Río Negro
Avalaron iniciativa para prohibir el cobro de “plus” a los afiliados de obras sociales
Todo indica que el proyecto de autoría de la legisladora Lastra será aprobado en la sesión legislativa.
La comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura dio dictamen favorable hoy a un proyecto de ley que busca prohibir el cobro del “plus” a quienes cuenten con obra social, por las prestaciones clínicas, sanatoriales, de diagnóstico o tratamientos, que se encuentren cubiertas por legislación nacional o provincial o por convenios con las obras sociales o gremiales.
La legisladora Tania Lastra (JSRN), como autora del proyecto, explicó que la iniciativa busca legislar sobre la salud de los afiliados de todas las obras sociales de la Provincia e igualarlas con los del IPROSS, que ya cuentan con normativa que los ampara.
Señaló que en otras provincias ya sancionaron esta ley, y que en Río Negro también es necesario dar respuesta a los constantes reclamos de los afiliados por el cobro de este adicional indebido. Indicó además que aunque esta situación es denunciada diariamente por los usuarios de las obras sociales, esta acción no tiene resultado en lo inmediato.
En este sentido, la propuesta es prohibir este “plus”, que es definido en el proyecto como “toda suma dineraria o retribución complementaria cobrada, exigida o recibida indebidamente, por parte de los prestadores médicos, de los beneficiarios de las obras sociales, que excedan los importes de los aranceles convenidos entre las entidades y los profesionales médicos u organizaciones gremiales que los agrupen”.
Asimismo, expresó que por este cobro no se emite factura, por lo tanto, no sólo ocurre que el afiliado no cuenta con ese documento para presentarlo en su obra social, sino que además se está cobrando “en negro”.
En la reunión de Sociales se aprobó también un proyecto de Elbi Cides (JSRN) que propone la creación del Régimen de Patrocinio y Tutoría del Deporte y el Registro de Entidades Patrocinantes y Tutoras de la Provincia, en el ámbito de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
Además se avaló la iniciativa de Marta Milesi (JSRN) para sustituir en forma integral la ley de Programa Provincial de Información, Concientización y Prevención del Grooming. De la misma autora, junto a Alejandro Marinao (FPV), se aprobó la propuesta para establecer un Régimen de Licencias Especiales para el Personal del Estado con Familiares a Cargo con Discapacidad.
A su vez, se aprobó una iniciativa de Marinao y Javier Iud (FPV) para regular la formación y ejercicio del trabajo de guardavidas, y la seguridad de los bañistas en lugares que se encuentran habilitadas en todo el ambiente acuático de Río Negro, y crear el Registro Provincial de Guardavidas.
La comisión avaló también la propuesta de Mario Sabatella para designar con el nombre de “Liliana Andaloro” al centro de salud del Balneario El Cóndor, en reconocimiento a la trayectoria humana, social y política de quien fue, además de odontóloga, concejal y secretaría de Salud durante la primera gestión del gobierno de Alberto Weretilneck.
Por último, se dio dictamen favorable a dos proyectos de la legisladora radical Soraya Yahuar. El primero busca que todos los organismos de la Administración Pública Provincial deban exhibir en lugares visibles, cartelería referida a la prevención y asistencia que se brinda a víctimas de violencia de género. Mientras que el segundo se trata de una adhesión a la ley nacional que declara el 12 de julio de cada año como “Día de la Medicina Social”, en conmemoración a la fecha de nacimiento del doctor René Favaloro.
Política
Cesantearon a 6 agentes y sancionaron a otros 36 por incumplimientos
Se registraron casos de abandono de servicio y conductas indebidas.
El Gobierno de Río Negro dispuso 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos tras las últimas reuniones de la Junta de Disciplina, en el marco de sumarios por incumplimientos graves dentro de la administración pública.
Según se informó oficialmente, «las sanciones son firmes y buscan garantizar el correcto funcionamiento del Estado, así como el uso adecuado de los recursos públicos».
Entre los principales motivos se encuentran casos de abandono de servicio, con agentes que se ausentaron de sus puestos durante períodos prolongados sin justificación, incluso tras ser intimados a retomar sus tareas.
También se detectaron situaciones que afectaron directamente la atención a la comunidad, como la ausencia de un trabajador encargado de otorgar turnos para tomografías en un hospital público, lo que impedía el acceso a estudios médicos de alta complejidad.
En la misma línea, se dictó la cesantía de un agente de salud por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, quien además abandonó su puesto dejando a personas internadas sin el cuidado correspondiente. También se aplicaron suspensiones sin goce de haberes por conductas inaceptables, como el uso de una ambulancia oficial para participar de una manifestación o presentarse a trabajar en estado de ebriedad y acosar a una compañera.
Cabe destacar que el sistema es progresivo: si un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, el estatuto prevé la aplicación de la cesantía.
Desde el inicio de la gestión en enero de 2024, se procesaron más de 1.200 expedientes disciplinarios, destrabando trámites que antes sufrían grandes demoras. Este ordenamiento integral resultó en un balance de 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones. También se dictaron 91 sobreseimientos y el archivo de 245 expedientes donde no se comprobaron faltas.
El control que realiza el Gobierno es transversal, más allá de que la mayor cantidad de sanciones se concentra en el Ministerio de Salud, debido a su gran densidad de empleados y a la sensibilidad crítica de servicios como guardias hospitalarias. Durante este año se aplicaron sanciones también en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), IPROSS, IPPV, Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación, entre otros.
«Este proceso es riguroso y transparente: las sanciones no son arbitrarias, sino el resultado de sumarios donde instructores especializados reúnen pruebas y garantizan el derecho a defensa. La decisión final recae en la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y los gremios ATE y UPCN», sostuvo la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra..
«Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen con orgullo y a los rionegrinos que sostienen el sistema con sus impuestos», afirmó Lastra.
Río Negro
Becas terciarias y universitarias: Requisitos para la inscripción
El monto de las mismas estará establecido en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil, calculado al 1 de agosto de 2026
El próximo 11 de mayo comienzan las inscripciones para el Programa de Becas Terciarias/Universitarias 2026, un programa del Gobierno de Río Negro para acompañar a estudiantes de la provincia en su formación.
El Consejo Provincial de Becas definió los criterios de acceso a estas becas destinadas a estudiantes terciarios y universitarios de gestión pública y privada. El monto de las mismas estará establecido en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil, calculado al 1 de agosto de 2026, y se fijó como requisito que los ingresos mensuales del grupo familiar no superen los $1.129.800 netos.
Las y los estudiantes podrán inscribirse a través de la página web del Ministerio de Educación y Derechos Humanos donde deberán completar un formulario que estará habilitado en la fecha mencionada.
Posteriormente tendrán que entregar la documentación correspondiente en los Consejos Escolares al que pertenecen por lugar de residencia.
Para anotarse deberán presentar Documento Nacional de Identidad del solicitante y de su grupo familiar; título de Nivel Medio y título analítico o su constancia en trámite, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación; constancia de inscripción a una carrera de grado de universidades e institutos terciarios de gestión pública y/o privada, y acreditar Plan de Estudios.
También tendrán que presentar constancia de CBU como titular de cuenta; recibos de sueldos del grupo familiar, constancia de inscripción al monotributo o como responsable inscripto, según correspondiera; rendimiento académico con la cursada y finales de materias; Certificado Único de Discapacidad (CUD), si lo hubiera; Certificación Negativa de Anses de los miembros del grupo familiar, si los hubiera y Declaración Jurada de domicilio.
Para más información, se pueden realizar consultas a [email protected].
Política
Río Negro desregula farmacias y amplía el acceso a medicamentos
Elimina restricciones y suma nuevas herramientas digitales que buscan garantizar una mejor atención y más accesibilidad a los medicamentos.
La Legislatura de Río Negro sancionó la ley impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck que desregula el sistema de farmacias, eliminando restricciones y sumando nuevas herramientas digitales que buscan garantizar una mejor atención y más accesibilidad a los medicamentos.
«La nueva ley reconoce una realidad que cambió y actualiza el sistema para responder a las demandas actuales, ampliando la libertad de elección y facilitando el acceso a un servicio esencial, con más competencia, innovación y mejores respuestas para los rionegrinos», destacó el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis.
Entre las nuevas herramientas digitales, se destacan la implementación obligatoria de la receta electrónica y la incorporación de la telefarmacia, lo que permitirá gestionar prescripciones de manera digital y acceder a medicamentos mediante envíos seguros y trazables.
En este sentido, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, explicó que «buscamos simplificar y ampliar el acceso. Con esta ley vamos a tener menos barreras para su instalación y herramientas modernas como la receta electrónica y el envío a domicilio. Esto significa que cada vecino va a poder acceder a sus medicamentos de forma más rápida, más cómoda y segura».
Otro de los avances es la posibilidad de prescripción diferida de hasta seis meses para personas con enfermedades crónicas, evitando la necesidad de renovar recetas de manera mensual y facilitando la continuidad de los tratamientos.
Se habilita la apertura del régimen de propiedad. Esto permite que personas físicas o jurídicas puedan ser titulares de farmacias, pero manteniendo la obligatoriedad de la Dirección Técnica a cargo de un farmacéutico matriculado para asegurar estándares de calidad y seguridad sanitaria.
Finalmente, la norma fortalece a la Productora Farmacéutica Rionegrina (PROFARSE), habilitándola a proveer directamente a farmacias locales. Esto permitirá optimizar la red de abastecimiento y contribuir a precios más accesibles para la población, consolidando un sistema más eficiente y cercano.
