Judiciales
Nuevo sistema procesal: Las Fiscalías se capacitan
Durante dos jornadas, referentes del Poder Judicial de Neuquén capacitaron a funcionarios judiciales rionegrinos sobre el nuevo Código Procesal Penal.
¿Qué Ministerio Público Fiscal se pretende en Río Negro a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Penal el próximo 1 de agosto?, ¿qué impronta se le dará?, ¿cómo se preparan los casos desde el punto de vista del Ministerio Fiscal y de la Defensa?, ¿cómo serán las audiencias de control de acusación?. Sobre estos y otros cuestionamientos giró la capacitación que durante dos jornadas, el lunes 15 y el miércoles 17, brindaron referentes del organismo homónimo de la provincia de Neuquén. A estas nuevas instancias de preparación, que son parte de las que frecuentemente organiza el Poder Judicial, asistieron Fiscales de Cámara, de Grado, Adjuntos y empleados de la II Circunscripción Judicial.
El lunes los disertantes fueron los Jueces de Garantías de la IV Circunscripción del Poder Judicial de Neuquén, Juan Pablo Balderrama y Jorge Criado, y Maximiliano Bagnat, Fiscal del caso con base en San Martín de los Andes. Entre los contenidos fundamentales, el miércoles el Fiscal en Jefe neuquino, Maximiliano Breide Obeid, ejemplificó la organización que tiene cada Fiscalía en su provincia, y llamó a la reflexión acerca de lo que ocurrirá en este territorio teniendo presente la extensión de Río Negro y la particularidad de cada una de las cuatro circunscripciones.
También insistió en que hoy, cuando ya pasaron dos años desde que Neuquén puso en vigencia el nuevo sistema procesal penal, lo más importante del cambio es romper con las lógicas de instancias independientes. En este sentido enfatizó en la trascendencia de que sea el mismo fiscal el que intervenga desde el llamado de la comisaría hasta la etapa de casación, se trata de la figura del «Fiscal del caso».
Según el fiscal jefe del Ministerio neuquino, esto genera mayor compromiso ya que desde un inicio se evalúa la certeza de la acusación. Relacionado a ésto, suma fortaleza la “oficina de admisión de casos”, que evaluará cuáles prosperan y cuáles son pertinentes de derivar a otros organismos buscando una resolución inmediata que satisfaga el interés de la víctima y, por el otro, procurando que lleguen a juicio aquellos casos más graves que prevean una condena.
Entre otras cuestiones resaltó la importancia que cobra el apoyo visual en este sistema acusatorio adversarial. En este sentido, cabe recordar que fue creada, en el ámbito de la Procuración General la Dirección de Análisis Científico en la que conviven diferentes espacios especialmente dedicados a la obtención de evidencia tecnológica, no sólo para la etapa de instrucción sino además para la de juicio, que agilizarán la obtención de información crucial para la investigación.
De las disímiles áreas que coexisten en esta estructura, desde marzo funciona la de Reconstrucción Virtual, que utiliza tecnología de última generación consensuada a nivel internacional como el Scanner Láser 3D cuyas imágenes, junto con los registros planimétricos, informes periciales de médicos y balísticas, las fotografías del lugar del hecho y toda aquella información que confluya en la reconstrucción virtual, ilustrará de manera más acabada la mecánica del hecho criminal específico.
Judiciales
Caso Valentín Mercado: Piden confirmar la condena contra el anestesiólogo por el daño cerebral irreversible
Tras la apelación de la defensa del profesional condenado por homicidio culposo, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Impugnación que ratifique la sentencia en todos sus términos.
La causa por la muerte del niño Valentín Mercado Toledo sumó una instancia clave en el Tribunal de Impugnación de Río Negro. Tras el recurso presentado por la defensa del anestesiólogo condenado por homicidio culposo, la Fiscalía y la querella solicitaron formalmente que se confirme la sentencia original, rechazando cualquier reducción de la pena o limitación de la inhabilitación profesional.
El eje del conflicto radica en el planteo del profesional, quien busca que su inhabilitación para ejercer se circunscriba únicamente al ámbito pediátrico. Ante esto, el fiscal del caso fue tajante al señalar que la desatención durante la cirugía fue la causa directa del desenlace fatal. «Lo sucedido fue que la desatención por parte del imputado impidió advertir el súbito taponamiento, lo que derivó en un paro cardíaco», explicó. Según el Ministerio Público, el médico no cumplió con el consentimiento informado en el que asumía la responsabilidad de velar por el paciente durante toda la intervención.
La reconstrucción de los hechos indica que existieron cuatro minutos iniciales y determinantes en los que el anestesiólogo no actuó conforme a su rol. Si bien luego se logró estabilizar al niño con adrenalina y un cambio de tubo traqueal, la demora fue tan extensa que el daño cerebral resultó irreversible.
La querella acompañó estos argumentos, dejando la decisión final en manos del Tribunal, que ya pasó a deliberar.
Judiciales
Compensación económica tras una unión convivencial: Reconocen desequilibrio estructural y contexto de violencia
Se conocieron hace más de dos décadas y tuvieron un hijo. Pero la situación se volvió insostenible con el paso de los años.
Se conocieron en la facultad hace más de 20 años. Ella era alumna y tenía el sueño de recibirse de licenciada; él trabajaba como ayudante de cátedra. Al poco tiempo, ella abandonó sus estudios y sus proyectos para acompañar el crecimiento profesional de él.
Así, la joven se convirtió en asistente técnica en las películas de su pareja y en cuidadora de su familia. Durante casi dos décadas, sostuvo el hogar y los proyectos del hombre. Mientras la pareja acumulaba títulos académicos y prestigio, ella perdía autonomía. No tenía ingresos propios y dependía por completo de la voluntad de su pareja.
La situación se volvió insostenible con el paso de los años. Así, decidió dejar la vivienda familiar junto con su hijo. Dejó los equipos de trabajo, la casa que ayudó a construir y los vehículos de la familia. Regresó a la vivienda de sus padres, sin ahorros y con su carrera universitaria sin terminar. El hombre quedó con todos los bienes y mantuvo su estabilidad profesional intacta.
Ante esta realidad, recurrió al Poder Judicial para iniciar una compensación económica y reparar la desigualdad que provocó la ruptura.
El fuero de familia de Roca hizo lugar a la demanda. La jueza consideró acreditado un desequilibrio económico, derivado de la dinámica de la relación y de su ruptura.
La mujer mantuvo una relación de más de 20 años en la que postergó su desarrollo profesional y académico. Acompañó los proyectos laborales de su pareja y asumió, de manera casi exclusiva, las tareas domésticas y de cuidado, incluida la crianza del hijo en común.
También expresó que la relación se desarrolló en un contexto de violencia de género, caracterizado por control, descalificaciones y limitaciones a su autonomía personal y económica.
Por su parte, el hombre negó la existencia de desequilibrio y sostuvo que su crecimiento profesional fue fruto de su esfuerzo personal. Afirmó que la mujer desarrolló capacidades en el ámbito audiovisual y que contaba con posibilidades de inserción laboral.
La jueza destacó que la compensación económica tiene como finalidad corregir el perjuicio patrimonial que puede generar la ruptura de una vida en común, cuando una de las partes queda en situación de desventaja.
De la prueba producida surgió que durante la convivencia existió una asimetría de poder desde el inicio de la relación, que se trasladó a los ámbitos laboral y familiar. Se acreditó que la mujer quedó en una posición de dependencia, con limitaciones para desarrollar su autonomía, mientras que el hombre consolidó su carrera académica y profesional.
La jueza de Familia hizo lugar al reclamo y ordenó que el hombre el pago de una compensación. La magistrada destacó que existió un contexto de violencia de género y económica.
Judiciales
En Río Negro, las mujeres ocupan más de la mitad de los cargos jerárquicos judiciales
Representan el 55%, contra el 45% de los varones.
En el Poder Judicial de Río Negro, las mujeres ocupan el 55% de los cargos de juezas, jueces, secretarias y secretarios de las áreas jurisdiccionales, mientras que los varones representan el 45%.
La distribución cambia según la función. Del total relevado, el 68% corresponde a juezas y jueces y el 32% a secretarias y secretarios. Entre las 175 personas que ocupan cargos de juezas y jueces, el 45% son mujeres y el 55% varones. Entre las 84 personas que se desempeñan como secretarias y secretarios, en cambio, la presencia femenina asciende al 76%, frente al 24% de varones.
Pirámide demográfica y composición por áreas
El relevamiento registra 1.843 agentes en organismos jurisdiccionales y auxiliares. De ese total, 1.188 son mujeres y 655 varones. Además de juezas, jueces, secretarias y secretarios, la composición por función muestra mayoría femenina en el personal jurisdiccional, con 594 agentes, de los cuales el 78% son mujeres; en el personal de Mediación, con 81 cargos, también con 78% de mujeres; y en las áreas auxiliares, con 655 agentes, donde las mujeres representan el 62%. La única función con mayoría masculina, además de la magistratura, es la del personal de servicio: allí hay 254 cargos, con 55% de varones y 45% de mujeres.
La pirámide demográfica muestra que la mayor concentración del personal se ubica entre los 36 y 50 años, tanto en mujeres como en varones. En la distribución por fueros y organismos con equipos, el 39% del personal corresponde a organismos no jurisdiccionales, con 716 agentes, mientras que el 61% restante, con 1.127 agentes, se desempeña en organismos jurisdiccionales y de Mediación. Dentro de esa estructura, el bloque más numeroso reúne al fuero Civil, Comercial, Minería, Contencioso Administrativo y Familia, incluida la segunda instancia, con el 25% del total. Le siguen el fuero Penal con el 15%, Justicia de Paz con el 8%, el fuero del Trabajo con el 6%, Mediación con el 4% y el Superior Tribunal de Justicia con el 3%.
La información surge del informe elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.
