Río Negro
Sancionan la ley que regula la profesión de Kinesiólogos
La Legislatura de Río Negro sancionó la ley que regula la profesión de kinesiólogos, fisioterapeutas, fisiatras, terapístas físicos, o títulos equivalentes que se ejerzan en la Provincia.
La iniciativa establece que los profesionales que ejerzan la Kinesioterapia y Fisioterapia, informen al paciente sobre método o plan terapéutico a emplear, concluyan la relación terapéutica cuando discierna que el paciente no resulta beneficiado con la misma, informe permanentemente sobre los progresos atinentes a su disciplina, entre otras disposiciones.
Entre las competencias del kinesiólogo se encuentran la emisión, evacuación, expedición y presentación de estudios, consejos, informes, auditorías, dictámenes, peritajes y demás actos judiciales; la atención a pacientes en el ámbito de la salud pública o privada; y la atención a personas en clubes, instituciones deportivas, gimnasios e institutos de estética corporal.
El Ministerio de Salud sería la autoridad de aplicación y quien otorgue la matrícula profesional correspondiente a la legislación y normativas vigentes.
Otras leyes sancionadas
Además, la legislatura provincial aprobó la ley que crea el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Río Negro (CPA), con carácter de persona jurídica de derecho público, con domicilio en Viedma. Con esta iniciativa, presentada por los legisladores Rodolfo Cufré y Facundo López (JSRN), el Consejo ejercerá la representación exclusiva de los profesionales con incumbencias en el ejercicio de la agrimensura en la Provincia.
Para el ejercicio profesional será requisito imprescindible la matriculación en el CPA que llevará el registro de los matriculados, confeccionando un padrón actualizado de los profesionales. Consejo Profesional de Agrimensura será una entidad autónoma e independiente que tendrá entre sus funciones ejercer el gobierno de la matrícula y el contralor del ejercicio profesional de la agrimensura en cualquiera de sus modalidades; redactar el estatuto social y el Código de Ética Profesional, aprobarlos en asamblea y exigir su cumplimiento, entre otras funciones.
La ley prevé que el Comité Ejecutivo sea el órgano de dirección de el CPA y lo represente en sus relaciones con los Matriculados, los terceros y los poderes públicos y judiciales. Además, la elección de autoridades se realizará cada tres años, en asamblea, y serían electores los matriculados que estén inscriptos en el padrón y que no registren deuda en el pago de su matrícula y/o de su renovación anual.
En otro orden, el Parlamento aprobó la incorporación del título “de los peatones sanciones” a la ley que adhiere al Régimen de la ley nacional de Tránsito. También, fue sancionada la ley que establece la Fiesta Provincial del Locro que se realiza cada 25 de mayo en la localidad de General Enrique Godoy.
Además, fue aprobado en la sesión de ayer, la ley que establece el 7 de abril de cada año como “Día del Payaso de Hospital” en la provincia de Río Negro, por su acción humanitaria y en conmemoración a la fecha en que se sancionó la ley que regula la actividad del payaso de hospital como terapia complementaria en el sistema público de salud de la Provincia.
Por último, el parlamento rionegrino sancionó la ley para la expropiación de más de 6 mil hectáreas en Campo Grande, que se destinarán a la implementación de proyectos productivos orientados al uso agrícola, ganadero e industria
En la argumentación de la ley se resalta el potencial de desarrollo que tiene Río Negro vinculado al empleo del agua para la producción de alimentos, con la posibilidad de expandir la frontera agrícola sumando territorios a través de inversiones en infraestructura, con impacto en las economías regionales.
El proyecto de riego a llevar adelante en las tierras a expropiar pretende comenzar a capturar la oportunidad de mercado que actualmente ofrecen las ciudades centrales de la provincia, y que hoy se encuentran abastecidas por productos que provienen de otras regiones, tal es el caso de los vegetales, los frutos secos o las carnes alternativas como la del cerdo.
Judiciales
Confirman sentencia contra administradora de plan de ahorro por no dar información clara y precisa
El consumidor reclamó tras recibir una cuota 84 con un valor elevado y sin explicación.
Un fallo de segunda instancia confirmó una sentencia que había condenado, de manera solidaria, a una administradora de planes de ahorro y a una terminal automotriz, por incumplimientos al deber de información hacia un consumidor de Viedma.
El caso se originó a partir del reclamo de un hombre que había suscripto un plan de ahorro a 7 años y que, al llegar a la cuota final número 84, recibió un monto considerablemente más alto de lo esperado, sin una explicación clara ni detallada sobre su conformación.
En primera instancia, el juez tuvo por acreditado que existía un saldo deudor, pero consideró que la administradora no logró explicar de manera razonada cómo se había arribado a ese monto. En el análisis también se tuvo en cuenta la aplicación de una medida cautelar dictada en el marco de un amparo colectivo, que luego fue revocada, sin que ello fuera debidamente informado al consumidor.
El Juzgado entendió que la empresa incumplió el deber de información, al no brindar precisiones sobre la composición del valor móvil, los rubros incluidos en los cupones de pago ni el impacto de la medida cautelar en la cuota final. Esa conducta fue considerada un incumplimiento relevante dentro de una relación de consumo, por lo que se ordenó el pago de una indemnización por daño moral y la aplicación de un daño punitivo.
Al analizar el recurso, la Cámara confirmó el fallo y sostuvo que no resultaba suficiente consignar el valor móvil en los cupones, sino que era exigible una conducta activa y transparente por parte de la administradora, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial.
Judiciales
Responsabilizan a la dueña de un perro por un ataque en la vía pública: La víctima sufrió lesiones estéticas permanente
Las marcas quedaron visibles y a eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada.
Una mujer sufrió lesiones de consideración y secuelas estéticas permanentes tras el ataque de un perro en plena vía pública. Eran cerca de las 9 de la mañana cuando caminaba hacia su trabajo y, al pasar frente a una vivienda, el animal se lanzó sobre ella sin advertencia previa. La mordió reiteradamente en un brazo y recién se separó tras varios intentos. El episodio ocurrió en Bariloche y un fallo civil condenó a la dueña del can a pagar una suma millonaria.
El ataque no fue un hecho menor ni aislado en sus consecuencias. La mujer recibió atención médica de urgencia y continuó con tratamientos posteriores por las lesiones provocadas por la mordedura. Las marcas quedaron visibles y permanentes. A eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada en un espacio que, por definición, debería ser seguro: la vereda de una calle residencial.
Durante el juicio, el juez civil interviniente dio por acreditado que el ataque ocurrió sin provocación alguna por parte de la víctima y que el perro se encontraba bajo la guarda de su propietaria. Para reconstruir lo sucedido, el magistrado valoró actas policiales, registros de sanidad animal, documentación médica, fotografías y testimonios producidos en el expediente. Ese conjunto probatorio permitió descartar cualquier versión alternativa de los hechos.
El fallo se apoyó en un principio jurídico central: los daños causados por animales se rigen por el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el Código Civil y Comercial. Bajo este sistema, no resulta necesario demostrar negligencia, descuido o intención. El dueño responde por el solo hecho de tener al animal bajo su control. La ley solo admite la eximición de responsabilidad si se prueba culpa de la víctima, intervención de un tercero ajeno o un hecho imprevisible e inevitable. Ninguna de esas circunstancias fue acreditada en el caso.
La sentencia fijó una suma superior a los 6 millones y medio de pesos. El monto reconoció, en primer lugar, el daño estético derivado de la cicatriz que dejó la mordedura, considerada una alteración permanente de la apariencia física. El juez entendió que esa secuela debía ser reparada de manera autónoma, aun cuando no afectara de forma directa la capacidad laboral de la mujer.
También se reconoció el daño moral. El fallo destacó el carácter traumático del ataque, el miedo experimentado, la alteración de la tranquilidad personal y las limitaciones que el hecho impuso en la vida cotidiana de la víctima. La agresión, ocurrida de manera súbita y violenta, fue considerada suficiente para justificar una reparación económica relevante por la afectación espiritual sufrida. Además, se admitieron gastos médicos posteriores al episodio, vinculados a curaciones, medicamentos y atenciones necesarias como consecuencia directa del ataque.
El tribunal rechazó, en cambio, el reclamo por daño psicológico permanente. Un informe pericial concluyó que la mujer no presenta una patología psíquica ni una incapacidad duradera, sino reacciones esperables frente a un evento violento. Si bien se reconoció la existencia de angustia y conductas de evitación, estas no alcanzaron el umbral de una afección psicológica indemnizable como incapacidad. La sentencia no está firme porque puede ser apelada.
Gremios
El Gobierno propuso suma compensatoria y actualizar salarios por IPC
ATE analizará la oferta, mientras que UPCN ya adelantó su rechazo asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».
El Gobierno de Río Negro retomó las negociaciones paritarias con los gremios ATE y UPCN, en el ámbito de la Mesa de la Función Pública. Se presentó una propuesta superadora que combina una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, con un esquema de actualización automática por IPC para los primeros 4 meses de 2026.
Los representantes de ATE adelantaron que «la decisión final la van a tomar las instancias orgánicas del sindicato», mientras que UPCN rechazó la propuesta asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».
La oferta oficial consta de 4 ejes. En primer lugar, incluye una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025 por un total de $250.000. El monto se abonará por planilla complementaria en 2 cuotas iguales: la primera el 20 de febrero y la segunda el 20 de marzo.
Para la pauta salarial 2026, el Ejecutivo propuso un mecanismo de actualización automática bimestral basado en la evolución del IPC, que cubre los primeros 4 meses del año. Los haberes de febrero se ajustarán según el IPC de diciembre y enero, mientras que los de abril lo harán con los índices de febrero y marzo. A pedido de los gremios, el cálculo surgirá del promedio entre el IPC Nacional y el IPC Viedma.
Además, en marzo se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100% respecto del año anterior, alcanzando los $80.000 y los $160.000 en el caso de familias con hijos con discapacidad.
Por último, se confirmó el pago del concepto Indumentaria con un incremento interanual, que alcanzará los $250.000. El monto se depositará en 2 cuotas, el 17 abril y el 17 mayo.
«Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero siempre con los pies sobre la tierra. No vamos a sacrificar la responsabilidad fiscal, porque el orden de las cuentas es lo único que nos permite garantizar el pago en tiempo y forma, un compromiso que esta gestión ha cumplido siempre», explicó la secretaria de la Función Pública.
Esquema de pagos y actualizaciones mes a mes
Con la propuesta de Gobierno, en febrero se abonaría la primera cuota de la compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, por un monto de $125.000, y se aplicará el aumento salarial correspondiente por IPC.
En marzo, se pagará la segunda cuota de la compensación extraordinaria, también por $125.000, y se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100%, que alcanzará los $80.000 por hijo y los $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.
En abril se aplicará un nuevo aumento salarial por IPC y se abonará la primera cuota del concepto Indumentaria, por un monto de $125.000.
En mayo se completará el pago del concepto Indumentaria con la segunda cuota, también por $125.000.
La reunión fue encabezada por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, junto a sus pares de Hacienda, Natalia Crociati, y de Gobierno, Natalia Almonacid. Por los gremios participaron Mónica Miranda (UPCN) y Rodrigo Vicente (ATE).
