Judiciales
Reforma Procesal Penal: Fiscales de Roca recibieron a la Policía
En pos de la aplicación de la Reforma Procesal Penal mantuvieron un encuentro este lunes por la tarde.
Durante la tarde del lunes se reunieron en General Roca fiscales y personal de la Policía de Río Negro en pos de la aplicación de la Reforma Procesal Penal. Concretamente, la fiscal de Cámara Graciela Echegaray, en su carácter de coordinadora de la sede de Roca, el fiscal de Cámara, Andrés Nelli, como coordinador de las Fiscalías descentralizadas de la Segunda Circunscripción Judicial, junto a la totalidad de los fiscales de Grado y Adjuntos con referentes de la Policía rionegrina. Participó el jefe de la fuerza de seguridad, el comisario general Daniel Jara, el jefe de la Unidad Regional II de General Roca, comisario inspector Dante Oscar Bressan, comisarios, sub-comisarios, integrantes del Área de Criminalística y personal policial de Allen, Roca, Cervantes, Mainque, Godoy, Regina, Huergo, Valle Azul y Chichinales.
Jara destacó que los recursos humanos para la implementación de la Reforma están listos para comenzar a trabajar en ese sentido y señaló que la nueva ley orgánica de la Policía prevé que se asigne personal al área de investigación. En el encuentro se repasó la división temática de las Fiscalías específicamente de Roca y se comentó que la organización policial debería adoptar una modalidad de espejo, conformando cuerpos capacitados en cada temática.
Además, se conversó el desarrollo de protocolos de actuación, de los que se van a consensuar su implementación. Particularmente, se trató cómo va a influir en la Reforma Procesal Penal en las prácticas de la fuerza policial atendiendo al paradigma del Nuevo Código, en el que el Juez cumple un rol diferente al actual y se fortalece la actuación del fiscal. Ante estas apreciaciones, las consultas no tardaron en aparecer en la sala y los integrantes de la fuerza policial preguntaron acerca de cómo se trabajará en relación al detenido y, entre otras cuestiones cuál será la participación de la Defensa en este nuevo sistema y si se producirán cambios en la elaboración del legajo policial.
Por su parte, los fiscales de Grado, en base a su experiencia según la temática, realizaron aportes respecto de situaciones ejemplares que traerá la Reforma. Así intervinieron Luciano Garrido y Teresa Giuffrida de la Unidad Temática I dedicada a los “Delitos contra las Personas”, Ricardo Romero, Silvana García y Laura Olea de la Unidad Fiscal Temática II de “Delitos contra la Propiedad”, Julieta Villa y Norma Reyes de la Unidad III de los “Delitos contra la Administración Pública”.
Mientras que los fiscales Adjuntos de esas unidades temáticas, Ana Hernando, Natalia Pascual, Graciela Cofré, Rocío Guiñazú, adquirirán un rol importante en la nueva Unidad Temática de Flagrancia, en el contexto de la nueva organización. En ese marco se acordaron nuevas reuniones para continuar con las tareas.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
Judiciales
Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca
Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.
Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.
«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.
El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.
«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.
La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.
