Sociedad
Odarda promueve juicio político contra cuatro vocales del STJ
La senadora nacional formuló una denuncia por mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.
El pasado viernes, la senadora nacional, Magdalena Odarda, promovió juicio político ante la Sala Acusadora de la Legislatura de la Provincia de Río Negro en contra de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, Ricardo Apcarián, Adriana Zaratiegui, Sergio Barotto y Liliana Piccinini, por mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.
Basándose en los artículos 150 y siguientes de la Constitución Provincial y en la Ley N° 4340 de la Provincia de Río Negro, la legisladora nacional promovió la citada denuncia estimando que los referidos jueces han dictado, con fecha 9 de noviembre de 2016, en autos «Odarda, María Magdalena y Wieman, Lucía Ana, Secretaria de la Asociación «Árbol de Pie» – s/ amparo colectivo, Expte. N° 28301/15 – Superior Tribunal de Justicia de Río Negro Secretaría Judicial STJ N° 4 – Asuntos Originarios y Constitucionales, una sentencia arbitraria en la que no se respetan las reglas del debido proceso y se condena vergonzosamente en costas a las amparistas, cuyo único afán fue el de que se brindara fiel cumplimiento a los derechos de todos los ciudadanos a un ambiente sano, a la salud, al acceso al agua potable y a un recurso efectivo para gestionar los mismos», dijo la senadora rionegrina.
«El planteo se basa en la cuestión constitucional referida a la injusta condena en costas padecida junto a la militante Ana Wieman, toda vez que en la misma los jueces incluyen un mensaje solapado hacia el resto de la sociedad, en el sentido de disciplinar a la misma e impedir cualquier tipo de instancia en que cualquier miembro de aquella pudiera realizar cuestionamientos al poder de turno, menoscabando así el derecho de hacer uso de los recursos legales del sistema para proteger derechos o bienes que nos importan a todos como sociedad: el derecho a un ambiente sano, el derecho de peticionar y a un recurso efectivo, el derecho a la salud y al acceso al agua potable, fundándose para ello en una interpretación restrictiva y errónea de los referidos artículos de la Constitución Nacional. En fin, entendemos que se ha dictado una sentencia inconstitucional que está en abierto conflicto con el bloque de constitucionalidad vigente y ello amerita la promoción del proceso de juicio político», argumentó Odarda.
«Sin libertades democráticas, sin la posibilidad de su ejercicio pleno, lo que se expresa no solo en el acceso a la Justicia, sino también en las distintas formas de participación ciudadana que han tenido un amplio desenvolvimiento jurídico en el capítulo de “Nuevos Derechos y Garantías” de la Constitución Nacional, nuestro país estaría ingresando en una zona gris en tanto convalidaría el hecho de perseguir a los militantes ambientales a través de la disposición de sanciones ejemplares, en este caso a través de una condena en costas, y se estaría admitiendo un antecedente peligroso en contra de lo que la misma Constitución Nacional dispone a través de sus artículos 41 y 43», añadió.
En tal sentido, la legisladora destacó el acierto del voto en disidencia del vocal del STJ Enrique Mansilla en la misma resolución, cuando señaló que las amparistas «no resultan perdidosas en su reclamo inicial amparo ambiental -ni en su pretensión de que la justicia provincial asuma el resguardo de los valores en juego, que exceden la eventual contaminación del lago Nahuel Huapi y de sus consecuencias ecológicas inmediatas, mediatas y remotas- para extenderse a la salud y economía de los ciudadanos barilochenses (voto disidente del vocal del STJ, Dr. Enrique Mansilla, en la resolución recurrida)».
«El reconocimiento de los nuevos principios aplicables al derecho ambiental a través de la Ley General del Ambiente 25.675 impone un nuevo paradigma y un nuevo modo de analizar los institutos previstos en los códigos de procedimientos. En este sentido cada norma procesal y cada sentencia judicial deben resultar observadas conforme lo establecido por la norma sustantiva, lo que debieron haber observado los citados jueces y sin embargo se han alejado ostensiblemente de dicho criterio», concluyó Odarda.
Río Negro
Río Negro avanza en una Red Federal para controlar a deudores alimentarios
Referentes del Registro Civil participaron en Buenos Aires del primer encuentro que busca articular acciones entre las provincias para mejorar la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Representantes del Registro Civil de Río Negro participaron en Buenos Aires del Primer Encuentro Federal de Cooperación Interjurisdiccional, una instancia que busca impulsar la creación de una Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos. La iniciativa, que ya cuenta con la adhesión de 16 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, apunta a mejorar la respuesta estatal frente al incumplimiento del deber alimentario.
El nuevo espacio estará conformado por autoridades y equipos técnicos de las jurisdicciones participantes, con el objetivo de establecer una coordinación permanente entre los registros provinciales. La intención es ordenar la información existente, compartir experiencias y avanzar en la adopción de criterios técnicos comunes que permitan una aplicación más eficaz de las medidas vigentes.
La articulación federal también prevé el desarrollo de herramientas que fortalezcan el sistema de protección alimentaria, garantizando que se cumplan los derechos de niñas, niños y adolescentes afectados por deudas alimentarias.
Desde el Gobierno rionegrino destacaron que la provincia asumirá un rol activo en la Red, trabajando para la sostenibilidad del sistema y para agilizar los mecanismos de control y sanción frente a situaciones de incumplimiento.
Río Negro
Weretilneck anunció que el aumento del Impuesto Automotor e Inmobiliario será menor a la inflación
El Gobierno provincial fijó un tope del 25% para los tributos 2026 y mantendrá beneficios a contribuyentes cumplidores y sectores productivos.
El proyecto de Ley Impositiva 2026 enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura incorpora una actualización de los impuestos Automotor e Inmobiliario que se ubicará 6% por debajo de la inflación. «Es señal del compromiso provincial con las familias, empresas, comercios, productores y pymes rionegrinas, en un contexto de aumentos generalizados», indicó el mandatario.
En este sentido, tanto en Automotor como en Inmobiliario se aplica un tope máximo de aumento del 25% respecto del tributo anual determinado para 2025, lo que representa una actualización menor a la inflación anual.
El esquema mantiene los incentivos al cumplimiento tributario: quienes opten por el Pago Anual tendrán un 20% de descuento para quienes no posean deuda al 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Patagonia.
Mientras que quienes abonen mensualmente accederán a un 5% de bonificación por buen cumplimiento. A su vez, quienes elijan adherir al débito automático en cuenta bancaria, accederán a un 10% adicional de descuento de bonificación, reduciendo de manera significativa el monto final del tributo.
El proyecto también sostiene los beneficios para la actividad económica. Continúa la exención en Ingresos Brutos y Sellos para la compra y el patentamiento de vehículos destinados al trabajo y la producción, como camiones, acoplados, camionetas, taxis o unidades para alquiler, con el objetivo de acompañar la inversión y la renovación de flotas en toda la provincia.
Asimismo, se garantiza la continuidad de las exenciones en Automotor e Inmobiliario para jubilados y familias que conviven con una discapacidad, manteniendo un criterio de protección y acompañamiento a los sectores más sensibles.
Roca
Más de 100 vecinos y empresas participaron en la campaña de residuos electrónicos en Roca
Televisores, computadoras y celulares ya están siendo procesados para su reutilización, en el marco de la ordenanza de gestión ambiental.
El Municipio de General Roca llevó a cabo una nueva edición de la Campaña Anual de Gestión de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Desuso (GAEED), prevista en la Ordenanza Municipal Nº 4605/10. La recepción de residuos se realizó tanto en la Planta de Tratamiento de Residuos I como en la Plaza Belgrano.
Un total de 90 vecinos y vecinas, junto con 19 empresas e instituciones locales, acercaron una importante cantidad de artefactos electrónicos como televisores, computadoras, celulares y diversos equipos informáticos y electrodomésticos que ya no estaban en uso.
Todo el material recolectado será desmantelado para la recuperación de sus componentes y su posterior comercialización y reciclaje. Esta tarea quedará a cargo de la Cooperativa Recicladora General Roca, integrada por 20 familias que desarrollan sus actividades en la Planta de Tratamiento de Residuos I.
Desde el Municipio destacaron que estas iniciativas «permiten garantizar una correcta gestión de los residuos electrónicos, evitando que terminen en la vía pública o en basurales, y fomentando prácticas sostenibles que contribuyen a cuidar el ambiente».
