Río Negro
María Emilia Soria promueve juicio político contra la ministra Bullrich
La diputada nacional del FpV acusa a la ministra de Seguridad de Nación por «mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de la función pública».
La diputada nacional del Frente para la Victoria, María Emilia Soria, presentó ayer en el Congreso de la Nación un proyecto para promover el juicio político contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por «mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de la función pública», en relación a los casos de desaparición de Santiago Maldonado y de Lucas Muñoz, así como la «represión a integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof ubicada en el departamento de Cushamen, Chubut».
“Lamentablemente no puede decirse que la Sra. Bullrich haya desempeñado su cargo con la probidad y competencia que demanda ser la cabeza de la institución que tiene a cargo la seguridad de todo el país”, expresa el proyecto de Soria.
Los fundamentos no se basan en un solo hecho aislado, sino en 3 situaciones puntales como la desaparición de Lucas Muñoz ya que «a sabiendas de que la hipótesis más fuerte involucraba a la policía de la provincia de Río Negro, y aún habiendo solicitado su intervención inmediata en la búsqueda, el accionar de la ministra fue nulo».
Además, otro de los hechos que destaca el proyecto es «la brutal represión a integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof en resistencia, ubicada en el departamento de Cushamen, en Chubut, llevada a cabo de noche en enero de este año, sin ninguna orden judicial, disparando a mansalva se realizó bajo la mirada indiferente de la Gendarmería nacional y las fuerzas de seguridad nacionales, que comanda la ministra de Seguridad».
Y, finalmente, destacan «la nueva represión en Cushamen y la desaparición de Santiago Maldonado, donde las declaraciones de Bullrich desentendiéndose del paradero de Maldonado y defendiendo el accionar de las fuerzas de Gendarmería, se contraponen gravemente con las imágenes previas al momento de la represión, que evidencian la veracidad de los testimonios que vieron a Gendarmería llevándose a Santiago. Como si ello fuera poco, la ministra cometió un “error”, que le puede costar caro a esta investigación al dejar expuesta la identidad de Ariel Garzi, testigo protegido en el caso Maldonado, hasta ese momento. Esta resulta otra torpeza indigna de quien ostenta el máximo cargo de seguridad del país».
Agrega Soria que «la Sra. Patricia Bullrich ha intentado culpabilizar a la familia de Maldonado, al pueblo mapuche, ha dicho que Maldonado no estaba en el lugar, que Gendarmería no se lo llevó y que no reprimieron con violencia, también han negado que su teléfono celular haya sido activado, contradiciendo los dichos del testigo protegido que expuso. La Sra. Patricia Bullrich se ha rodeado de un sinnúmero de excusas pero la realidad es que aún no justificó el accionar de la Gendarmería, fuerza a su cargo, ni ha aportado soluciones concretas para la aparición con vida de Santiago Maldonado, que ya lleva 23 días desaparecido».
La diputada nacional evaluó que la ministra Bullrich «insiste en que no se trata de un caso de desaparición forzada de personas porque asumiéndolo estaría dejando en evidencia su propia negligencia al no haber apartado de modo inmediato a los jefes de las fuerzas de seguridad tal lo establece la convención internacional de personas desaparecidas, que imponen dos sencillas obligaciones: 1) apartar a los superiores a cargo del operativo (Gendarmería y su Jefe de Gabinete) y 2) no entorpecer la investigación (como lo hizo al exponer a un testigo clave y protegido)».
“Estos tres eventos no resultan aislados, la represión violenta y la desaparición forzada de personas en democracia constituyen un verdadero cáncer para la sociedad y comprometen la seguridad e integridad de todos los argentinos. Resulta macabro y realmente peligroso que la cartera de seguridad de la nación sea operada por una ministra negligente y connivente con el delito”, sintetiza el proyecto de Soria que es acompañado por la firma de los diputados Jorge Rubén Barreto (Entre Ríos), Ana Luz Carol (Tierra del Fuego) y Verónica Mercado (Catamarca).
Judiciales
Una demora administrativa dejó a un estudiante sin examen, pero la Justicia confirmó que había abonado en término
La universidad no registró a tiempo la cuota de junio y bloqueó el acceso a los exámenes. El juez de Paz determinó que el alumno cumplió con lo pactado y reconoció la relación de consumo educativa.
Un estudiante de abogacía de una universidad privada vivió una situación inesperada luego de abonar la cuota mensual prácticamente sobre el límite del segundo vencimiento. Aunque realizó el pago dentro del plazo permitido, la institución no lo registró a tiempo y el joven quedó imposibilitado de rendir los exámenes del cuatrimestre, dado que la habilitación para presentarse depende de tener todas las cuotas acreditadas.
Desde la universidad le informaron por correo electrónico que la habilitación del parcial se activaría recién «dos horas después de acreditado el pago», una demora administrativa que el alumno consideró determinante para su desempeño académico. A pesar de insistir con reclamos internos y participar de una instancia de mediación, no consiguió que la institución reconociera el pago en el momento oportuno.
Ante la falta de respuestas, decidió acudir al Juzgado de Paz de Allen, que intervino por tratarse de un conflicto encuadrado en una relación de consumo educativa. Tras la audiencia entre las partes, el juez determinó que la cuota correspondiente a junio de 2025 había sido pagada en tiempo y forma.
Para arribar a esa conclusión, el magistrado analizó principalmente la prueba documental aportada por ambas partes. Consideró innecesarias otras presentaciones y rechazó la testimonial ofrecida por la universidad al no estar debidamente justificada su pertinencia. Entre los elementos presentados por el estudiante se encontraba el recibo del pago efectuado el 30 de junio de 2025 en un centro autorizado, correspondiente al segundo vencimiento. Esa documentación acreditaba que el pago se realizó a través de los medios habilitados por la propia institución.
El expediente también incorporó correos electrónicos intercambiados entre las partes, en los cuales la universidad reconocía que la habilitación a los exámenes dependía de la acreditación del pago y que el sistema se actualizaba dentro de las dos horas siguientes. El joven informó haber realizado el pago durante esa misma jornada hábil, sin que la institución actualizara la información a tiempo.
Frente a esa evidencia, el juez sostuvo que el alumno cumplió con lo pactado y que su pago debía considerarse válido. En su resolución aplicó la Ley de Defensa del Consumidor y jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, ratificando la existencia de una relación de consumo en el ámbito educativo.
De todos modos, no se expidió sobre una eventual responsabilidad de la universidad en las demoras del sistema ni en los procesos internos de acreditación, ya que ese punto excedía el objeto de la acción. La institución, por su parte, argumentó que se trataba de una cuestión estrictamente académica. Finalmente, el juzgado dictó una acción meramente declarativa en favor del estudiante, cerrando el conflicto desde la normativa vigente en materia de defensa del consumidor.
Judiciales
Impidió el regreso de su hijo a Brasil para perjudicar a la madre: Fallo lo calificó como violencia vicaria y autorizó el retorno
La mujer había llegado a Bariloche junto a su hijo para pasar unos días con familiares.
Un hombre utilizó a su hijo menor de edad como herramienta para perjudicar a su ex pareja. Revocó un permiso de viaje con el único objetivo de impedir que la mujer y el niño pudieran volver a Brasil, donde están radicados desde hace más de un año. Una jueza de Familia de Bariloche determinó que el progenitor ejerció violencia vicaria e hizo lugar a una medida cautelar para que madre hijo puedan volver al país limítrofe.
La mujer había llegado a la ciudad cordillerana junto a su hijo para pasar unos días con familiares. El viaje era temporal. La vida del niño transcurre en el estado de Bahía, Brasil, junto a su madre y sus abuelos maternos. La casa, el trabajo, los controles médicos, todo está allá. Pero el regreso no fue posible. El padre, sin previo aviso, revocó la autorización de salida del país.
En el expediente judicial quedó claro que el hombre no tenía ninguna intención de revincularse con el niño. Tampoco inició un pedido de restitución internacional. Lo que hizo fue usar al hijo como una barrera para inmovilizar a la madre, dejarla sin ingresos y lejos de su entorno.
La magistrada interviniente fue terminante: revocar el permiso de viaje no fue un acto de interés paterno, sino una forma encubierta de agresión. «Violencia vicaria», definió. Esa figura se aplica cuando alguien ataca a otra persona valiéndose de alguien cercano. En este caso, la persona menor de edad. La magistrada sostuvo que impedir el regreso a Brasil fue una forma de continuar con la violencia previa, ahora dirigida a través del hijo.
La madre ya había sido víctima de violencia de género. Lo había denunciado en otro expediente, también en el fuero de Familia de Bariloche. Esa situación fue la que motivó su decisión de mudarse a otro país y construir un entorno más seguro para ella y el niño. La jueza recordó que incluso durante el embarazo la mujer fue agredida por su expareja.
El fallo tomó en cuenta que el niño tenía residencia migratoria legal en Brasil, atención médica, arraigo afectivo y social, y una vida consolidada. También que el padre no mostró interés en el menor de edad durante más de un año. En ese tiempo, no presentó ningún recurso ni hizo ningún intento por restablecer el vínculo. Por el contrario, eligió intervenir solo cuando pudo interferir en la vida de la madre.
Con el respaldo de la Defensora de Menores, la jueza interviniente autorizó el regreso inmediato del niño a Brasil como medida autosatisfactiva. Dispuso que Migraciones tome conocimiento para evitar trabas administrativas.
Río Negro
Río Negro registró altos niveles de ocupación el fin de semana largo
Una vez más, Bariloche lideró la demanda, con un 85% de ocupación.
Río Negro alcanzó elevados niveles de ocupación turística durante el fin de semana largo, con un movimiento sostenido tanto en la cordillera como en la costa atlántica.
Bariloche lideró la demanda con un 85% de ocupación, consolidándose una vez más como el destino más elegido por visitantes nacionales e internacionales. En la Comarca Andina, El Bolsón registró un 75%, acompañado por una importante afluencia vinculada a las actividades al aire libre y la oferta natural del área.
En la costa atlántica, Las Grutas, uno de los destinos más tradicionales del mar rionegrino, registró un 70% entre hotelería y departamentos. Viedma y El Cóndor completaron el panorama con un 50%.
En tanto, la ocupación hotelera de General Roca registró un promedio aproximado del 70%, considerando visitantes y grupos corporativos que optaron por la ciudad para Congresos y Encuentros.
Los niveles obtenidos reflejan el interés creciente por los atractivos turísticos de la provincia y la diversidad de propuestas disponibles para diferentes perfiles de visitantes.
«La Provincia continúa posicionándose como uno de los destinos más elegidos del país, ofreciendo naturaleza, gastronomía, actividades recreativas y servicios de calidad en cada una de sus regiones», destacaron desde el .
