Judiciales
Notificaciones electrónicas: Ya se libraron más de 25.000 cédulas digitales en Río Negro
La utilización del sistema por parte de todos los abogados matriculados de la provincia será obligatoria desde agosto.
El sistema de notificaciones digitales diseñado por el Poder Judicial de Río Negro superó esta semana las 25.000 cédulas tramitadas y sigue incorporando como usuarios a los abogados matriculados de toda la provincia, de cara a la utilización obligatoria del servicio que está pautada para el 1 de agosto próximo.
Más de 300 cédulas libradas a los domicilios electrónicos de los abogados litigantes se sumaron en abril a las 24.700 notificaciones digitales que ya se habían diligenciado mediante las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones del Poder Judicial desde la implementación voluntaria del sistema. Junto con las cédulas electrónicas a los abogados también se remitió, en muchos casos, la documental adjunta en formato digital, evitándose el uso de documentos impresos.
Ya son 50 los organismos judiciales que están utilizando las cédulas electrónicas, incluidas las Cámaras Laborales y de Apelaciones en lo Civil y Comercial, los Juzgados Civiles de Primera Instancia y los Juzgados de Familia, así como también los Juzgados de Paz de varias ciudades. El próximo objetivo es afianzar, a partir de agosto, la incorporación del fuero Penal.
La utilización de cédulas digitales acorta notablemente el tiempo de gestión de los expedientes, reduce costos económicos y permite optimizar el trabajo en las Oficinas de Notificaciones del Poder Judicial, al tiempo que contribuye a la conservación ambiental por la importante disminución del uso de papel.
Según dispuso el Superior Tribunal de Justicia en la Acordada 2/17, a partir de agosto dejará de funcionar el sistema tradicional de notificaciones en papel, por lo que resulta necesario que los abogados y otros operadores judiciales que aún no están utilizando el servicio digital completen su trámite de inscripción y gestionen su nombre de usuario, clave y tarjeta de coordenadas, herramientas que les permitirán utilizar todas las prestaciones del programa. Ello resulta imprescindible porque a partir de esa fecha el Poder Judicial ya no diligenciará notificaciones en papel a los domicilios constituidos, como por ejemplo los estudios jurídicos de los abogados, quienes quedarán notificados de las providencias, resoluciones y/o sentencias a través del sistema informático, únicamente.
Hasta el momento, el sistema tiene más de 1.200 usuarios registrados, incluyendo organismos, funcionarios, empleados y cuerpos técnicos judiciales, abogados particulares y peritos.
El programa permite a los operadores externos elaborar sus cédulas y notificarse de los movimientos de sus expedientes desde cualquier computadora con acceso a Internet. La registración automática de cada movimiento permite, por su parte, al Poder Judicial llevar un control centralizado y de permanente auditoría sobre las notificaciones en toda la provincia. También los abogados, peritos o integrantes de Organismos Jurisdiccionales pueden hacer un seguimiento de las cédulas destinadas a domicilios reales, sabiendo con precisión la fecha, hora y operador que ha intervenido en la recepción y diligenciamiento de cada cédula y conociendo el resultado del trámite sin necesidad de que el papel haya sido incorporado al expediente.
Domicilios reales
La ley exige que algunas notificaciones -generalmente cruciales en un proceso- sean cursadas al domicilio real de la persona alcanzada por una determinada decisión judicial. A partir de la digitalización del sistema, esas cédulas deben elaborarse en la misma página web del Poder Judicial e imprimirse, para que la comunicación sea cursada a través de las Oficinas de Mandamientos. Para estos casos, el uso del sistema digital comenzó a ser obligatorio a partir de abril. De este modo, las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones del Poder Judicial sólo reciben las cédulas de papel generadas mediante el sistema oficial, que respetan un formato específico y que son identificadas con códigos de barra.
Estadísticas
Los juzgados de Familia y las Cámaras del Trabajo son, hasta ahora, los usuarios que más cédulas electrónicas han emitido a domicilios reales y a domicilios constituidos. El Juzgado de Familia N° 5 de Viedma había librado, al 24 de abril, más de 1.200 notificaciones digitales. Le siguen las dos secretarías de la Cámara del Trabajo de Cipolletti, su par de Viedma y los juzgados de Familia de Cipolletti, Roca y El Bolsón, con la emisión de entre 550 y 750 cédulas cada uno.
Los Juzgados de Familia de Roca, Viedma, Cipolletti y Bariloche son, por otra parte, los organismos con mayor cantidad de expedientes en los que se han utilizado este tipo de notificaciones por parte del propio tribunal o de los abogados que intervienen. También existen abogados particulares en la lista de principales usuarios del sistema, algunos de ellos con más de 600 cédulas electrónicas emitidas a través del sistema.
En tanto que la Oficina de Mandamientos de Roca lidera la lista de notificaciones a domicilios reales, con más de 6.000 cédulas tramitadas desde la implementación del sistema. Le siguen las Oficinas de Viedma, Cipolletti y Bariloche. En total, hasta el 24 de abril, se habían canalizado desde esos organismos más de 24.700 notificaciones digitales.
Los Juzgados de Paz también se están incorporando a los beneficios de la digitalización de cédulas, con unas 200 emisiones y una notable utilización del sistema por parte del Juzgado de Roca y Villa Regina.
udad
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Caso Julián Dobra: un nuevo detenido por el crimen del joven roquense
El Ministerio Público Fiscal imputó a un joven de 18 años, acusado de participar en el homicidio ocurrido en abril pasado. Se convirtió en el octavo implicado en la causa.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un nuevo imputado acusado de haber participado en el homicidio de Julián Dobra de la Canal, ocurrido el 17 de abril pasado en General Roca. El joven, de 18 años, fue detenido durante la mañana de este viernes (07/11) y se convirtió en el octavo acusado en la causa.
Según la hipótesis fiscal, el detenido formó parte del grupo que, entre las 19.48 y las 20.23, coordinó un encuentro con la víctima detrás de la defensa aluvional. Allí lo habrían engañado para concretar una reunión y posteriormente lo agredieron con golpes y un arma de fuego, provocándole las lesiones que derivaron en su muerte. Todo ello en el marco de un plan ideado por otro de los imputados.
De acuerdo con la acusación, el joven participó también del robo del automóvil de Dobra y del ingreso a su domicilio, donde sustrajeron una bicicleta y una consola de juegos utilizando la llave original.
La calificación legal atribuida es la de coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en concurso real con hurto calificado por el uso de llave verdadera sustraída, agravados por la participación de menores de edad.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas que incluyen rastros levantados en el lugar del hecho, informes de cámaras del 911, pericias telefónicas y análisis biológicos, entre otros elementos.
El defensor oficial se opuso a la formulación de cargos y pidió medidas de protección para las víctimas, mientras que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del acusado. El juez de Garantías hizo lugar al pedido del Ministerio Público, imponiendo la medida cautelar y recordando que la causa fue declarada compleja, lo que extiende el plazo de investigación hasta mayo de 2026.
Con esta nueva imputación, el caso que conmocionó a General Roca ya cuenta con 8 personas acusadas, entre mayores y menores de edad, por su presunta participación en el brutal homicidio.
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Por una apuesta familiar la inscribieron con otro nombre: 60 años después logró cambiarlo
El fallo consideró que existían “justos motivos” para el cambio, por el sufrimiento que le generó y por el uso habitual de su nombre elegido.
Una mujer del Alto Valle logró una resolución histórica: el Poder Judicial de Cipolletti autorizó el cambio de su nombre, inscripto hace más de 6 décadas a raíz de una apuesta familiar.
La historia comenzó a principios de los años ‘60, cuando su padre acudió solo al Registro Civil para inscribirla. En la puerta, un primo lo desafió a anotarla con un nombre inusual, elegido al azar. El hombre aceptó la broma, sin imaginar que ese gesto definiría parte de la vida de su hija.
Desde niña, la mujer soportó burlas y humillaciones por su nombre. En la adolescencia abandonó la escuela para evitar oírlo en público y, ya de adulta, evitó todo trámite donde figurara su documento. «No tramitó pasaporte, ni tarjetas de crédito, ni se inscribió en su jubilación», indica el fallo. Incluso en su casamiento, escuchar su nombre en voz alta fue una experiencia dolorosa.
Durante décadas, se presentó socialmente con otro nombre -una inicial, ‘A.’, en los documentos judiciales-, el mismo que usó en su entorno, en redes sociales y en actividades artísticas. En agosto de 2025, inició una acción judicial para reemplazar los prenombres impuestos por el que la representaba realmente.
El pedido fue acompañado por testimonios, capturas de pantalla, certificados y un informe técnico interdisciplinario que concluyó que el cambio sería «una forma simbólica de reparación».
Tanto el Ministerio Público Fiscal como el Registro Civil avalaron el pedido. El tribunal de Familia consideró que existían «justos motivos» conforme al Código Civil y Comercial, que contempla la modificación cuando el nombre afecta la personalidad o cuando la persona usa habitualmente otro.
En noviembre de 2025, la Justicia ordenó eliminar los prenombres originales y rectificar su partida de nacimiento, reconociendo oficialmente su identidad elegida.
Después de 60 años de cargar con un nombre impuesto por una broma, la mujer consiguió finalmente llamarse como siempre quiso.
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Nuevos elementos del celular de la víctima reconfiguran la investigación por el crimen de Julián Dobra de la Canal
El juez de Garantías declaró la causa como compleja y extendió el plazo de investigación hasta mayo de 2026.
El Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción reformuló cargos en la causa que investiga el homicidio de Julián Dobra de la Canal, ocurrido el 17 de abril pasado en General Roca. La medida se basó en nuevos elementos incorporados a la investigación, principalmente el análisis del celular de la víctima, que permitió precisar detalles sobre el hecho y las responsabilidades de cada imputado.
Según la hipótesis fiscal, el crimen ocurrió entre las 19.48 y las 20.23, en una zona ubicada detrás de la defensa aluvional. En ese lapso, cuatro hombres agredieron a la víctima con golpes y un arma de fuego, cumpliendo un plan previamente ideado por una quinta persona.
Dobra fue arrastrado y abandonado detrás de unos arbustos, donde finalmente falleció a causa de las lesiones en el cráneo. Posteriormente, los agresores se apoderaron de su automóvil y lo utilizaron para ingresar a su departamento, donde sustrajeron una bicicleta y una consola de juegos.
Además, se acreditó que un sexto implicado omitió brindar información sobre el paradero de la víctima pese a conocer lo ocurrido, mientras que un séptimo hombre ocultó el vehículo sustraído en una vivienda de calle Urquiza.
El análisis del celular, clave para el avance de la causa
El avance de la investigación se fortaleció a partir del trabajo técnico de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General, que logró acceder al contenido del celular de Dobra sin necesidad de enviarlo al exterior.
Del dispositivo se recuperaron más de 1.400 puntos de geolocalización, registros de llamadas, mensajes, videos e imágenes que vinculan directamente a los imputados entre sí y con la víctima.
La información fue cotejada con testimonios, informes del 911 y pericias previas, confirmando la hipótesis del Ministerio Público.
También se hallaron mensajes entre los acusados donde coordinaban acciones posteriores al homicidio, como ocultar el vehículo e incluso intentar incendiarlo.
7 imputados y causa declarada compleja
Dos de los implicados fueron acusados de homicidio triplemente agravado (por el concurso premeditado de dos o más personas, por el uso de arma de fuego y por la intervención de menores). A uno de ellos se le sumó el cargo de hurto calificado por el uso de llave verdadera sustraída.
Tres personas menores de edad fueron imputadas por los mismos delitos en concurso real con hurto calificado, y un cuarto adolescente también fue acusado de portación ilegal de arma de fuego de uso civil. Los dos restantes fueron imputados por encubrimiento agravado.
Durante la audiencia, las partes debatieron sobre la complejidad del caso. Finalmente, el juez de Garantías admitió la reformulación de cargos y declaró la causa como compleja, extendiendo el plazo de investigación hasta el 9 de mayo de 2026.
El magistrado también resolvió prorrogar la prisión preventiva de los imputados mayores de edad hasta esa fecha, y mantener las medidas cautelares para los menores. Uno de ellos deberá presentarse periódicamente ante la Fiscalía.
