Judiciales
Reforma Procesal Penal: STJ, Procuración, Ministerio de Seguridad y Policía acordaron acciones conjuntas
Desde el 1 de agosto comienza a regir el nuevo paradigma en la provincia de Río Negro.
El jueves pasado se llevó a cabo un encuentro de trabajo entre el Superior Tribunal de Justicia, la Procuración, el Ministerio de Seguridad y la Policía para ultimar los detalles de la transición hacia la implementación de la Reforma Procesal Penal, que comenzará a regir el 1 de agosto.
El propósito central del encuentro, que se llevó a cabo en la sala de Acuerdos del STJ, fue coordinar acciones y acordar protocolos de trabajo especialmente entre el Ministerio Público Fiscal -que tendrá la responsabilidad de la investigación en el nuevo paradigma- y la policía como auxiliar clave.
El cónclave contó con la presencia del presidente del STJ, Ricardo Apcarián, los vocales de máximo tribunal, Enrique Mansilla, Sergio Barotto, Adriana Zaratiegui y Liliana Piccinini, la Procuradora General Silvia Baquero Lazcano, el Ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Esteban, el jefe de la Policía de la Provincia, Daniel Jara y el Director General de Oficinas Judiciales, Fabián Mitidieri.
Se acordó la unificación en toda la provincia de protocolos de actuación y relación entre ambas instituciones, para tener un marco de acción conjunta cuando se produzcan hechos que requieran investigación penal. Además, se abordaron cuestiones importantes a la hora de ponerse en marcha el nuevo código, como la seguridad en las salas de audiencias. La Reforma Procesal Penal implica, por regla general, que las instancias serán públicas y orales, por lo que todas las instancias requerirán resolverse en audiencias. Estas tareas preventivas serán coordinadas junto a las Oficinas Judiciales.
La Policía mostró su predisposición para con el nuevo sistema y se acordó que habrá aún más capacitaciones conjuntas entre la policía y los fiscales. En este marco, se coincidió en que los jefes y subjefes policiales luego hagan de multiplicadores de estas formaciones con el personal a su cargo.
La reunión de trabajo se extendió por una hora y media. Se acordó que el Ministerio Público y la policía mantendrán otro encuentro mañana, de carácter exclusivamente operativo. Además, se convino la realización de reuniones por circunscripción entre fiscales y comisarías, aunque con la necesidad de tener una mirada uniforme en todo el territorio provincial.
El STJ expuso la flamante Acordada firmada por los jueces del máximo tribunal y la Procuración donde se conviene la distribución del personal necesario y los plazos y condiciones del traspaso de expedientes, con fechas precisas. Todas las partes intervinientes calificaron la reunión como “muy provechosa”, ya que permitió un diálogo directo las inquietudes existentes y hubo una unánime coincidencia sobre la coordinación de las acciones futuras.
Se abordaron cuestiones de acción concreta que deberán afrontar, como los casos de delitos en flagrancia, los oficios que saldrán desde la Oficina Judicial y las notificaciones a domicilios.
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Condenaron a cuatro policías por agredir y amenazar a dos adolescentes en Roca
El hecho ocurrió el 15 de junio de 2024 en un playón deportivo del barrio Alta Barda. El policía considerado autor recibió 3 años de prisión en suspenso, mientras que los otros tres fueron condenados a penas de entre 24 y 30 meses.
Cuatro empleados policiales fueron condenados a penas de prisión en suspenso por un hecho ocurrido con dos adolescentes en un playón deportivo del barrio Alta Barda, en General Roca. El policía considerado autor recibió una pena de tres años de ejecución condicional, mientras que los otros tres fueron considerados partícipes necesarios y recibieron condenas de entre 24 y 30 meses.
La sentencia fue dictada por los jueces Oscar Gatti, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez. Según lo resuelto, el funcionario policial declarado autor fue quien llevó adelante las conductas agresivas contra las víctimas y les profirió amenazas con un arma.
Durante el debate, las defensas penal pública y particular solicitaron modificar la calificación legal propuesta por la Fiscalía. El planteo fue admitido por el Tribunal. Posteriormente, durante la etapa de cesura, insistieron en que las penas requeridas por la acusación eran elevadas.
La defensora penal pública Flavia Rojas explicó que, en el caso de una de sus asistidas, la pretensión fiscal no contemplaba su historia personal ni los testimonios que la describían como una persona pacífica. También destacó que las dos mujeres involucradas habían reclamado al policía considerado autor que cesara su accionar contra los adolescentes.
Por su parte, el defensor Juan Pablo Chirinos sostuvo que no existían elementos para justificar una pena de cumplimiento efectivo y pidió que se contemplaran la situación familiar y las responsabilidades de cuidado de su asistido.
El hecho por el que los policías llegaron a juicio ocurrió el 15 de junio de 2024, entre las 2.05 y las 4.30. Los imputados se movilizaban en una camioneta policial tipo pick up mientras prestaban funciones en la Comisaría 47° de J.J. Gómez. En ese contexto, llegaron a un playón deportivo del barrio Alta Barda, donde se produjeron las acciones investigadas contra dos adolescentes.
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Pidieron más de 4 años de prisión para la mujer que atacó a la ex pareja y 3 años y medio para su cómplice
La agresión ocurrió en abril de 2025 en una vivienda de San Juan al 2200.
Tras haber sido declarados culpables por atacar a la ex pareja de la mujer en abril de 2025, en General Roca, un hombre y una mujer esperan conocer las penas que deberán cumplir. La Fiscalía solicitó 4 años y 6 meses de prisión efectiva para ella y 3 años y 6 meses para él.
El fiscal Daniel Zornitta requirió al Tribunal que condene a la mujer como autora de lesiones graves calificadas por haber mantenido una relación de pareja con la víctima. Para el hombre pidió 3 años y 6 meses de prisión como partícipe necesario de las lesiones graves.
Durante sus alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que ambos atacaron a la víctima por la espalda, impidiéndole defenderse. También señaló que el objetivo era causarle daño y remarcó que su vida corrió riesgo, ya que un amigo debió trasladarlo al hospital local, donde fue internado inmediatamente en terapia intensiva.
Zornitta también hizo referencia a las consecuencias que dejó la agresión. Explicó que las lesiones le impidieron a la víctima trabajar con normalidad y lo obligaron a cerrar su taller. Además, mencionó el informe de la psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), quien indicó que el hombre continúa con un alto grado de vulnerabilidad y temor, al igual que integrantes de su familia.
Durante la audiencia de cesura realizada este lunes (02/11) declararon la víctima, quien también había brindado su testimonio durante el debate de responsabilidad penal, y Virginia Ansola, psicóloga de la OFAVI del Ministerio Público. También lo hicieron familiares y conocidos de los autores del hecho, por parte de las defensas particulares.
El Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Maximiliano Camarda, Verónica Rodríguez y Emilio Stadler, dará a conocer la sentencia el próximo miércoles 11 de noviembre al mediodía en los Tribunales roquenses.
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Una mediación permitió resolver el contacto de una madre detenida con su hijo y autorizar viajes al exterior
El acuerdo establece comunicaciones por Zoom tres veces por semana, sujetas a las condiciones del establecimiento penitenciario. También contempla una autorización para que el padre pueda viajar con el niño fuera del país hasta que cumpla 18 años.
Una mujer que se encuentra privada de su libertad en General Roca acordó, mediante una mediación, un nuevo régimen de comunicación con su hijo. El entendimiento establece que podrán mantener contacto a través de videollamadas por Zoom tres veces por semana, de acuerdo con las condiciones del establecimiento penitenciario.
El encuentro se realizó en el Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) de Roca. El padre participó de manera presencial, mientras que la madre intervino por videollamada desde el establecimiento donde permanece alojada. El proceso estuvo dirigido por una mediadora oficial.
El objetivo fue modificar un régimen de comunicación acordado anteriormente y establecer una modalidad que permitiera sostener el vínculo entre la mujer y su hijo, pese a las limitaciones derivadas de su situación de detención.
Durante la audiencia, el padre manifestó su conformidad con que el niño mantenga contacto con su madre y propuso dos franjas horarias por la tarde para realizar las comunicaciones: de 17 a 18 o de 18 a 19, según su disponibilidad laboral.
La puesta en marcha del régimen dependerá de las disposiciones del establecimiento penitenciario. Su Centro de Monitoreo deberá coordinar los días, horarios y enlaces de las videollamadas mediante una plataforma digital.
La mediación también permitió resolver otra cuestión familiar: la madre otorgó una autorización general para que el niño pueda salir del país acompañado por su padre hasta alcanzar la mayoría de edad. Como parte del acuerdo, el hombre se comprometió a informar las fechas y los destinos de cada viaje.
Las partes solicitarán la homologación judicial del acuerdo para formalizar la autorización de viaje y poner en funcionamiento la nueva modalidad de comunicación. Hasta que se concrete ese trámite, continuará vigente el régimen anterior.
