Río Negro
El “Plan Castello” fue aprobado en la Legislatura
Por mayoría (35 de los 46), los legisladores dieron sanción al proyecto de ley que permitirá al Poder Ejecutivo tomar un empréstito de hasta 580 millones de dólares para financiar obras públicas.
La iniciativa oficial fue avalada por 35 de los 46 legisladores presentes, superando la exigencia constitucional de los dos tercios de votos favorables de los miembros de la Legislatura para aprobar una norma de estas características.
El texto legal incluye la creación de un “Fondo Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello”, que manejará una Comisión de Seguridad y Control de Fondos y que estará conformada por una representación legislativa idéntica a la exigible para la aprobación de la ley. La Comisión también tendrá la responsabilidad de determinar cuál ser el Agente Fiduciario que contratará la Provincia y acordará el orden de prioridades para la realización de las obras previstas.
Se encontraban presentes ministros y funcionarios de las carteras de Obras y Servicios Públicos, Economía, y Gobierno y los intendentes de Cinco Saltos (Germán Epul), Villa Regina (Daniel Fioretti), Contralmirante Cordero (Gustavo Pita), Maquinchao (Marcos Pérez) y Guardia Mitre Áangel Zingoni), y una representación gremial de la UOCRA.
Foto: Gentileza.
El debate
El legislador Alfredo Martín (JSRN), al dar inicio al debate y en nombre de su bloque indicó que la iniciativa se presentó a los intendentes en el mes de enero pasado y luego a empresarios, organizaciones e instituciones de toda la Provincia, recibiendo los más variados aportes y apoyos.
Entre otras argumentaciones técnicas y políticas, repasó el principal listado de obras que se prevé financiar mediante este crédito: Parque Tecnológico e Industrial y Centro de Convenciones de Bariloche; el gasoducto de la Línea Sur, nodo de transporte de Los Menucos, pontón flotante en el Puerto de San Antonio Este, Ciudad Judicial de Cipolletti, proyecto de desarrollo de riego de Campo Grande, y el mejoramiento del brazo sur del río Negro.
También enumeró diversas obras hídricas y de saneamiento “que son para todos los rionegrinos”, al igual que obras cloacales en muchas ciudades de la Provincia, entre las que destacó la red de aguas de General Roca, defensas aluvionales de Cipolletti, obras eléctricas y diferentes plantas transformadoras, electrificación rural de miles de hectáreas, modernización de centrales hidroeléctricas, obras viales, pavimentación de caminos productivos, la apertura de la ruta 7 de la Isla Jordán a Las perlas, y la pavimentación de la ruta 4″.
Repasó los beneficios que recibirán las municipalidades y las comisiones de fomento así como los fundamentos del histórico plan del Gobernador Castello que preveía el riego de 248.000 hectáreas, la instalación de varias centrales hidroeléctricas y la realización de gasoductos y de provisión de gas, para luego referirse al Plan Trienal de Gobierno de Mario Franco para el trienio 74/76 que también preveía una serie de proyectos que se vieron abortados por el golpe de Estado que lo derrocó, por lo que “éste será un reconocimientos histórico que dará continuidad a los deseos de aquellos gobernadores y de explotar las potencialidades de nuestro territorio”.
Martín subrayó que “nuestro gobierno quiere aventar el fantasma de que no se pagarán sueldos para cumplir con los compromisos de pago, respetando los acuerdos firmados con los gremios estatales”, y también aseguró que los intendentes “seguirán recibiendo la coparticipación municipal, ya que se han generado todas las condiciones necesarias para garantizar la previsibilidad de la Provincia”.
Soraya Yauhar (UCR) tras anticipar su acompañamiento al proyecto, la parlamentaria insistió en la necesidad de establecer un priorización de las obras públicas, y destacó las modificaciones introducidas para mejorar el proyecto original del Ejecutivo. Insistió en la inclusión de la obra de riego de Guardia Mitre cuyo iniciativa fue presentada por el intendente Zingoni durante el debate en la plenaria al que asistió junto a otros 28 representantes comunales. Pidió el acompañamiento a este proyecto “para un Río Negro que necesita transformarse”.
Alejandro Marinao (FpV) pidió la palabra para anunciar que la bancada del Frente para la Victoria votará de manera dividida tras un debate interno que definió que cada legislador votará de acuerdo a sus propias convicciones.
Nicolás Rochás (FpV) reiteró en Cámara su postura opositora a la iniciativa oficial tal como anticipara durante el debate en comisiones, expresando su convicción de que con esta ley “estamos autorizando al gobierno a tomar un empréstito que se tomará en jurisdicción extranjera” pero que “no queda claro cómo ni a qué tasas lo va a pagar la Provincia”. Reclamó “prudencia” en los compromisos que se van a asumir en el marco de la actual “inestabilidad de mercados” y que no están claramente definidas las prioridades que tendrán las obras ni “la planificación del plan integral que imperativamente exige la Constitución”.
Javier Iud (FpV) argumentó que “a pesar de no haber alcanzado en su totalidad, pero sí en buena parte nuestras aspiraciones de modificar el proyecto, nos entusiasmó la respuesta positiva que el gobierno dio a nuestras propuestas y esto lo debemos reconocer”. Señaló que “Río Negro no es la primera provincia que se endeuda para ejecutar obra pública. “Once provincias, casi la mitad de los estados argentinos, lo han hecho recientemente a través de la emisión de bonos”.
Agregó que “de la ley original que no estábamos dispuestos a acompañar llegamos a una ley viable y acorde a las necesidades de todos los rionegrinos”. “Más allá de nuestras convicciones y principios ideológicos, nosotros, como oposición, también representamos los intereses de la totalidad de nuestros comprovincianos”. Iud expresó su acompañamiento al proyecto desde una “oposición responsable” y consideró que el pago de la deuda no superará el 3 por ciento del presupuesto total de la Provincia, lo cual permite prever que el Plan Castello no nos pone en riesgo de hipotecar nuestro futuro”.
Mario Sabbatella (FpV) por su parte sostuvo que “no me va esta deuda y no es un capricho mi postura en el tratamiento de esta deuda que es la más grande en la historia de Río Negro”. Sugirió la “necesidad de contarle a la gente cuánto le costará a la Provincia y a la gente este endeudamiento para pagar un plan que se armó a las apuradas”. Expresó entre otros conceptos que no está claro a quién habrá que pagarle, o en que jurisdicción habrá que negociar ante un nuevo juez Griesa las condiciones de pago”… “y entregando soberanía a nuevos fondos buitres”. “Estamos entregando Río Negro a la timba financiera”, señaló entre otros conceptos que sintetizó que esta ley es un cheque en blanco”.
Jorge Ocampos (AFPIR) rescató el trabajo mantenido con los intendentes e instituciones durante varios meses, criticó el discurso del legislador Nicolás Rochás y compartió la postura y la exposición de Javier Iud. Del mismo modo expresó su deseo de que se concrete el proyecto de riego para Guardia Mitre y la posibilidad de regar 20.000 hectáreas.
Edith Garro (FpV) pidió respeto por la diferencia de las ideas que expresan los legisladores que no opinan lo mismo y manifestó, tal como otros legisladores de su bloque, y también expresó sus temores porque puedan “perderse dólares” en el camino de las obras.
Marcelo Mango (FpV) también expresó su preocupación ante un nuevo endeudamiento y que “hubiera sido bueno que tuviéramos más tiempo para discutir más profundamente el tema”. Indicó que “no es casual que no asistieran a las reuniones de comisión los intendentes de las ciudades más grandes de la Provincia” como “tampoco lo hicieron todas las instituciones que debieran haberlo hecho para establecer un legítimo consenso”. Criticó por otra parte que “no hay una sola obra de salud ni de educación en este proyecto”. “Este no es un plan de desarrollo”, afirmó en más de una ocasión.
Arabela Carreras (JSRN) explicó que el proyecto “nació del gobernador Weretilneck estudiando las falencias de las ciudades y cuáles eran las demandas de las Provincia y su gente. Así se construyó una propuesta en acuerdo con las instituciones y con los intendentes con el principal objeto de generar fuentes de trabajo y procurar una vida mejor para los rionegrinos, aunque teniendo en cuenta que habrá un tope limitado de dinero para resolver ilimitadas necesidades. Estamos pensando y proyectando una provincia a largo plazo en un contexto nacional que nos impacta. Sufrimos problemas sistemáticos de indigencia, necesidad de obras y falta de trabajo, para los que hay que crear soluciones tomando cartas en el asunto”, agregó.
Señaló Carreras que “el Centro de Convenciones y el Parque Tecnológico e industrial romperán las estacionalidad laboral, y aportarán a la diversificación de la economía de Río Negro por su impacto en toda la provincia”. En respuesta a los argumentos vertidos por el legislador Mango señaló que los intendentes de todas las grandes ciudades de la Provincia expresaron su apoyo al proyecto.
Una larga lista de oradores se agregó seguidamente para expresarse con argumentos en pro y en contra del expediente. Así lo hicieron los legisladores Viviana Germanier (JSRN), María del Carmen Maldonado (FpV), María Inés Grandoso (FpV), Ricardo Arroyo (JSRN), Leandro Tozzi (JSRN), Juan Sides (JSRN), Leandro Lescano (JSRN), Rodolfo Cufré (JSRN), Elvin Williams (FpV), Ariel Rivero (FpV), y Raúl Martínez (FpV) y Facundo López (JSRN) y Luis Albrieu (FpV).
El presidente bloque FpV, Alejandro Marinao anticipó su voto favorable expresando que representa los intereses de la Región Sur de la provincia por la que accedió a su banca. Describió la necesidad de realización de obras como el gasoducto y la línea de generación de electricidad de alta tensión con las que esa zona de la provincia se verá beneficiada.
“Podemos estar en desacuerdo con la herramienta del endeudamiento pero tenemos la necesidad imperiosa de generar trabajo y de satisfacer estas demandas que de otra manera no tendrán respuesta, debiendo atenernos al modelo que impera hoy por hoy en la república Argentina donde las políticas sociales pasan a segundo plano”. Finalmente insistió en la relevancia de los beneficios acordados y las condiciones de la toma del crédito a los municipios.
Finalmente el titular del bloque JSRN, Alejandro Palmieri, aventó los temores planteados por legisladores “agoreros” de la oposición y explicó las razones por las que el gobierno de Río Negro “sabrá y podrá responder a los compromisos” que asume a partir de la puesta en marcha del Plan Castello que se financiará a doce años.
Al cierre del debate, Palmieri hizo un puntilloso repaso de las instituciones, sindicatos, entidades e intendentes que participaron y aportaron a la construcción del proyecto oficial y señaló que todas las intervenciones y aportes realizados antes y durante la sesión fueron positivos.
Refutó conceptos tales como “improvisación” o “falta de planificación o de legitimidad en la definición de las obras” vertidos durante el prolongado debate, y otras aseveraciones, entendiendo que “éste ha sido el proyecto que más trabajo desde aquel 17 de enero (del año en curso, cuando se comenzó a analizar el expediente), hasta el día de hoy”, por lo que entendió que aceptar una demora en la continuidad del análisis en las comisiones, tal como propusieron algunos parlamentarios del Frente para la Victoria “era una dilación injustificada”.
“Hablar de falta de legitimidad en cómo se definieron las obras previstas en el proyecto, es faltarle el respeto a todas las entidades intermedias, instituciones, sindicatos de trabajadores e intendentes que participaron en todo el proceso”, y repasó la nómina de quienes lo hicieron con diferentes aportes y con su presencia durante el debate en las reuniones plenarias de la semana pasada, entre ellos los 29 intendentes (de los 39 de la Provincia) que asistieron, y las notas de apoyo de los municipios de Bariloche y Pilcaniyeu.
Afirmó que la toma de crédito internacional por parte de Río Negro es la manera, y no hay otra, para que un Estado pueda llevar adelante un proyecto de obras que le cambiará la vida por décadas a todos los rionegrino”, al tiempo que indicó que “por ello es justo que el pago del empréstito se extienda a ésta y las próximas gestiones de gobierno”.
Ejemplificó finalmente que con la obra del gasoducto para la Línea Sur “va a cambiar la vida de la gente que habita y habitará esa zona de la Provincia por varias décadas a futuro, corresponde que esa deuda sea honrada durante los próximos doce años”.
Judiciales
No trabajó casi 100 días en un año: Confirman legalidad de despido de un delegado sindical de una empresa
El caso llegó al Superior Tribunal de Justicia, que ratificó la sentencia.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el planteo de un hombre que había sido despedido de una empresa en Jacobacci tras ausentarse 98 días de su trabajo en un lapso de 10 meses. También tenía antecedentes de violencia laboral hacia una gerente. El caso tuvo varios pasos, ya que el empleado era delegado sindical. Por eso previamente se realizó un proceso para excluirlo de la tutela especial que la norma indica para quienes ejercen ese rol. Cumplido ese trámite judicial, se inició otro por la cesantía.
Con la confirmación de las sentencias anteriores de una Cámara Laboral de Bariloche se cerró el último intento judicial en el fuero provincial para revertir el despido que había habilitado a la empresa a romper el vínculo laboral.
La historia judicial comenzó a fines de 2024, cuando el fuero Laboral autorizó la exclusión de tutela sindical de un representante de base que también integraba la conducción seccional de su sindicato. La empresa había pedido el desafuero con un argumento central: la pérdida de confianza frente a una dinámica de conflicto que, según su planteo, había dejado de encuadrar en el ejercicio regular de la actividad gremial.
En ese expediente, los integrantes del Tribunal pusieron el foco en varios ejes. Uno de ellos fue el uso de los permisos sindicales. Entre enero y octubre de 2023, el delegado se ausentó 98 días bajo esa modalidad. La empleadora sostuvo que en muchos casos no existió pedido formal ni aviso previo suficiente para reorganizar tareas, y que esa práctica afectó la planificación productiva. La Cámara consideró acreditado ese esquema de ausencias y lo valoró como un elemento más dentro de un cuadro general que describió como incompatible con los deberes de buena fe y colaboración, propios del contrato de trabajo.
El tribunal laboral también examinó testimonios sobre asambleas realizadas sin coordinación con la empresa, interrupciones de la producción en distintos turnos y enfrentamientos con personal jerárquico. A ello sumó una sentencia previa que tuvo por probadas conductas de violencia laboral hacia una gerente. En conjunto, entendió que se configuraba una injuria de entidad suficiente como para justificar la exclusión de la tutela sindical prevista en la Ley 23.551.
La resolución recordó que la garantía gremial exige autorización judicial previa para despedir a un delegado, pero no implica inmunidad frente a incumplimientos graves. Con esa autorización concedida, la empresa dispuso el despido el mismo día en que fue notificada del fallo.
El trabajador respondió con una nueva demanda. Impugnó el telegrama y se colocó en situación de despido indirecto. Alegó que la sentencia de exclusión no estaba firme y que la protección sindical seguía vigente mientras no se agotaran los plazos recursivos. Invocó el artículo 52 de la ley de asociaciones sindicales y sostuvo que la decisión patronal fue prematura.
La Cámara volvió a pronunciarse en su contra. Señaló que la empresa había seguido el procedimiento legal y que, una vez autorizada la exclusión, podía extinguir el vínculo. Destacó además que el trabajador no recurrió la sentencia que lo dejó sin tutela y que no podía luego desconocer sus efectos. También afirmó que no tiene contenido jurídico considerar disuelto un contrato que ya había sido extinguido por el empleador.
El caso llegó al Superior Tribunal de Justicia a través de un recurso de queja, después de que se rechazara la instancia extraordinaria. El planteo insistió en la supuesta aplicación inmediata de una sentencia que, según el actor, no tenía firmeza y en la errónea interpretación del artículo 52 de la Ley 23.551.
El STJ centró su análisis en la admisibilidad del recurso. Indicó que la queja no refutó de manera concreta los fundamentos de la denegatoria anterior y que los agravios intentaban reabrir cuestiones de hecho y prueba, materia ajena a esa instancia. Con ese encuadre, rechazó el planteo y dejó firme en el ámbito provincial la decisión que había avalado el despido del delegado sindical.
Policiales
Impulsan campañas en el Alto Valle y Valle Medio para promover denuncias anónimas contra el narcotráfico
El sistema garantiza anonimato absoluto y procesamiento técnico de la información.
En el marco de una estrategia articulada entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y organismos del área de Salud, el Gobierno de Río Negro continúa fortaleciendo la línea 0800-DROGAS, una herramienta tecnológica que garantiza el anonimato absoluto y promueve la participación activa de la comunidad en la lucha contra el narcotráfico.
La Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y la Agencia para la Prevención y Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos (APASA) pusieron en marcha un ciclo de despliegue territorial en localidades como Choele Choel, Fernández Oro y Cipolletti, con el objetivo de explicar el funcionamiento del sistema y acercar información clara a vecinos, municipios y Consejos de Seguridad.
Tecnología al servicio del anonimato
Uno de los ejes centrales de esta política es el fortalecimiento de la línea 0800-333-4124. El Secretario de Narcocriminalidad, Darío Buonaventura, remarcó que no se trata solo de un número telefónico, sino de una plataforma informatizada de alta seguridad diseñada para garantizar confidencialidad y protección.
“Es una herramienta sumamente útil, segura y hermética. El vecino puede aportar datos sin revelar su identidad, sin presentar documentación y sin que queden registros personales, porque el sistema está preparado para resguardar a quien colabora”, explicó Buonaventura.
La modernización en la recepción y procesamiento de datos permite que la SENAC opere como un centro técnico de análisis, donde un equipo especializado evalúa la información recibida antes de elevarla a la Justicia Federal. Este procedimiento otorga mayor solidez a las investigaciones, optimiza recursos y mejora la eficacia de los operativos.
Un abordaje integral
La estrategia provincial se apoya en un enfoque complementario. Por un lado, el frente de seguridad encabezado por la SENAC, orientado a desarticular puntos de venta y estructuras vinculadas al narcomenudeo. Por otro, el frente sanitario liderado por APASA, centrado en la prevención y el abordaje integral de los consumos problemáticos.
Durante las jornadas informativas, los referentes destacaron que la problemática requiere una acción coordinada: control y denuncia para combatir el delito, y acompañamiento profesional para atender sus consecuencias sociales. Esta mirada interdisciplinaria consolida una política pública que combina firmeza en la aplicación de la ley con una perspectiva preventiva y comunitaria.
Resultados que fortalecen la confianza
El impacto de la iniciativa se refleja en el incremento sostenido de denuncias. Según Buonaventura, cada campaña de difusión genera una respuesta inmediata por parte de la ciudadanía, lo que evidencia una mayor confianza en las herramientas institucionales cuando se garantiza protección y seguimiento.
Con este ciclo de charlas y capacitaciones, el Gobierno Provincial reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada con municipios y Consejos de Seguridad, consolidando un modelo donde el vecino cumple un rol central en la construcción de una provincia más segura.
Dato útil: Para denunciar de forma gratuita y 100% anónima la venta de sustancias ilícitas, se encuentra habilitada la línea 0800-333-4124, disponible en todo el territorio provincial.
Río Negro
Finde récord: Más de 80.000 turistas eligieron Río Negro en Carnaval
Se generó un impacto económico de alrededor de $25.000 millones en la economía rionegrina.
Con variadas y coloridas propuestas en toda la provincia, el primer fin de semana largo del año registró una alta ocupación tanto en los destinos de la Costa Atlántica como en la Cordillera gracias a la llegada de más de 80.000 turistas, que generaron un impacto económico de alrededor de $25.000 millones en la economía rionegrina.
Con un 100% de reservas, Las Grutas vivió un excelente comienzo de Carnaval, con sus playas colmadas de visitantes que aprovecharon el regreso de las temperaturas veraniegas para disfrutar a orillas del mar y darse un chapuzón en las aguas más cálidas del Golfo San Matías.
Asimismo, sobre el otro extremo de la Provincia, la cordillera recibió la visita masiva de turistas de todo el país, convirtiéndose nuevamente en uno de los destinos más elegidos de Río Negro con un 78% de ocupación en Bariloche, siguiendo con la tendencia positiva que marcó esta temporada de verano.
Por otra parte, en la antesala de la Fiesta Nacional del Lúpulo y en el marco de los festejos de Carnaval, El Bolsón alcanzó un 85% de cabañas y departamentos de alquiler ocupados, mientras que en la Costa Atlántica Playas Doradas registró un 88% de reservas concretadas y Viedma y El Cóndor el 65%.
Los niveles de ocupación turística y movimiento fueron también muy altos en toda la región del valle.
De esta manera, el turismo continúa afianzándose como una de las áreas más pujantes de la economía provincial, a la vez que los destinos rionegrinos se consolidan con una amplia oferta turística que combina naturaleza, actividades y propuestas increíbles para vivir una estadía a pleno en Río Negro.
Las expectativas de afluencia de público y movimiento turístico en distintas regiones de la provincia se mantienen muy altas para el próximo fin de semana: en el Valle con una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Manzana en General Roca, y en la cordillera con la Fiesta Nacional del Lúpulo. También el campo espera una masiva afluencia con la Fiesta Provincial del Gaucho en Chichilanes.
