En las últimas horas se conoció una resolución del Juzgado de Instrucción N° 2 de Cipolletti, mediante la cual se dictó el sobreseimiento total y definitivo del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Central Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, Rodolfo Aguiar en la acusación por el delito de «coacción agravada» en una de las causas que se derivaron de las protestas gremiales llevadas a cabo, hace más de un año y medio, en la localidad de Contralmirante Cordero.

«Estamos muy contentos con este fallo y nos genera expectativas acerca que no toda la Justicia es igual. Se le acaba de poner un freno a un fiscal que defiende los intereses del gobierno provincial, de los intendentes bajo su jurisdicción y de los dueños de las petroleras. Este mes los empresarios le van a bajar el sueldo a Martín Pezzetta. Le van a descontar el adicional por productividad», manifestó Aguiar.

Señaló asimismo que «hemos dado un paso importante. La resolución es esclarecedora porque muestra que era una causa completamente armada. Esperemos que se ponga fin a la idea de judicializar los reclamos sociales. El Código Penal está para otra cosa».

El fallo de la Jueza Sonia Martín, dictado en el Expediente N° 15188/2016, también dejó libre de toda culpabilidad a la secretaria general del gremio en la Seccional Norte -con sede en Cinco Saltos- Dora Fernández y a todos los delegados sindicales de ATE en la Municipalidad de Cordero y en la Delegación Municipal de Barda del Medio, entre ellos Darío Cinchini, Víctor Salvador Nicosia y Javier Hermosilla.

Los hechos que se sometieron a investigación datan del día 13 de abril de 2016 y, a partir de ellos, la Fiscalía trató de responsabilizar a los trabajadores por la supuesta coerción hacia el intendente Gustavo Pita, para que realice algún acto contra su voluntad. Según el fiscal, para ello los manifestantes se habrían servido de la ocupación del recinto comunal y la consumación de supuestos daños. Sin embargo, la sentencia de sobreseimiento da cuenta que es el propio jefe comunal el que describe el encuentro con Aguiar, Fernández y los delegados como una reunión normal y que, además, otros testigos señalan que no existió rotura alguna.

El sindicato destacó la decisión ya que, de todas las líneas argumentales utilizadas por el Juzgado, puede considerarse que «las protestas fueron en todo momento pacíficas y tendientes a resolver por la vía del diálogo todas las demandas laborales». El gremio reiteró su cuestionamiento sobre el Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta que se evidencia en el funcionario a su cargo, Martín Pezzetta «un ánimo persecutorio y de ensañamiento personal contra los gremialistas y principalmente contra Aguiar, que va mucho más allá de lo que habilitan las leyes de nuestro país».

Para ATE se trata de «otra causa -claramente armada por el poder político- que se cae, sobre todo si se tiene en consideración que las pruebas en el expediente no muestran a los dirigentes cometiendo actos dolosos y en todos los casos han sido aportadas solamente y de manera exclusiva por entes gubernamentales, policías o fiscales, cuyas actuaciones son las que se cuestionaban con las protestas».