Judiciales
Reforma Procesal Penal: STJ, Procuración, Ministerio de Seguridad y Policía acordaron acciones conjuntas
Desde el 1 de agosto comienza a regir el nuevo paradigma en la provincia de Río Negro.
El jueves pasado se llevó a cabo un encuentro de trabajo entre el Superior Tribunal de Justicia, la Procuración, el Ministerio de Seguridad y la Policía para ultimar los detalles de la transición hacia la implementación de la Reforma Procesal Penal, que comenzará a regir el 1 de agosto.
El propósito central del encuentro, que se llevó a cabo en la sala de Acuerdos del STJ, fue coordinar acciones y acordar protocolos de trabajo especialmente entre el Ministerio Público Fiscal -que tendrá la responsabilidad de la investigación en el nuevo paradigma- y la policía como auxiliar clave.
El cónclave contó con la presencia del presidente del STJ, Ricardo Apcarián, los vocales de máximo tribunal, Enrique Mansilla, Sergio Barotto, Adriana Zaratiegui y Liliana Piccinini, la Procuradora General Silvia Baquero Lazcano, el Ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Esteban, el jefe de la Policía de la Provincia, Daniel Jara y el Director General de Oficinas Judiciales, Fabián Mitidieri.
Se acordó la unificación en toda la provincia de protocolos de actuación y relación entre ambas instituciones, para tener un marco de acción conjunta cuando se produzcan hechos que requieran investigación penal. Además, se abordaron cuestiones importantes a la hora de ponerse en marcha el nuevo código, como la seguridad en las salas de audiencias. La Reforma Procesal Penal implica, por regla general, que las instancias serán públicas y orales, por lo que todas las instancias requerirán resolverse en audiencias. Estas tareas preventivas serán coordinadas junto a las Oficinas Judiciales.
La Policía mostró su predisposición para con el nuevo sistema y se acordó que habrá aún más capacitaciones conjuntas entre la policía y los fiscales. En este marco, se coincidió en que los jefes y subjefes policiales luego hagan de multiplicadores de estas formaciones con el personal a su cargo.
La reunión de trabajo se extendió por una hora y media. Se acordó que el Ministerio Público y la policía mantendrán otro encuentro mañana, de carácter exclusivamente operativo. Además, se convino la realización de reuniones por circunscripción entre fiscales y comisarías, aunque con la necesidad de tener una mirada uniforme en todo el territorio provincial.
El STJ expuso la flamante Acordada firmada por los jueces del máximo tribunal y la Procuración donde se conviene la distribución del personal necesario y los plazos y condiciones del traspaso de expedientes, con fechas precisas. Todas las partes intervinientes calificaron la reunión como “muy provechosa”, ya que permitió un diálogo directo las inquietudes existentes y hubo una unánime coincidencia sobre la coordinación de las acciones futuras.
Se abordaron cuestiones de acción concreta que deberán afrontar, como los casos de delitos en flagrancia, los oficios que saldrán desde la Oficina Judicial y las notificaciones a domicilios.
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Los gatos no lo dejaban dormir y ahuyentaron a sus inquilinos: Condenan a vecinos por los daños
Además del pago de una indemnización, la sentencia impone la obligación de prevenir y terminar toda fuente de molestias injustificadas.
Un hombre buscaba tranquilidad en su casa de Ingeniero Huergo, pero las noches se volvieron un mal sueño. El silencio se rompía cada madrugada con golpes secos sobre las chapas. Varios gatos saltaban, peleaban y corrían sobre su techo.
Esta situación afectó su salud y también su bolsillo. Sus inquilinos no soportaron el ruido y abandonaron el departamento que él alquila. Un joven que estudiaba y trabajaba fue uno de los más afectados. Nunca lograba el descanso adecuado.
Así, el hombre bajó el precio del alquiler para que el lugar no quedara vacío. Mientras los desechos de los animales se acumulaban sobre su vivienda.
El Juzgado de Paz de Ingeniero Huergo hizo lugar a la demanda de menor cuantía iniciada por el dueño de la casa. La acción fue por los daños y perjuicios derivados de ruidos molestos e inmisiones producidas por animales.
Además del pago de una indemnización, la sentencia impone a los vecinos la obligación de prevenir y terminar toda fuente de molestias injustificadas.
El hombre sostuvo que desde 2023 sufre perturbaciones constantes por la presencia de gatos provenientes de la vivienda vecina. Indicó que los animales circulan por los techos, generan ruidos nocturnos, se pelean y dejan excrementos en su propiedad.
También señaló que existieron denuncias previas en el Juzgado de Faltas Municipal, con sanciones que no fueron cumplidas por los vecinos.
Las personas negaron los hechos. Declararon ejercer una tenencia responsable de sus animales. Dijeron que los gatos se encuentran castrados. En su defensa, señalaron que existe sobrepoblación de animales y que no puede atribuirse a ellos la conducta denunciada. Además, acusaron al hombre de hostigar a vecinos y de exagerar los perjuicios.
Durante el proceso se produjeron pruebas documentales y testimoniales. Un testigo que alquilaba al actor confirmó que los ruidos de los gatos eran diarios y nocturnos, y que le impedían descansar, lo que motivó su mudanza. El tribunal consideró relevante la ubicación de los inmuebles, que facilita el tránsito de animales entre ambos fondos.
El juez analizó el caso bajo el Código Civil y Comercial, que regula las inmisiones entre vecinos. Concluyó que las molestias superaron el umbral de tolerancia normal debido a su frecuencia, horario y duración. También valoró el incumplimiento previo de la normativa municipal y de decisiones del Juez de Faltas.
Se consideró acreditada la conducta ilegal por omisión; esto quiere decir que, ante las advertencias y los llamados de atención, los vecinos no actuaron y tomaron una actitud pasiva. Además, se dio por probado el daño moral sufrido por el propietario.
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Condenaron a un policía por dispararle a su ex pareja: Le hirió el pie con su arma reglamentaria
El juez subrayó que el disparo podría haber tenido consecuencias más graves si hubiera impactado en otra parte del cuerpo.
Un empleado policial fue declarado penalmente responsable por unanimidad del delito de lesiones graves agravadas por violencia de género, por el vínculo de pareja y por el uso de arma de fuego, luego de que el Tribunal Colegiado interviniente tuviera por acreditado que disparó contra su ex pareja hiriéndola en el pie con su arma reglamentaria.
El hecho ocurrió el 18 de mayo pasado en el domicilio de la víctima. El presidente del Tribunal destacó la solidez del testimonio de la damnificada, quien mantuvo su declaración sin variaciones desde la denuncia inicial hasta el debate oral. «Pudo describir tanto las situaciones previas como lo ocurrido el 18 de mayo pasado en su domicilio, con precisión y detalle», señaló el magistrado.
El Tribunal también descartó de manera categórica el carácter accidental del episodio. «La consecuencia de este episodio pudo haber sido más grave si el disparo efectuado por el imputado hubiese impactado en otra parte del cuerpo de la víctima. No cabe duda de que no fue un hecho accidental, sino doloso», expresó el presidente del cuerpo judicial.
En la misma audiencia, la Fiscalía solicitó la prórroga de las medidas cautelares hasta la firmeza del fallo para resguardar a la víctima, quien deberá declarar en la próxima audiencia de cesura de la pena.
La defensa penal pública no formuló oposición y el Tribunal resolvió prorrogar la prohibición de acercamiento en un radio de 100 metros y de todo tipo de contacto, tanto directo como a través de terceros o medios electrónicos.
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Lo condenaron por violencia de género, volvió a convivir con la víctima y lo enviaron a prisión
La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial. El Ministerio Público acreditó que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
Un hombre condenado por violencia de género cumplirá pena efectiva en Cipolletti tras comprobarse el incumplimiento de las pautas de conducta. La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial y de un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. El Ministerio Público Fiscal acreditó además que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. El juez de Ejecución transformó la pena en suspenso en prisión efectiva.
La condena original se dictó en agosto de 2025 por hechos que incluyeron lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese momento, el Poder Judicial había dispuesto reglas claras: no acercarse ni mantener contacto con la mujer y sostener un domicilio informado. Esas condiciones formaron parte de una pena de ejecución condicional que buscó evitar el encierro.
Sin embargo, la presencia en la vivienda de la mujer evidenció la transgresión de esas restricciones. El informe de la Oficina de Atención a la Víctima describió un escenario atravesado por temor y dependencia económica, además de referencias a episodios de violencia posteriores a la condena.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el planteo se centró en el incumplimiento de las pautas impuestas y no en la investigación de un nuevo delito. La defensa se opuso al pedido y señaló que los hechos integraban una causa en trámite, además de plantear objeciones sobre la posibilidad de una doble sanción.
El juez de Ejecución Penal analizó la documentación incorporada, en especial el informe técnico, y consideró acreditada la violación de las reglas de conducta, en particular la prohibición de acercamiento. Con base en ese análisis y en normativa vinculada a la protección contra la violencia de género, dispuso la revocación de la condicionalidad.
La resolución ordenó la detención y el traslado a un establecimiento penitenciario.
