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Por el «Plan Castello», la CTA demanda a Weretilneck un referéndum y lanzó una consulta popular
Proponen que los rionegrinos voten en urnas, a través de una consulta popular, si están o no favor del proyecto de obras lanzado por el gobierno, el cual generaría una deuda de casi 9.000 millones de pesos.
En una conferencia de prensa realizada en la mañana de este miércoles en Viedma, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma comunicó su exigencia al Poder Ejecutivo Provincial y anunció una inusual iniciativa vinculada al denominado «Plan Castello».
«Estamos frente a una propuesta del Ejecutivo que reúne todas las condiciones para que se convoque a ejercer el mecanismo de participación democrática directa prevista por las leyes. El Plan Castello se ha transformado en un asunto de vital importancia para el Estado y se trata de un mega-endeudamiento que compromete a futuras gestiones de gobierno. Ambas cuestiones habilitan la posibilidad para que el pueblo rionegrino -en el marco de la Constitución- emita su opinión favorable o no, en un referéndum», adelantó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y CTA Río Negro.
«Si bien estos institutos de participación popular, como el referéndum o plebiscito se impulsan como ideas progresistas desde el año 1994, lo cierto es que los gobernantes han sido mezquinos, no los usan y muchas veces deciden interpretar ellos la voluntad de la ciudadanía en temas de suma importancia», añadió el dirigente de los trabajadores
“Tenemos la sensación que los rionegrinos no avalan semejante endeudamiento en el mercado financiero internacional y lo consideran un retroceso directo a la década del 90. Estamos entrando en un ciclo de debilitamiento de la economía provincial que abre interrogantes sobre la futura sustentabilidad. Más que endeudarse, el gobierno debería empezar a cobrar impuestos a las empresas mineras, petroleras, bancos, casinos y salas de juego», agregó.
Por un lado, la central obrera demanda al gobierno encabezado por Alberto Weretilneck que convoque a un «referéndum» de acuerdo al marco normativo provincial. En este sentido explicaron que el Artículo N° 181 de la Constitución de Río Negro refiere a las atribuciones del gobernador y en su inciso 18 lo faculta para convocar elecciones, consultas y referéndum. En tanto que la Ley N° 3.688, sancionada en el año 2002, reglamenta la Consulta Popular en la provincia.
Para la CTA «están dadas todas las condiciones exigibles que permiten la utilización de este mecanismo legal, propiciando un ámbito de participación democrática directa. Se debe llamar a toda la ciudadanía rionegrina para que emita su opinión en relación al mega-endeudamiento, ya que se trata de un empréstito en moneda extranjera de entre 8.000 o 9.000 millones de pesos, que compromete a futuras gestiones obligándose por 10 años hasta el 2028 y que se convierte en un asunto de vital importancia para el Estado».
Por otro lado, la central sindical lanzó una consulta popular que tendrá inicio desde esta mañana y durará dos semanas. «Será de alcance provincial y permitirá que el pueblo emita su opinión sobre la conveniencia o no de avanzar en el Plan Castello, pudiendo expresarse en urnas que serán colocadas en lugares públicos en las principales ciudades de la provincia, por la afirmativa o bien rechazando el proyecto planteado por el Ejecutivo», explicó Aguiar.
La CTA alertó asimismo sobre la «posibilidad que en este caso puntual, la intervención de la Legislatura resulte insuficiente y existan grandes diferencias entre la opinión de los diputados y el pueblo». También ratificó su postura negativa argumentando que «la provincia está ingresando en un ciclo de endeudamiento que abre serios interrogantes sobre su sustentabilidad económica futura, si se tiene en consideración que ya acumula una deuda cercana a los 3.000 millones de pesos y un déficit de similar monto».
Además, la central considera que «tomar un crédito de semejante magnitud, recurriendo para ello al mercado financiero internacional, hará perder autonomía al Estado provincial, quedando éste sujeto a los designios de organismos internacionales y haciendo recorrer a la sociedad un camino inverso al del desendeudamiento que caracterizó los últimos años».
Durante la rueda de prensa los dirigentes señalaron que «los militantes impulsarán el voto negativo argumentando la necesidad que se produzca un cambio en el régimen de recaudación impositiva a los efectos de generar fuentes genuinas de ingresos y avanzar en la afectación tributaria de aquellos sectores de la economía ampliamente beneficiados y que han acumulado ganancias millonarias, como la renta minera, la actividad petrolera, las entidades bancarias, financieras y crediticias y los casinos».
Los ciudadanos que decidan participar de la consulta popular podrán pronunciarse entre dos alternativas, votando por «Si» o por «No» a la opción “estoy de acuerdo con que el gobierno se endeude en 8.000 millones de pesos”.
La conducción de la CTA estima que antes del día 23 de marzo podría contarse ya con datos provisorios que permitan conocer la inclinación en la opinión popular. Los organizadores también aclararon que se trata de una iniciativa «no vinculante» y «no obligatoria» como podría ser si la convocatoria finalmente decidiera hacerla el Poder Ejecutivo.
Cronograma de colocación de urnas y lanzamiento en las principales ciudades:
[mks_icon icon=»fa-clock-o» color=»#ff9335″ type=»fa»] Jueves 16 de marzo: Viedma y Cipolletti
[mks_icon icon=»fa-clock-o» color=»#ff9335″ type=»fa»] Viernes 17 de marzo: Villa Regina. y General Roca
[mks_icon icon=»fa-clock-o» color=»#ff9335″ type=»fa»] Lunes 20 de marzo: El Bolsón. y San Carlos de Bariloche
No descartaron que sumen más localidades a la participación de la consulta con la instalación de urnas en los próximos días.
Gremios
ATE denunció que el Gobierno pagó 7 millones de dólares por un software que vale 600.000
El sindicato cuestionó la compra con sobreprecio de 1066,7% en la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA), sumado a la denuncia que ya se realizó por una licitación fraudulenta en la contratación de un servicio de limpieza que supera en un 140% al valor previsto.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció un grave hecho de corrupción por parte de las autoridades de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA): contrataron un sistema de gestión administrativo por 7 millones de dólares, significando 1066,7% de sobreprecio con respecto al software ya utilizado y que cumple las mismas funciones. Esto se suma a la denuncia ya realizada por una licitación a medida de una empresa de limpieza con un sobreprecio de 140%.
«Estamos frente a un hecho de corrupción mayúsculo. Hay autoridades que han ejecutado actos que están prohibidos por las leyes y además se han violentado todos los procedimientos administrativos internos en la empresa. Este uso indebido, ilícito de las funciones públicas causan un grave perjuicio para el Estado. Estos sobreprecios que superan el 1000% tienen que ser investigados a fondo. No se puede descartar que se hayan exigido retornos», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, cuestionó que «¿Cómo se explica pagar 7 millones de dólares por un sistema cuyo costo no debiera superar los 600.000? ¿O aumentar la erogación más de un 140% para el servicio de limpieza cuando no se ha construido una nueva planta, no se ha alquilado ningún nuevo edificio ni se abrieron nuevas oficinas? Acá es evidente que estamos frente a funcionarios que se creen impunes. Es la única posibilidad de que se materialicen estas graves irregularidades sin pensar que los propios trabajadores no las van a advertir».
«No tenemos que descartar que este accionar delictivo pretenda cumplir una doble finalidad: por un lado, apropiarse de recursos públicos, pero por el otro, contribuir al vaciamiento de la empresa para su venta. Es decir, desfinanciar para privatizar», agregó el dirigente estatal.
«Desde el sindicato demandamos que en estos dos casos se paralicen todas las tramitaciones administrativas antes de que los perjuicios sean mayores y que rápidamente se deslinden responsabilidades. No vamos a aceptar que sancionen o desplacen a algunos trabajadores para quitarse responsabilidad. No vamos a aceptar chivos expiatorios», concluyó Rodolfo Aguiar.
Licitaciones con sobreprecios
El sindicato apuntó que las autoridades del organismo que preside Demián Reidel no justificaron la razón por la cual compraron un programa, el SAP S/4HANA, cuyo costo de 7 millones de dólares es 11,6 veces mayor al actual (600.000 dólares) y que no representa mejoras significativas.
Este caso se suma a la otra denuncia del sindicato por licitación armada a medida de un solo proveedor, LX Argentina, con un sobreprecio de más del 140% con respecto al servicio preexistente: $10.783.900.000 del nuevo contrato frente a los $4.493.300.000
Se dispuso de un pliego a medida con criterios de contratación inéditos para ese área (como tener ocho años de antigüedad o contar con una dotación de entre 300 y 600 empleados), cosa que hizo caer a 7 de las 9 empresas oferentes por no cumplir con los requisitos técnicos. Por otro lado, la propia Administradora del Contrato de Limpieza, Camila Marina, comunicó en reiteradas ocasiones a las autoridades que los montos ofertados «no son razonables» al compararlos con el servicio actual.
El hecho de que el Directorio de NASA haya decidido apartar de sus cargos al gerente General, Marcelo Famá, y al gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, eleva la sospecha sobre la intencionalidad y los objetivos de estas irregularidades. En este marco, ATE exige una auditoría completa de todos los servicios contratados y los procesos de licitación.
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ATE rechaza la amenaza de Adorni de despedir al 20% de la Jefatura de Gabinete y prepara medidas
«Esta decisión atenta contra la eficacia del Estado. Es mentira que quieran ahorrar. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta», dijo Aguiar.
Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amenazara con despedir al 20% de los trabajadores de este sector en febrero y realizar un gran recorte presupuestario, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «esta decisión atenta contra la eficacia del Estado» y disparó: «Es mentira que quieran ahorrar. Son medidas que van a impactar sobre los derechos de toda la sociedad. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta. Mintieron. No está recortando privilegios, siguen desmantelando servicios esenciales».
«Están recortando gastos en el Estado para favorecer a los sectores concentrados de la economía como ocurrirá con las 150 empresas a las que quieren bajarles el impuesto a las ganancias. Recortan porque priorizan el pago de la deuda externa. El ajuste siempre es sobre los más débiles, mientras que los sectores más ricos siguen acumulando», agregó el dirigente de ATE.
En esta línea, Aguiar explicó que «estas cesantías son ilegales. Los empleados públicos tenemos estabilidad. Las tenemos que resistir. No pueden seguir dejando familias en la calle en este contexto de crisis. El Estado está tirando a la basura a trabajadores con años de experiencia y altamente calificados. Pretenden despedir personal técnico y especializado que será muy difícil y costoso de poder reemplazar».
Una de las áreas que podría verse afectada por la ‘motosierra’ del Gobierno es la Administración de Parques Nacionales. En referencia a esto, el referente estatal señaló que «no existen argumentos reales. Ninguna de las áreas de la Jefatura están superpobladas. Por el contrario, son los propios informes oficiales los que dan cuenta que la dotación de personal se encuentra muy por debajo de la requerida. El caso paradigmático es que con los incendios en la Patagonia y en el resto país se descubrió que solamente hay 391 brigadistas cuando debieran ser 700. Es decir, solo la mitad para cubrir 5 millones de hectáreas».
«Ya sabemos lo que hizo Adorni en la Secretaría de Comunicación. No va a despedir para ahorrar, sino para reemplazar, hacer lugar para llenar nuevas áreas de militantes libertarios», sentenció el secretario general de ATE Nacional y concluyó con que «lo tenemos que impedir. Los trabajadores no somos un número en una planilla de Excel. Si intenta cumplir con esta amenaza de recortar, la conflictividad rápidamente va a aumentar».
En este sentido, el sindicato también decidió convocar a su Secretariado Nacional a los efectos de definir medidas de acción directa.
Según las estimaciones del sindicato, de los 3000 trabajadores que hay bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que abarca las secretarías de Asuntos Estratégicos; Coordinación Legal y Administrativa; Ejecutiva; Comunicación y Medios; Innovación, Ciencia y Tecnología; y Ambiente y Turismo, son más de 500 los puestos de trabajo que podrían verse afectados.
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Paritaria docente: UnTER rechazó la propuesta salarial del Gobierno y convocó a un Congreso
El gremio exige recomposición salarial pendiente de 2025. La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta febrero.
Este jueves (22/01) se llevó adelante en la ciudad de Viedma la primera reunión paritaria del año entre el Gobierno de Río Negro y la nueva conducción del gremio docente UnTER, sin que se lograra un acuerdo salarial entre las partes.
Durante el encuentro, realizado en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, la ministra de Educación, Patricia Campos, presentó una propuesta salarial de carácter trimestral, con actualización en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma, correspondiente al período de enero a marzo.
Desde UnTER señalaron que la oferta no puede ser evaluada, ya que «no contempla la recomposición salarial pendiente del año 2025». En ese sentido, las autoridades del gremio reiteraron los reclamos surgidos de los encuentros internos, vinculados a la urgente recomposición del salario docente, mejores condiciones laborales, mayor financiamiento educativo y el cumplimiento de la Resolución 233/98, entre otros puntos.
«El salario debe garantizar la recuperación del poder adquisitivo. Ningún docente por debajo de la línea de la pobreza», remarcaron desde el sindicato.
Por su parte, desde el Gobierno provincial indicaron que «la propuesta salarial se enmarca en un difícil contexto económico, y responde a la política de pagar los salarios en tiempo y forma, garantizar los servicios esenciales del Estado y mantener ingresos que se ubiquen por encima de la inflación, en función de un uso responsable de los recursos disponibles».
Ante la falta de consenso, el Ejecutivo propuso un cuarto intermedio para la primera semana de febrero, instancia que fue cuestionada por UnTER, que manifestó su total desacuerdo con lo que consideró un intento de «dilación» en la negociación.
En ese marco, el gremio docente anunció la convocatoria a un Congreso Provincial, que se realizará el jueves (29/01) en la ciudad de San Antonio Oeste, donde se definirán las acciones a seguir.
Del encuentro participaron, por el Gobierno, la ministra Patricia Campos, la secretaria de Educación Silvia Arza, vocales gubernamentales y autoridades del Consejo Provincial de Educación. En representación de UnTER estuvieron presentes integrantes del Consejo Directivo Central y del equipo gremial y legal del sindicato.
