Sociedad
Detectaron irregularidades en un centro psiquiátrico privado de Roca
Las medidas surgieron tras una inspección realizada a Valle Sereno por parte de la Justicia. Dictaminaron medidas «urgentes».
En el marco de los diversos procesos de control de internación, referentes del Ministerio Público de la Defensa participaron de una audiencia convocada en conjunto por los Juzgados de Familia N° 11 y N° 16 de Roca a efectos de abordar diversas situaciones detectadas en el centro privado Valle Sereno de esta ciudad, que aloja pacientes de salud mental.
En dicho encuentro, la Defensa Pública solicitó una inspección en el lugar a raíz de contradicciones que surgían de los informes agregados a los expedientes, ante requerimientos que ellos habían realizado.
De la audiencia participaron junto a la Defensora General, Rita Custet Llambí, la Jueza de Familia, Moira Revsin, las secretarias de ambos Juzgados, Cristina Macchi y Carolina Gaete, la Defensora de Menores e Incapaces, Elisabeth Quesada y la Defensora de Derechos Civiles y Sociales, Belén Delucchi. Además estuvo presente el ministro de Salud, Fabián Zgaib, el secretario de Gestión Hospitalaria, Daniel Aroca, la directora de Asuntos Legales, Silvana Pesado, y la psiquiatra integrante del Cuerpo Médico Forense, Celina Vermal. La titular del Juzgado de Familia N° 16, Andrea Tormena, no pudo asistir por razones de salud.
Ante la petición de la Defensoría, se resolvió realizar una visita al lugar, que involucró a los representantes de cada organismo presente. Luego de la inspección, la Defensora General requirió medidas urgentes a fin de alcanzar un mejoramiento y una atención sanitaria adecuada para quienes se encuentran allí alojados, esto sin perjuicio de que la próxima semana se lleve a cabo una nueva audiencia para seguir abordando la situación. En dicha oportunidad, Custet Llambí solicitó a Salud Pública que se suspendan todas las derivaciones a dicho lugar por no cumplimentar con el abordaje previsto ni con los requerimientos de la Ley de Salud Mental.
Cabe mencionar que el Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental de la Ley N° 26657 ya había remitido a la provincia observaciones respecto del funcionamiento de Valle Sereno. La Defensora General remarcó la necesidad de crear en la Provincia el Órgano de Revisión de Salud Mental de Río Negro, conforme los lineamientos del órgano nacional, recientemente reconocido por la ONU gracias a su labor en el área.
Policiales
La Policía detuvo a un prófugo en la Fiesta de la Pera
Al observar a los uniformados, el sujeto quiso escapar pero igualmente fue alcanzado y puesto a disposición de la Justicia.
Durante la Fiesta de la Pera 2025 que se realizó este fin de semana en Allen, personal policial de la Comisaría 6º logró detener a un hombre que era buscado por la Justicia rionegrina desde el año pasado.
Los efectivos, que realizaban tareas preventivas de forma peatonal en el Parque Integración, observaron al individuo, quien al percatarse de la presencia de los efectivos intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue interceptado y aprehendido a pocos metros.
Tras identificarlo y verificar sus datos en el sistema policial, se confirmó que tenía un pedido de captura vigente.
De inmediato, la situación fue informada a la Fiscalía de turno, que dispuso que el hombre permanezca detenido hasta que se emitan nuevas directivas.
Judiciales
Condenan a petrolera por dañar una vivienda durante la construcción de un gasoducto
La indemnización supera los 7 millones y medio de pesos.
Parte de la construcción del gasoducto Neuba I dejó secuelas en una vivienda de Allen. Un informe pericial determinó que las vibraciones generadas durante la obra afectaron una casa rural donde residen tres mujeres. Luego de varios intentos frustrados de conciliación, la demanda avanzó hasta obtener una sentencia en el Juzgado Civil Nº 5 de Roca.
La resolución responsabilizó a la petrolera por los daños ocasionados en la construcción y ordenó una indemnización por una suma superior a $7.500.000. La sentencia de primera instancia no está firme y aún se encuentra dentro de los plazos de apelación.
La propiedad afectada, ubicada en la intersección de la Ruta Provincial N° 65 y calle 17, soportó intensas vibraciones generadas por maquinaria pesada. Los peritajes confirmaron que estas actividades dañaron las paredes y estructuras del inmueble, incluyendo un galpón en el predio. También se denunciaron inconvenientes como polvo en suspensión, ruido constante y dificultades para acceder a la chacra durante las obras.
YPF argumentó que las vibraciones generadas estaban dentro de los niveles aceptables según estudios realizados por la empresa. El peritaje independiente concluyó que las mediciones presentadas no consideraron los momentos en que las máquinas operaban más cerca del inmueble ni tomaron en cuenta la antigüedad y las condiciones estructurales de la vivienda. Además, la falta de un relevamiento previo del estado del inmueble fue considerado como un agravante.
En uno de los intentos de conciliación, la petrolera ofreció un acuerdo extrajudicial con la condición de la renuncia de cualquier acción legal por parte de las afectadas. La propuesta fue rechazada por ser considerada «insuficiente» frente a los daños reclamados, lo que llevó al inicio del proceso judicial.
Otro de los argumentos que esbozó la defensa de YPF fue que contaba con todos los permisos para los trabajos que se desplegaron en ese sector. Sin embargo, el juez interviniente sostuvo que «la autorización administrativa no exime a la empresa de su responsabilidad civil por los daños ocasionados» y destacó que «las actividades riesgosas deben prever el impacto sobre las propiedades vecinas y adoptar medidas para evitarlos».
La sentencia le atribuyó a YPF una «responsabilidad objetiva» por los daños debido a que las obras, consideradas actividades riesgosas, no preveían adecuadamente los impactos negativos sobre las propiedades vecinas.
Por otro lado, el magistrado desestimó el reclamo por pérdida del valor de reventa del inmueble. Aseguró que dicho perjuicio podría revertirse una vez finalizadas las reparaciones correspondientes.
Río Negro
Río Negro recuperó más de $3.467 millones de deudores morosos
Se iniciaron alrededor de 5.000 demandas judiciales durante el 2024.
Durante 2024, el Gobierno de Río Negro logró recuperar más de $3.467 millones en deudas tributarias mediante acciones judiciales dirigidas a contribuyentes morosos. La Agencia de Recaudación Tributaria intensificó su estrategia de cobranza, priorizando medidas legales en los casos donde no se evidenciaba voluntad de pago.
«En total, se iniciaron alrededor de 5.000 demandas judiciales, permitiendo un recupero efectivo que representó un impulso clave en la recaudación anual«, explicó el director ejecutivo de la Agencia, Alejandro Palmieri.
Además de las acciones judiciales, se implementaron acuerdos prejudiciales que facilitaron el pago voluntario de las deudas, sumando otros $399 millones al total recaudado. Estas medidas no solo optimizaron costos y tiempos procesales, sino que también fortalecieron el compromiso fiscal en el territorio.
Con esta estrategia, Río Negro reafirmó su determinación de combatir la morosidad tributaria y consolidar un sistema fiscal más sólido y eficiente.
