasta 10 veces menos que a funcionarios del Gobierno nacional
«Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más», señaló Rodolfo Aguiar.
En las últimas semanas, 714 trabajadores estatales de todo el país solicitaron créditos en el Banco Nación por los mismos montos, plazos de financiación y tasas que les otorgaron a los funcionarios libertarios, pero obtuvieron resultados diametralmente distintos: el más alto ofrecido fue de 55 millones de pesos, mientras que los funcionarios libertarios accedieron a montos de hasta 420 millones.
«Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más. Los montos ofrecidos a los trabajadores son ínfimos, 10 veces menores que los otorgados a los libertarios y además la mayoría de las solicitudes fueron inmediatamente rechazadas», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Los trámites se realizaron tanto de manera virtual como presencial en más de 150 de las 709 sucursales del Banco Nación.
En esta línea, el dirigente completó que «en algunos casos les negaron los préstamos directamente por la modalidad bajo la cual están contratados en el sector público por carecer de estabilidad. Eso contrasta, por ejemplo, con el caso de Leandro Massaccesi, quien era jefe de gabinete de Capital Humano y fue despedido. Y en el resto, se tuvo que informar si existen deudas, los gastos en tarjetas de crédito, préstamos, pago de servicios, cuestiones que no fueron exigidas a alguna diputada oficialista que incluso se encontraba no sólo embargada, sino también procesada por la Justicia».
«Da mucha bronca. Ni siquiera pudieron acceder a un préstamo aquellos que propusieron codeudores. Los créditos del Banco Nación otorgados a los funcionarios de La Libertad Avanza son una estafa. El Gobierno juega con una de las necesidades más sensibles como es la vivienda digna. Los estatales no pedimos acceder a casas lujosas y en barrios privados como se compraron los funcionarios, simplemente a una vivienda digna», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Créditos para estatales
Entre las 714 solicitudes de crédito, se destaca el caso testigo de un trabajador de PAMI, cuyo ingreso de bolsillo es de $2.076.667 y que cobra su sueldo a través del Banco Nación, el cual calificó a un crédito de apenas $55.000.000 con una tasa de interés del 6% nominal anual, lo que representa menos de la mitad del valor promedio de una vivienda digna de 3 ambientes para una familia tipo (dos adultos y dos niños), de $170.000.000 (120.000 dólares), según un informe de la plataforma inmobiliaria Zonaprop.
Además, el sindicato resaltó que el sistema de ‘scoring’ para poder calificar a un crédito hipotecario, el cual registra toda la información financiera de una persona, controla exhaustivamente los cumplimiento de pagos, la antigüedad crediticia, el endeudamiento, la participación en productos financieros y el comportamiento reciente de los solicitantes.
Para ello, se les solicitó los últimos 3 recibos de sueldo y comenzó el proceso de investigación del historial crediticio cruzando datos con otras entidades financieras. En el caso de los trabajadores estatales que completaron los formularios correctamente para solicitar los créditos, 623 fueron rechazados casi instantáneamente, mientras que el resto continúa en trámite sin aprobación.
Otro caso que se destaca es el de un trabajador estatal monotributista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo ingreso es de $1.240.650, que solicitó la suma de 40 mil dólares para la mitad de una propiedad, con una codeudora también estatal, y el mismo fue rechazado en un minuto sin siquiera llegar a cargar la documentación necesaria para avanzar en el trámite.
Cabe recordar que desde el Gobierno aseguraron que los créditos a los que accedieron los funcionarios son los mismos a los que puede acceder cualquier otro ciudadano. Sin embargo, el gremio indicó que el nivel de ingreso general que detalla el propio Indec ($1.321.353 en promedio) torna imposible acceder a estos créditos.
Créditos libertarios
En paralelo, los funcionarios del Gobierno nacional recibieron valores mucho más altos que a los trabajadores del sector público. Tales son los casos de Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano ($420.000.000), a quién no se le solicitó el requisito de estabilidad laboral como sí al resto de los solicitantes; Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo ($373.000.000); Federico Furiase; secretario de Finanzas ($367.059.000); Federico Sharif Menem: secretario de su tío, Martín Menem ($357.000.000); o Juan Pablo Carreira, twittero conocido como Juan Doe y actual director de Comunicación Digital ($112.948.000), entre otros.
Además, ATE destacó el caso de la diputada rionegrina Lorena Villaverde, quien recibió $279.000.000 estando embargada por la venta irregular de terrenos.
No sólo existe una clara diferencia en cuanto a los montos, sino también con las tasas de interés subsidiadas que, en el caso de los funcionarios es de 4% nominal anual. Además, se les permitió financiar hasta el 90% del valor de la propiedad, mientras que al resto de la ciudadanía se le permite un financiamiento de hasta el 75%.
