Judiciales
Se abre paso la digitalización de expedientes laborales
Apuntan a optimizar la tarea de los Tribunales y de los abogados que intervienen en cada caso, permitiendo que todos puedan consultar el legajo a través del sistema informático del Poder Judicial.
El juez del Superior Tribunal de Justicia Dr. Sergio Barotto se reunió con los seis magistrados de la Cámara del Trabajo de Roca para avanzar hacia la digitalización de expedientes laborales, una modalidad de trabajo que ya comenzó a implementarse con positivos resultados en Viedma. Los jueces Walter Peña, Paula Bisogni, Silvana Gabriela Gadano, Edgardo Albrieu, José Luis Rodríguez y María del Carmen Vicente participaron el pasado viernes de la reunión de trabajo en la que Barotto expuso los alcances y objetivos de la reciente Acordada 05/17 del Superior Tribunal de Justicia, mediante la cual se aprobó la digitalización en formato PDF de todos los expedientes que tramitan ante la Cámara del Trabajo de Viedma.
«El objetivo fue trasladarles esta inquietud del Superior Tribunal, para que los magistrados del fuero Laboral de la Segunda Circunscripción comiencen a familiarizarse con esta herramienta novedosa que está dando muy buenos resultados. Es por eso que propusimos que un grupo de jueces, secretarias y empleados de la Cámara Laboral de Roca viaje a Viedma para ver en tiempo real cómo funciona el sistema de digitalización», señaló Barotto al finalizar el encuentro.
En su carácter de presidente del Comité de Informatización de la Gestión Judicial, Barotto impulsó ante el STJ la iniciativa de ampliar el modelo de Viedma a otros organismos, propuesta que quedó plasmada en el último Acuerdo del Superior Tribunal de Justicia. Allí se invita y recomienda a los jueces del Trabajo del resto de la provincia comenzar a interiorizarse sobre esta práctica, con miras a una próxima incorporación al sistema.
Cómo funciona
La digitalización de los expedientes laborales apunta a optimizar la tarea de los Tribunales y de los abogados que intervienen en cada caso, permitiendo que todos puedan consultar el legajo al mismo tiempo a través del sistema informático del Poder Judicial, al que cada uno ingresa con su nombre de usuario y contraseña. Esa posibilidad de acceder simultáneamente a la causa queda materialmente vedada cuando se trata de un expediente en el tradicional soporte de papel, y ello se traduce en posibles demoras innecesarias para su tramitación.
Con la digitalización, cada escrito de relevancia que se presenta para incorporar al expediente es inmediatamente escaneado, convertido al formato PDF y cargado a la página web, por lo que se va integrando con cada presentación una copia fiel del legajo de papel, en su versión digital.
«No sólo permite simplificar y agilizar la consulta de los magistrados y abogados sino que además reduce los tiempos de espera en la mesa de entradas del Tribunal, porque las piezas procesales más importantes de la causa están disponibles en la página web», señaló Barotto.
Con la Acordada 05/17 el STJ autorizó a la Cámara del Trabajo de Viedma a implementar de manera gradual y definitiva la digitalización de todos sus expedientes, tarea que ese Tribunal venía desarrollando a modo de prueba piloto desde febrero de 2016.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
Judiciales
Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca
Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.
Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.
«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.
El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.
«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.
La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.
