Río Negro
Río Negro tendrá su ley de seguridad vial y tránsito
Avanza en la Legislatura el proyecto en el que se propone la regulación del uso de la vía pública, el transporte, vehículos, peatones, concesiones viales, estructura vial, y el medio ambiente.
La propuesta ya fue analizada y avalada por la comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social de la Legislatura de Río Negro, mientras que la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General emitió despacho favorable, en su última reunión del pasado martes.
La subsecretaria de la Agencia de Seguridad, Mónica Ramos, explicó en este sentido que con este proyecto “se unifican las leyes nacionales de Tránsito y demás normas, decretos y reglamentaciones dispersas, en una sola ley que se constituirá en la Ley Provincial de Tránsito”.
La iniciativa está promovida por el gobierno de Río Negro, poniendo de manifiesto una clara intención por abordar desde el Estado una temática que implica la preservación de la vida humana, y minimizar los índices de mortalidad en los siniestros viales. “No todas las provincias tienen una ley de este tipo”, afirmó la funcionaria y concluyó que “muchas provincias solamente adhieren a las leyes nacionales, en tanto que Río Negro tendrá su propia ley.
Es importante destacar que Río Negro estuvo adherida a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, y sus disposiciones complementarias de la Ley Nº 2.942, y a la Ley Nacional Nº 26.363. Asimismo, la Provincia ha realizado aportes sustanciales al marco normativo referenciado, en lo que se refiere a la regulación de triciclomotor y cuatriciclomotor.
En tal sentido, el Ejecutivo Provincial, por intermedio de la Agencia Provincial de Seguridad Vial ha tenido el trabajo de readecuar el marco normativo en base a parámetros internacionales, adaptando la legislación a los estándares vigentes del tránsito y la seguridad vial, observando la dinámica permanente de la temática.
Uno de pilares del proyecto de ley, es la incorporación de la materia “Educación vial” a la currícula escolar para los niveles inicial y primario. Mientras que para el nivel medio, se propone la obligatoriedad en la incorporación de los planes de estudio, con el fin de que el egresado tenga los conocimientos sobre tránsito y seguridad vial que se promueve desde la iniciativa.
Uno de los ejes que establece el proyecto es la creación de Juzgados de Faltas de Tránsito, que serán dispuestos en el territorio rionegrino según los índices de siniestralidad y el flujo vehicular. El mismo estará integrado por un juez administrativo, un secretario y un prosecretario. En este apartado se aclara que las infracciones que se produzcan en el ejido urbano, continuarán bajo la órbita de los juzgados de faltas municipales.
Respecto a este punto Ramos sostuvo que “retomamos el Consejo Provincial de Seguridad Vial y la creación de los juzgados provinciales de faltas viales que facilitará el cobro de las infracciones que ocurran en las rutas nacionales y provinciales”.
«El proyecto persigue la unificación de los regímenes de tránsito y seguridad vial, que tienen vigencia en la actualidad en el territorio nacional. Por ello, Río Negro entiende que se debe avanzar hacia una legislación actualizada y propia», añadió.
Las autoridades de aplicación de la iniciativa estarán a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Policía, Vialidad Rionegrina, y la Subsecretaría de Transporte de la provincia.
Para finalizar, la referente del área fundamentó que “este proyecto es el resultado de un proceso iniciado desde hace ya un tiempo, donde todos los actores implicados en la temática realizó sus aportes y observaciones, donde tuvimos avances y retrocesos, pero que hoy estemos a un paso de que se transforme en ley es definitivamente la consolidación de una verdadera política de Estado”.
Río Negro
Río Negro se consolida como el destino más elegido del invierno argentino
En todo el país se movilizaron 4,6 millones de turistas, que generaron un impacto económico superior a los $2,12 billones.
Río Negro fue la provincia más elegida durante las vacaciones de invierno 2026, con Bariloche alcanzando hasta un 90% de ocupación hotelera y consolidándose una vez más como el principal destino del turismo invernal argentino, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Las vacaciones de invierno 2026 concluyeron con un saldo positivo para el turismo nacional. De acuerdo con el informe de CAME, se movilizaron 4,6 millones de turistas, que generaron un impacto económico superior a los $2,12 billones. En un contexto marcado por un escenario económico desafiante y por factores atípicos como el Mundial de Fútbol, los destinos de nieve y montaña fueron los más demandados, consolidando a Río Negro como la principal elección de quienes viajaron durante el receso.
Bariloche volvió a posicionarse como el destino más elegido del país, con niveles de ocupación hotelera de hasta el 90%. Las intensas nevadas registradas durante la segunda quincena de julio, sumadas a la calidad de sus centros de esquí, su amplia oferta turística y un nivel histórico de conectividad aérea, permitieron que la ciudad encabezara una vez más la temporada invernal. Al mismo tiempo, Río Negro se ubicó entre los principales destinos receptores de turismo internacional, con una importante llegada de visitantes brasileños y de otros países no limítrofes, lo que contribuyó a sostener una alta ocupación en toda la provincia.
El buen desempeño también se reflejó en el resto del territorio rionegrino. Playas Doradas alcanzó un 90% de ocupación, Viedma y el Valle llegaron al 80%, mientras que Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este registraron un 70%, con propuestas vinculadas a la naturaleza, la gastronomía y las actividades recreativas, según consigna el informe de CAME.
La secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda, señaló que «que Río Negro haya sido uno de los destinos más elegidos durante estas vacaciones de invierno, liderando las búsquedas en los principales portales de viajes y registrando un nivel histórico de conectividad aérea, demuestra que el trabajo previo a la temporada está dando resultados. Estos indicadores reflejan la confianza de los viajeros en nuestros destinos y el enorme esfuerzo que realizan municipios, prestadores y trabajadores del turismo para ofrecer experiencias de calidad. Nuestro desafío ahora es consolidar este crecimiento, atraer más inversiones, mejorar la competitividad y seguir posicionando a Río Negro como uno de los grandes destinos turísticos de la Argentina durante todo el año».
Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR), Diego Piquín, destacó que «el trabajo entre el sector público y privado, junto con la diversidad y la calidad de la oferta en cada una de nuestras regiones, nos permite seguir siendo una gran opción para miles de visitantes que nos eligen año tras año».
El informe de CAME también señala que durante las vacaciones viajaron 4,6 millones de personas, un 5,9% más que en 2025, de las cuales 4,2 millones fueron turistas nacionales y 400.000 visitantes extranjeros. El impacto económico alcanzó los $2,12 billones (US$1.412 millones), con un crecimiento real interanual del 2,5%. La estadía promedio fue de cuatro días y el gasto diario por persona llegó a $115.115. Mientras varios destinos de la Costa Atlántica registraron una temporada moderada, el turismo de nieve, encabezado por Bariloche, lideró las preferencias de los viajeros en todo el país.
Río Negro
¿Sabés las diferencias entre el matrimonio y la unión convivencial?
Una de las principales diferencias es que para casarse no hace falta haber convivido previamente.
Aunque muchas veces se los confunde, el matrimonio y la unión convivencial no son lo mismo. Ambos permiten reconocer legalmente una relación de pareja, pero cada uno tiene requisitos, derechos y efectos diferentes. Desde el Registro Civil de Río Negro se recuerda que conocer estas diferencias es fundamental para que cada persona pueda elegir la opción que mejor se adapte a su proyecto de vida.
Una de las principales diferencias es que para casarse no hace falta haber convivido previamente. En cambio, para registrar una unión convivencial es necesario acreditar al menos dos años de convivencia.
También cambian algunos de los derechos que genera cada vínculo. El matrimonio, por ejemplo, reconoce el derecho a heredar entre los cónyuges y, en determinadas situaciones previstas por la ley, permite solicitar alimentos después de un divorcio. La unión convivencial no otorga esos mismos derechos.
Además, para inscribir una unión convivencial ambos integrantes deben ser mayores de 18 años y declarar un mismo domicilio de convivencia. En el caso del matrimonio, las personas pueden tener domicilios diferentes antes de la celebración y existen excepciones previstas por la ley para quienes son menores de edad.
Tanto el matrimonio como la unión convivencial permiten acceder a beneficios como la incorporación a una obra social o el reconocimiento para una pensión, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en cada caso.
Quienes tengan dudas o quieran conocer cuál de estas opciones se ajusta mejor a su situación pueden acercarse a la delegación del Registro Civil más cercana, donde recibirán asesoramiento y la información necesaria para realizar el trámite.
Judiciales
El STJ confirmó un amparo y ordenó agilizar la entrega de una silla de ruedas y pañales para un niño con discapacidad
La obra social argumentó que los trámites administrativos seguían su curso, pero el STJ entendió que ello no justificaba las demoras.
Un niño con discapacidad necesitaba una silla de ruedas especial. La obra social nunca negó la cobertura, pero ante los reclamos sostenía que el trámite seguía su curso. Algo similar ocurría con los pañales: la familia reclamaba que no respondían a las indicaciones médicas ni a las necesidades concretas del menor.
Frente a esa situación, la madre promovió una acción de amparo. Un juzgado hizo lugar parcialmente al planteo y ordenó a la obra social estatal entregar la silla de ruedas y los pañales con las características y el talle prescriptos por los profesionales tratantes. La Fiscalía de Estado apeló esa decisión en representación de la obra social, pero el Superior Tribunal de Justicia confirmó el fallo.
En la apelación, la provincia sostuvo que nunca había negado las prestaciones. Explicó que la discusión estaba vinculada con «los plazos propios del régimen de contrataciones públicas y los requerimientos de auditoría médica», y no con un rechazo de la cobertura. También señaló que la silla de ruedas se encontraba en trámite y que las prestaciones habían sido autorizadas.
El Superior Tribunal entendió que esos argumentos no alcanzaban para modificar la sentencia. Señaló que la obra social puso el acento en los procedimientos administrativos, pero no logró rebatir los fundamentos centrales del fallo de primera instancia.
En relación con los pañales, el STJ advirtió que el informe presentado por la auditoría médica describía las características generales del producto que entregaba la obra social, pero no analizaba la situación específica del niño. Además, observó que la propia auditoría reconocía que el cambio de talle todavía estaba pendiente.
La sentencia también valoró que la madre había informado una mejoría en el cuadro de dermatitis de su hijo luego del cambio de marca y remarcó que esa circunstancia «no fue rebatida con un examen médico propio y específico de la demandada». En ese contexto, concluyó que una evaluación técnica general no era suficiente para desplazar las necesidades concretas acreditadas en el expediente.
El STJ descartó que la sentencia implicara una intromisión en el funcionamiento de la obra social. Explicó que la exhortación para que la obra social actúe «en forma diligente, rápida y oportuna» no modifica el régimen de contrataciones ni los procedimientos de auditoría interna, sino que «se limita a instar una mayor diligencia administrativa, sin imponer modalidad, plazo ni procedimiento específico». Esa medida, concluyó, no representa una extralimitación de las competencias judiciales.
La sentencia recordó que los niños y las personas con discapacidad se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y que el Estado debe brindarles una protección reforzada. En ese sentido, afirmó que las políticas públicas deben garantizar «el nivel de vida más alto posible», especialmente en materia de salud, rehabilitación e integración social.
