Seguinos

Río Negro

El “Plan Castello” fue aprobado en la Legislatura

Por mayoría (35 de los 46), los legisladores dieron sanción al proyecto de ley que permitirá al Poder Ejecutivo tomar un empréstito de hasta 580 millones de dólares para financiar obras públicas.

el

La iniciativa oficial fue avalada por 35 de los 46 legisladores presentes, superando la exigencia constitucional de los dos tercios de votos favorables de los miembros de la Legislatura para aprobar una norma de estas características.

El texto legal incluye la creación de un “Fondo Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello”, que manejará una Comisión de Seguridad y Control de Fondos y que estará conformada por una representación legislativa idéntica a la exigible para la aprobación de la ley. La Comisión también tendrá la responsabilidad de determinar cuál ser el Agente Fiduciario que contratará la Provincia y acordará el orden de prioridades para la realización de las obras previstas.

Se encontraban presentes ministros y funcionarios de las carteras de Obras y Servicios Públicos, Economía, y Gobierno y los intendentes de Cinco Saltos (Germán Epul), Villa Regina (Daniel Fioretti), Contralmirante Cordero (Gustavo Pita), Maquinchao (Marcos Pérez) y Guardia Mitre Áangel Zingoni), y una representación gremial de la UOCRA.

Foto: Gentileza.

El debate

El legislador Alfredo Martín (JSRN), al dar inicio al debate y en nombre de su bloque indicó que la iniciativa se presentó a los intendentes en el mes de enero pasado y luego a empresarios, organizaciones e instituciones de toda la Provincia, recibiendo los más variados aportes y apoyos.

Entre otras argumentaciones técnicas y políticas, repasó el principal listado de obras que se prevé financiar mediante este crédito: Parque Tecnológico e Industrial y Centro de Convenciones de Bariloche; el gasoducto de la Línea Sur, nodo de transporte de Los Menucos, pontón flotante en el Puerto de San Antonio Este, Ciudad Judicial de Cipolletti, proyecto de desarrollo de riego de Campo Grande, y el mejoramiento del brazo sur del río Negro.

También enumeró diversas obras hídricas y de saneamiento “que son para todos los rionegrinos”, al igual que obras cloacales en muchas ciudades de la Provincia, entre las que destacó la red de aguas de General Roca, defensas aluvionales de Cipolletti, obras eléctricas y diferentes plantas transformadoras, electrificación rural de miles de hectáreas, modernización de centrales hidroeléctricas, obras viales, pavimentación de caminos productivos, la apertura de la ruta 7 de la Isla Jordán a Las perlas, y la pavimentación de la ruta 4″.

Repasó los beneficios que recibirán las municipalidades y las comisiones de fomento así como los fundamentos del histórico plan del Gobernador Castello que preveía el riego de 248.000 hectáreas, la instalación de varias centrales hidroeléctricas y la realización de gasoductos y de provisión de gas, para luego referirse al Plan Trienal de Gobierno de Mario Franco para el trienio 74/76 que también preveía una serie de proyectos que se vieron abortados por el golpe de Estado que lo derrocó, por lo que “éste será un reconocimientos histórico que dará continuidad a los deseos de aquellos gobernadores y de explotar las potencialidades de nuestro territorio”.

Martín subrayó que “nuestro gobierno quiere aventar el fantasma de que no se pagarán sueldos para cumplir con los compromisos de pago, respetando los acuerdos firmados con los gremios estatales”, y también aseguró que los intendentes “seguirán recibiendo la coparticipación municipal, ya que se han generado todas las condiciones necesarias para garantizar la previsibilidad de la Provincia”.

Soraya Yauhar (UCR) tras anticipar su acompañamiento al proyecto, la parlamentaria insistió en la necesidad de establecer un priorización de las obras públicas, y destacó las modificaciones introducidas para mejorar el proyecto original del Ejecutivo. Insistió en la inclusión de la obra de riego de Guardia Mitre cuyo iniciativa fue presentada por el intendente Zingoni durante el debate en la plenaria al que asistió junto a otros 28 representantes comunales. Pidió el acompañamiento a este proyecto “para un Río Negro que necesita transformarse”.

Alejandro Marinao (FpV) pidió la palabra para anunciar que la bancada del Frente para la Victoria votará de manera dividida tras un debate interno que definió que cada legislador votará de acuerdo a sus propias convicciones.

Nicolás Rochás (FpV) reiteró en Cámara su postura opositora a la iniciativa oficial tal como anticipara durante el debate en comisiones, expresando su convicción de que con esta ley “estamos autorizando al gobierno a tomar un empréstito que se tomará en jurisdicción extranjera” pero que “no queda claro cómo ni a qué tasas lo va a pagar la Provincia”. Reclamó “prudencia” en los compromisos que se van a asumir en el marco de la actual “inestabilidad de mercados” y que no están claramente definidas las prioridades que tendrán las obras ni “la planificación del plan integral que imperativamente exige la Constitución”.

Javier Iud (FpV) argumentó que “a pesar de no haber alcanzado en su totalidad, pero sí en buena parte nuestras aspiraciones de modificar el proyecto, nos entusiasmó la respuesta positiva que el gobierno dio a nuestras propuestas y esto lo debemos reconocer”. Señaló que “Río Negro no es la primera provincia que se endeuda para ejecutar obra pública. “Once provincias, casi la mitad de los estados argentinos, lo han hecho recientemente a través de la emisión de bonos”.

Agregó que “de la ley original que no estábamos dispuestos a acompañar llegamos a una ley viable y acorde a las necesidades de todos los rionegrinos”. “Más allá de nuestras convicciones y principios ideológicos, nosotros, como oposición, también representamos los intereses de la totalidad de nuestros comprovincianos”. Iud expresó su acompañamiento al proyecto desde una “oposición responsable” y consideró que el pago de la deuda no superará el 3 por ciento del presupuesto total de la Provincia, lo cual permite prever que el Plan Castello no nos pone en riesgo de hipotecar nuestro futuro”.

Mario Sabbatella (FpV) por su parte sostuvo que “no me va esta deuda y no es un capricho mi postura en el tratamiento de esta deuda que es la más grande en la historia de Río Negro”. Sugirió la “necesidad de contarle a la gente cuánto le costará a la Provincia y a la gente este endeudamiento para pagar un plan que se armó a las apuradas”. Expresó entre otros conceptos que no está claro a quién habrá que pagarle, o en que jurisdicción habrá que negociar ante un nuevo juez Griesa las condiciones de pago”… “y entregando soberanía a nuevos fondos buitres”. “Estamos entregando Río Negro a la timba financiera”, señaló entre otros conceptos que sintetizó que esta ley es un cheque en blanco”.

Jorge Ocampos (AFPIR) rescató el trabajo mantenido con los intendentes e instituciones durante varios meses, criticó el discurso del legislador Nicolás Rochás y compartió la postura y la exposición de Javier Iud. Del mismo modo expresó su deseo de que se concrete el proyecto de riego para Guardia Mitre y la posibilidad de regar 20.000 hectáreas.

Edith Garro (FpV) pidió respeto por la diferencia de las ideas que expresan los legisladores que no opinan lo mismo y manifestó, tal como otros legisladores de su bloque, y también expresó sus temores porque puedan “perderse dólares” en el camino de las obras.

Marcelo Mango (FpV) también expresó su preocupación ante un nuevo endeudamiento y que “hubiera sido bueno que tuviéramos más tiempo para discutir más profundamente el tema”. Indicó que “no es casual que no asistieran a las reuniones de comisión los intendentes de las ciudades más grandes de la Provincia” como “tampoco lo hicieron todas las instituciones que debieran haberlo hecho para establecer un legítimo consenso”. Criticó por otra parte que “no hay una sola obra de salud ni de educación en este proyecto”. “Este no es un plan de desarrollo”, afirmó en más de una ocasión.

Arabela Carreras (JSRN) explicó que el proyecto “nació del gobernador Weretilneck estudiando las falencias de las ciudades y cuáles eran las demandas de las Provincia y su gente. Así se construyó una propuesta en acuerdo con las instituciones y con los intendentes con el principal objeto de generar fuentes de trabajo y procurar una vida mejor para los rionegrinos, aunque teniendo en cuenta que habrá un tope limitado de dinero para resolver ilimitadas necesidades. Estamos pensando y proyectando una provincia a largo plazo en un contexto nacional que nos impacta. Sufrimos problemas sistemáticos de indigencia, necesidad de obras y falta de trabajo, para los que hay que crear soluciones tomando cartas en el asunto”, agregó.

Señaló Carreras que “el Centro de Convenciones y el Parque Tecnológico e industrial romperán las estacionalidad laboral, y aportarán a la diversificación de la economía de Río Negro por su impacto en toda la provincia”. En respuesta a los argumentos vertidos por el legislador Mango señaló que los intendentes de todas las grandes ciudades de la Provincia expresaron su apoyo al proyecto.

Una larga lista de oradores se agregó seguidamente para expresarse con argumentos en pro y en contra del expediente. Así lo hicieron los legisladores Viviana Germanier (JSRN), María del Carmen Maldonado (FpV), María Inés Grandoso (FpV), Ricardo Arroyo (JSRN), Leandro Tozzi (JSRN), Juan Sides (JSRN), Leandro Lescano (JSRN), Rodolfo Cufré (JSRN), Elvin Williams (FpV), Ariel Rivero (FpV), y Raúl Martínez (FpV) y Facundo López (JSRN) y Luis Albrieu (FpV).

El presidente bloque FpV, Alejandro Marinao anticipó su voto favorable expresando que representa los intereses de la Región Sur de la provincia por la que accedió a su banca. Describió la necesidad de realización de obras como el gasoducto y la línea de generación de electricidad de alta tensión con las que esa zona de la provincia se verá beneficiada.

“Podemos estar en desacuerdo con la herramienta del endeudamiento pero tenemos la necesidad imperiosa de generar trabajo y de satisfacer estas demandas que de otra manera no tendrán respuesta, debiendo atenernos al modelo que impera hoy por hoy en la república Argentina donde las políticas sociales pasan a segundo plano”. Finalmente insistió en la relevancia de los beneficios acordados y las condiciones de la toma del crédito a los municipios.

Finalmente el titular del bloque JSRN, Alejandro Palmieri, aventó los temores planteados por legisladores “agoreros” de la oposición y explicó las razones por las que el gobierno de Río Negro “sabrá y podrá responder a los compromisos” que asume a partir de la puesta en marcha del Plan Castello que se financiará a doce años.

Al cierre del debate, Palmieri hizo un puntilloso repaso de las instituciones, sindicatos, entidades e intendentes que participaron y aportaron a la construcción del proyecto oficial y señaló que todas las intervenciones y aportes realizados antes y durante la sesión fueron positivos.

Refutó conceptos tales como “improvisación” o “falta de planificación o de legitimidad en la definición de las obras” vertidos durante el prolongado debate, y otras aseveraciones, entendiendo que “éste ha sido el proyecto que más trabajo desde aquel 17 de enero (del año en curso, cuando se comenzó a analizar el expediente), hasta el día de hoy”, por lo que entendió que aceptar una demora en la continuidad del análisis en las comisiones, tal como propusieron algunos parlamentarios del Frente para la Victoria “era una dilación injustificada”.

“Hablar de falta de legitimidad en cómo se definieron las obras previstas en el proyecto, es faltarle el respeto a todas las entidades intermedias, instituciones, sindicatos de trabajadores e intendentes que participaron en todo el proceso”, y repasó la nómina de quienes lo hicieron con diferentes aportes y con su presencia durante el debate en las reuniones plenarias de la semana pasada, entre ellos los 29 intendentes (de los 39 de la Provincia) que asistieron, y las notas de apoyo de los municipios de Bariloche y Pilcaniyeu.

Afirmó que la toma de crédito internacional por parte de Río Negro es la manera, y no hay otra, para que un Estado pueda llevar adelante un proyecto de obras que le cambiará la vida por décadas a todos los rionegrino”, al tiempo que indicó que “por ello es justo que el pago del empréstito se extienda a ésta y las próximas gestiones de gobierno”.

Ejemplificó finalmente que con la obra del gasoducto para la Línea Sur “va a cambiar la vida de la gente que habita y habitará esa zona de la Provincia por varias décadas a futuro, corresponde que esa deuda sea honrada durante los próximos doce años”.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Gremios

El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud

La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.

el

El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.

La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.

La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.

Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.

El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.

Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.

La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.

En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.

Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.

Continuar leyendo

Política

Weretilneck promulgó la ley que destina $7.000 millones a las Rutas 22 y 151

El aporte previsto no podrá utilizarse para gastos corrientes.

el

El gobernador Alberto Weretilneck firmó el Decreto 901/26 que promulga la Ley N° 5895 y consolida el esquema para destinar unos $7.000 millones provenientes de una inversión energética al inicio de las obras de reparación y mantenimiento de las Rutas Nacionales 22 y 151. Es el paso posterior a la aprobación legislativa, que permite convertir recursos de la nueva etapa productiva en infraestructura concreta para Río Negro.

La promulgación ratifica una decisión política definida por Weretilneck: que los recursos que generan las nuevas inversiones de petróleo y gas queden en la provincia y se transformen en obras necesarias para los rionegrinos.

La Ley 5895 había recibido un fuerte respaldo en la Legislatura, con el acompañamiento de 37 legisladores y el rechazo de parte del peronismo. La norma ratifica el acuerdo entre Río Negro y Oldelval por el Proyecto Duplicar Norte y establece que la totalidad del Aporte al Desarrollo Territorial que recibirá la Provincia tendrá como destino exclusivo el inicio de las obras sobre las Rutas 22 y 151.

Se trata de dos corredores fundamentales para Río Negro, por donde todos los días transitan miles de personas y circulan la producción, la industria, el comercio y buena parte de la actividad logística y energética provincial.

El aporte previsto no podrá utilizarse para gastos corrientes. Weretilneck ya había definido que esos recursos serán destinados directamente a las primeras intervenciones sobre ambas rutas.

La decisión se integra al proceso iniciado por la Provincia para asumir la gestión de las Rutas Nacionales 22 y 151 frente a años de deterioro y falta de respuestas nacionales. Río Negro decidió hacerse cargo y buscar sus propias herramientas de financiamiento para recuperar dos corredores estratégicos.

De la inversión energética a las rutas

El Proyecto Duplicar Norte contempla un nuevo oleoducto de aproximadamente 207 kilómetros, de los cuales 146 atravesarán territorio rionegrino. La inversión deja recursos concretos para la Provincia y se incorpora al modelo que impulsa Weretilneck: atraer inversiones, defender lo que le corresponde a Río Negro y transformar esos ingresos en infraestructura.

Además del aporte destinado a las rutas, Oldelval abonará una tasa anual de US$ 200.000 para tareas provinciales de control y fiscalización, mientras que el proyecto quedó comprendido dentro del régimen que prioriza la contratación de trabajadores rionegrinos.

Continuar leyendo

Judiciales

El STJ definió el procedimiento para causas penales que involucren a menores de edad

La resolución también establece que quienes no hayan cumplido 14 años al momento del hecho no serán sometidos a proceso, aunque deberá acreditarse la existencia del hecho ilícito.

el

El Superior Tribunal de Justicia estableció las reglas que deberán aplicarse en Río Negro en los procesos penales que involucren a niñas, niños y adolescentes, hasta que la provincia cuente con un Código Procesal específico en materia Penal Juvenil. La Acordada dispone la aplicación del Código Procesal Penal provincial junto con los principios y garantías previstos por la legislación provincial y el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional. Una de las definiciones es que no se someterán a juicios por jurados populares.

La decisión se adoptó luego de la entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27.801, que derogó el anterior Régimen Penal de Minoridad. La Acordada señala que la nueva legislación, sancionada por el Congreso Nacional, establece, entre otros aspectos, «la edad de punibilidad plena a partir de los 14 años», incorpora otros tipos de penas, prohíbe imponer prisión y reclusión perpetua y fija que la pena de prisión «“no puede exceder de 15 años».

El STJ señaló que las normas procesales previstas en esa ley nacional no se aplican en el ámbito provincial, ya que las provincias conservan facultades para dictar sus propias normas procesales. Al mismo tiempo, recordó que Río Negro todavía no cuenta con una normativa procesal específica de Responsabilidad Penal Juvenil.

Hasta que exista un procedimiento específico, la Acordada estableció que debe aplicarse el Código Procesal Penal provincial junto con los principios y garantías de cumplimiento obligatorio contenidos en la Ley Provincial D 4109 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley Nacional 27.801. La resolución establece que este esquema se aplicará «con excepción del juicio por jurados».

Entre los fundamentos, el STJ recordó que la Constitución de Río Negro establece que las personas menores de edad gozan, «como mínimo de las mismas garantías procesales que las personas adultas». También señaló que la Ley D 4109 regula el procedimiento para juzgar a adolescentes punibles y establece garantías específicas para niñas, niños y adolescentes involucrados en un proceso penal.

La Acordada aborda específicamente la situación de quienes no hayan cumplido 14 años al momento del hecho. En esos casos, en concordancia con la Ley Nacional, establece que «no serán sometidos a proceso», sin perjuicio de la obligación del Ministerio Público de acreditar la existencia del hecho ilícito. Si se determina la necesidad de intervención del organismo de protección, la situación deberá ponerse en conocimiento de esa autoridad.

La resolución también dispuso comunicar a la SENAF y requerirle que informe al Foro Penal de Jueces y Juezas de las cuatro Circunscripciones Judiciales cuáles son los programas vigentes y operativos con los que cuenta para cumplir las obligaciones previstas por la Ley D 4109. Además, hizo saber al Poder Ejecutivo que las disposiciones de esa ley provincial «rigen en toda su extensión para el Organismo Técnico Proteccional».

Finalmente, el STJ encomendó a la Escuela de Capacitación Judicial continuar durante este año con el plan de capacitación obligatoria sobre Régimen Penal Juvenil destinado a integrantes del fuero Penal y del Tribunal de Impugnación. También invitó a la Procuración General a disponer la participación de integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y solicitó al Consejo de la Magistratura que incorpore esta temática en los exámenes para cubrir cargos del fuero Penal.

Continuar leyendo
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement