Sociedad
Presentan un proyecto de ley para que no se detenga más a los ciudadanos por averiguación de antecedentes
Marcelo Mango y Carina Pita, ambos del FpV, son los autores de la iniciativa. «Se vulnera el principio de inocencia al convertir a todos los ciudadanos en sospechosos de registrar pedidos de captura u órdenes de detención», dicen.
Los legisladores rionegrinos del Frente para la Victoria, Marcelo Mango y Carina Pita, presentaron un nuevo proyecto de Ley que busca modificar la Ley Orgánica de la Policía de Río Negro. De esta manera, solicitan que «el inciso a) del Artículo 11 de la Ley Provincial N° 5.184 (…) quede redactado de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 5.020 -Código Procesal Penal- y la Organización de Naciones Unidas».
En este sentido, Mango explicó que «en la reforma que tuvo esta norma en el año 2016, a través de la Ley N° 5184, se cambió esta atribución eliminando la «averiguación de antecedentes y medios de vida» como motivo de detención sin intervención judicial y se impuso la «averiguación de identidad». Los autores de la reforma de la Ley Orgánica de la Policía eliminaron la atribución policial de averiguar antecedentes, cuestionada por inconstitucional por diversos jueces y organismos internacionales de derechos humanos, pero mantuvieron la averiguación de identidad argumentando que no se podía quitar herramientas preventivas a la Policía. En realidad lo que se pretende, sin admitirlo explícitamente, es mantener el control social en manos de la fuerza».
Asimismo, el legislador remarcó que «en la actualidad, por diversas causas y acciones, la detención de personas «en averiguación de identidad» pareciera estar en el camino de su derogación definitiva. (…) Por un lado, porque se viola el derecho a la libertad ambulatoria (…) Esta norma permite la privación de libertad sin que se haya cometido delito o contravención alguna».
Por otra parte, considera que «se vulnera el principio de inocencia al convertir a todos los ciudadanos en sospechosos de registrar pedidos de captura u órdenes de detención, habilitándose la conculcación de garantías constitucionales hasta tanto se demuestre lo contrario. Finalmente, porque las detenciones se concretan al margen de todo dispositivo legal: sin atención médica, sin poder avisar a un familiar o abogado los motivos de la privación de libertad y sin control de un juez durante las horas en que dura el encierro, lo que habilita la multiplicidad de abusos policiales durante ese lapso».
«Los pronunciamientos de funcionarios judiciales argentinos y de la Organización de Naciones Unidas, refuerzan los argumentos para avanzar en los cambios normativos que se proponen, entendiendo que se sigue utilizando la figura de averiguación de antecedentes, pero bajo el argumento de la detención por averiguación de identidad. Además de los cambios legislativos que se impulsan en este proyecto, el Poder Ejecutivo debe establecer los controles necesarios para su efectivo cumplimiento, ya que se debe modificar una práctica que tiene arraigo en lógicas de largo plazo de la institución y que se asientan en motivaciones y finalidades encarnadas en los integrantes de la agencia policial», concluyó finalmente Mango.
Roca
Extienden el corte de agua en la zona norte de Roca: Será hasta las 21 horas
La interrupción del servicio alcanza a barrios como Tiro Federal, Noroeste, Aeroclub y Barrio Nuevo.
La empresa Aguas Rionegrinas informó que debieron extender la interrupción del servicio de agua potable en la zona norte de General Roca y que la normalización comenzaría recién a partir de las 21 horas.
El corte del agua se debe a la reparación de una bomba de gran importancia ubicada en los filtros rápidos de la intersección de calles Maipú y Gelonch, un punto clave para la distribución del suministro en ese sector.
En un primer momento, estaba previsto que el servicio se restableciera desde las 16 horas, pero los trabajos demandaron más tiempo, por lo que se decidió extender la interrupción.
El área afectada comprende el sector ubicado al norte del Canal Principal de Riego y al oeste de calle Maipú, alcanzando a barrios como Nuevo, Tiro Federal, Noroeste y Aeroclub, entre otros.
Desde la empresa provincial recomendaron hacer un uso racional del recurso, cuidar las reservas domiciliarias y, en caso de no contar con tanque, almacenar agua en recipientes previamente lavados.
Para consultas, continúa habilitada la línea gratuita 0800-999-24827 y el WhatsApp 2920-402808.
Roca
Aguas Rionegrinas trabaja en una reparación y hay corte en la zona norte
El suministro comenzaría a normalizarse desde las 16 horas.
Vecinos de la zona norte de Roca se ven afectados este lunes (04/05) por un corte en el suministro de agua potable debido a trabajos que lleva adelante Aguas Rionegrinas.
La empresa explicó que se trata de la reparación de una bomba instalada en los filtros rápidos ubicados en Maipú y Gelonch, fundamentales para el abastecimiento del sector.
El corte alcanza a los barrios ubicados al norte del Canal Principal de Riego y al oeste de calle Maipú, incluyendo Nuevo, Tiro Federal, Noroeste y Aeroclub.
De acuerdo a lo informado, el servicio comenzará a normalizarse en forma paulatina desde las 16 horas, una vez finalizadas las tareas.
Mientras tanto, desde Aguas Rionegrinas solicitan a los usuarios hacer un uso responsable del agua disponible y resguardar las reservas domiciliarias. También se recomienda almacenar agua en recipientes limpios en caso de no contar con tanque.
Ante dudas o consultas, se puede llamar al 0800-999-24827 o comunicarse vía WhatsApp al 2920-402808.
Política
Cesantearon a 6 agentes y sancionaron a otros 36 por incumplimientos
Se registraron casos de abandono de servicio y conductas indebidas.
El Gobierno de Río Negro dispuso 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos tras las últimas reuniones de la Junta de Disciplina, en el marco de sumarios por incumplimientos graves dentro de la administración pública.
Según se informó oficialmente, «las sanciones son firmes y buscan garantizar el correcto funcionamiento del Estado, así como el uso adecuado de los recursos públicos».
Entre los principales motivos se encuentran casos de abandono de servicio, con agentes que se ausentaron de sus puestos durante períodos prolongados sin justificación, incluso tras ser intimados a retomar sus tareas.
También se detectaron situaciones que afectaron directamente la atención a la comunidad, como la ausencia de un trabajador encargado de otorgar turnos para tomografías en un hospital público, lo que impedía el acceso a estudios médicos de alta complejidad.
En la misma línea, se dictó la cesantía de un agente de salud por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, quien además abandonó su puesto dejando a personas internadas sin el cuidado correspondiente. También se aplicaron suspensiones sin goce de haberes por conductas inaceptables, como el uso de una ambulancia oficial para participar de una manifestación o presentarse a trabajar en estado de ebriedad y acosar a una compañera.
Cabe destacar que el sistema es progresivo: si un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, el estatuto prevé la aplicación de la cesantía.
Desde el inicio de la gestión en enero de 2024, se procesaron más de 1.200 expedientes disciplinarios, destrabando trámites que antes sufrían grandes demoras. Este ordenamiento integral resultó en un balance de 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones. También se dictaron 91 sobreseimientos y el archivo de 245 expedientes donde no se comprobaron faltas.
El control que realiza el Gobierno es transversal, más allá de que la mayor cantidad de sanciones se concentra en el Ministerio de Salud, debido a su gran densidad de empleados y a la sensibilidad crítica de servicios como guardias hospitalarias. Durante este año se aplicaron sanciones también en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), IPROSS, IPPV, Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación, entre otros.
«Este proceso es riguroso y transparente: las sanciones no son arbitrarias, sino el resultado de sumarios donde instructores especializados reúnen pruebas y garantizan el derecho a defensa. La decisión final recae en la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y los gremios ATE y UPCN», sostuvo la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra..
«Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen con orgullo y a los rionegrinos que sostienen el sistema con sus impuestos», afirmó Lastra.
