Gremios
ATE definió un paro de tres días
Será este jueves 16 y los próximos martes 21 y miércoles 22 de marzo. Además, exigen la renuncia del legislador Rubén López.
Durante gran parte de la jornada sesionó en General Roca el plenario provincial de secretarios generales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), con la presencia de representantes de todas las Seccionales de ATE y del Consejo Directivo Provincial.
Las principales conclusiones del cónclave de los dirigentes rionegrinos fueron convocar a un paro general de 24 horas de toda la Administración Pública, empresas del Estado y entes descentralizados para el jueves 16; y además a un paro general de 48 horas para el martes 21 y miércoles 22 de marzo.
Además, durante el plenario, acordaron demandar la destitución del legislador de Juntos Somos Río Negro, Rubén López, denunciado por violación de dos jóvenes cipoleñas. En el mismo plano, ATE denuncia al funcionario del Ministerio de Educación, Rudecindo Navarro, de la localidad de San Carlos de Bariloche, quien ya fue señalado por el sindicato por supuesto acoso e intercambio de puestos laborales en las escuelas a cambio de favores sexuales.
«El gobierno se encamina a discutir con un solo gremio en la Administración y a otorgar nuevamente una recomposición salarial muy por debajo de la inflación. A esta altura y a partir de las fuertes medidas de ajuste, está claro que entre (Mauricio) Macri y (Alberto) Weretilneck prácticamente no existen diferencias políticas. Tanto en el país, como en la provincia buscan aplicar una baja salarial», señaló el secretario general de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar, una vez finalizado el encuentro.
Agregó que «los nuevos tarifazos nos colocan frente a una nueva escalada inflacionaria en la región. El gas aumenta un 500%, la luz un 140% y el agua otro 70% ¿Quién puede pensar que la inflación va a ser de 17% este año? Se va a ubicar por sobre los 30 puntos».
El sindicato llegó a estas resoluciones tras debatir ampliamente sobre el escenario político nacional y provincial, analizando la «crítica situación de los empleados públicos y el grave deterioro que sufrieron sus ingresos». En tal sentido, «estas medidas pretenden ser la respuesta de los trabajadores a la dilación e inacción del gobierno provincial, quien se niega a convocar a negociaciones paritarias para definir la pauta salarial de los empleados públicos rionegrinos».
Cabe recordar que ATE rechaza el 17% de aumento y en su lugar demanda un 40% para todos los estatales, de manera de poder cubrir la inflación 2017 y compensar la del 2016. Del mismo modo, «el paro será la expresión en los lugares de trabajo y en las calles contra el recorte de recursos en los servicios que se prestan a la población más necesitada en materia de Salud, Desarrollo Social, Educación y Seguridad».
Dando continuidad al plan de lucha definido por el plenario, este jueves la entidad sindical llevará a cabo un paro total por 24 horas con movilizaciones regionales, centralizando las actividades en la Zona Andina en San Carlos de Bariloche, el Alto Valle en Cipolletti y la Zona Atlántica en Viedma.
La entidad resolvió llevar las protestas a todos los hospitales de la provincia, «atento a las graves consecuencia que está acarreando en los trabajadores y la población asistida el ajuste aplicado por el gobierno rionegrino mediante el Decreto N° 58/17. En el caso del Alto Valle, los estatales concentrarán a partir de las 10 de la mañana en el Hospital «Dr. Pedro Mogillansky» de Cipolletti.
Gremios
ATE lanza un paro nacional de 24 horas para protestar en todo el país el jueves 15 y «voltear el decreto 70/23 completo»
«Este DNU no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre y en la Capital Federal se movilizará al Congreso de la Nación a partir de las 13.30 para exigir la derogación del Decreto N° 70/23. Además, las protestas se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias.
Durante la jornada, sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Cabe destacar que cada provincia definirá la extensión de la medida y la modalidad de protesta.
«Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, señaló que «no podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto».
«Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo», agregó el dirigente.
«Desde que asumió Milei nunca existió ni necesidad ni urgencia. La Constitución Nacional le prohíbe expresamente al presidente legislar. Y si lo hace, debe ser declarado nulo de nulidad absoluta. Con un Congreso que estuvo siempre abierto, este decreto es corrupción», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Además se verán afectados los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radioperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.
La movilización se dará además en el marco de la Marcha Federal Universitaria para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición salarial, actualización de las becas estudiantiles y los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
