Río Negro
María Emilia Soria promueve juicio político contra la ministra Bullrich
La diputada nacional del FpV acusa a la ministra de Seguridad de Nación por «mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de la función pública».
La diputada nacional del Frente para la Victoria, María Emilia Soria, presentó ayer en el Congreso de la Nación un proyecto para promover el juicio político contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por «mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de la función pública», en relación a los casos de desaparición de Santiago Maldonado y de Lucas Muñoz, así como la «represión a integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof ubicada en el departamento de Cushamen, Chubut».
“Lamentablemente no puede decirse que la Sra. Bullrich haya desempeñado su cargo con la probidad y competencia que demanda ser la cabeza de la institución que tiene a cargo la seguridad de todo el país”, expresa el proyecto de Soria.
Los fundamentos no se basan en un solo hecho aislado, sino en 3 situaciones puntales como la desaparición de Lucas Muñoz ya que «a sabiendas de que la hipótesis más fuerte involucraba a la policía de la provincia de Río Negro, y aún habiendo solicitado su intervención inmediata en la búsqueda, el accionar de la ministra fue nulo».
Además, otro de los hechos que destaca el proyecto es «la brutal represión a integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof en resistencia, ubicada en el departamento de Cushamen, en Chubut, llevada a cabo de noche en enero de este año, sin ninguna orden judicial, disparando a mansalva se realizó bajo la mirada indiferente de la Gendarmería nacional y las fuerzas de seguridad nacionales, que comanda la ministra de Seguridad».
Y, finalmente, destacan «la nueva represión en Cushamen y la desaparición de Santiago Maldonado, donde las declaraciones de Bullrich desentendiéndose del paradero de Maldonado y defendiendo el accionar de las fuerzas de Gendarmería, se contraponen gravemente con las imágenes previas al momento de la represión, que evidencian la veracidad de los testimonios que vieron a Gendarmería llevándose a Santiago. Como si ello fuera poco, la ministra cometió un “error”, que le puede costar caro a esta investigación al dejar expuesta la identidad de Ariel Garzi, testigo protegido en el caso Maldonado, hasta ese momento. Esta resulta otra torpeza indigna de quien ostenta el máximo cargo de seguridad del país».
Agrega Soria que «la Sra. Patricia Bullrich ha intentado culpabilizar a la familia de Maldonado, al pueblo mapuche, ha dicho que Maldonado no estaba en el lugar, que Gendarmería no se lo llevó y que no reprimieron con violencia, también han negado que su teléfono celular haya sido activado, contradiciendo los dichos del testigo protegido que expuso. La Sra. Patricia Bullrich se ha rodeado de un sinnúmero de excusas pero la realidad es que aún no justificó el accionar de la Gendarmería, fuerza a su cargo, ni ha aportado soluciones concretas para la aparición con vida de Santiago Maldonado, que ya lleva 23 días desaparecido».
La diputada nacional evaluó que la ministra Bullrich «insiste en que no se trata de un caso de desaparición forzada de personas porque asumiéndolo estaría dejando en evidencia su propia negligencia al no haber apartado de modo inmediato a los jefes de las fuerzas de seguridad tal lo establece la convención internacional de personas desaparecidas, que imponen dos sencillas obligaciones: 1) apartar a los superiores a cargo del operativo (Gendarmería y su Jefe de Gabinete) y 2) no entorpecer la investigación (como lo hizo al exponer a un testigo clave y protegido)».
“Estos tres eventos no resultan aislados, la represión violenta y la desaparición forzada de personas en democracia constituyen un verdadero cáncer para la sociedad y comprometen la seguridad e integridad de todos los argentinos. Resulta macabro y realmente peligroso que la cartera de seguridad de la nación sea operada por una ministra negligente y connivente con el delito”, sintetiza el proyecto de Soria que es acompañado por la firma de los diputados Jorge Rubén Barreto (Entre Ríos), Ana Luz Carol (Tierra del Fuego) y Verónica Mercado (Catamarca).
Judiciales
Violencia económica: Un fallo impuso capacitación sobre masculinidades al progenitor y a su abogado
El hombre incumplió acuerdos de pago durante más de dos años y solo abonó una de las cuotas pactadas para saldar la deuda.
Una mujer de Cipolletti acordó en 2023 que el padre de su hijo le pagaría una cuota alimentaria equivalente al 30% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El convenio se firmó en el ámbito de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Desde el inicio, sin embargo, el cumplimiento fue parcial.
Con el tiempo, la situación se repitió. La mujer debió iniciar actuaciones judiciales para ejecutar el acuerdo. Denunció que el progenitor no pagaba de manera regular, pese a trabajar. Cada reclamo derivaba en una nueva intimación y, a continuación, en una nueva promesa de pago que tampoco se cumplía.
El padre se presentó en la causa y argumentó que atravesaba dificultades laborales y económicas. Dijo desconocer el monto exacto de la deuda y pidió que fuera la propia mujer quien calculara el monto. Ofreció pagar en cuotas y manifestó su «voluntad de pago». La jueza observó que la cuota se había pactado como un porcentaje del Salario Mínimo, un dato público y de fácil acceso, por lo que la cifra resultaba simple de determinar.
La mujer practicó la liquidación de lo adeudado entre 2023 y 2025. Sobre esa base, las partes alcanzaron un nuevo acuerdo de pago en cuotas. El progenitor volvió a incumplir: abonó solo una de las cuotas comprometidas.
Ante los reiterados incumplimientos, la mujer solicitó la inscripción del progenitor en el Registro de Deudores Alimentarios y la suspensión de su licencia de conducir. Él se opuso. Sostuvo que una propuesta laboral exigía conducir vehículos y que la suspensión del carnet frustraría esa posibilidad. La jueza compulsó los registros oficiales y verificó que el progenitor ya figuraba en una relación de dependencia que no había informado en el expediente.
La resolución analizó el caso con perspectiva de género. La jueza, titular de la Unidad Procesal Nº 11 de Cipolletti, señaló que el incumplimiento alimentario por parte del progenitor no conviviente constituye una forma de violencia económica hacia la madre. Recordó que la mujer cargó con el sostén cotidiano del hijo y, además, con la obligación de instar de manera permanente el cumplimiento de la prestación.
El fallo citó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 553 del Código Civil y Comercial, que habilita al juez a imponer medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia alimentaria.
La jueza dispuso la retención directa de la cuota alimentaria por parte de la empleadora del progenitor. Ordenó también que tanto el alimentante como su abogado patrocinante realizaran el Programa de Masculinidad y Violencia de la Subsecretaría de Articulación de Políticas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, cuyo objetivo es promover espacios de reflexión y responsabilización.
La resolución explicó por qué la medida formativa alcanzó también al letrado. La jueza sostuvo que evitar los hechos de violencia de género depende en gran medida de erradicar los patrones socioculturales que la perpetúan, y que por eso resulta esencial la formación en derechos humanos de las mujeres. Sobre esa base, advirtió que la defensa introdujo planteos que, bajo la forma del derecho de defensa, obstaculizaron el cumplimiento efectivo de la prestación e impusieron cargas adicionales a la madre. La magistrada citó a la autora Mariel Molina de Juan, quien advierte que la dificultad para detectar la violencia económica responde a la naturalización de patrones culturales instalados también entre los operadores del derecho. Con ese argumento, la jueza ubicó al abogado dentro de ese colectivo y entendió que la capacitación debía comprenderlo.
La obligación rige para ambos, con consecuencias distintas según el rol. El inicio del programa debe acreditarse en un plazo de treinta días. Si el alimentante incumple, el fallo prevé la aplicación de una multa, la suspensión del carnet de conducir o la intervención del fiscal por desobediencia judicial. Si incumple el letrado, la resolución dispone poner el hecho en conocimiento del Colegio de Abogados.
La resolución advirtió al progenitor que, ante un nuevo incumplimiento de la cuota, se dispondrá sin más la suspensión de su licencia de conducir. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios quedó supeditada al resultado de la ejecución de la deuda liquidada en la causa.
Deportes
Comenzaron los Juegos Rionegrinos 2026
Más de 18.000 estudiantes convencionales y con discapacidad de toda la provincia se disputarán en distintas disciplinas.
Iniciaron los Juegos Rionegrinos 2026 con las fases clasificatorias correspondientes a la etapa local con participación de hasta 68 localidades. En este marco, más de 18.000 estudiantes convencionales y con discapacidad de toda la provincia se disputarán en distintas disciplinas. Los juegos son organizados por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos junto a la Secretaría de Juventud, Cultura y Deporte.
En Viedma, el básquet 3×3 abrió la competición provincial durante la primera semana de junio. Con el correr del mes, se suman los municipios de Cipolletti, Río Colorado, General Roca, Allen, General Conesa, Luis Beltrán, y Bariloche, dando inicio al resto de los deportes.
Los jóvenes de entre 12 y 18 años, en representación de sus respectivos establecimientos educativos, compiten en handball, vóley, mini vóley, ringo, break dance, básquet 3×3, atletismo convencional y adaptado, y circuito de habilidades motoras para personas con discapacidad. La variedad de disciplinas en las que miles de estudiantes son partícipes desde cada punto del territorio provincial, integran educación y deporte en conjunto, con propuestas accesibles para todos, que promueven la competencia sana, la diversión, y el compañerismo.
La fase local comprende alrededor de dos mil equipos que buscan clasificarse a la segunda etapa del torneo, la fase zonal, a disputarse entre agosto y octubre, en donde se agruparán distintas regiones de Río Negro. Posteriormente, los clasificados de las zonales jugarán la tercera, y definitiva, fase del certamen: la gran final en San Carlos de Bariloche. Esta instancia se disputará del 16 al 19 de noviembre, abarcando una fiesta deportiva que reunirá a chicos y chicas de cada punto de la provincia.
Luego del éxito de los Juegos Rionegrinos 2025, el programa coordinado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y la Secretaría de Juventud, Cultura y Deporte, vuelve a impulsar el desarrollo humano y las habilidades deportivas, fomentando espacios de compañerismo en la que niños, niñas y adolescentes de más de 400 establecimientos educativos, se reúnen, juegan y participan en distintas disciplinas.
Policiales
La reparación de zona desfavorable ya llegó a casi 7.000 agentes policiales de Río Negro
Hasta el momento, el Estado provincial abonó un total de $14.886 millones.
El Gobierno de Río Negro sigue con el cumplimiento de la reparación extraordinaria por las liquidaciones del adicional de zona desfavorable del personal policial, una política que ya alcanzó a 6.976 agentes activos, retirados y pensionados en toda la provincia, con una inversión acumulada superior a los $27.000 millones.
En el caso de los policías activos que adhirieron voluntariamente al acuerdo de pago impulsado por la Provincia en el marco de la Ley 5715, el beneficio alcanzó a 3.416 agentes. Hasta el momento, el Estado provincial abonó un total de $14.886 millones.
La reparación destinada a agentes activos comenzó a abonarse en mayo de 2024 y, a la fecha, la Provincia ya completó la cancelación de 2.880 liquidaciones correspondientes a expedientes abiertos.
Por otra parte, en septiembre de 2025, por decisión del Gobernador Alberto Weretilneck, el reconocimiento de esta diferencia se extendió a policías retirados y pensionados, ampliando el alcance de una medida que reconoce la trayectoria y el servicio prestado por quienes dedicaron su vida al cuidado de las y los rionegrinos.
Desde entonces, la Provincia ya abonó $12.976, millones, alcanzando a 3560 agentes retirados y pensionados.
El esquema de pago para retirados y pensionados fue diseñado contemplando distintas situaciones etarias, con el objetivo de brindar respuestas acordes a cada realidad. En el caso de personas mayores de 80 años, el pago se realizó en una única cuota, priorizando a quienes requerían una respuesta más inmediata. Para el resto de los grupos, se establecieron planes de 3, 6, 9, 12 y 18 cuotas, según la edad de las personas beneficiarias.
En detalle, los planes se instrumentaron de la siguiente manera: en 3 cuotas para personas de entre 76 y 79 años; en 6 cuotas, entre 71 y 75 años; en 9 cuotas, entre 66 y 70 años; en 12 cuotas, entre 61 y 65 años; y en 18 cuotas, para personas de 60 años o menos.
