Judiciales
Confirmaron la condena contra el homicida de Montesino
Por un homicidio ocurrido en 2015 en la zona norte de General Roca, el Superior Tribunal de Justicia avaló la pena de 10 años y 8 meses de prisión que había impuesto la Cámara Criminal Primera.
El Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena contra un hombre de General Roca por un homicidio ocurrido en 2015 en la zona norte de esta ciudad. En mayo de 2016 la Cámara Criminal Primera de Roca condenó al imputado Juan Carlos Colicheo a la pena de 10 años y 8 meses de prisión, más inhabilitación especial para tener y/o portar armas de fuego por el doble tiempo, tras declararlo autor penalmente responsable de los delitos de «homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal».
El hecho investigado ocurrió la noche del 12 de abril de 2015 en la esquina de las calles Islas Orcadas y Picaflor, donde se produjo una discusión entre Colicheo y la víctima, Ricardo Adrián Montesino. Según la acusación, desde su terreno el imputado disparó hacia Montesino con una carabina, provocándole lesiones internas que ocasionaron su muerte esa misma noche en el hospital local. Al momento de ser alcanzado por el disparo, la víctima y un familiar presuntamente se encontraban lanzando piedras hacia la vivienda del imputado.
Los defensores particulares Guillermo Leskovar Garrigós y Jorge Crespo interpusieron un recurso de casación, afirmando que se trató de un «homicidio preterintencional», pues «la intención final de Colicheo no fue la de dar muerte al joven Montesino, sino que su voluntad era la de lesionar(lo)». Alegaron que siendo el imputado un hombre «diestro en el manejo de armas», dirigió el disparo «a una parte del cuerpo que normalmente no podía o debía causar la muerte» -los pies- pero la bala impactó en una zona vital porque justo en ese instante la víctima se agachó a recoger una piedra.
Con voto rector del juez Enrique Mansilla y adhesión de sus pares Adriana Zaratiegui y Sergio Barotto, el STJ desestimó los argumentos de la casación y avaló los fundamentos que había desarrollado la Cámara al dictar la condena.
«Si en hipótesis consideramos que el fallecido estaba en tal pretendida postura corporal, los fundamentos desarrollados en la sentencia en crisis se mantienen incólumes, pues también es inaceptable considerar que ese movimiento (el de agacharse) pudiera haberse realizado más rápido que el disparo de arma de fuego», evaluó el STJ.
«En definitiva, asiste razón al sentenciante (la Cámara de Roca) en cuanto a que se trató de un homicidio cometido con dolo eventual. El imputado era el tenedor ilegítimo del arma de fuego (…); la conocía porque solía cazar con ella y sabía con qué proyectiles estaba cargada; efectuó el disparo con buena visibilidad, a una distancia relativamente corta -en relación con la potencia del instrumento- y hacia el cuerpo de la víctima. Este conjunto de circunstancias determina que Juan Carlos Colicheo pudo prever adecuadamente el peligro muerte que entrañaba su accionar y, no obstante ello, igualmente actuó, siendo indiferente ante la posibilidad que el mismo acaeciera. Al disparar en esas condiciones creó un riesgo o peligro prohibido, produciéndose el resultado muerte, como directa, razonable y lógica derivación del peligro creado», concluyó el STJ.
Judiciales
Autorizaron a joven roquense a suprimir de su DNI el apellido de su padre violento
La joven, quien se autopercibe no binaria, había manifestado reiteradamente su necesidad de ser llamada únicamente por su nombre elegido y por el apellido materno.
Una adolescente inició una demanda para que se le permitiera modificar su nombre y suprimir el apellido paterno, con el objetivo de adecuar su identidad a su sentir personal y social. La joven, quien se autopercibe no binaria, había manifestado reiteradamente su necesidad de ser llamada únicamente por su nombre elegido y por el apellido materno, ya que el apellido paterno le generaba angustia y no representaba su historia de vida.
Desde hace varios años, la adolescente utilizaba su nuevo nombre en los ámbitos sociales y académicos, y había solicitado a su entorno que la llamaran de esa manera. Según se desprende del fallo, la petición respondía a una necesidad profunda de diferenciarse de su progenitor, con quien no mantenía vínculo alguno y a quien asociaba con episodios de violencia que impactaron en su bienestar emocional.
En el proceso judicial, la joven expuso de manera clara y contundente sus razones ante las autoridades. Destacó que la permanencia del apellido paterno le generaba un agravio espiritual y emocional. Durante la entrevista realizada en el marco del expediente, relató que desde los 15 años había tomado la decisión de no utilizar más ese apellido y que cada vez que debía escribirlo experimentaba una fuerte angustia. Incluso compartió un poema de su autoría que reflejaba su deseo de desvincularse de esa identidad impuesta.
El fallo de la jueza de Familia de Roca resaltó la importancia del derecho a la identidad y el reconocimiento de la identidad dinámica, que contempla no solo los aspectos biológicos sino también los psicológicos, sociales y culturales de una persona. Asimismo, se fundamentó en tratados internacionales y en la normativa vigente, que permiten el cambio de nombre cuando existen «justos motivos», como en este caso.
En su oposición, el progenitor cuestionó la solicitud y negó los hechos referidos en el expediente. Sin embargo, la Justicia ponderó los informes psicológicos y las declaraciones de la joven, que demostraban la necesidad de la modificación como un paso fundamental para su bienestar emocional y su desarrollo personal.
Con esta decisión, la adolescente podrá completar sus trámites personales y académicos con la identidad que realmente la representa.
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Violencia de género: Un sujeto continuará detenido, con prisión preventiva, tras golpear y amenazar a su pareja
El hecho ocurrió a principios de marzo, durante la madrugada. La víctima resultó con heridas.
La Fiscalía formuló cargos ayer (12/03) por la mañana a un hombre por hechos cometidos contra una mujer, que hasta ese momento eran pareja. Además, la representante fiscal solicitó la prisión preventiva del sujeto, razón por la cual continuará detenido.
Según la acusación fiscal los hechos ocurrieron «durante la madrugada del domingo 2 de marzo pasado, cuando el hombre, tras haber mantenido una discusión con la mujer, la golpeó y luego la amenazó sin dejarla salir de la casa».
La calificación legal por la cual el Ministerio Público Fiscal formuló los cargos es la de «lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en concurso real con coacción agravada», según los Artículos 55, 92 en función del Artículo 89 y 80 inc. 1 y 11, Artículo 149 ter primer supuesto del Código Penal.
Entre el sustento probatorio presentado durante la audiencia, la Fiscalía enumeró el acta de denuncia respecto de la Ley N° 3040 concretada en sede policial, la entrevista a la víctima y el posterior informe de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI). «La evaluación especificada arrojó un nivel de riesgo alto en la víctima, que teme por sí misma y por su grupo familiar», detalló la Fiscalía.
Se incluye entre la prueba para esta instancia, la pericia del Cuerpo de Investigación Forense que brindó una enumeración de las múltiples heridas sufridas por la mujer.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva del hombre teniendo presente que «cuenta con antecedentes penales, de hecho terminó de agotar la pena hace un mes, y consideramos además el peligro procesal de entorpecimiento a la investigación. El dictamen de la OFAVI nos llama a estar atentos a que la víctima llegue a declarar a juicio con tranquilidad», expresó la representante fiscal.
Se suma que el Ministerio Público Fiscal encargó, como medida de prueba, la realización de un informe social, más conocer la intervención de la Oficina de Género del municipio, y la pericia que llevará a cabo la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OiTEL) sobre uno de los celulares secuestrados.
Por su parte, el defensor penal público que asiste al hombre se opuso a la medida cautelar de preventiva, expresando que «existe una prohibición de acercamiento vigente de la cual fue notificado estando detenido, por ello como alternativa proponemos que se presente dos veces por semana a la Fiscalía».
Finalmente, el juez interviniente hizo lugar al pedido fiscal, de esta manera el hombre continuará detenido bajo la medida de preventiva por el plazo de dos meses.
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Lo condenaron a 10 años de cárcel por abuso sexual y el Estado le desadjudicó la vivienda
El sujeto inició una demanda pero la Justicia le dio la razón al IPPV.
El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) le desadjudicó la casa a un hombre de Cipolletti condenado por abuso sexual. El imputado enfrentó un caso que tuvo como víctima a una niña y cumplió 10 años de cárcel. Como el inmueble quedó vacío, el Estado inició el procedimiento administrativo para quitárselo. Él promovió un juicio civil pero un Tribunal confirmó la decisión.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Cipolletti rechazó la demanda de un ciudadano que solicitó la nulidad de la desadjudicación de una vivienda social en Cipolletti. El tribunal avaló la resolución del IPPV que revocó la asignación del inmueble tras constatar que permaneció deshabitado.
El hombre había recibido la vivienda en 2012, pero meses después fue condenado a 10 años de prisión por abuso sexual contra una niña. Al quedar privado de su libertad, no pudo habitar el inmueble, por lo que el IPPV aplicó la normativa que exige la ocupación efectiva de las propiedades adjudicadas y decidió retirarle el beneficio.
En su presentación judicial, el hombre argumentó que la desadjudicación resultaba injusta, ya que su madre había informado a las autoridades sobre su situación y solicitado que un familiar quedara a cargo del inmueble. También sostuvo que la decisión vulneró su derecho a la vivienda y pidió que se anulara la medida para recuperar la casa.
El Estado provincial, en su contestación de demanda, sostuvo que el beneficiario incumplió los términos del programa habitacional, que obliga a los adjudicatarios a residir en el inmueble y mantenerlo en condiciones. También señaló que la propia condena penal demostraba su capacidad de comprender la responsabilidad que asumía al recibir la vivienda y que, en este contexto, la desocupación prolongada justificaba la revocación del beneficio.
El tribunal evaluó los antecedentes del caso y consideró que la decisión del IPPV se ajustó a derecho. En el fallo, se destacó que la normativa prevé la desadjudicación cuando un inmueble permanece vacío por un período prolongado sin justificación válida y que la situación del adjudicatario no eximía el incumplimiento de sus obligaciones como beneficiario del programa.
Con este criterio, la Cámara de Apelaciones concluyó que no existían elementos suficientes para declarar la nulidad del acto administrativo y rechazó el pedido, por lo que se confirmó la decisión del IPPV.
