Río Negro
María Emilia Soria promueve juicio político contra la ministra Bullrich
La diputada nacional del FpV acusa a la ministra de Seguridad de Nación por «mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de la función pública».
La diputada nacional del Frente para la Victoria, María Emilia Soria, presentó ayer en el Congreso de la Nación un proyecto para promover el juicio político contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por «mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de la función pública», en relación a los casos de desaparición de Santiago Maldonado y de Lucas Muñoz, así como la «represión a integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof ubicada en el departamento de Cushamen, Chubut».
“Lamentablemente no puede decirse que la Sra. Bullrich haya desempeñado su cargo con la probidad y competencia que demanda ser la cabeza de la institución que tiene a cargo la seguridad de todo el país”, expresa el proyecto de Soria.
Los fundamentos no se basan en un solo hecho aislado, sino en 3 situaciones puntales como la desaparición de Lucas Muñoz ya que «a sabiendas de que la hipótesis más fuerte involucraba a la policía de la provincia de Río Negro, y aún habiendo solicitado su intervención inmediata en la búsqueda, el accionar de la ministra fue nulo».
Además, otro de los hechos que destaca el proyecto es «la brutal represión a integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof en resistencia, ubicada en el departamento de Cushamen, en Chubut, llevada a cabo de noche en enero de este año, sin ninguna orden judicial, disparando a mansalva se realizó bajo la mirada indiferente de la Gendarmería nacional y las fuerzas de seguridad nacionales, que comanda la ministra de Seguridad».
Y, finalmente, destacan «la nueva represión en Cushamen y la desaparición de Santiago Maldonado, donde las declaraciones de Bullrich desentendiéndose del paradero de Maldonado y defendiendo el accionar de las fuerzas de Gendarmería, se contraponen gravemente con las imágenes previas al momento de la represión, que evidencian la veracidad de los testimonios que vieron a Gendarmería llevándose a Santiago. Como si ello fuera poco, la ministra cometió un “error”, que le puede costar caro a esta investigación al dejar expuesta la identidad de Ariel Garzi, testigo protegido en el caso Maldonado, hasta ese momento. Esta resulta otra torpeza indigna de quien ostenta el máximo cargo de seguridad del país».
Agrega Soria que «la Sra. Patricia Bullrich ha intentado culpabilizar a la familia de Maldonado, al pueblo mapuche, ha dicho que Maldonado no estaba en el lugar, que Gendarmería no se lo llevó y que no reprimieron con violencia, también han negado que su teléfono celular haya sido activado, contradiciendo los dichos del testigo protegido que expuso. La Sra. Patricia Bullrich se ha rodeado de un sinnúmero de excusas pero la realidad es que aún no justificó el accionar de la Gendarmería, fuerza a su cargo, ni ha aportado soluciones concretas para la aparición con vida de Santiago Maldonado, que ya lleva 23 días desaparecido».
La diputada nacional evaluó que la ministra Bullrich «insiste en que no se trata de un caso de desaparición forzada de personas porque asumiéndolo estaría dejando en evidencia su propia negligencia al no haber apartado de modo inmediato a los jefes de las fuerzas de seguridad tal lo establece la convención internacional de personas desaparecidas, que imponen dos sencillas obligaciones: 1) apartar a los superiores a cargo del operativo (Gendarmería y su Jefe de Gabinete) y 2) no entorpecer la investigación (como lo hizo al exponer a un testigo clave y protegido)».
“Estos tres eventos no resultan aislados, la represión violenta y la desaparición forzada de personas en democracia constituyen un verdadero cáncer para la sociedad y comprometen la seguridad e integridad de todos los argentinos. Resulta macabro y realmente peligroso que la cartera de seguridad de la nación sea operada por una ministra negligente y connivente con el delito”, sintetiza el proyecto de Soria que es acompañado por la firma de los diputados Jorge Rubén Barreto (Entre Ríos), Ana Luz Carol (Tierra del Fuego) y Verónica Mercado (Catamarca).
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
Río Negro
GNL: Concluyó la descarga de caños en el puerto de San Antonio Este
«Cada avance confirma algo importante: Río Negro es clave en el futuro energético argentino», destacó el gobernador Weretilneck.
Terminó en el puerto de San Antonio Este la descarga de las 10.000 toneladas de caños de acero que arribaron hace días a bordo del buque Billion Star, con materiales clave para el gasoducto del proyecto GNL de Southern Energy. El gobernador Alberto Weretilneck destacó la novedad y adelantó que «con los materiales ya acopiados, se prepara el obrador y el inicio del traslado hacia los frentes de obra».
«Cada avance confirma algo importante: Río Negro es clave en el futuro energético argentino, con un Estado activo que acompaña inversiones estratégicas y genera oportunidades para nuestra gente», manifestó el mandatario.
El Billion Star, de 175,53 metros de eslora y 29,4 metros de manga, había arribado con unas 2.265 unidades de caños de acero de distintos diámetros, que conforman el primer cargamento crítico para la construcción del gasoducto dedicado al proyecto. Estos tubos serán clave tanto para los tramos terrestres como los segmentos submarinos del ducto que conectará la red troncal con las futuras unidades flotantes de licuefacción (FLNG) previstas en el marco del proyecto.
Operativo portuario: término y siguientes pasos
El operativo portuario se desarrolló conforme al cronograma previsto, con maniobras de izaje, manipulación especializada y acopio seguro de la carga. Concluida la descarga, los caños fueron depositados en el predio de la terminal portuaria de San Antonio Este, donde permanecerán almacenados en forma ordenada.
En las próximas semanas se llevará adelante la adecuación del sitio destinado al obrador, para luego organizar el traslado de los tubos desde el puerto hacia los frentes de obra. Fuentes del proyecto estiman que este traslado comenzará en aproximadamente un mes.
Qué representa este avance para la obra del gasoducto
La finalización de la descarga marca el cierre de la primera fase logística y da paso al armado del sistema de acopio, la logística terrestre y los preparativos para el tendido del ducto. Con ello, el proyecto de GNL ingresa en su fase visible de construcción luego de un largo período de planificación y gestiones administrativas.
San Antonio Este consolida así su rol como hub portuario estratégico para la infraestructura energética nacional, habilitando la logística necesaria para conectar la red de gas con las futuras plantas flotantes de licuefacción.
Sobre SESA
Southern Energy SA (SESA) es una compañía integrada por un consorcio de cinco grandes jugadores del sector energético: Pan American Energy (PAE) con el 30% de participación, YPF con el 25%, Pampa Energía con el 20%, Harbour Energy con el 15% y Golar LNG con el 10%.
Este esquema accionario combina productores de gas de Vaca Muerta, empresas con fuerte presencia en generación y trading energético, y un socio tecnológico especializado en infraestructura flotante de GNL, lo que le da al proyecto una base empresarial sólida y diversificada para competir en el mercado global.
