Judiciales
Reforma Procesal Penal: STJ, Procuración, Ministerio de Seguridad y Policía acordaron acciones conjuntas
Desde el 1 de agosto comienza a regir el nuevo paradigma en la provincia de Río Negro.
El jueves pasado se llevó a cabo un encuentro de trabajo entre el Superior Tribunal de Justicia, la Procuración, el Ministerio de Seguridad y la Policía para ultimar los detalles de la transición hacia la implementación de la Reforma Procesal Penal, que comenzará a regir el 1 de agosto.
El propósito central del encuentro, que se llevó a cabo en la sala de Acuerdos del STJ, fue coordinar acciones y acordar protocolos de trabajo especialmente entre el Ministerio Público Fiscal -que tendrá la responsabilidad de la investigación en el nuevo paradigma- y la policía como auxiliar clave.
El cónclave contó con la presencia del presidente del STJ, Ricardo Apcarián, los vocales de máximo tribunal, Enrique Mansilla, Sergio Barotto, Adriana Zaratiegui y Liliana Piccinini, la Procuradora General Silvia Baquero Lazcano, el Ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Esteban, el jefe de la Policía de la Provincia, Daniel Jara y el Director General de Oficinas Judiciales, Fabián Mitidieri.
Se acordó la unificación en toda la provincia de protocolos de actuación y relación entre ambas instituciones, para tener un marco de acción conjunta cuando se produzcan hechos que requieran investigación penal. Además, se abordaron cuestiones importantes a la hora de ponerse en marcha el nuevo código, como la seguridad en las salas de audiencias. La Reforma Procesal Penal implica, por regla general, que las instancias serán públicas y orales, por lo que todas las instancias requerirán resolverse en audiencias. Estas tareas preventivas serán coordinadas junto a las Oficinas Judiciales.
La Policía mostró su predisposición para con el nuevo sistema y se acordó que habrá aún más capacitaciones conjuntas entre la policía y los fiscales. En este marco, se coincidió en que los jefes y subjefes policiales luego hagan de multiplicadores de estas formaciones con el personal a su cargo.
La reunión de trabajo se extendió por una hora y media. Se acordó que el Ministerio Público y la policía mantendrán otro encuentro mañana, de carácter exclusivamente operativo. Además, se convino la realización de reuniones por circunscripción entre fiscales y comisarías, aunque con la necesidad de tener una mirada uniforme en todo el territorio provincial.
El STJ expuso la flamante Acordada firmada por los jueces del máximo tribunal y la Procuración donde se conviene la distribución del personal necesario y los plazos y condiciones del traspaso de expedientes, con fechas precisas. Todas las partes intervinientes calificaron la reunión como “muy provechosa”, ya que permitió un diálogo directo las inquietudes existentes y hubo una unánime coincidencia sobre la coordinación de las acciones futuras.
Se abordaron cuestiones de acción concreta que deberán afrontar, como los casos de delitos en flagrancia, los oficios que saldrán desde la Oficina Judicial y las notificaciones a domicilios.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
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Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca
Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.
Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.
«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.
El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.
«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.
La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.
