Río Negro
Sancionan la ley que regula la profesión de Kinesiólogos
La Legislatura de Río Negro sancionó la ley que regula la profesión de kinesiólogos, fisioterapeutas, fisiatras, terapístas físicos, o títulos equivalentes que se ejerzan en la Provincia.
La iniciativa establece que los profesionales que ejerzan la Kinesioterapia y Fisioterapia, informen al paciente sobre método o plan terapéutico a emplear, concluyan la relación terapéutica cuando discierna que el paciente no resulta beneficiado con la misma, informe permanentemente sobre los progresos atinentes a su disciplina, entre otras disposiciones.
Entre las competencias del kinesiólogo se encuentran la emisión, evacuación, expedición y presentación de estudios, consejos, informes, auditorías, dictámenes, peritajes y demás actos judiciales; la atención a pacientes en el ámbito de la salud pública o privada; y la atención a personas en clubes, instituciones deportivas, gimnasios e institutos de estética corporal.
El Ministerio de Salud sería la autoridad de aplicación y quien otorgue la matrícula profesional correspondiente a la legislación y normativas vigentes.
Otras leyes sancionadas
Además, la legislatura provincial aprobó la ley que crea el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Río Negro (CPA), con carácter de persona jurídica de derecho público, con domicilio en Viedma. Con esta iniciativa, presentada por los legisladores Rodolfo Cufré y Facundo López (JSRN), el Consejo ejercerá la representación exclusiva de los profesionales con incumbencias en el ejercicio de la agrimensura en la Provincia.
Para el ejercicio profesional será requisito imprescindible la matriculación en el CPA que llevará el registro de los matriculados, confeccionando un padrón actualizado de los profesionales. Consejo Profesional de Agrimensura será una entidad autónoma e independiente que tendrá entre sus funciones ejercer el gobierno de la matrícula y el contralor del ejercicio profesional de la agrimensura en cualquiera de sus modalidades; redactar el estatuto social y el Código de Ética Profesional, aprobarlos en asamblea y exigir su cumplimiento, entre otras funciones.
La ley prevé que el Comité Ejecutivo sea el órgano de dirección de el CPA y lo represente en sus relaciones con los Matriculados, los terceros y los poderes públicos y judiciales. Además, la elección de autoridades se realizará cada tres años, en asamblea, y serían electores los matriculados que estén inscriptos en el padrón y que no registren deuda en el pago de su matrícula y/o de su renovación anual.
En otro orden, el Parlamento aprobó la incorporación del título “de los peatones sanciones” a la ley que adhiere al Régimen de la ley nacional de Tránsito. También, fue sancionada la ley que establece la Fiesta Provincial del Locro que se realiza cada 25 de mayo en la localidad de General Enrique Godoy.
Además, fue aprobado en la sesión de ayer, la ley que establece el 7 de abril de cada año como “Día del Payaso de Hospital” en la provincia de Río Negro, por su acción humanitaria y en conmemoración a la fecha en que se sancionó la ley que regula la actividad del payaso de hospital como terapia complementaria en el sistema público de salud de la Provincia.
Por último, el parlamento rionegrino sancionó la ley para la expropiación de más de 6 mil hectáreas en Campo Grande, que se destinarán a la implementación de proyectos productivos orientados al uso agrícola, ganadero e industria
En la argumentación de la ley se resalta el potencial de desarrollo que tiene Río Negro vinculado al empleo del agua para la producción de alimentos, con la posibilidad de expandir la frontera agrícola sumando territorios a través de inversiones en infraestructura, con impacto en las economías regionales.
El proyecto de riego a llevar adelante en las tierras a expropiar pretende comenzar a capturar la oportunidad de mercado que actualmente ofrecen las ciudades centrales de la provincia, y que hoy se encuentran abastecidas por productos que provienen de otras regiones, tal es el caso de los vegetales, los frutos secos o las carnes alternativas como la del cerdo.
Judiciales
Más de 100 causas de Defensa del Consumidor ingresaron solo al fuero Civil en lo que va de 2025
Este tipo de expedientes suele requerir la realización de audiencias orales, instancias de conciliación y, en muchos casos, la emisión de sentencias definitivas o la homologación de acuerdos.
En los primeros 6 meses del año, los Juzgados y unidades jurisdiccionales Civiles tramitaron 108 causas por denuncias de Defensa del Consumidor. Este tipo de expedientes suele requerir la realización de audiencias orales, instancias de conciliación y, en muchos casos, la emisión de sentencias definitivas o la homologación de acuerdos alcanzados entre las partes. Es una de las vías de ingreso, aunque no la única, de temas de consumo.
El fuero civil provincial cuenta actualmente con 16 organismos distribuidos en 8 ciudades: Viedma, San Antonio Oeste, Roca, Villa Regina, Choele Choel, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti. Desde estos organismos se tramitan procesos que van desde reclamos de consumidores hasta sucesiones, daños y perjuicios, ejecuciones y amparos, entre otros.
Existen otros organismos que también reciben denuncias de las y los consumidores como por ejemplo los juzgados de Paz, algunas oficinas municipales y las áreas de Defensa del Consumidor del poder Ejecutivo.
En el Poder Judicial de Río Negro, durante el primer semestre de 2025, el fuero Civil recibió 3.056 causas nuevas. En ese mismo período, dictó 2.213 sentencias que pusieron fin a los procesos, lo que refleja un alto nivel de resolución de expedientes. Entre los tipos de procesos más frecuentes se destacan las sucesiones intestadas (953 casos, 30% del total), los reclamos por daños y perjuicios (395) y los procesos ejecutivos (379), además de las denuncias de Defensa del Consumidor.
La Ley 24.240 establece los derechos de los consumidores y las obligaciones de los proveedores en las relaciones de consumo. Una relación de consumo es un vínculo que se establece entre el proveedor de un bien o servicio y el consumidor o usuario del mismo. Incluye el antes, durante y después de la compra del producto o contratación del servicio.
Esta norma garantiza que las personas tengan derecho a recibir información cierta, clara y detallada sobre los productos o servicios, a ser tratadas de manera digna y equitativa, a obtener comprobantes de las operaciones y a contar con bienes y servicios que no representen riesgos para su salud o seguridad.
También regula aspectos clave como las garantías legales, los plazos de entrega, las condiciones de las compras por internet y la calidad en la prestación de servicios públicos esenciales.
La información estadística del fuero Civil forma parte de los informes semestrales realizados por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia. Las estadísticas permiten optimizar la toma de decisiones al apuntalar determinados fueros u organismos de acuerdo a la carga de trabajo.
Política
«Un país no se construye abandonando las universidades y la salud»
Weretilneck habló tras los nuevos vetos de Milei a las leyes aprobadas en el Congreso y aseguró que no hubo ningún llamado del presidente.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cuestionó con firmeza los vetos del presidente Javier Milei a leyes claves para el financiamiento de la educación, la salud pública y las provincias. Anticipó que en el Congreso se rechazarán estas decisiones. «Un país no se construye abandonando a las universidades, quitándole la salud a los niños y negándole a las provincias los recursos que les corresponden. Eso no es federalismo, es un castigo injusto», afirmó.
El mandatario provincial remarcó que los vetos dejaron sin efecto normas votadas por amplia mayoría en el Congreso: la ley de financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). «Estamos hablando de derechos básicos: educación, salud y federalismo. No de privilegios», enfatizó.
En relación a los ATN, explicó que «son fondos que se descuentan de la coparticipación, es decir, de los impuestos que nos pertenecen a las provincias. No pedimos nada más que lo que corresponde: esos recursos son de los rionegrinos y deben volver en obras, en escuelas, en hospitales y en servicios para nuestra gente».
En diálogo con LU19, Weretilneck también advirtió que «no hubo ninguna convocatoria institucional a las provincias» por parte del Gobierno Nacional. «El diálogo que existió fue partidario, con gobernadores aliados a La Libertad Avanza. Exigimos un ámbito federal serio, con temario claro, donde estemos todas las provincias, no un encuentro político a puertas cerradas», sostuvo.
Finalmente, fue categórico. «Río Negro no se va a quedar en silencio frente a estas decisiones. Vamos a defender en el Congreso lo que corresponde a nuestra gente. Porque la defensa nace acá, en cada provincia, en cada universidad, en cada hospital que necesita recursos para seguir de pie», concluyó.
Judiciales
Estuvo varado más de 12 horas sin agua ni asistencia: Condenan a empresa de transporte por trato indigno
El colectivo se quedó sin combustible a pocos kilómetros de Chimpay.
Un hombre que viajaba desde Cipolletti hacia Sierra Grande quedó varado en la ruta, sin agua ni comunicación, cuando el colectivo de larga distancia en el que se trasladaba se detuvo por falta de combustible a pocos kilómetros de la localidad de Chimpay. Horas más tarde, al retomar el viaje en otra unidad, el colectivo no se detuvo en el parador correspondiente y, luego de una discusión con los choferes, la persona fue obligada a descender a la intemperie, sin su equipaje.
Tras varios intentos administrativos para obtener una compensación por parte de la empresa Autotransportes Andesmar S.A., y al no lograrlo, el cliente inició una demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz de Sierra Grande.
En el fallo se explicó que el hombre abordó el colectivo interno 5295 a las 10 de la mañana, una hora después del horario estipulado. Hacia el mediodía, a unos 15 kilómetros de Chimpay, la unidad se detuvo por falta de combustible. Las personas pasajeras permanecieron en el lugar hasta que personal policial y de bomberos organizó traslados particulares hacia la terminal de esa localidad. Recién a las 22 horas llegó otra unidad para continuar el viaje.
Durante la madrugada siguiente, ya en las proximidades de Sierra Grande, el colectivo pasó de largo por el lugar donde la persona solía descender. Al pedir que se detuviera, el chofer la insultó y se negó a retroceder. Un segundo conductor, que no se encontraba de servicio, intervino en la discusión. Según el relato, descendió del vehículo con el torso descubierto y un cinturón en la mano, y obligó al pasajero a bajar, lejos de su destino y sin su valija.
Frente a esta situación, presentó reclamos ante Defensa del Consumidor de San Antonio Oeste y Sierra Grande. La empresa negó los hechos denunciados y ofreció una suma compensatoria que fue rechazada por el cliente. Luego, las partes intentaron una instancia de mediación, sin resultados.
En su análisis, la jueza de Paz sostuvo que existió una relación de consumo encuadrada en la Ley 24.240 y en el Código Civil y Comercial. Señaló que el proveedor debe garantizar información clara, trato digno y cumplimiento del servicio contratado. También indicó que, ante la existencia de dudas, corresponde interpretar el contrato de manera más favorable a la persona usuaria.
El fallo consideró acreditada la situación de vulnerabilidad de la parte actora y concluyó que el accionar de la empresa vulneró los derechos protegidos por la normativa vigente. Además del daño material, el juzgado identificó una afectación moral relacionada con la angustia, el maltrato sufrido y la pérdida del equipaje.
La sentencia también impuso un resarcimiento en concepto de daño punitivo, al considerar que la empresa ignoró los distintos reclamos administrativos y obligó a la persona afectada a acudir al Poder Judicial para resolver el conflicto.
Finalmente, la magistrada condenó a la empresa Andesmar a pagar, en concepto de daño directo, la suma de $1.400.000; en concepto de daño extrapatrimonial, $200.000; y en concepto de daño punitivo, $200.000, más intereses.
