Río Negro
El “Plan Castello” fue aprobado en la Legislatura
Por mayoría (35 de los 46), los legisladores dieron sanción al proyecto de ley que permitirá al Poder Ejecutivo tomar un empréstito de hasta 580 millones de dólares para financiar obras públicas.
La iniciativa oficial fue avalada por 35 de los 46 legisladores presentes, superando la exigencia constitucional de los dos tercios de votos favorables de los miembros de la Legislatura para aprobar una norma de estas características.
El texto legal incluye la creación de un “Fondo Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello”, que manejará una Comisión de Seguridad y Control de Fondos y que estará conformada por una representación legislativa idéntica a la exigible para la aprobación de la ley. La Comisión también tendrá la responsabilidad de determinar cuál ser el Agente Fiduciario que contratará la Provincia y acordará el orden de prioridades para la realización de las obras previstas.
Se encontraban presentes ministros y funcionarios de las carteras de Obras y Servicios Públicos, Economía, y Gobierno y los intendentes de Cinco Saltos (Germán Epul), Villa Regina (Daniel Fioretti), Contralmirante Cordero (Gustavo Pita), Maquinchao (Marcos Pérez) y Guardia Mitre Áangel Zingoni), y una representación gremial de la UOCRA.
Foto: Gentileza.
El debate
El legislador Alfredo Martín (JSRN), al dar inicio al debate y en nombre de su bloque indicó que la iniciativa se presentó a los intendentes en el mes de enero pasado y luego a empresarios, organizaciones e instituciones de toda la Provincia, recibiendo los más variados aportes y apoyos.
Entre otras argumentaciones técnicas y políticas, repasó el principal listado de obras que se prevé financiar mediante este crédito: Parque Tecnológico e Industrial y Centro de Convenciones de Bariloche; el gasoducto de la Línea Sur, nodo de transporte de Los Menucos, pontón flotante en el Puerto de San Antonio Este, Ciudad Judicial de Cipolletti, proyecto de desarrollo de riego de Campo Grande, y el mejoramiento del brazo sur del río Negro.
También enumeró diversas obras hídricas y de saneamiento “que son para todos los rionegrinos”, al igual que obras cloacales en muchas ciudades de la Provincia, entre las que destacó la red de aguas de General Roca, defensas aluvionales de Cipolletti, obras eléctricas y diferentes plantas transformadoras, electrificación rural de miles de hectáreas, modernización de centrales hidroeléctricas, obras viales, pavimentación de caminos productivos, la apertura de la ruta 7 de la Isla Jordán a Las perlas, y la pavimentación de la ruta 4″.
Repasó los beneficios que recibirán las municipalidades y las comisiones de fomento así como los fundamentos del histórico plan del Gobernador Castello que preveía el riego de 248.000 hectáreas, la instalación de varias centrales hidroeléctricas y la realización de gasoductos y de provisión de gas, para luego referirse al Plan Trienal de Gobierno de Mario Franco para el trienio 74/76 que también preveía una serie de proyectos que se vieron abortados por el golpe de Estado que lo derrocó, por lo que “éste será un reconocimientos histórico que dará continuidad a los deseos de aquellos gobernadores y de explotar las potencialidades de nuestro territorio”.
Martín subrayó que “nuestro gobierno quiere aventar el fantasma de que no se pagarán sueldos para cumplir con los compromisos de pago, respetando los acuerdos firmados con los gremios estatales”, y también aseguró que los intendentes “seguirán recibiendo la coparticipación municipal, ya que se han generado todas las condiciones necesarias para garantizar la previsibilidad de la Provincia”.
Soraya Yauhar (UCR) tras anticipar su acompañamiento al proyecto, la parlamentaria insistió en la necesidad de establecer un priorización de las obras públicas, y destacó las modificaciones introducidas para mejorar el proyecto original del Ejecutivo. Insistió en la inclusión de la obra de riego de Guardia Mitre cuyo iniciativa fue presentada por el intendente Zingoni durante el debate en la plenaria al que asistió junto a otros 28 representantes comunales. Pidió el acompañamiento a este proyecto “para un Río Negro que necesita transformarse”.
Alejandro Marinao (FpV) pidió la palabra para anunciar que la bancada del Frente para la Victoria votará de manera dividida tras un debate interno que definió que cada legislador votará de acuerdo a sus propias convicciones.
Nicolás Rochás (FpV) reiteró en Cámara su postura opositora a la iniciativa oficial tal como anticipara durante el debate en comisiones, expresando su convicción de que con esta ley “estamos autorizando al gobierno a tomar un empréstito que se tomará en jurisdicción extranjera” pero que “no queda claro cómo ni a qué tasas lo va a pagar la Provincia”. Reclamó “prudencia” en los compromisos que se van a asumir en el marco de la actual “inestabilidad de mercados” y que no están claramente definidas las prioridades que tendrán las obras ni “la planificación del plan integral que imperativamente exige la Constitución”.
Javier Iud (FpV) argumentó que “a pesar de no haber alcanzado en su totalidad, pero sí en buena parte nuestras aspiraciones de modificar el proyecto, nos entusiasmó la respuesta positiva que el gobierno dio a nuestras propuestas y esto lo debemos reconocer”. Señaló que “Río Negro no es la primera provincia que se endeuda para ejecutar obra pública. “Once provincias, casi la mitad de los estados argentinos, lo han hecho recientemente a través de la emisión de bonos”.
Agregó que “de la ley original que no estábamos dispuestos a acompañar llegamos a una ley viable y acorde a las necesidades de todos los rionegrinos”. “Más allá de nuestras convicciones y principios ideológicos, nosotros, como oposición, también representamos los intereses de la totalidad de nuestros comprovincianos”. Iud expresó su acompañamiento al proyecto desde una “oposición responsable” y consideró que el pago de la deuda no superará el 3 por ciento del presupuesto total de la Provincia, lo cual permite prever que el Plan Castello no nos pone en riesgo de hipotecar nuestro futuro”.
Mario Sabbatella (FpV) por su parte sostuvo que “no me va esta deuda y no es un capricho mi postura en el tratamiento de esta deuda que es la más grande en la historia de Río Negro”. Sugirió la “necesidad de contarle a la gente cuánto le costará a la Provincia y a la gente este endeudamiento para pagar un plan que se armó a las apuradas”. Expresó entre otros conceptos que no está claro a quién habrá que pagarle, o en que jurisdicción habrá que negociar ante un nuevo juez Griesa las condiciones de pago”… “y entregando soberanía a nuevos fondos buitres”. “Estamos entregando Río Negro a la timba financiera”, señaló entre otros conceptos que sintetizó que esta ley es un cheque en blanco”.
Jorge Ocampos (AFPIR) rescató el trabajo mantenido con los intendentes e instituciones durante varios meses, criticó el discurso del legislador Nicolás Rochás y compartió la postura y la exposición de Javier Iud. Del mismo modo expresó su deseo de que se concrete el proyecto de riego para Guardia Mitre y la posibilidad de regar 20.000 hectáreas.
Edith Garro (FpV) pidió respeto por la diferencia de las ideas que expresan los legisladores que no opinan lo mismo y manifestó, tal como otros legisladores de su bloque, y también expresó sus temores porque puedan “perderse dólares” en el camino de las obras.
Marcelo Mango (FpV) también expresó su preocupación ante un nuevo endeudamiento y que “hubiera sido bueno que tuviéramos más tiempo para discutir más profundamente el tema”. Indicó que “no es casual que no asistieran a las reuniones de comisión los intendentes de las ciudades más grandes de la Provincia” como “tampoco lo hicieron todas las instituciones que debieran haberlo hecho para establecer un legítimo consenso”. Criticó por otra parte que “no hay una sola obra de salud ni de educación en este proyecto”. “Este no es un plan de desarrollo”, afirmó en más de una ocasión.
Arabela Carreras (JSRN) explicó que el proyecto “nació del gobernador Weretilneck estudiando las falencias de las ciudades y cuáles eran las demandas de las Provincia y su gente. Así se construyó una propuesta en acuerdo con las instituciones y con los intendentes con el principal objeto de generar fuentes de trabajo y procurar una vida mejor para los rionegrinos, aunque teniendo en cuenta que habrá un tope limitado de dinero para resolver ilimitadas necesidades. Estamos pensando y proyectando una provincia a largo plazo en un contexto nacional que nos impacta. Sufrimos problemas sistemáticos de indigencia, necesidad de obras y falta de trabajo, para los que hay que crear soluciones tomando cartas en el asunto”, agregó.
Señaló Carreras que “el Centro de Convenciones y el Parque Tecnológico e industrial romperán las estacionalidad laboral, y aportarán a la diversificación de la economía de Río Negro por su impacto en toda la provincia”. En respuesta a los argumentos vertidos por el legislador Mango señaló que los intendentes de todas las grandes ciudades de la Provincia expresaron su apoyo al proyecto.
Una larga lista de oradores se agregó seguidamente para expresarse con argumentos en pro y en contra del expediente. Así lo hicieron los legisladores Viviana Germanier (JSRN), María del Carmen Maldonado (FpV), María Inés Grandoso (FpV), Ricardo Arroyo (JSRN), Leandro Tozzi (JSRN), Juan Sides (JSRN), Leandro Lescano (JSRN), Rodolfo Cufré (JSRN), Elvin Williams (FpV), Ariel Rivero (FpV), y Raúl Martínez (FpV) y Facundo López (JSRN) y Luis Albrieu (FpV).
El presidente bloque FpV, Alejandro Marinao anticipó su voto favorable expresando que representa los intereses de la Región Sur de la provincia por la que accedió a su banca. Describió la necesidad de realización de obras como el gasoducto y la línea de generación de electricidad de alta tensión con las que esa zona de la provincia se verá beneficiada.
“Podemos estar en desacuerdo con la herramienta del endeudamiento pero tenemos la necesidad imperiosa de generar trabajo y de satisfacer estas demandas que de otra manera no tendrán respuesta, debiendo atenernos al modelo que impera hoy por hoy en la república Argentina donde las políticas sociales pasan a segundo plano”. Finalmente insistió en la relevancia de los beneficios acordados y las condiciones de la toma del crédito a los municipios.
Finalmente el titular del bloque JSRN, Alejandro Palmieri, aventó los temores planteados por legisladores “agoreros” de la oposición y explicó las razones por las que el gobierno de Río Negro “sabrá y podrá responder a los compromisos” que asume a partir de la puesta en marcha del Plan Castello que se financiará a doce años.
Al cierre del debate, Palmieri hizo un puntilloso repaso de las instituciones, sindicatos, entidades e intendentes que participaron y aportaron a la construcción del proyecto oficial y señaló que todas las intervenciones y aportes realizados antes y durante la sesión fueron positivos.
Refutó conceptos tales como “improvisación” o “falta de planificación o de legitimidad en la definición de las obras” vertidos durante el prolongado debate, y otras aseveraciones, entendiendo que “éste ha sido el proyecto que más trabajo desde aquel 17 de enero (del año en curso, cuando se comenzó a analizar el expediente), hasta el día de hoy”, por lo que entendió que aceptar una demora en la continuidad del análisis en las comisiones, tal como propusieron algunos parlamentarios del Frente para la Victoria “era una dilación injustificada”.
“Hablar de falta de legitimidad en cómo se definieron las obras previstas en el proyecto, es faltarle el respeto a todas las entidades intermedias, instituciones, sindicatos de trabajadores e intendentes que participaron en todo el proceso”, y repasó la nómina de quienes lo hicieron con diferentes aportes y con su presencia durante el debate en las reuniones plenarias de la semana pasada, entre ellos los 29 intendentes (de los 39 de la Provincia) que asistieron, y las notas de apoyo de los municipios de Bariloche y Pilcaniyeu.
Afirmó que la toma de crédito internacional por parte de Río Negro es la manera, y no hay otra, para que un Estado pueda llevar adelante un proyecto de obras que le cambiará la vida por décadas a todos los rionegrino”, al tiempo que indicó que “por ello es justo que el pago del empréstito se extienda a ésta y las próximas gestiones de gobierno”.
Ejemplificó finalmente que con la obra del gasoducto para la Línea Sur “va a cambiar la vida de la gente que habita y habitará esa zona de la Provincia por varias décadas a futuro, corresponde que esa deuda sea honrada durante los próximos doce años”.
Río Negro
Río Negro se consolida como el destino más elegido del invierno argentino
En todo el país se movilizaron 4,6 millones de turistas, que generaron un impacto económico superior a los $2,12 billones.
Río Negro fue la provincia más elegida durante las vacaciones de invierno 2026, con Bariloche alcanzando hasta un 90% de ocupación hotelera y consolidándose una vez más como el principal destino del turismo invernal argentino, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Las vacaciones de invierno 2026 concluyeron con un saldo positivo para el turismo nacional. De acuerdo con el informe de CAME, se movilizaron 4,6 millones de turistas, que generaron un impacto económico superior a los $2,12 billones. En un contexto marcado por un escenario económico desafiante y por factores atípicos como el Mundial de Fútbol, los destinos de nieve y montaña fueron los más demandados, consolidando a Río Negro como la principal elección de quienes viajaron durante el receso.
Bariloche volvió a posicionarse como el destino más elegido del país, con niveles de ocupación hotelera de hasta el 90%. Las intensas nevadas registradas durante la segunda quincena de julio, sumadas a la calidad de sus centros de esquí, su amplia oferta turística y un nivel histórico de conectividad aérea, permitieron que la ciudad encabezara una vez más la temporada invernal. Al mismo tiempo, Río Negro se ubicó entre los principales destinos receptores de turismo internacional, con una importante llegada de visitantes brasileños y de otros países no limítrofes, lo que contribuyó a sostener una alta ocupación en toda la provincia.
El buen desempeño también se reflejó en el resto del territorio rionegrino. Playas Doradas alcanzó un 90% de ocupación, Viedma y el Valle llegaron al 80%, mientras que Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este registraron un 70%, con propuestas vinculadas a la naturaleza, la gastronomía y las actividades recreativas, según consigna el informe de CAME.
La secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda, señaló que «que Río Negro haya sido uno de los destinos más elegidos durante estas vacaciones de invierno, liderando las búsquedas en los principales portales de viajes y registrando un nivel histórico de conectividad aérea, demuestra que el trabajo previo a la temporada está dando resultados. Estos indicadores reflejan la confianza de los viajeros en nuestros destinos y el enorme esfuerzo que realizan municipios, prestadores y trabajadores del turismo para ofrecer experiencias de calidad. Nuestro desafío ahora es consolidar este crecimiento, atraer más inversiones, mejorar la competitividad y seguir posicionando a Río Negro como uno de los grandes destinos turísticos de la Argentina durante todo el año».
Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR), Diego Piquín, destacó que «el trabajo entre el sector público y privado, junto con la diversidad y la calidad de la oferta en cada una de nuestras regiones, nos permite seguir siendo una gran opción para miles de visitantes que nos eligen año tras año».
El informe de CAME también señala que durante las vacaciones viajaron 4,6 millones de personas, un 5,9% más que en 2025, de las cuales 4,2 millones fueron turistas nacionales y 400.000 visitantes extranjeros. El impacto económico alcanzó los $2,12 billones (US$1.412 millones), con un crecimiento real interanual del 2,5%. La estadía promedio fue de cuatro días y el gasto diario por persona llegó a $115.115. Mientras varios destinos de la Costa Atlántica registraron una temporada moderada, el turismo de nieve, encabezado por Bariloche, lideró las preferencias de los viajeros en todo el país.
Río Negro
¿Sabés las diferencias entre el matrimonio y la unión convivencial?
Una de las principales diferencias es que para casarse no hace falta haber convivido previamente.
Aunque muchas veces se los confunde, el matrimonio y la unión convivencial no son lo mismo. Ambos permiten reconocer legalmente una relación de pareja, pero cada uno tiene requisitos, derechos y efectos diferentes. Desde el Registro Civil de Río Negro se recuerda que conocer estas diferencias es fundamental para que cada persona pueda elegir la opción que mejor se adapte a su proyecto de vida.
Una de las principales diferencias es que para casarse no hace falta haber convivido previamente. En cambio, para registrar una unión convivencial es necesario acreditar al menos dos años de convivencia.
También cambian algunos de los derechos que genera cada vínculo. El matrimonio, por ejemplo, reconoce el derecho a heredar entre los cónyuges y, en determinadas situaciones previstas por la ley, permite solicitar alimentos después de un divorcio. La unión convivencial no otorga esos mismos derechos.
Además, para inscribir una unión convivencial ambos integrantes deben ser mayores de 18 años y declarar un mismo domicilio de convivencia. En el caso del matrimonio, las personas pueden tener domicilios diferentes antes de la celebración y existen excepciones previstas por la ley para quienes son menores de edad.
Tanto el matrimonio como la unión convivencial permiten acceder a beneficios como la incorporación a una obra social o el reconocimiento para una pensión, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en cada caso.
Quienes tengan dudas o quieran conocer cuál de estas opciones se ajusta mejor a su situación pueden acercarse a la delegación del Registro Civil más cercana, donde recibirán asesoramiento y la información necesaria para realizar el trámite.
Judiciales
El STJ confirmó un amparo y ordenó agilizar la entrega de una silla de ruedas y pañales para un niño con discapacidad
La obra social argumentó que los trámites administrativos seguían su curso, pero el STJ entendió que ello no justificaba las demoras.
Un niño con discapacidad necesitaba una silla de ruedas especial. La obra social nunca negó la cobertura, pero ante los reclamos sostenía que el trámite seguía su curso. Algo similar ocurría con los pañales: la familia reclamaba que no respondían a las indicaciones médicas ni a las necesidades concretas del menor.
Frente a esa situación, la madre promovió una acción de amparo. Un juzgado hizo lugar parcialmente al planteo y ordenó a la obra social estatal entregar la silla de ruedas y los pañales con las características y el talle prescriptos por los profesionales tratantes. La Fiscalía de Estado apeló esa decisión en representación de la obra social, pero el Superior Tribunal de Justicia confirmó el fallo.
En la apelación, la provincia sostuvo que nunca había negado las prestaciones. Explicó que la discusión estaba vinculada con «los plazos propios del régimen de contrataciones públicas y los requerimientos de auditoría médica», y no con un rechazo de la cobertura. También señaló que la silla de ruedas se encontraba en trámite y que las prestaciones habían sido autorizadas.
El Superior Tribunal entendió que esos argumentos no alcanzaban para modificar la sentencia. Señaló que la obra social puso el acento en los procedimientos administrativos, pero no logró rebatir los fundamentos centrales del fallo de primera instancia.
En relación con los pañales, el STJ advirtió que el informe presentado por la auditoría médica describía las características generales del producto que entregaba la obra social, pero no analizaba la situación específica del niño. Además, observó que la propia auditoría reconocía que el cambio de talle todavía estaba pendiente.
La sentencia también valoró que la madre había informado una mejoría en el cuadro de dermatitis de su hijo luego del cambio de marca y remarcó que esa circunstancia «no fue rebatida con un examen médico propio y específico de la demandada». En ese contexto, concluyó que una evaluación técnica general no era suficiente para desplazar las necesidades concretas acreditadas en el expediente.
El STJ descartó que la sentencia implicara una intromisión en el funcionamiento de la obra social. Explicó que la exhortación para que la obra social actúe «en forma diligente, rápida y oportuna» no modifica el régimen de contrataciones ni los procedimientos de auditoría interna, sino que «se limita a instar una mayor diligencia administrativa, sin imponer modalidad, plazo ni procedimiento específico». Esa medida, concluyó, no representa una extralimitación de las competencias judiciales.
La sentencia recordó que los niños y las personas con discapacidad se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y que el Estado debe brindarles una protección reforzada. En ese sentido, afirmó que las políticas públicas deben garantizar «el nivel de vida más alto posible», especialmente en materia de salud, rehabilitación e integración social.
