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Política

«Weretilneck es el mejor alumno de las políticas neoliberales de Macri»

Así se expresó la asamblea del Frente Grande que se reunió el sábado en Cipolletti. «Debemos consolidar y ampliar el Frente para la Victoria», dijeron.

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El Frente Grande de Río Negro realizó el sábado en la ciudad de Cipolletti la primer asamblea provincial después de la intervención del partido. La asamblea tuvo representación de todas las regiones de la provincia y de forma unánime decidieron que la presidencia estuviera a cargo del ex intendente de Cipolletti, Abel Baratti.

En la asamblea también participaron los legisladores provinciales Marcelo Mango y Carina Pita, la concejal de Cipolletti, Maria Eugenia Villarroel Sánchez y la conducción del partido presidida, por Julio Accavallo.

El encuentro se inicio con un emotivo homenaje al militante del Frente Grande, Norberto “Cacho” Blanco, fallecido en el año 2015. Blanco tuvo una amplia trayectoria en el campo sindical y fue secuestrado durante la última dictadura militar en “La Escuelita” de la ciudad de Neuquén. Su esposa Silvia Barco y familiares recibieron una plaqueta de reconocimiento a Cacho Blanco por su militancia que fue entregada por Luis Gianini y Jose Luis Martinez.

Luego de este reconocimiento se realizó un informe de la actuación de la Mesa Ejecutiva Provincial, presidida por Julio Accavallo, y se expuso la tarea desarrollada por los legisladores del partido, Marcelo Mango y Carina Pita, que actúan en el bloque Frente para la Victoria de la Legislatura provincial.

Una vez abierto el debate y con el intercambio de los distintos asambleístas se aprobó un documento político que realiza una caracterización del gobierno de Mauricio Macri y del gobierno provincial de Weretilneck. En el análisis del gobierno nacional el documento señala que «ha retornado a la Argentina el modelo de valorización financiera del capital que solamente puede superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplica, endeudándose y ofreciendo pingues negocios al capital más concentrado».

«En ese marco no pueden existir proyectos productivos, se prioriza lo financiero, a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un transitorio ingreso de dólares para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo».

En el documento también se repudia el «injusto encarcelamiento y se pide la liberación de la parlamentaria del Mercosur Milagro Sala». Asimismo se rechaza el «embate judicial y mediático que es objeto la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner».

Con respecto al gobierno provincial de Weretilneck el Frente Grande consideró que «a nivel provincial tenemos un gobierno que se ha transformado en uno de los mejores alumnos de las políticas del gobierno nacional de Mauricio Macri. No solamente ha sido obsecuente con cada una de las medidas sociales y económicas que adoptó el gobierno de Macri sino que ejecuta en la provincia sus principales directrices. En este sentido el tope del 18% a las paritarias con los gremios estatales y el permanente endeudamiento que somete al estado provincial y que ahora pretende coronar con un préstamo de más de 500 millones de dólares, son ejemplo del disciplinamiento de Weretilneck a las políticas neoliberales del macrismo».

«En definitiva el gobierno provincial ha renovado su oportunismo político, ya que ha pasado sin escalas por la adhesión al gobierno kirchnerista, al Frente Renovador y ahora con un fuerte vinculo al PRO que fue premiado con el acompañamiento del gobernador al presidente Macri en su visita a España. O sea que el supuesto “provincialismo” adoptado por Weretilneck y su partido se ha transformado en el más rancio oportunismo político que se enmascara con la frase “nosotros solo priorizamos los intereses de la provincia”. Si este fuera el verdadero objetivo del gobierno, el de defender la provincia, tendría que haber estado en la oposición desde los primeros días del gobierno nacional, ya que las medidas económicas adoptadas por el macrismo no han hecho más que perjudicar las finanzas provinciales y las principales actividades económicas de Rio Negro».

Sobre las próximas elecciones parlamentarias y alianzas del partido, la asamblea definió que «frente a esta situación política debemos redoblar el esfuerzo y el compromiso para construir un espacio amplio de participación política con los gremios y con los movimientos sociales que le ponga freno a este modelo neoliberal reciclado y que defienda la soberanía nacional y los intereses de nuestro pueblo».

«Para lograr este objetivo debemos consolidar y ampliar el Frente para la Victoria, para que en las próximas elecciones parlamentarias llevemos como candidatos a los compañeros y compañeras que han sido consecuentes en sus convicciones políticas y se pueda concretar en todo el país un inapelable voto castigo contra estos gobiernos antipopulares», concluye el documento emitido por el Frente Grande.

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Judiciales

Fallo judicial permite recuperar deuda de obras sociales

Los certificados de deuda del Ministerio de Salud suman $1.042.459.789 en obligaciones impagas por parte de obras sociales, aseguradoras y prepagas.

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El Gobierno Provincial logró un fallo judicial que permite recuperar una deuda superior a los $65 millones que la Obra Social de Obreros Empacadores de Fruta mantiene con el Ministerio de Salud, en el marco de la ejecución iniciada por Fiscalía de Estado.

En total, las obras sociales y prepagas acumulan más de $1.040 millones de deuda con el sistema de salud estatal. El listado completo se puede verificar en este link: https://tinyurl.com/24dqtrnt

Esta es la primera sentencia de tres causas similares impulsadas gracias a la Ley 5754, que le brindó a la Provincia un andamiaje legal moderno y ágil, necesario para avanzar en estas acciones luego de que Nación eliminara la Superintendencia de Servicios de Salud.

La resolución de la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa Nº13 de Viedma habilita la ejecución por un capital de $65.066.112, más intereses y costas estimados en $36.290.624, lo que representaría ingresos por $101.356.736 para las arcas provinciales.

Según la normativa vigente, el 32% de lo recuperado se podrán destinar directamente a un fondo estímulo para el personal y el resto a los hospitales para su funcionamiento diario, en forma proporcional a la facturación de cada uno.

El fallo otorga un plazo de cinco días para que la obra social pague voluntariamente o presente excepciones. En caso contrario, se avanzará directamente con el cumplimiento forzado.

La acción judicial fue impulsada por la Fiscalía de Estado mediante los abogados Gastón Pérez Estevan, Luciano Minetti Kern y Federico Rosbaco, responsables de llevar adelante el reclamo y asegurar la restitución de los recursos públicos.

Más de $1.042 millones de deuda total con Salud

Los certificados de deuda del Ministerio de Salud suman $1.042.459.789 en obligaciones impagas por parte de obras sociales, aseguradoras y prepagas. A agosto, entre los mayores deudores se encuentran:

  • OSECAC, con más de $219 millones.
  • OSPRERA, con casi $188 millones.
  • OSPECON, con $133 millones.
  • Unión Personal Civil de la Nación, con más de $31 millones.
  • SANCOR Medicina Privada, OSDE, Swiss Medical y otras grandes prestadoras, con deudas que van de $3 a $9 millones.

El listado, que supera los 150 ítems, incluye obras sociales de sectores industriales, comercio, medios, transporte, seguridad, alimentación y servicios, lo que refleja la magnitud de los recursos que la Provincia adelanta para garantizar la atención.

Ley 5754: la base legal que permite recuperar costos y fortalecer el sistema

La Ley 5754, promulgada a fines de 2024, fue impulsada por el Poder Ejecutivo para garantizar la sostenibilidad financiera de los hospitales provinciales, obligando a los terceros pagadores -obras sociales, prepagas y ART- a cubrir el costo de las prestaciones brindadas a sus afiliados en el sistema público.

La norma dio a Río Negro un marco sólido para el recupero de costos, especialmente después de la eliminación de los mecanismos nacionales que aseguraban el cobro. En este contexto, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó que «contar con esta herramienta legal nos permitirá avanzar en la recuperación de las deudas acumuladas por las obras sociales y prepagas, para que esos fondos se destinen a fortalecer nuestro sistema de salud y mejorar el financiamiento de nuestros hospitales, especialmente en el actual contexto de crisis económica».

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Judiciales

Causa Techo Digno: La jueza frenó el intento de archivo y confirmó la vigencia de la acusación

La magistrada resolvió que los plazos de prescripción están suspendidos y rechazó los planteos de nulidad y recaratulación presentados por las defensas de Tortoriello y Baratti.

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La jueza Alejandra Berenguer resolvió no hacer lugar al pedido de sobreseimiento por prescripción en la causa que investiga presuntas irregularidades en la ejecución del programa habitacional Techo Digno en Cipolletti. También rechazó un planteo de nulidad y descartó modificar la calificación legal solicitada por una de las defensas.

La magistrada consideró que la acción penal no está extinguida, ya que uno de los imputados -Aníbal Tortoriello- aún ocupa un cargo público, circunstancia que activa la suspensión del plazo de prescripción prevista en el artículo 67 del Código Penal. Berenguer sostuvo que esta interpretación es consistente con la doctrina legal ya establecida por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

Los hechos investigados

La causa se originó a partir de la implementación del programa Techo Digno mediante un convenio entre la Municipalidad de Cipolletti y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que contemplaba la construcción de más de 400 viviendas adjudicadas a empresas privadas.

Según la acusación, durante las gestiones municipales de Abel Baratti y Aníbal Tortoriello se habrían realizado pagos que no se correspondían con el avance real de las obras, lo que habría generado un perjuicio al patrimonio público.

El Ministerio Público Fiscal, integrado por el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscal adjunta Natalia Poblete, atribuyó a Baratti y Tortoriello los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con peculado.
En tanto que a Lucila Chiocconi, Arturo Mendiberri, Domingo Mocciola y José Daniel Zoppi se los acusó como partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta.

Los argumentos de las defensas

Las defensas reclamaron el sobreseimiento al sostener que la causa estaba prescripta. El defensor de Baratti, Rafael Cuchinelli, afirmó que habían pasado más de seis años desde que su cliente dejó el cargo de intendente, y cuestionó además que los hechos pudieran configurarse como peculado.

El defensor de Tortoriello, Gustavo Palmieri, planteó que la prescripción debía computarse desde la rescisión de los contratos en 2016, y sostuvo que su defendido no tuvo injerencia posterior en la administración del programa.

El resto de los defensores -Scianca, Vincenty, Gadano y Chelia- adhirieron a esos argumentos.

Lo que resolvió la jueza

La jueza rechazó los planteos de prescripción al considerar que, aunque se investigan dos hechos diferenciados, ambos se vinculan al mismo convenio -identificado como ACU 813/2015- y deben analizarse en un mismo marco.

Además, sostuvo que la continuidad de Tortoriello en funciones públicas -actualmente diputado nacional- impide que opere la prescripción, tal como establece el Código Penal.

Tampoco prosperó el pedido de cambio de calificación de la defensa de Baratti, que pretendía reemplazar la figura de peculado por la de malversación de caudales públicos. Para la magistrada, esa discusión deberá darse en etapa de juicio.

Por último, desestimó el planteo de nulidad de la acusación fiscal presentado por las defensas de Baratti y Tortoriello. Consideró que la Fiscalía no modificó los hechos atribuidos y que no se afectó el derecho de defensa.

La causa sigue su curso

Con esta resolución, el expediente continuará en la etapa intermedia hacia el juicio, donde se analizará toda la prueba recolectada.

Según informó la Fiscalía, ninguno de los imputados registra antecedentes penales.

La decisión no quedó firme y podrá ser revisada por instancias superiores del fuero Penal.

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Política

Río Negro aseguró que más de 4.000 personas tengan su medicación gratuita

Se garantiza acceso gratuito a medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles.

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El Gobierno de Río Negro entregó 4.011 tarjetas del programa Río Negro Presente Salud, una iniciativa impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck que asegura el acceso gratuito a medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles sin cobertura social.

A través de la articulación de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Humano, se continúa intensificando la entrega en todas las localidades, que desde mayo de 2024 hasta noviembre de 2025, lleva 4.011 tarjetas entregadas, con el objetivo de garantizar que cada paciente pueda sostener sus tratamientos de forma regular y controlada.

La subsecretaria de Articulación de Programas del Ministerio de Salud, Marina Deorsola, destacó la importancia de la política provincial, no sólo en términos de salud pública sino también de impacto económico local.

Deorsola enfatizó que el programa es una estrategia que debe ser priorizada por la alta prevalencia de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) a nivel mundial y en Río Negro. «La idea es poder darle accesibilidad al tratamiento y, además, asegurar la atención en los hospitales y en el primer nivel de atención, en los Centros de Salud», sostuvo.

Además, explicó que el programa se centra inicialmente en los principales factores de riesgo cardiovascular: hipertensión y diabetes. En este sentido, la Tarjeta funciona como un pilar junto a la estrategia HEARTS de la OPS/OMS, que busca el diagnóstico y tratamiento basado en evidencia en los Centros de Salud.

Beneficio local y cambios en el hábito

Un aspecto fundamental de la tarjeta es su impacto en la economía de cada ciudad. «El paciente va una vez por mes a su farmacia más cercana para poder retirar la medicación. Esto significa que el dinero de la medicación queda en la economía local, beneficiando a la comunidad», indicó.

La subsecretaria también hizo hincapié en la prevención, alentando a la población a adoptar hábitos saludables. «Son mínimos cambios que generan grandes resultados. Tenemos el lema: ‘Pequeñas acciones hacen grandes cambios’. Esto tiene que ver con disminuir el consumo de sal, mejorar la alimentación y hacer 30 o 35 minutos de actividad física al día», agregó.

Detalles del programa y requisitos de acceso

El programa ha avanzado en etapas de implementación progresiva, iniciando una prueba piloto en General Conesa y expandiéndose a varias localidades. Busca beneficiar a personas que cumplen con tres requisitos fundamentales:

  • DNI: Presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
    Certificación ANSES Negativa: No poseer ningún tipo de cobertura de obra social o prepaga.
    Diagnóstico Médico: Contar con el diagnóstico certificado de ECNT, con foco en hipertensión y/o diabetes, y la correspondiente indicación médica (receta)

Una vez cumplidos los requisitos, el Ministerio se encarga de realizar el circuito administrativo para que la tarjeta y la acreditación del monto lleguen a la persona. La Tarjeta permite el retiro de la medicación prescrita una vez por mes en la farmacia de cercanía.

El Ministerio de Salud reafirma su compromiso de seguir priorizando estas estrategias para controlar las ECNT y disminuir las complicaciones asociadas, como el infarto o el ACV.

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