Sociedad
«La provincia de Río Negro es un colador»
Con la minería a cielo abierto y la central nuclear próxima a instalarse en territorio rionegrino, la senadora Odarda reiteró su preocupación por las políticas adoptadas por el gobierno provincial en este sentido.
La senadora nacional Magdalena Odarda (Frente Progresista CC-ARI) volvió a manifestar su preocupación por el «fomento de la minería contaminante con uso de sustancias toxicas por parte del gobierno de Río Negro reactivando el proyecto Calcatreu; a lo que se suma el proyecto de la central nuclear en la costa». Advirtió que si esto avanza, Río Negro será una provincia «colador».
Expresó que, desde su labor en el Senado de la Nación, presentó proyectos de ley acerca de la actividad minera. El proyecto más destacado es el 609/17 que crea el Código Minero Precautorio y Preventivo que tiene por objeto garantizar el cumplimiento en la actividad minera de los principios ambientales establecidos en la Ley Nacional N° 25.675, ley General del Ambiente.
Este proyecto modifica el Código Minero vigente y establece parámetros ambientales, establece como obligaciones prioritarias, para el estado nacional y de las distintas provincias: «a) garantizar el uso racional y sustentable de los recursos naturales; b) proteger los recursos hídricos; c) mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; d) asegurar la conservación de la diversidad biológica: e) prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas puedan generan sobre el ambiente; f) posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; g) minimizar los riesgos ambientales; h) prevenir la posibilidad de emergencias ambientales; i) remediar el impacto ambiental producido a la fecha».
A su vez, prohíbe los emprendimientos mineros de cualquier tipo que, conforme el estudio de impacto ambiental que se realice al efecto, no se hallen en debida consonancia con los principios ambientales preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de equidad intergeneracional establecidos en la Ley Nacional N° 25.675. Cabe resaltar, por su trascendencia, que esta propuesta prohíbe la minería contaminante. “Prohíbase en todo el territorio nacional la actividad minera de sustancias metalíferas correspondiente a la primera categoría establecidas en el inciso a) del artículo tercero del presente Código, en la modalidad a cielo abierto y con la utilización de cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y toda otra sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa incluida en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24.051, o que posea alguna de las características enunciadas en el Anexo II de la Ley Nacional 24.051 y normas concordantes o las que en el futuro las reemplacen. La prohibición se extiende a todas sus etapas, constituidas por prospección, exploración, preparación, explotación y almacenamiento de sustancias minerales».
Odarda lamentó la decisión del gobierno rionegrino de impulsar la minería contaminante, pese a los nefastos antecedentes en Mina Alumbrera en Andalgala, Catamarca y Mina Veladero en San Juan, entre otros casos; además del rotundo rechazo que tiene en la mayor parte de la sociedad rionegrina. La senadora afirmó en este sentido que «hay que gobernar para el pueblo, y la protección del ambiente que es el hábitat en el que vivimos y vivirá nuestra descendencia irremediablemente, es un eje sin discusión». Agregó que «en ninguna parte del mundo existen garantías de una minería a gran escala con uso de sustancias toxicas que no contamine», y apeló a fomentar otras actividades económicas para los pueblos rionegrinos y restablecer la «Ley Anticianuro».
Política
Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior
La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.
Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.
Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.
Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.
De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.
Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.
Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.
En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.
El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.
Roca
Trabajos en desagües pluviales: Buscan mejorar el drenaje ante la posibilidad de nuevas luvias en Roca
El objetivo es evitar obstrucciones que puedan generar anegamientos durante tormentas.
El Municipio de General Roca continúa llevando adelante tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de desagües pluviales en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos ante eventuales tormentas.
Las acciones forman parte de un trabajo permanente orientado a garantizar el correcto funcionamiento de alcantarillas, sumideros y conductos pluviales, evitando la acumulación de sedimentos y residuos que puedan obstruir el drenaje.
Durante los últimos días, se realizaron tareas de limpieza en diversos puntos, entre ellos: Jujuy y José Ingenieros, Jujuy y Rochdale, Lisandro de la Torre y Alemania, Lisandro de la Torre y Carlos Gardel, y Los Perales y Los Tamariscos.
También se intervino en sectores como Chula Vista y Mendoza, Bolivia y Maipú, Bolivia y Misiones, Chula Vista casi San Juan, Islas Orcadas y Gelonch, Damas Patricias y Bolivia, Félix Heredia y 9 de Julio, Félix Heredia y Tucumán, Félix Heredia y Mitre, Santa Cruz y Gelonch, Avenida Roca e Yrigoyen, Buenos Aires y Gelonch, Rochdale y Jujuy, Yrigoyen y Mendoza, Tres Arroyos y Mendoza, Avenida Roca y Canadá, José Ingenieros y Japón, y José Ingenieros y Bahamas.
En paralelo, se realizaron trabajos específicos de limpieza en sumideros ubicados en José Ingenieros y Mendoza, y 9 de Julio y Belgrano, priorizando las cámaras donde se encuentran instaladas bombas sumergibles para asegurar su correcto funcionamiento.
Desde el Municipio recordaron a los vecinos la importancia de «no arrojar residuos en la vía pública, ya que muchos de estos desechos terminan en los sistemas pluviales y generan obstrucciones que dificultan el escurrimiento del agua».
Roca
Controles de tránsito en Roca: 221 actas y 9 casos de alcoholemia positiva
Se retuvieron 33 motos y 9 autos por distintas infracciones, entre ellas porque sus conductores circulaban bajo efectos del alcohol.
Como ocurre de manera habitual, el Municipio de General Roca llevó adelante nuevos operativos de control de tránsito en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad vial.
Según se informó, durante la semana comprendida entre el lunes (09/03) y el domingo (15/03), los inspectores municipales confeccionaron 221 actas de infracción, de las cuales 9 correspondieron a casos de alcoholemia positiva.
En el marco de estos controles, se procedió a la retención preventiva de 42 vehículos, entre ellos 33 motocicletas y 9 automóviles. Del total, 6 fueron retenidos por alcoholemia positiva, 9 por ruidos molestos, 5 por delegar la conducción a menores de edad y 13 por falta de documentación.
Las infracciones más frecuentes detectadas durante los operativos fueron la falta de licencia de conducir y la ausencia de seguro obligatorio.
Desde la Dirección de Tránsito recordaron que en la ciudad se encuentra vigente la ordenanza de Alcohol Cero al volante, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre.
La normativa establece sanciones severas para quienes incumplan la disposición, con multas que van de 1.000 a 3.000 USAM, lo que equivale a montos aproximados de entre $1.200.000 y $3.600.000, además de la inhabilitación de la licencia de conducir.
En ese sentido, las autoridades reiteraron la importancia de evitar el consumo de alcohol al momento de conducir o, en su defecto, designar un conductor responsable para reducir riesgos y prevenir siniestros viales.
