Judiciales
Nuevo Código Procesal: Crean unidades fiscales contra delitos de violencia de género y flagrancia
El nuevo sistema acusatorio ubicará a los fiscales como únicos garantes y responsables de la investigación de delitos.
La inminencia del nuevo sistema acusatorio ubicará a los fiscales como únicos garantes y responsables de la investigación de delitos, lo que requerirá que sean exhaustivamente perseguidos los casos de mayor gravedad para ser llevados a juicio y que la Justicia encuentre, a través de métodos alternativos de resolución de conflictos, otras formas de satisfacer el interés de la víctima y la sociedad que se vio perjudicada.
Así, atendiendo a las problemáticas más preocupantes en la actualidad, la Procuradora General Silvia Baquero Lazcano, realizó una serie de reuniones con los integrantes del Ministerio Público Fiscal en las que se consensuó la especialización de la investigación penal a partir de la creación de nuevas unidades fiscales como aquellas de violencia de género y doméstica, violencia institucional y delitos contra la integridad sexual. Estas unidades implicarán una reorganización de los fiscales que hoy forman parte del organismo, que se definirá en cada una de las circunscripciones judiciales en función de los perfiles de sus responsables.
«Lo que se pretende con este esquema es una distribución de trabajo equitativa entre los fiscales y dar respuestas adecuadas en tiempo oportuno», expresó Baquero Lazcano.
Estas determinaciones se plasmaron en una Resolución suscripta en el día de ayer por la titular del Ministerio Público que dispuso, además, la creación de una oficina de flagrancia y gestión rápida que buscará brindar una solución ágil y concluyente a aquellos delitos cuyo responsable fue atrapado en el lugar de los hechos y otros que implican una investigación sencilla.
El documento formaliza una nueva estructura que, tal como expresó la Procuradora, «será de implementación gradual, fortalece el trabajo en equipos y pone el eje en aquellas temáticas que más preocupan a la sociedad». Además dispone la creación de una oficina de admisión y análisis de casos, que será el eje vertebrador del nuevo sistema toda vez que este impone definir cuidadosamente qué causas llegarán a la instancia de juicio y en cuáles se buscarán soluciones alternativas.
La víctima ocupará ahora un rol aún más protagónico en el proceso penal, por lo cual “se reforzarán y revalorizaran notablemente los equipos técnicos de las oficinas de atención a la victima porque es a ella a quien debe proteger y representar el Ministerio Publico Fiscal. Por ello se prevé trasladar estos equipos a todos aquellos lugares donde existan organismos descentralizados del Ministerio Publico Fiscal”.
Además, se dispuso una organización que releve a los fiscales de tareas administrativas y los deje exclusivamente avocados a la investigación desde el inicio hasta su conclusión, jerarquizando las áreas de apoyo y la función de sus responsables dotándolos de mayores responsabilidades que deberán ser debidamente reconocidas.
Finalmente, y para el tratamiento de las causas que se encuentran actualmente en trámite, se conformarán equipos de trabajo procurando la finalización del proceso de revisión integral de expedientes, instando medidas que agilicen la resolución de cada uno de los casos.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
Judiciales
Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca
Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.
Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.
«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.
El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.
«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.
La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.
