Río Negro
Río Negro tendrá su ley de seguridad vial y tránsito
Avanza en la Legislatura el proyecto en el que se propone la regulación del uso de la vía pública, el transporte, vehículos, peatones, concesiones viales, estructura vial, y el medio ambiente.
La propuesta ya fue analizada y avalada por la comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social de la Legislatura de Río Negro, mientras que la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General emitió despacho favorable, en su última reunión del pasado martes.
La subsecretaria de la Agencia de Seguridad, Mónica Ramos, explicó en este sentido que con este proyecto “se unifican las leyes nacionales de Tránsito y demás normas, decretos y reglamentaciones dispersas, en una sola ley que se constituirá en la Ley Provincial de Tránsito”.
La iniciativa está promovida por el gobierno de Río Negro, poniendo de manifiesto una clara intención por abordar desde el Estado una temática que implica la preservación de la vida humana, y minimizar los índices de mortalidad en los siniestros viales. “No todas las provincias tienen una ley de este tipo”, afirmó la funcionaria y concluyó que “muchas provincias solamente adhieren a las leyes nacionales, en tanto que Río Negro tendrá su propia ley.
Es importante destacar que Río Negro estuvo adherida a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, y sus disposiciones complementarias de la Ley Nº 2.942, y a la Ley Nacional Nº 26.363. Asimismo, la Provincia ha realizado aportes sustanciales al marco normativo referenciado, en lo que se refiere a la regulación de triciclomotor y cuatriciclomotor.
En tal sentido, el Ejecutivo Provincial, por intermedio de la Agencia Provincial de Seguridad Vial ha tenido el trabajo de readecuar el marco normativo en base a parámetros internacionales, adaptando la legislación a los estándares vigentes del tránsito y la seguridad vial, observando la dinámica permanente de la temática.
Uno de pilares del proyecto de ley, es la incorporación de la materia “Educación vial” a la currícula escolar para los niveles inicial y primario. Mientras que para el nivel medio, se propone la obligatoriedad en la incorporación de los planes de estudio, con el fin de que el egresado tenga los conocimientos sobre tránsito y seguridad vial que se promueve desde la iniciativa.
Uno de los ejes que establece el proyecto es la creación de Juzgados de Faltas de Tránsito, que serán dispuestos en el territorio rionegrino según los índices de siniestralidad y el flujo vehicular. El mismo estará integrado por un juez administrativo, un secretario y un prosecretario. En este apartado se aclara que las infracciones que se produzcan en el ejido urbano, continuarán bajo la órbita de los juzgados de faltas municipales.
Respecto a este punto Ramos sostuvo que “retomamos el Consejo Provincial de Seguridad Vial y la creación de los juzgados provinciales de faltas viales que facilitará el cobro de las infracciones que ocurran en las rutas nacionales y provinciales”.
«El proyecto persigue la unificación de los regímenes de tránsito y seguridad vial, que tienen vigencia en la actualidad en el territorio nacional. Por ello, Río Negro entiende que se debe avanzar hacia una legislación actualizada y propia», añadió.
Las autoridades de aplicación de la iniciativa estarán a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Policía, Vialidad Rionegrina, y la Subsecretaría de Transporte de la provincia.
Para finalizar, la referente del área fundamentó que “este proyecto es el resultado de un proceso iniciado desde hace ya un tiempo, donde todos los actores implicados en la temática realizó sus aportes y observaciones, donde tuvimos avances y retrocesos, pero que hoy estemos a un paso de que se transforme en ley es definitivamente la consolidación de una verdadera política de Estado”.
Política
Cesantearon a 6 agentes y sancionaron a otros 36 por incumplimientos
Se registraron casos de abandono de servicio y conductas indebidas.
El Gobierno de Río Negro dispuso 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos tras las últimas reuniones de la Junta de Disciplina, en el marco de sumarios por incumplimientos graves dentro de la administración pública.
Según se informó oficialmente, «las sanciones son firmes y buscan garantizar el correcto funcionamiento del Estado, así como el uso adecuado de los recursos públicos».
Entre los principales motivos se encuentran casos de abandono de servicio, con agentes que se ausentaron de sus puestos durante períodos prolongados sin justificación, incluso tras ser intimados a retomar sus tareas.
También se detectaron situaciones que afectaron directamente la atención a la comunidad, como la ausencia de un trabajador encargado de otorgar turnos para tomografías en un hospital público, lo que impedía el acceso a estudios médicos de alta complejidad.
En la misma línea, se dictó la cesantía de un agente de salud por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, quien además abandonó su puesto dejando a personas internadas sin el cuidado correspondiente. También se aplicaron suspensiones sin goce de haberes por conductas inaceptables, como el uso de una ambulancia oficial para participar de una manifestación o presentarse a trabajar en estado de ebriedad y acosar a una compañera.
Cabe destacar que el sistema es progresivo: si un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, el estatuto prevé la aplicación de la cesantía.
Desde el inicio de la gestión en enero de 2024, se procesaron más de 1.200 expedientes disciplinarios, destrabando trámites que antes sufrían grandes demoras. Este ordenamiento integral resultó en un balance de 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones. También se dictaron 91 sobreseimientos y el archivo de 245 expedientes donde no se comprobaron faltas.
El control que realiza el Gobierno es transversal, más allá de que la mayor cantidad de sanciones se concentra en el Ministerio de Salud, debido a su gran densidad de empleados y a la sensibilidad crítica de servicios como guardias hospitalarias. Durante este año se aplicaron sanciones también en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), IPROSS, IPPV, Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación, entre otros.
«Este proceso es riguroso y transparente: las sanciones no son arbitrarias, sino el resultado de sumarios donde instructores especializados reúnen pruebas y garantizan el derecho a defensa. La decisión final recae en la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y los gremios ATE y UPCN», sostuvo la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra..
«Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen con orgullo y a los rionegrinos que sostienen el sistema con sus impuestos», afirmó Lastra.
Río Negro
Becas terciarias y universitarias: Requisitos para la inscripción
El monto de las mismas estará establecido en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil, calculado al 1 de agosto de 2026
El próximo 11 de mayo comienzan las inscripciones para el Programa de Becas Terciarias/Universitarias 2026, un programa del Gobierno de Río Negro para acompañar a estudiantes de la provincia en su formación.
El Consejo Provincial de Becas definió los criterios de acceso a estas becas destinadas a estudiantes terciarios y universitarios de gestión pública y privada. El monto de las mismas estará establecido en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil, calculado al 1 de agosto de 2026, y se fijó como requisito que los ingresos mensuales del grupo familiar no superen los $1.129.800 netos.
Las y los estudiantes podrán inscribirse a través de la página web del Ministerio de Educación y Derechos Humanos donde deberán completar un formulario que estará habilitado en la fecha mencionada.
Posteriormente tendrán que entregar la documentación correspondiente en los Consejos Escolares al que pertenecen por lugar de residencia.
Para anotarse deberán presentar Documento Nacional de Identidad del solicitante y de su grupo familiar; título de Nivel Medio y título analítico o su constancia en trámite, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación; constancia de inscripción a una carrera de grado de universidades e institutos terciarios de gestión pública y/o privada, y acreditar Plan de Estudios.
También tendrán que presentar constancia de CBU como titular de cuenta; recibos de sueldos del grupo familiar, constancia de inscripción al monotributo o como responsable inscripto, según correspondiera; rendimiento académico con la cursada y finales de materias; Certificado Único de Discapacidad (CUD), si lo hubiera; Certificación Negativa de Anses de los miembros del grupo familiar, si los hubiera y Declaración Jurada de domicilio.
Para más información, se pueden realizar consultas a [email protected].
Política
Río Negro desregula farmacias y amplía el acceso a medicamentos
Elimina restricciones y suma nuevas herramientas digitales que buscan garantizar una mejor atención y más accesibilidad a los medicamentos.
La Legislatura de Río Negro sancionó la ley impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck que desregula el sistema de farmacias, eliminando restricciones y sumando nuevas herramientas digitales que buscan garantizar una mejor atención y más accesibilidad a los medicamentos.
«La nueva ley reconoce una realidad que cambió y actualiza el sistema para responder a las demandas actuales, ampliando la libertad de elección y facilitando el acceso a un servicio esencial, con más competencia, innovación y mejores respuestas para los rionegrinos», destacó el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis.
Entre las nuevas herramientas digitales, se destacan la implementación obligatoria de la receta electrónica y la incorporación de la telefarmacia, lo que permitirá gestionar prescripciones de manera digital y acceder a medicamentos mediante envíos seguros y trazables.
En este sentido, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, explicó que «buscamos simplificar y ampliar el acceso. Con esta ley vamos a tener menos barreras para su instalación y herramientas modernas como la receta electrónica y el envío a domicilio. Esto significa que cada vecino va a poder acceder a sus medicamentos de forma más rápida, más cómoda y segura».
Otro de los avances es la posibilidad de prescripción diferida de hasta seis meses para personas con enfermedades crónicas, evitando la necesidad de renovar recetas de manera mensual y facilitando la continuidad de los tratamientos.
Se habilita la apertura del régimen de propiedad. Esto permite que personas físicas o jurídicas puedan ser titulares de farmacias, pero manteniendo la obligatoriedad de la Dirección Técnica a cargo de un farmacéutico matriculado para asegurar estándares de calidad y seguridad sanitaria.
Finalmente, la norma fortalece a la Productora Farmacéutica Rionegrina (PROFARSE), habilitándola a proveer directamente a farmacias locales. Esto permitirá optimizar la red de abastecimiento y contribuir a precios más accesibles para la población, consolidando un sistema más eficiente y cercano.
