Seguinos

Río Negro

María Emilia Soria promueve juicio político contra la ministra Bullrich

La diputada nacional del FpV acusa a la ministra de Seguridad de Nación por «mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de la función pública».

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La diputada nacional del Frente para la Victoria, María Emilia Soria, presentó ayer en el Congreso de la Nación un proyecto para promover el juicio político contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por «mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de la función pública», en relación a los casos de desaparición de Santiago Maldonado y de Lucas Muñoz, así como la «represión a integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof ubicada en el departamento de Cushamen, Chubut».

“Lamentablemente no puede decirse que la Sra. Bullrich haya desempeñado su cargo con la probidad y competencia que demanda ser la cabeza de la institución que tiene a cargo la seguridad de todo el país”, expresa el proyecto de Soria.

Los fundamentos no se basan en un solo hecho aislado, sino en 3 situaciones puntales como la desaparición de Lucas Muñoz ya que «a sabiendas de que la hipótesis más fuerte involucraba a la policía de la provincia de Río Negro, y aún habiendo solicitado su intervención inmediata en la búsqueda, el accionar de la ministra fue nulo».

Además, otro de los hechos que destaca el proyecto es «la brutal represión a integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof en resistencia, ubicada en el departamento de Cushamen, en Chubut, llevada a cabo de noche en enero de este año, sin ninguna orden judicial, disparando a mansalva se realizó bajo la mirada indiferente de la Gendarmería nacional y las fuerzas de seguridad nacionales, que comanda la ministra de Seguridad».

Y, finalmente, destacan «la nueva represión en Cushamen y la desaparición de Santiago Maldonado, donde las declaraciones de Bullrich desentendiéndose del paradero de Maldonado y defendiendo el accionar de las fuerzas de Gendarmería, se contraponen gravemente con las imágenes previas al momento de la represión, que evidencian la veracidad de los testimonios que vieron a Gendarmería llevándose a Santiago. Como si ello fuera poco, la ministra cometió un “error”, que le puede costar caro a esta investigación al dejar expuesta la identidad de Ariel Garzi, testigo protegido en el caso Maldonado, hasta ese momento. Esta resulta otra torpeza indigna de quien ostenta el máximo cargo de seguridad del país».

Agrega Soria que «la Sra. Patricia Bullrich ha intentado culpabilizar a la familia de Maldonado, al pueblo mapuche, ha dicho que Maldonado no estaba en el lugar, que Gendarmería no se lo llevó y que no reprimieron con violencia, también han negado que su teléfono celular haya sido activado, contradiciendo los dichos del testigo protegido que expuso. La Sra. Patricia Bullrich se ha rodeado de un sinnúmero de excusas pero la realidad es que aún no justificó el accionar de la Gendarmería, fuerza a su cargo, ni ha aportado soluciones concretas para la aparición con vida de Santiago Maldonado, que ya lleva 23 días desaparecido».

La diputada nacional evaluó que la ministra Bullrich «insiste en que no se trata de un caso de desaparición forzada de personas porque asumiéndolo estaría dejando en evidencia su propia negligencia al no haber apartado de modo inmediato a los jefes de las fuerzas de seguridad tal lo establece la convención internacional de personas desaparecidas, que imponen dos sencillas obligaciones: 1) apartar a los superiores a cargo del operativo (Gendarmería y su Jefe de Gabinete) y 2) no entorpecer la investigación (como lo hizo al exponer a un testigo clave y protegido)».

“Estos tres eventos no resultan aislados, la represión violenta y la desaparición forzada de personas en democracia constituyen un verdadero cáncer para la sociedad y comprometen la seguridad e integridad de todos los argentinos. Resulta macabro y realmente peligroso que la cartera de seguridad de la nación sea operada por una ministra negligente y connivente con el delito”, sintetiza el proyecto de Soria que es acompañado por la firma de los diputados Jorge Rubén Barreto (Entre Ríos), Ana Luz Carol (Tierra del Fuego) y Verónica Mercado (Catamarca).

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Judiciales

Autorizan a una mujer a donar un riñón a su amigo, que lleva 12 años en diálisis y espera un trasplante 

La ley exige autorización judicial cuando el donante no tiene vínculo familiar ni convivencial con el receptor.

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Se conocieron hace más de 10 años y forjaron una profunda amistad. Se acompañaron en momentos de crisis y construyeron un vínculo con rasgos de familiaridad que se sostuvo en el tiempo. Él ya convivía con un diagnóstico que con los años derivó en una insuficiencia renal terminal y en una vida atada a la diálisis. Su estado es grave y desde hace tiempo espera un donante. En ese contexto, ella tomó una decisión fuerte: ofrecerle uno de sus riñones.

Pero su voluntad no es suficiente: los estudios debían confirmar compatibilidad, los equipos médicos debían validar la intervención y, además, la ley imponía un límite: sin vínculo familiar, el trasplante requería autorización judicial. Con todos los informes a favor, el caso llegó al fuero de Familia de Bariloche. La jueza analizó las pericias médicas, psicológicas y sociales, evaluó el vínculo entre ambos y autorizó la donación.

El planteo se presentó como una medida autosatisfactiva, una vía excepcional que permite obtener una respuesta urgente cuando no hay otra alternativa eficaz. El objetivo fue concreto: remover el obstáculo legal que impide, en principio, la donación entre personas sin parentesco. La ley de trasplantes limita estos casos a vínculos familiares o convivenciales, con la intención de evitar cualquier forma de comercialización de órganos. Fuera de ese esquema, la intervención judicial resulta indispensable.

En ese marco, también intervinieron organismos especializados. El INCUCAI señaló que los trasplantes con donante vivo sin vínculo familiar solo pueden realizarse de manera excepcional y con autorización judicial, y remarcó la necesidad de garantizar la voluntariedad, el carácter altruista y la gratuidad de la donación. En la misma línea, CUCAI Río Negro avaló esos criterios y destacó que el procedimiento debe cumplir con todos los requisitos médicos y legales vigentes.

Para resolver, la Unidad Procesal de Familia reunió una batería de pruebas. Los estudios médicos confirmaron que existía compatibilidad y que el trasplante representaba la mejor alternativa terapéutica. También se determinó que el receptor no presentaba contraindicaciones para atravesar la intervención.

Las evaluaciones psicológicas indicaron que ambos comprenden el alcance del procedimiento, sus riesgos y sus implicancias. En el caso de la donante, se destacó la capacidad de decidir con autonomía, con un nivel de madurez adecuado y sin interferencias externas. Los informes descartaron la presencia de presiones o condicionamientos que pudieran afectar su voluntad.

Las pericias sociales reforzaron ese cuadro. Describieron una relación previa, estable y verificable, con cercanía y participación compartida en distintos momentos de sus vidas. También señalaron la inexistencia de intereses económicos o beneficios indirectos, un punto central en este tipo de procesos.

Durante la audiencia, la mujer ratificó su decisión y explicó sus motivos. Expuso que su única intención era mejorar la calidad de vida de su amigo. La jueza dejó constancia de que podía revocar su consentimiento en cualquier momento antes de la cirugía, sin consecuencias.

Con ese conjunto de elementos, la magistrada concluyó que se trataba de un caso excepcional en el que correspondía apartarse de la restricción legal. La autorización habilita la donación, aunque el procedimiento queda sujeto al cumplimiento de todos los requisitos médicos, controles y condiciones establecidos por la normativa vigente.

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Policiales

Hallaron cocaína, marihuana y pastillas ocultas en un pabellón de la cárcel

Las drogas estaban escondidas en un envoltorio armado con medias negras y oculto sobre el techo entre dos celdas.

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Una requisa realizada en el Establecimiento de Ejecución Penal N° 5 de Cipolletti permitió secuestrar cocaína, marihuana y decenas de comprimidos que se encontraban ocultos en el techo de un pabellón. El hallazgo derivó en la intervención de la Justicia Federal, que ahora investiga el origen y destino de las sustancias.

El procedimiento se concretó este viernes (09/05), cuando personal del Servicio Penitenciario Provincial realizaba una recorrida de rutina en la zona de calderas y detectó un bulto sospechoso escondido entre las celdas 2 y 3 del pabellón C.

Según se informó, el paquete estaba oculto sobre el techo, en un espacio de difícil acceso utilizado habitualmente para intentar evadir los controles internos. Ante esa situación, se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención inmediata a la Fiscalía Federal.

Durante la requisa, los agentes encontraron un envoltorio confeccionado con medias negras que contenía distintos paquetes armados con globos de agua. En el interior había 35 comprimidos celestes con la inscripción “CL”, además de cinco envoltorios con marihuana, que arrojaron un peso total de 8,8 gramos tras el narcotest realizado.

Asimismo, se secuestraron otros cinco envoltorios con una sustancia compacta blanca que, luego del análisis orientativo, dio positivo para cocaína. El pesaje total alcanzó los 6,6 gramos.

Los investigadores ahora intentan determinar cómo llegó el material hasta ese sector del penal. No descartan que las sustancias hayan sido arrojadas desde el exterior y luego desplazadas entre distintos sectores para evitar ser detectadas durante las requisas.

Todo el material secuestrado quedó a disposición de la Justicia Federal, mientras continúan las actuaciones para establecer posibles responsabilidades dentro y fuera del establecimiento penitenciario.

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Política

Abrieron ofertas para construir la nueva sede de Energía y Ambiente en Roca

El acto fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini.

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La Provincia abrió en General Roca las ofertas para construir la nueva sede de Energía y Ambiente, una obra que fortalecerá la presencia provincial y los controles técnicos, ambientales y mineros en el marco de la nueva etapa productiva de Río Negro. El acto fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini.

Durante la apertura de sobres se presentaron tres ofertas para ejecutar los trabajos: la empresa Zigma presentó una oferta de $1.720.689.228;  Ing. Austral $1.540.489.337; y ECA S.A  $1.495.000.000.

«La nueva sede estará ubicada en calle Maipú, y forma parte del rumbo planificado por la Provincia en cada localidad, que incorpora más infraestructura pública, formación de calidad, mayor capacidad operativa y mejores condiciones para el trabajo profesional, técnico, administrativo y de control», destacó el gobernador.

Weretilneck resaltó además la importancia de adaptar la presencia estatal a las realidades regionales: «Compartir este momento tiene que ver con la infraestructura de la provincia aquí en General Roca, lo cual es no sólo una tarea diaria, sino también que tiene que ver con la organización institucional en las distintas regiones, pero fundamentalmente teniendo en cuenta la identidad local de cada una de las zonas», indicó.

El gobernador subrayó que la ciudad es prioritaria por su dinamismo productivo de peras y manzanas y también de hidrocarburos y minerales, con una ubicación estratégica: «Roca es productora de hidrocarburos con sus distintos yacimientos y también es productora de minerales de tercera categoría. Las dos cuestiones centrales que tienen que ver con la Secretaría de Energía y Ambiente tienen en Roca una presencia importante en el producto bruto de la provincia», sostuvo.

Weretilneck resaltó el rol del Estado en este crecimiento: «Este edificio lo que hace es ser coherente con lo que somos. El sentido es darle respaldo a las actividades que todos los días se hacen en nuestra provincia, con la coherencia de un Estado lo suficientemente grande como sea necesario y lo más chico como sea posible», agregó.

El proyecto prevé una intervención total de 769,56 metros cuadrados, con una inversión destinada a modernizar un edificio existente y transformarlo en una sede funcional, integrada y preparada para las demandas actuales del área. La estructura contará con espacios de recepción, oficinas administrativas y gerenciales, salas de reuniones, sanitarios, office y un salón de usos múltiples. Se prioriza que los espacios tengan ventilación e iluminación natural, e incorpora en su proyecto soluciones sustentables, como energías alternativas

Más capacidad técnica para una provincia en marcha

El diseño de la nueva sede prioriza la sostenibilidad y el bienestar de los trabajadores. La secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, detalló las características técnicas: «La idea era poder desarrollar a lo largo de toda la provincia el modelo de edificios que planteamos en Cipolletti. Son edificios que tienen eficiencia energética, que tienen un pulmón de aire para poder frenar el frío en el invierno y frenar el calor en el verano. Van a tener pantallas solares también», sostuvo.

Confini explicó que el funcionamiento interno está pensado para optimizar las tareas diarias: «El funcionamiento está planteado con espacios comunes y áreas de trabajo comunes, salas de reuniones para que se hagan por fuera de donde están los escritorios de trabajo diario y un espacio de capacitación», manifestó.

Asimismo, la funcionaria remarcó el valor estratégico de la ubicación: «Entendemos que Roca se ha convertido en un punto importante para nosotros en cuanto a la actividad energética. Entendíamos que merecía la pena por la ciudad y por nuestros compañeros de trabajo, que también se merecen un lindo espacio para llevar estos proyectos tan importantes para la provincia adelante», agregó.

Desde la Secretaría destacaron que esta infraestructura permitirá ordenar y concentrar funciones, mejorar la atención al contribuyente y fortalecer los equipos técnicos.

La iniciativa también tendrá impacto en la actividad local, con generación de empleo directo durante la ejecución de los trabajos y movimiento para proveedores y servicios vinculados a la construcción.

Acompañaron la jornada los ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, el presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López, y demás autoridades provinciales y municipales.

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