Judiciales
Nuevo Código Procesal: Crean unidades fiscales contra delitos de violencia de género y flagrancia
El nuevo sistema acusatorio ubicará a los fiscales como únicos garantes y responsables de la investigación de delitos.
La inminencia del nuevo sistema acusatorio ubicará a los fiscales como únicos garantes y responsables de la investigación de delitos, lo que requerirá que sean exhaustivamente perseguidos los casos de mayor gravedad para ser llevados a juicio y que la Justicia encuentre, a través de métodos alternativos de resolución de conflictos, otras formas de satisfacer el interés de la víctima y la sociedad que se vio perjudicada.
Así, atendiendo a las problemáticas más preocupantes en la actualidad, la Procuradora General Silvia Baquero Lazcano, realizó una serie de reuniones con los integrantes del Ministerio Público Fiscal en las que se consensuó la especialización de la investigación penal a partir de la creación de nuevas unidades fiscales como aquellas de violencia de género y doméstica, violencia institucional y delitos contra la integridad sexual. Estas unidades implicarán una reorganización de los fiscales que hoy forman parte del organismo, que se definirá en cada una de las circunscripciones judiciales en función de los perfiles de sus responsables.
«Lo que se pretende con este esquema es una distribución de trabajo equitativa entre los fiscales y dar respuestas adecuadas en tiempo oportuno», expresó Baquero Lazcano.
Estas determinaciones se plasmaron en una Resolución suscripta en el día de ayer por la titular del Ministerio Público que dispuso, además, la creación de una oficina de flagrancia y gestión rápida que buscará brindar una solución ágil y concluyente a aquellos delitos cuyo responsable fue atrapado en el lugar de los hechos y otros que implican una investigación sencilla.
El documento formaliza una nueva estructura que, tal como expresó la Procuradora, «será de implementación gradual, fortalece el trabajo en equipos y pone el eje en aquellas temáticas que más preocupan a la sociedad». Además dispone la creación de una oficina de admisión y análisis de casos, que será el eje vertebrador del nuevo sistema toda vez que este impone definir cuidadosamente qué causas llegarán a la instancia de juicio y en cuáles se buscarán soluciones alternativas.
La víctima ocupará ahora un rol aún más protagónico en el proceso penal, por lo cual “se reforzarán y revalorizaran notablemente los equipos técnicos de las oficinas de atención a la victima porque es a ella a quien debe proteger y representar el Ministerio Publico Fiscal. Por ello se prevé trasladar estos equipos a todos aquellos lugares donde existan organismos descentralizados del Ministerio Publico Fiscal”.
Además, se dispuso una organización que releve a los fiscales de tareas administrativas y los deje exclusivamente avocados a la investigación desde el inicio hasta su conclusión, jerarquizando las áreas de apoyo y la función de sus responsables dotándolos de mayores responsabilidades que deberán ser debidamente reconocidas.
Finalmente, y para el tratamiento de las causas que se encuentran actualmente en trámite, se conformarán equipos de trabajo procurando la finalización del proceso de revisión integral de expedientes, instando medidas que agilicen la resolución de cada uno de los casos.
Judiciales
Caso Ripari: Condenan a una mujer a 4 años y 6 meses por encubrimiento agravado
La mujer admitió haber recibido dos motos y ocultado carne robada del hecho que terminó con la muerte del hombre de 77 años.
Ayer (20/11), la mujer imputada por haber adquirido o recibido dos motocicletas -sabiendo que tenían un origen ilícito y con fines de lucro- en el marco del homicidio en ocasión de robo de Oscar Ripari, reconoció haber cometido el delito y fue condenada a la pena única de 4 años y 6 meses de prisión.
«El Ministerio Público Fiscal solicitó la declaración de primera reincidencia, las accesorias legales, el pago de las costas y renunció a los plazos procesales», explicó el fiscal que intervino en la audiencia, detallando los alcances del acuerdo alcanzado.
La condena recae sobre los delitos de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, previstos en los artículos 277° inc. 1° c) e inc. 3° b), 55 y 45 del Código Penal. La fiscalía sostuvo que la mujer no solo recibió las motos involucradas en el crimen, sino que también ocultó la carne sustraída de la carnicería de Ripari. «Recibió y ocultó cosas que sabía eran provenientes de un delito, con un claro fin de lucro, tanto para su comercialización como para su consumo personal», indicó.
Para esta instancia de acuerdo abreviado pleno, la Fiscalía presentó un amplio cuerpo probatorio: intervenciones del personal de la Comisaría 21°, múltiples allanamientos, entrevistas testimoniales, informes del Departamento de Informática Forense y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.), análisis de teléfonos secuestrados, trabajo del Cuerpo de Investigación Judicial y registros de cámaras del 911.
El juez interviniente homologó el acuerdo y confirmó que la mujer de 36 años comenzará a cumplir su condena por los hechos y la calificación legal reconocidos.
Con esta sentencia, el expediente por el homicidio de Oscar Ripari queda cerrado, tras haber sido condenados todos los imputados: tanto los responsables del homicidio en ocasión de robo, como quienes participaron del encubrimiento agravado.
Judiciales
Caso Dobra: Modifican las cautelares y ordenan tobillera y prohibiciones de contacto a uno de los imputados
El acusado continuará con tobillera electrónica y libertad dentro del ejido urbano, además de prohibiciones estrictas hacia víctimas y testigos.
El juez revisor del Foro de Jueces de General Roca hizo lugar al planteo del defensor particular de uno de los imputados en una causa por encubrimiento y ordenó la modificación de las medidas cautelares que pesaban sobre el hombre, de apellido Méndez. El pedido se basó en la escala penal prevista para el delito que se le atribuye.
Tras la resolución del magistrado revisor, se llevó a cabo una nueva audiencia ante el juez de Garantías, quien definió que el imputado deberá utilizar tobillera electrónica hasta mayo de 2026. La medida incluye libertad ambulatoria, pero únicamente dentro del ejido urbano de la ciudad de Roca, debido al riesgo procesal de entorpecimiento que evaluó el tribunal.
Además, el juez estableció una prohibición estricta de acercamiento, hostigamiento, amedrentamiento y cualquier tipo de contacto con las víctimas y los testigos, con un límite de 200 metros. También se dispuso la prohibición de salida del país.
La resolución contó con la conformidad de la Fiscalía y de la querella, y no recibió objeciones por parte de la defensa particular.
El juez advirtió que cualquier incumplimiento de las medidas habilitará la solicitud de prisión preventiva por desobediencia.
Judiciales
La abuela deberá pagar una parte de la cuota alimentaria por el aporte insuficiente del padre
La Justicia dispuso una cuota equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles: dos a cargo del padre y uno a cargo de la abuela paterna.
El padre se fue a otra provincia, dejó de aportar, casi no llama y, cuando lo hace, es para explicar que no tiene trabajo formal. Mientras tanto, su hija creció bajo el cuidado exclusivo de la madre, sin colaboración económica del progenitor y con apoyo limitado de la abuela materna.
Frente a esta situación, la madre acudió al fuero de Familia de Bariloche para pedir una actualización de la cuota alimentaria y solicitó también que se incorporara al proceso a los abuelos paternos. El planteo se apoyó en el artículo 668 del Código Civil y Comercial, que permite extender la obligación a los ascendientes cuando el padre o madre obligado no cumple o no puede hacerlo.
El padre se presentó en una audiencia y ofreció pagar $100.000 mensuales. Dijo que trabajaba en la construcción, sin relación de dependencia, y que sus ingresos eran variables. Informó que vivía con sus padres en la ciudad de Federal, Entre Ríos. La propuesta fue rechazada, pero aceptada de manera provisoria mientras avanzaba el proceso.
Más adelante se presentó la abuela paterna. Alegó que no tenía relación con su nieta, que su hijo no vivía con ella de forma permanente y que su situación económica era frágil. Explicó que percibía una jubilación mínima y que había estado acompañando el tratamiento médico de su esposo, quien falleció durante la tramitación de la causa.
Los informes reunidos durante la etapa probatoria confirmaron que la adolescente vive con su madre, asiste a una escuela privada con beca parcial, está afiliada a una obra social y no recibe asistencia regular del padre. El informe socioambiental describió una relación esporádica, casi nula, entre el padre y su hija, y registró ingresos informales del progenitor. Los testigos señalaron que la madre sostiene sola la crianza y que el padre se desvinculó tanto afectiva como económicamente.
Con estos elementos, la jueza dio por acreditada la dificultad del progenitor para cubrir en forma completa la obligación alimentaria y resolvió fijar un esquema mixto. Dispuso una cuota equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles: dos a cargo del padre y uno a cargo de la abuela paterna.
La sentencia citó normativa nacional y convencional sobre la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. También destacó el valor económico del trabajo de cuidado y sostuvo que, pese a la situación de vulnerabilidad que puede atravesar una persona mayor, en este caso las más afectadas por la falta de recursos eran las adolescentes.
La magistrada estableció que la cuota asignada a la abuela cesará cuando el padre pueda asumir la obligación alimentaria en su totalidad. Recordó además que las cuotas alimentarias no son definitivas y pueden revisarse si cambian las circunstancias.
