Judiciales
La Corte respaldó decisión del STJ de anular las absoluciones y la causa Atahualpa sigue abierta
De esta manera, se allana el camino a un nuevo juicio en procura de resolver el homicidio del viedmense Atahualpa Martínez Vinaya.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por la Defensora General y de esta manera quedó firme el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que anuló la sentencia absolutoria en el caso Atahualpa. Con el respaldo a la resolución del STJ rionegrino, se allana el camino a un nuevo juicio en procura de resolver el homicidio de Atahualpa Martínez Vinaya.
La decisión del STJ, ahora respaldada por la Corte, implica que la causa está abierta y vuelve a la instancia previa a la sentencia absolutoria. La etapa de instrucción no fue cuestionada, por lo que a partir de la plataforma fáctica ya investigada es posible ampliar la prueba.
En 2014, la Cámara –con el voto rector del entonces juez Juan Bernardi, hoy destituido y condenado- había dictado la absolución de los tres acusados. Luego, el Superior Tribunal de Justicia anuló dichas absoluciones, por considerar que la sentencia carecía de fundamentación razonada y legal. La jueza Liliana Piccinini, entonces a cargo de la presidencia del máximo órgano judicial, fue la encargada de la lectura del fallo.
La resolución del Superior Tribunal –solicitada en tal sentido por el Ministerio Público Fiscal- no solo abrió la posibilidad de un nuevo juicio, sino también al anular la sentencia y el debate, ordenó que continúe la sustanciación de la causa con distinta composición de magistrados. El fallo tuvo con los votos afirmativos de Liliana Piccinini, Ricardo Apcarián, Enrique Mansilla y Sergio Barotto, con la abstención del juez subrogante Gustavo Guerra Lavayén.
Tras esa disposición, la Defensora General presentó un Recurso Extraordinario Federal ante el propio STJ y ante su rechazo, elevó una Queja a la Corte Suprema. Finalmente, la semana pasada la CSJN rechazó este planteo.
Al agotarse los recursos, los tres imputados (Morales Toledo, Carrasco y Fernández Barrientos) nuevamente revisten en la causa la calidad de imputados, en el marco de la investigación llevada a cabo hasta la elevación a juicio. Sobre esa plataforma fáctica que surgió de la investigación y que permitió su elevación a juicio, la Fiscalía anticipó en su alegato ante el STJ que está en condiciones de completar la prueba. Entre los elementos probatorios, es clave una campera con ADN que fuera secuestrada en el domicilio de uno de los acusados.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
Judiciales
Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca
Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.
Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.
«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.
El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.
«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.
La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.
