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El Frente Previsional de ATE protestó en el PAMI de Roca
La medida de fuerza fue en demanda de respuestas urgentes al mejoramiento de las prestaciones y contra «las medidas de achique y ajuste del Estado desplegadas por el gobierno nacional».
Durante toda la mañana, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro realizó una asamblea y ocupó pacíficamente las instalaciones de la Unidad de Gestión Local XXVII del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Jubilados y Pensionados (INSSJyP) en General Roca. La acción de protesta fue desarrollada por el Frente Previsional y el Centro de Jubilados de la entidad sindical en demanda de respuestas urgentes al mejoramiento de las prestaciones y contra «las medidas de achique y ajuste del Estado desplegadas por el gobierno nacional».
La actividad tendrá continuidad durante las semanas próximas con nuevas asambleas en PAMI y ANSES, de manera de avanzar en la construcción de una asamblea ciudadana en defensa de los adultos mayores y los trabajadores que los asisten. «El Frente Previsional de Río Negro no solo debe denunciar las falencias y cambios irresponsables que puede realizar el Gobierno, también debe escuchar la voz de trabajadores y beneficiarios para que en conjunto se pueda defender los derechos de todos», señaló Rodrigo Vicente, trabajador de PAMI y coordinador de los trabajadores nacionales de ATE Río Negro.
En tanto que, Mario Cardozo, presidente del Centro de Jubilados señaló que «los jubilados les decimos no a los achiques y ajustes en nuestra Obra Social de los Jubilados. El PAMI debe brindarnos atención médica de calidad. Proveer los medicamentos, las prótesis y las ortesis necesarias». Añadió que «no podemos esperar un mes por un turno médico cada vez, trabajan menos profesionales médicos por la miseria que les pagan. Desde ATE le decimos no al aumento de la edad jubilatoria y sí a gravar con impuestos el juego, la timba financiera, los bienes suntuarios y las propiedades en el exterior para sostenimiento del sistema previsional».
El Frente Previsional de ATE es una organización conformada por jubilados, pensionados y trabajadores de PAMI y ANSES en la lucha por mejorar las condiciones de trabajo y las prestaciones para los adultos mayores. Por su parte, el Centro de Jubilados de ATE tiene sede en Avenida Roca 1937 de General Roca.
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
