Opinión
Apuntes para entender un conflicto: La tercerización del servicio de limpieza en la UNCo
Por Mariana Giaretto, socióloga, docente e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue.

Desde hace 15 días trabajadorxs de limpieza de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de la Facultad de Lenguas – que comparten edificio- de la Universidad Nacional del Comahue, llevan adelante la ocupación del decanato como medida de fuerza ante la ’desvinculación’ de su fuente de trabajo.
El servicio de limpieza se encuentra tercerizado en las facultades de la UNCo y en gran parte de las universidades nacionales. En 2015, Litoral Cleaning, la intermediadora del servicio en FaDeCS y FaLe, incurrió en una serie de incumplimientos que motivaron diversas acciones de reclamo por parte de lxs trabajadorxs, quienes terminaron siendo despedidxs. En ese marco se dio un largo conflicto que implicó la toma de la facultad y como salida la universidad propuso –algo que sólo fue un desplazamiento en el tiempo- que se incorporaran a una cooperativa constituida y de esa manera continuar con el servicio tercerizado, pero ahora, vía cooperativa.
Frente a las condiciones de desventaja competitiva con otras empresas y el reconocimiento de la precariedad laboral que encierra la figura de la cooperativa, que se manifestó entre otras situaciones en el descuento por adherir al paro nacional convocado por las centrales gremiales, lxs trabajadorxs resolvieron apartarse de la cooperativa y reclamar sus derechos laborales como trabajadoras de una universidad nacional.
Las autoridades universitarias respondieron a los reclamos a través de diversas estrategias que en nombre de un supuesto diálogo, fueron –y todavía son- desde la manipulación, negación, criminalización, judicialización, fragmentación, apostando al desgaste y a quebrar la lucha. Algo que no han logrado por la claridad de lxs trabajadorxs y el apoyo del movimiento estudiantil.
Tercerizar para legalizar la precariedad
La tercerización laboral es parte de la ofensiva que el capital viene desplegando contra lxs trabajadorxs desde los años 70’ –se calcula que el 25, 5% de la fuerza de trabajo mundial se encuentra tercerizada-[1]. En la Argentina, esta ofensiva se implantó a través del terrorismo de Estado, durante los 90’ se profundizó y se expandió bajo los gobiernos kirchneristas.
Tercerizar implica introducir un tercero en la ecuación laboral, modificando la relación dual entre los empleadores de una empresa y el colectivo laboral que lleva adelante el proceso de producción. La tercerización se ha instalado en el mundo empresarial como una nueva forma de organización del trabajo asalariado bajo la lógica de la productividad: es la búsqueda de eficiencia y eficacia especializada la que legitima la introducción de un tercero.
Esto nos lleva inmediatamente a preguntarnos: ¿por qué estamos hablando de tercerización en una universidad nacional, por qué las tareas de limpieza son tercerizadas, cuáles pueden ser las razones de productividad que justifiquen la aplicación de esta lógica profundamente empresarial en una universidad? Lejos de todo atisbo de ingenuidad, sabemos que hoy más que nunca las actividades de las universidades se subordinan a la lógica del capital, pero eso no quiere decir que lo naturalicemos, y menos aún, que la justifiquemos en sus formas más salvajes.
Y la clave está en varios efectos que genera la tercerización laboral: el desdibujamiento en la configuración jurídica del empleador, la división de actividades consideradas por el empleador -difuso pero innegable- como ‘centrales’ y ‘periféricas’, la distinción a su vez de modalidades internas y externas de tercerización. Todas sus implicancias apuntan a la fragmentación del colectivo trabajador en una heterogeneidad de situaciones que atentan contra sus derechos laborales, fundamentalmente contra el derecho de los derechos laborales: el derecho a la unidad para la protesta. Este es el punto central de la tercerización: obstaculizar las posibilidades de organización y representación de base de lxs trabajdorxs.
Lxs trabajadorxs de limpieza estuvieron casi dos años despejando para quién trabajaban, cuáles eran sus derechos, cómo podían enfrentar la precarización laboral. En ese proceso irreversible de organización y resistencia se encuentran hoy.
Cooperativizar para legitimar la explotación
En el contexto de posconvertibilidad y de recuperación económica, el Estado apuntaló una estrategia de fomentar e inducir a los sectores desempleados y precarizados a conformar cooperativas, cooperativas de trabajo, pero también cooperativas de viviendas, de consumo, entre otras. La cooperativización se convirtió en un mecanismo de institucionalización de las demandas, y por lo tanto, de canalización y desplazamiento de los conflictos.
La Universidad del Comahue no sólo terceriza el servicio de limpieza sino que promueve que sean cooperativas las que en nombre de la economía social desempeñan esta tarea. En primer lugar, es necesario destacar las dificultades burocráticas que enfrentan aquellos que emprenden el proceso de conformar una cooperativa, proceso que envuelve tiempos y procedimientos que van a contracorriente de las urgencias y complejidades colectivas. En segundo lugar, la figura jurídica de la cooperativa es tan amplia y tan amorfa que posibilita experiencias de las más variadas, pero que en el caso de la tercerización vía cooperativa no puede implicar otra cosa que no sea la precarización de lxs trabajadorxs.
Pareciera que la cooperativa es una forma políticamente correcta de sellar y naturalizar la fuerte –muy fuerte- correlación entre tercerización y precarización. Porque seamos claros, hoy realizar tareas de limpieza en una universidad pública a través de una cooperativa implica: inestabilidad laboral, remuneraciones inferiores sin beneficios, ausencia de protección, deterioro de las condiciones de trabajo, debilitamiento de la representación gremial.
Que las autoridades de la Universidad del Comahue promuevan abiertamente el disciplinamiento hacia a lxs trabajadorxs que se encuentran luchando por sus trabajos, instando no solo a que sigan tercerizadxs bajo la forma de cooperativa, sino que además propongan como ‘contención de la situación´ deslindar a la universidad de sus obligaciones como empleador y reemplazarla por el Banco Credicoop –sí Banco!!-’, es sin duda parte de una naturalización de la explotación bajo las formas más cínicas y descaradas.
Mariana Giaretto.
Socióloga, docente e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue.
Opinión
“Todos conocemos a alguien que no volvió”: El doloroso mensaje de la hija de una víctima fatal por un choque en la Ruta 22
Omar Edgardo Moreno murió tras un violento choque frontal ocurrido a la altura de Cervantes; mientras que otras tres personas resultaron heridas. Su hija escribió una carta, donde apuntó contra la desidia política y vial.

A poco más de una semana del choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 22, a la altura de Cervantes, Cindy Moreno publicó una extensa y conmovedora carta abierta tras la muerte de su padre, Omar Edgardo Moreno, quien perdió la vida en el siniestro vial registrado el pasado jueves (14/05).
El hecho ocurrió minutos después de las 10.30 horas en el kilómetro 1165 de la Ruta N° 22, en cercanías del barrio Colonia Fátima. El impacto frontal fue entre un Ford Focus que circulaba de oeste a este y un Peugeot 307 que viajaba en sentido contrario.
En cada vehículo viajaban dos personas. Como consecuencia del choque, Omar Moreno, conductor del Focus, murió en el lugar. Los otros tres ocupantes sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Francisco López Lima de General Roca, donde continúan recibiendo atención médica.
En su carta, Cindy Moreno apuntó contra la negligencia vial, el abandono estatal, la falta de obras sobre la Ruta N° 22 y también destacó el acompañamiento del personal de salud y de la comunidad en medio del dolor.
La carta completa
Mi papá no murió solamente en un choque sobre la Ruta 22.
Mi papá murió en una provincia donde hace más de treinta años la desidia política avanza más rápido que las obras. Donde los funcionarios cambian, los discursos cambian, las campañas cambian, pero las rutas siguen rotas, los hospitales siguen sobreviviendo como pueden y las familias siguen enterrando seres queridos mientras escuchan promesas recicladas.
No le escribo esta carta abierta a quienes salen todos los días a trabajar y manejan con responsabilidad entre un pueblo y otro, rezando llegar bien. Ellos ya conocen el miedo. Lo sienten cada vez que toman la Ruta 22 para ir al médico, llevar a sus hijos a estudiar, hacer un trámite o volver a casa.
Esta carta está dirigida a quienes manejan con negligencia, creyendo que el volante es una extensión de su impunidad. Pero también está dirigida a los municipios y gobiernos que durante décadas convirtieron una obra vital para toda la región en una disputa absurda de egos, intereses y mezquindades políticas.
Mientras la gente esperaba una ruta segura, ellos discutían si un tramo debía pasar por arriba o por abajo, si convenía un puente más o una rotonda menos, mientras la obra se demoraba eternamente entre internas políticas, especulación y abandono.
Y en el medio, la gente siguió muriéndose.
En el Alto Valle ya ni siquiera hacen falta estadísticas. Todos conocemos a alguien que no volvió. Todos conocemos una familia destruida por una ruta inconclusa. Todos vimos cruces al costado del camino multiplicarse más rápido que las soluciones.
Hace más de diez años comenzaron las obras de mejora de la Ruta 22. Diez años en los que miles de rionegrinos soñamos que, por respeto a los muertos y por responsabilidad hacia los vivos, finalmente se terminara aquello que nos prometieron una y otra vez.
Pero la política eligió otra cosa.
Eligió discutir poder mientras la gente enterraba hijos, padres, hermanos y amigos.
Mi papá no va a volver. Y no existe pésame institucional capaz de reparar el vacío que deja una ausencia así cuando durante años se ignoraron pedidos básicos de infraestructura, prevención y dignidad.
Porque la desidia no aparece solamente en las rutas. También aparece en hospitales sostenidos a pulmón sus trabajadores. Aparece en localidades donde ni siquiera las entradas para las ambulancias están asfaltadas. Aparece en edificios públicos sin calefacción en plena Patagonia. Aparece cuando falta lavandina en los baños, cuando el personal de salud no tiene dónde calentarse un almuerzo después de horas intentando salvar vidas.
Mi mamá sigue grave en el hospital de General Roca. Y aun en medio de semejante abandono estructural, el personal humano de ese hospital logró algo extraordinario: devolvernos un poco de fe. Nunca voy a olvidar la humanidad del servicio de Hematología, ni las palabras cálidas, ni las sonrisas, ni la forma en que acompañan a familias destruidas aun cuando trabajan en condiciones indignas. Tampoco voy a olvidar a toda la gente que se acercó a donar sangre sin conocernos. Ahí entendí algo doloroso y hermoso al mismo tiempo: esta provincia sobrevive gracias a su gente, no gracias a sus dirigentes. Río Negro está lleno de personas extraordinarias obligadas a compensar todos los días la ausencia del Estado.
Hoy no escribo para pedir nada. Porque lo único que quiero es que me devuelvan a mi papá, y eso no va a pasar.
Pero sí necesito decir que las muertes evitables también tienen responsables. Que las obras postergadas matan. Que la negligencia mata. Que gobernar mirando encuestas, disputas partidarias y negocios mientras la gente arriesga la vida para ir de un pueblo a otro también tiene consecuencias. A los conductores de la camioneta y el auto blanco que hicieron todo mal aquel día, que les faltan papeles y les sobra inconsciencia, ojalá los acompañe la culpa de su irresponsabilidad. Y a quienes durante años tuvieron en sus manos la posibilidad de terminar una ruta segura y fortalecer un sistema de salud digno, ojalá alguna vez comprendan el daño irreparable que produce gobernar de espaldas a la realidad.
Mi papá ya no está. Pero pienso honrar su memoria haciendo lo mismo que él hizo siempre: decir lo que incomoda, exigir justicia y negarme a aceptar que el abandono sea el destino inevitable de nuestra región.
A quienes estuvieron con nosotros en estos días, gracias. El mundo sigue siendo un lugar digno gracias a personas como ustedes.
Cindy Moreno B.
Opinión
Más allá del diagnóstico: La necesidad de una salida con contenido
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

¿Cuánto más se puede decir del estado actual de las cosas? Esta mezcla de novedad y continuidad, esta cotidianeidad que venimos habitando, nos fuerza muchas veces a una suerte de parálisis, obligándonos a detenernos indefinidamente en el diagnóstico. Nos enfrentamos, una vez más, cara a cara con sorpresas previsibles: es la sensación de que asistimos a «más de lo mismo», con el agravante de que ese «lo mismo» es, cada vez, peor.
Esta realidad no es abstracta; es una fuerza complicada que está tensionando transversalmente a la Argentina. Tensa a los individuos, a las familias y a los hogares, pero también erosiona a las instituciones, a los partidos políticos y a las organizaciones sociales en su conjunto. Estamos ante un escenario tan complejo como hondo, donde conviven la complicidad de algunos sectores con un agotamiento social generalizado. Es el agotamiento de quienes dijeron «no» a lo anterior para decir «sí» a esto, y que hoy se encuentran en la encrucijada de decir «no» a esto, sin querer regresar a lo otro. En ese limbo, la construcción de una salida institucional sigue siendo una asignatura pendiente.
La trampa de la reactividad: El vacío de la alternativa
En este escenario, lo que queda peligrosamente a la vista es un modelo de gestión de la oposición —tanto institucional como política— que es meramente reactivo en lugar de propositivo. Esta es una falencia generalizada que atraviesa a representantes políticos, sindicales y partidarios por igual: el gobierno nacional impone condiciones y la respuesta carece de propuestas superadoras. Las estructuras tradicionales se mueven siempre un paso por detrás de lo previsible, persiguiendo un modelo oficial que se percibe como arrasador.
Lo más alarmante no es el contenido de lo que se negocia, sino la incapacidad técnica para proyectar algo distinto. Nos enfrentamos a paritarias que no funcionan, a presupuestos que son jirones de la realidad y a discusiones por servicios básicos que parecen vaciadas de sentido. El rol de sindicatos, gobernadores y legisladores se ha degradado al de simples acompañantes de la coyuntura. Mientras se transita esa urgencia, no se está proyectando un plan de salida relevante. Esta reactividad es especialmente compleja en las universidades, donde ciertas conducciones operan como oposición política nacional pero como oficialismos institucionales, quedando atrapadas en la misma falta de iniciativa propositiva.
De la demencia al negacionismo: La inercia institucional de parte del sistema de CyT
Para entender la parálisis de quienes deben conducir, es necesario observar su comportamiento reciente. Tras el punto de inflexión de diciembre de 2023, cuando el flujo de recursos se detuvo abruptamente y las partidas dejaron de llegar, las instituciones universitarias no reaccionaron con un cambio de paradigma. Por el contrario, operaron bajo lo que podríamos llamar una demencia institucional: siguieron haciendo las cosas como si el escenario no hubiera cambiado, repitiendo fórmulas de un pasado que ya no tenía sustento material.
Hoy, esa demencia ha mutado en algo más peligroso: el negacionismo institucional. Al encontrar mecanismos modernos e innovadores para «oxigenar» el sistema -vía financiamientos externos, fundaciones propias o venta de servicios-, las conducciones «optan» por darle la espalda a la lucha estructural de sus trabajadores. Bajo la excusa de la eficiencia técnica y la creatividad para «salvar los muebles», están validando de facto el ajuste. Están demostrando una agilidad que en momentos de flujo ni siquiera se atrevieron a imaginar, pero lo hacen opacando la lucha docente y Nodocente, y confirmando ante el poder central que el recorte era, después de todo, ejecutable.

El experto disciplinar y la orfandad política
Esta desconexión tiene una raíz estructural en la formación de quienes dirigen el sistema de ciencia, tecnología y universitario. Por un lado, tenemos a los docentes e investigadores, y por otro, a los equipos de gestión Nodocente, que constituyen la arquitectura institucional invisible que permite mantener en pie el sistema. En la cima, el funcionariado (Rectores, Vicerrectores y Secretarios) ocupa cargos de naturaleza eminentemente política.
Sin embargo, el sistema está diseñado para que los académicos gestionen, bajo la premisa de que la excelencia en el grado o posgrado se traduce en capacidad de gestión. Pero la trayectoria académica no es proporcional a la pericia política. Geólogos, contadores, biólogos o arquitectos de renombre se encuentran hoy dirigiendo instituciones complejas frente a una política de choque para la cual sus herramientas disciplinares -que representan el 95% de su expertise- son insuficientes. No es lo mismo administrar el flujo que gestionar la incertidumbre y la restricción. Al no ser cuadros políticos de formación, quedan aislados de los debates profundos y los avatares partidarios los toman por sorpresa.

La seducción del intelectual y el desembarco de los gestores
Este contraste se refleja en la figura presidencial. Su ascenso fue el de un intelectual que ofrecía una doctrina económica liberal inspiradora y de gran penetración en jóvenes votantes y en una gran parte de la población desencantada con lo conocido. La sociedad, en su dificultad para determinar el rol efectivo del Estado, parece haber votado esa elocuencia, apostando a un horizonte filosófico pero dejando de lado o acaso, jamás interpelándose por el «cómo».
Pero una vez en el poder, se produjo un desplazamiento: la gestión real fue delegada en personajes cuyo activo no es la teoría, sino el know-how de la vieja política y la gestión de choque. Mientras el discurso se mantiene en la doctrina, la ejecución queda en manos de segundas y terceras líneas que saben operar las palancas del Estado de forma pragmática. Esta dualidad genera la máxima tensión: un relato intelectual que se ejecuta con las herramientas más conocidas de la gestión tradicional.
El intelectual como arquitecto y el control social
Frente a este vacío, el rol superador del intelectual debe ser el de un traductor: aquel que logre el match entre la ideología (el horizonte filosófico) y el cotidiano de la política pública. No puede ser alguien que se refugie en la academia para dar una clase virtual cada quince días; debe ser quien dote de sentido a la acción técnica e impregne e ilumine los debates públicos.
Nadie discute qué funciones debe afrontar el Estado en tanto garante de derechos. Su capilaridad social estratégica (en términos de Oszlak) es irremplazable. Sin embargo, no podemos seguir persiguiendo quimeras de innovación que mueren en acuerdos personales sobre un andamiaje inexistente. Propongo una salida que incluya una instancia de control social e intelectual comunitario, similar a una Defensoría del Pueblo, pero con una matriz de pensamiento crítico. Un espacio técnico con voz y probada incidencia donde la ciudadanía participe y rediscuta las políticas públicas junto a los intelectuales que les dan sentido.

Conclusión: Salir del asombro
En un mundo de información fragmentada, en el cual desde millennials a la generación alfa son bombardeados constantemente, los discursos vacíos ya no alcanzan. Lo que hoy se vuelve imperativo es la propuesta concreta. Debemos entender que, si la esperanza no tiene acción, es simplemente fe; y la fe es insuficiente para gestionar una organización, menos aún un sistema, demasiado lejos, una nación.
La salida no es dicotómica – izquierda o derecha-, sino programática. Requerimos un nuevo acuerdo social basado en ejes fundantes: ambiente, obra pública, educación, salud, deporte, disidencias, derechos humanos, vivienda y todos los otros temas que la sociedad pueda determinar. La única manera de garantizar a la ciudadanía una protección real es a través de una salida política integral: intelectuales, académicos, gestores y técnicos trabajando en un programa de gobierno concreto que abandone el asombro y retome la iniciativa. Es hora de que la arquitectura del Estado deje de servir a la supervivencia de una casta y empiece a tener a la gente presente en el centro de su diseño y control.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Opinión
La Encrucijada de la IA: Moda o Soberanía
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

Estamos inmersos en un momento de avances exponenciales de la Inteligencia Artificial (IA). Esta carrera tecnológica, impulsada por el sector privado, genera nuevas oportunidades, pero también expone complejidades estructurales profundas en sociedades como la latinoamericana y la argentina en especial, agravadas ahora por el desfinanciamiento estatal.
Detrás de palabras y conceptos como costo, lucidez e inclusive debatiendo sobre la Paradoja de la Modernización, es crucial entender que no incorporar tecnología es, de hecho, más costoso que hacerlo. La adopción requiere una «lucidez estratégica»: un rediseño consciente y deliberado que entienda que lo que se hace se puede hacer mejor. Pero que de ninguna manera la IA reemplaza ni a las personas ni a sus responsabilidades.
Como dos caras de una moneda:
El sector privado actúa deliberadamente para maximizar la ganancia. Moderniza con celeridad, buscando mejorar procedimientos, presentándose a la vanguardia y el desarrollo, y poniendo en valor la IA.
El sector público, cuyo fin es social, a menudo responde al llamado de la modernización con el desfinanciamiento, con recorte y achicamiento. La negación a incorporar la IA transversalmente como tecnología que permita innovar, claramente es no estratégica, pues la sociedad ya la está utilizando, generando una distancia creciente entre ambos mundos.
Acá nos encontramos con el problema de la falsa dicotomía, la creencia simplista de que el privado es inherentemente más moderno y brillante. Esta visión es escasa, pues las personas en ambos sectores utilizan tecnología personal (smartphones, herramientas de IA como Gemini, ChatGPT, etc.).
La diferencia reside en la cultura organizacional: en el privado, la modernización se transparenta y premia; en el público, no está institucionalizada y a veces se castiga la desviación del proceso tradicional.
A no preocuparse, porque no todo es tan sombrío y acaso para evitar un futuro distópico, la solución reside en construir una soberanía tecnológica y digital más horizontal.
Esto nos propone:
Divulgación y Conocimiento: las sociedades y los individuos deben entender el impacto de la tecnología y la IA en todas las instituciones. Este conocimiento es la base para que los ciudadanos puedan defender, construir y validar las reformas necesarias.
Espacios de Co-creación: es imperativo crear espacios público-privados, liderados con la participación activa de la sociedad civil, tecnólogos, divulgadores y directores de proyectos.
Gobierno Abierto: estos espacios deben estar anclados en los principios de Gobierno Abierto: participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.
Solo a través de esta colaboración estratégica y una ciudadanía informada, el Estado podrá evolucionar tecnológicamente no solo para sobrevivir, sino para construir un futuro donde la tecnología sirva a fines sociales amplios, y no solo a la maximización de la ganancia privada.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.





