Sociedad
Mango pide se derogue el «Decreto de ajuste» del gobierno rionegrino
«La restricción de gastos esta afectando servicios esenciales como la salud, centro periféricos, entre otros», expresó el legislador del Frente para la Victoria.
El legislador provincial Marcelo Mango (Frente Grande-Frente para la Victoria) pide que se derogue el Decreto N° 58/2017 del Poder Ejecutivo Provincial, a través del cual se dispuso la restricción de gastos en el ámbito de la administración pública provincial. El parlamentario kirchnerista, considera que se modifica irregularmente el Presupuesto para el ejercicio 2017, el cual se sancionó el 30 de noviembre del 2016 en la Legislatura provincial, a través de la correspondiente Ley de Presupuesto Nº 5.173; con 31 votos positivos y 15 votos negativos. La misma fue promulgada el 2 de diciembre.
«El decreto avanza en la restricción de un 25%, 35%, 40%, 50% del financiamiento de diferentes áreas, como son horas extras en los hospitales, o los viáticos y comisiones de personal, o la utilización de combustibles, por mencionar sólo algunos. El Decreto, faculta a la Subsecretaría de Presupuesto a readecuar el presupuesto vigente votado por el cuerpo Legislativo provincial (…) lo que efectivamente produjo: déficit de atención en los hospitales, falta de insumos y remedios para enfermos crónicos, aumentó la tercerización de gran parte de los servicios hospitalarios (lo que beneficia de manera directa a las corporaciones médicas privadas y dejó a miles de usuarios sin cobertura médica y social). También en el Ministerio de Desarrollo Social se observa la falta de pago de guardias y horas extras que han significado la retención de servicios de diferentes áreas, el desfinanciamiento de programas sociales, por mencionar otro sector afectado por el Decreto», apuntó Mango.
«El Poder Ejecutivo ha realizado un uso excesivo de su facultad, no de presentar proyectos de ley, sino de realizarlo con acuerdo de ministros, lo que inhabilita una instancia de debate en doble vuelta sobre normativas esenciales como fue -por ejemplo- la Ley Orgánica de la Policía. Esta práctica de mal uso de las prerrogativas del estado que realiza el Poder Ejecutivo afectan directamente la calidad de nuestra democracia, porque implica desoír nuestra letra constitucional, desconocer la soberanía del cuerpo legislativo del pueblo, la existencia misma de la oposición política y de las ciudadanas y ciudadanos que representamos. La oposición ejerce funciones tanto de control, de representación y de labor legislativa, que -de manera permanente- son atropelladas por el Poder Ejecutivo Provincial», expresó el legislador.
«Nos expresamos en contra del Decreto N° 58/2017 que modifica irregularmente una Ley votada por la Legislatura rionegrina ya que continúa reproduciendo las consecuencias de un ajuste aún más profundo que el que anidaba el Presupuesto. No podemos permitir que ese decreto siga causando la parálisis de los servicios de los cuáles el Estado es garante y proveedor. Esto está significando la vulneración de derechos de miles de rionegrinos y rionegrinas», concluyó el Mango.
Policiales
Murió un hombre mientras entrenaba en un gimnasio de Roca
La víctima se descompensó repentinamente mientras realizaba su rutina. Pese a las maniobras de RCP, no logró ser reanimado.
Un hombre de aproximadamente 50 años falleció esta mañana (24/02) en un gimnasio de General Roca mientras realizaba su rutina de entrenamiento.
El trágico hecho ocurrió poco después de las 7 horas en un centro de entrenamiento ubicado en calle Chile casi España. Según relataron testigos, el hombre se desplomó de manera repentina en plena actividad física.
De inmediato, los profesores presentes comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se daba aviso al sistema de emergencias. Al lugar arribó personal del SIARME, quienes continuaron con los intentos de estabilización durante varios minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, los trabajadores de salud confirmaron que no pudieron salvarle la vida.
Efectivos policiales montaron un operativo para resguardar la zona y facilitar una eventual derivación, aunque finalmente se constató el fallecimiento en el lugar.
La Justicia deberá determinar si se realizará una autopsia para establecer las causas exactas del deceso.
Roca
El Municipio aseguró que la Fiesta de la Manzana dejó más de $10.000 millones en la economía local
El neto total invertido por la comuna roquense fue de $2.372 millones.
La Fiesta Nacional de la Manzana cerró su edición 2026 con un balance «altamente positivo», según evaluó el Municipio de Roca. La nueva disposición del predio y las condiciones climáticas favorables generaron el marco ideal para que miles de personas disfrutaran durante las tres jornadas.
Desde la organización destacaron la diversidad de propuestas artísticas, la integración de los espacios y la fluidez en la circulación dentro del predio. También se subrayó el operativo de seguridad, tanto en el interior como en el exterior del evento, que permitió un desarrollo sin incidentes de gravedad pese a la masividad.
En el plano económico, se estima que el movimiento generado en la ciudad y el Alto Valle superó los 10.000 millones de pesos, con fuerte repercusión en los sectores hotelero, gastronómico, turístico, comercial y de servicios.
La intendenta María Emilia Soria, presidenta de la Comisión Organizadora de la FNM, destacó el trabajo del personal municipal, fuerzas de seguridad, salud y bomberos. «El cuidado de cada detalle de la organización, el control de accesos, el predio bien iluminado, cómodo y limpio, permitió que el público disfrutara sintiéndose tranquilo y seguro», expresó.
En cuanto a los números oficiales, el neto total invertido en la FNM 2026 fue de $2.372.052.361, compuesto por $3.019.718.941 de egresos y $647.666.580 de ingresos.
Entre los principales ingresos se contabilizaron la venta de stands y puestos de artesanos ($303.713.549), entradas ($172.315.000), aportes de empresas auspiciantes ($138.538.031) y otros conceptos como licitaciones y publicidad ($33.100.000).
Respecto a los egresos, las mayores partidas se destinaron a la contratación de artistas ($1.211.991.460), escenario, sonido y pantallas ($859.887.916), alojamientos ($17.438.341) y gastos generales y preparación del predio ($930.401.224). Dentro de este último ítem se incluyó la contratación de adicionales de la Policía de Río Negro por $113.382.700, con el objetivo de reforzar la seguridad sin afectar el servicio en la ciudad.
Judiciales
Vendió su vehículo de trabajo para cancelar un plan, pero el auto nunca llegó: Deberán entregarle uno nuevo y compensar el daño causado
La sentencia ordenó entregar el vehículo pactado y una indemnización total de 13,5 millones de pesos.
Confió en la palabra del vendedor, reorganizó su economía familiar y tomó una decisión que afectó de manera directa su actividad profesional: vendió la camioneta con la que trabajaba para cancelar anticipadamente un plan de ahorro y así acceder al modelo que le habían prometido. El vehículo nuevo nunca fue entregado y el conflicto culminó con una sentencia del fuero Civil de Bariloche que ordenó cumplir con la entrega del rodado y pagar una indemnización millonaria.
El fallo responsabilizó en forma solidaria a Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y a la concesionaria oficial Automotores Fiorasi y Corradi S.A., al considerar acreditado el incumplimiento contractual y la vulneración de derechos básicos del consumidor, en especial el deber de información clara y detallada.
El hombre, maestro mayor de obras, había suscripto un plan de ahorro para una Volkswagen Saveiro en su versión base, pero según expuso en la demanda, desde el inicio recibió la promesa de que podría cambiar a una versión superior si cancelaba la totalidad del plan antes de tiempo y abonaba la diferencia correspondiente, beneficio que incluía además ciertas bonificaciones comerciales ofrecidas por el concesionario.
Con esa expectativa y ante la necesidad de contar con un vehículo adecuado para su actividad laboral, decidió vender su camioneta, una Ford Ranger que utilizaba como herramienta de trabajo, y destinó el dinero obtenido a cancelar el plan en su totalidad, convencido de que ese paso destrabaría la adjudicación y permitiría concretar el cambio de modelo.
Sin embargo, tras la cancelación comenzaron las dilaciones, los pedidos de pagos adicionales sin precisión suficiente sobre los montos y las explicaciones cambiantes respecto de la disponibilidad de la unidad. En un momento se le informó que existía un vehículo asignado, pero la operación no avanzó y luego se le comunicó que esa unidad ya no estaba disponible, situación que lo llevó a formular reclamos administrativos ante Defensa del Consumidor, donde obtuvo una resolución favorable que tampoco logró la entrega efectiva.
Ante la persistencia del incumplimiento, promovió una demanda civil en la que reclamó la entrega del vehículo comprometido y una indemnización por los daños sufridos, entre ellos el impacto emocional, la imposibilidad de utilizar un rodado propio para trabajar y la conducta que consideró abusiva por parte de las empresas involucradas.
Uno de los ejes centrales de la sentencia fue el deber de información. El juez interviniente consideró probado que el plan estaba cancelado y que existía adjudicación, pero entendió que las demandadas no acreditaron haber brindado información cierta, clara y detallada acerca de los requisitos finales, los importes exigibles para el cambio de modelo y los pasos concretos para efectivizar la entrega. Aplicó el principio de cargas probatorias dinámicas, según el cual en las relaciones de consumo la empresa tiene la obligación de aportar al proceso la documentación y los datos que obran en su poder, de modo que la falta de precisión y respaldo documental jugó en su contra.
La sentencia ordenó entregar el vehículo pactado -o uno de similares características si el modelo ya no se comercializa- y respetar las bonificaciones ofrecidas en el marco de la operación. Además fijó una indemnización total de 13,5 millones de pesos en concepto de daño moral, privación de uso y daño punitivo.
Para cuantificar el daño moral, el juez tuvo en cuenta la frustración generada por la falta de respuesta eficaz, la prolongación del conflicto y la afectación emocional acreditada mediante pericia psicológica, que dio cuenta de ansiedad y malestar vinculados con la situación. Reconoció también un monto por privación de uso del vehículo, al considerar que la indisponibilidad impactó de manera directa en la actividad profesional del demandante. El fallo de primera instancia no está firme porque puede ser apelado.
