Río Negro
Río Negro tendrá su ley de seguridad vial y tránsito
Avanza en la Legislatura el proyecto en el que se propone la regulación del uso de la vía pública, el transporte, vehículos, peatones, concesiones viales, estructura vial, y el medio ambiente.
La propuesta ya fue analizada y avalada por la comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social de la Legislatura de Río Negro, mientras que la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General emitió despacho favorable, en su última reunión del pasado martes.
La subsecretaria de la Agencia de Seguridad, Mónica Ramos, explicó en este sentido que con este proyecto “se unifican las leyes nacionales de Tránsito y demás normas, decretos y reglamentaciones dispersas, en una sola ley que se constituirá en la Ley Provincial de Tránsito”.
La iniciativa está promovida por el gobierno de Río Negro, poniendo de manifiesto una clara intención por abordar desde el Estado una temática que implica la preservación de la vida humana, y minimizar los índices de mortalidad en los siniestros viales. “No todas las provincias tienen una ley de este tipo”, afirmó la funcionaria y concluyó que “muchas provincias solamente adhieren a las leyes nacionales, en tanto que Río Negro tendrá su propia ley.
Es importante destacar que Río Negro estuvo adherida a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, y sus disposiciones complementarias de la Ley Nº 2.942, y a la Ley Nacional Nº 26.363. Asimismo, la Provincia ha realizado aportes sustanciales al marco normativo referenciado, en lo que se refiere a la regulación de triciclomotor y cuatriciclomotor.
En tal sentido, el Ejecutivo Provincial, por intermedio de la Agencia Provincial de Seguridad Vial ha tenido el trabajo de readecuar el marco normativo en base a parámetros internacionales, adaptando la legislación a los estándares vigentes del tránsito y la seguridad vial, observando la dinámica permanente de la temática.
Uno de pilares del proyecto de ley, es la incorporación de la materia “Educación vial” a la currícula escolar para los niveles inicial y primario. Mientras que para el nivel medio, se propone la obligatoriedad en la incorporación de los planes de estudio, con el fin de que el egresado tenga los conocimientos sobre tránsito y seguridad vial que se promueve desde la iniciativa.
Uno de los ejes que establece el proyecto es la creación de Juzgados de Faltas de Tránsito, que serán dispuestos en el territorio rionegrino según los índices de siniestralidad y el flujo vehicular. El mismo estará integrado por un juez administrativo, un secretario y un prosecretario. En este apartado se aclara que las infracciones que se produzcan en el ejido urbano, continuarán bajo la órbita de los juzgados de faltas municipales.
Respecto a este punto Ramos sostuvo que “retomamos el Consejo Provincial de Seguridad Vial y la creación de los juzgados provinciales de faltas viales que facilitará el cobro de las infracciones que ocurran en las rutas nacionales y provinciales”.
«El proyecto persigue la unificación de los regímenes de tránsito y seguridad vial, que tienen vigencia en la actualidad en el territorio nacional. Por ello, Río Negro entiende que se debe avanzar hacia una legislación actualizada y propia», añadió.
Las autoridades de aplicación de la iniciativa estarán a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Policía, Vialidad Rionegrina, y la Subsecretaría de Transporte de la provincia.
Para finalizar, la referente del área fundamentó que “este proyecto es el resultado de un proceso iniciado desde hace ya un tiempo, donde todos los actores implicados en la temática realizó sus aportes y observaciones, donde tuvimos avances y retrocesos, pero que hoy estemos a un paso de que se transforme en ley es definitivamente la consolidación de una verdadera política de Estado”.
Río Negro
Río Negro inicia la Vacunación Antigripal en todo el territorio provincial
La vacuna es totalmente gratuita, voluntaria y puede aplicarse en vacunatorios y centros de salud rionegrinos.
Río Negro se suma al lanzamiento nacional de vacunación antigripal, dirigida a la población objetivo, definida por el Calendario Nacional de Vacunación. La decisión de adelantar su inicio responde al comportamiento epidemiológico observado en la región, con circulación temprana de virus respiratorios y la presencia de una nueva variante de influenza A (H3N2).
Es importante señalar que, como todos los años, los grupos priorizados son el personal de salud, las personas gestantes en cualquier momento del embarazo, personas puérperas, población general a partir de los 65 años, niñas y niños de 6 a 24 meses de edad, y quienes tengan entre 2 y 64 años con factores de riesgo.
La vacunación tiene por objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la infección por el virus influenza en la población de riesgo en Argentina y la provincia.
Cabe remarcar que la vacuna es gratuita, voluntaria y se puede aplicar junto con cualquier otra vacuna en todos los vacunatorios y centros de salud de la Provincia.
El ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, destacó que «las inmunizaciones son importante para prevenir las complicaciones de la gripe, estar vacunados previene internaciones, neumonías, y otras complicaciones que pueden traer estos virus de la gripe».
«Nosotros estamos distribuyendo en toda la provincia las vacunas que llegaron desde el Ministerio de Salud de la Nación, el año pasado superamos las 100.000 personas vacunadas en Río Negro, los alentamos y les pedimos que se acerquen a los vacunatorios de los hospitales y a los Centros de Salud de toda la provincia», indicó.
Por su parte la referente del Departamento de Inmunización, Marcela González, indicó que «Nación nos envió más de 37.000 dosis, que nos permitió vacunar a importante porcentaje del personal de salud y a más de 4.500 adultos mayores, que es nuestro objetivo y ya comenzamos a vacunar en menores cantidades, al resto de los grupos priorizados».
Además destacó que este año «Nación adelantó el envío de vacunas, y eso es muy bueno, nos va a permitir tener vacunado a un porcentaje muy alta de la población de riesgo antes de que comiencen a circular los virus en el invierno».
Política
Plan Castello: Río Negro realizó un nuevo pago y redujo su deuda 55%
El saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones.
El Gobierno de Río Negro realizó un nuevo pago del Plan Castello por más de U$S 41 millones, avanzando en el proceso de desendeudamiento iniciado en diciembre de 2023. De esta manera, la Provincia redujo en un 55% el saldo del financiamiento del plan.
Con el pago de U$S 41.694.412 correspondiente a la quinta cuota del Plan Castello -entre capital e intereses- el saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones. Esto representa una disminución del 55% desde el inicio del proceso de cancelación.
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, Río Negro redujo su deuda total en dólares de U$S 413 millones a U$S 302 millones, es decir, U$S 111 millones menos (-27%). En paralelo, el peso de la deuda sobre los ingresos corrientes cayó del 71% al 15%, lo que representa una mejora histórica del 79% en los indicadores de sostenibilidad fiscal.
«Este proceso de ordenamiento financiero fortalece la solvencia de la Provincia y mejora su posicionamiento ante organismos internacionales de financiamiento como el BID, la CAF y la AFD. De esta manera, Río Negro consolida su capacidad para acceder a financiamiento destinado a obras de infraestructura y proyectos estratégicos que acompañen el desarrollo productivo y el crecimiento de la provincia», indicaron desde el Ejecutivo rionegrino.
Judiciales
Fallo contempló el cuidado exclusivo de una madre y fijó una cuota de siete salarios mínimos
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior.
El cuidado cotidiano que la madre ejerce de manera exclusiva sobre su hija fue uno de los factores centrales para fijar una cuota alimentaria equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles. La sentencia, dictada en Bariloche, también dispuso que el padre deberá afrontar el 50% de los gastos extraordinarios vinculados con la crianza.
La demanda fue presentada por la madre en representación de su hija de 8 años. Señaló que el progenitor reside en Buenos Aires y que el contacto con la niña es esporádico, ya que se ven una o dos veces al año. También explicó que las tareas de cuidado recaen exclusivamente sobre ella.
Según la presentación, el padre pagaba de manera directa un colegio privado, el comedor y algunas actividades. Además, hasta septiembre de 2023 realizaba depósitos mensuales, que luego dejó de efectuar. La madre sostuvo que ese aporte resultaba insuficiente frente al conjunto de gastos de crianza.
El progenitor respondió que no estaba en condiciones de afrontar el monto solicitado. Indicó que se dedica a la intermediación en la venta de caballos, con ingresos irregulares, y afirmó encontrarse desocupado. Durante una audiencia ofreció una suma menor junto con algunos pagos directos, pero no hubo acuerdo.
En el expediente se incorporaron informes sobre los gastos de la niña, vinculados con educación, cobertura médica, actividades extracurriculares y tratamientos médicos. También se realizó una pericia social en el domicilio materno que describió condiciones habitacionales adecuadas y señaló que el hogar se sostiene con el salario de la madre.
Al analizar el caso, la sentencia destacó que las tareas de cuidado tienen un valor económico que debe considerarse al fijar la cuota alimentaria. En este caso, se acreditó que esas responsabilidades recaen casi en su totalidad sobre la progenitora.
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior. En ese contexto, el juzgado indicó que, ante ingresos informales, es el propio alimentante quien se encuentra en mejores condiciones de acreditarlos.
Con base en las necesidades de la niña y las circunstancias acreditadas en el proceso, la sentencia hizo lugar a la demanda y fijó la cuota alimentaria en siete salarios mínimos vitales y móviles, además del pago compartido de los gastos extraordinarios.
