Río Negro
Weretilneck busca llegar a un acuerdo con Vidal por el Fondo del Conurbano a través del diálogo
El gobernador quiere evitar que sea la Justicia la que decida. «Si la Corte hiciera lugar a la medida cautelar pedida por la Provincia de Buenos Aires, Río Negro dejaría de percibir cerca de 1.800 millones por año», aseguró.
Se realizó hoy en Viedma la presentación de las acciones llevadas adelante por el gobierno provincial tras el reclamo judicial realizado por la Provincia de Buenos Aires con el objeto que se declare inconstitucional el tope de 650 millones de pesos, sobre el 10% del fondo establecido por la Ley de Impuesto a las Ganancias.
En la oportunidad, el gobernador Alberto Weretilneck, suscribió la contestación de la demanda que será presentada mañana ante la Corte Nacional. El encargado de poner en conocimiento público los términos de la demanda fue el fiscal de Estado, Julián Fernández Eguía.
“Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación hiciera lugar a la medida cautelar pedida por la Provincia de Buenos Aires, Río Negro dejaría de percibir cerca de 1.800 millones por año. Esto significa un mes de salarios, seis hospitales como los que construimos en Allen y Catriel o alrededor de 3.000 patrulleros. Sin dudas, un golpe a las finanzas del Estado provincial, casi imposible de superar por la Provincia”, explicó el gobernador.
Asimismo afirmó que “la relación de la Nación y las Provincias en la coparticipación y repartición de recursos no es un tema que deba resolverse en la Justicia, sino entre todos aquellos que tenemos responsabilidades públicas emanadas del voto de la gente. Por eso, queremos ser escuchados y que debatamos entre la Nación, las Provincias y el Congreso la solución a esto”.
En este sentido, Weretilneck destacó que “un país federal tiene que contener a todos en su esquema distributivo. A las provincias que producimos mucho y no dependemos de Nación, así como a las provincias que reciben más de lo que aportan”. Añadió: “No debemos olvidarnos de que las provincias son preexistentes a la Nación, por lo que siempre tenemos que tener en la relación bilateral la última palabra”.
“No se puede juzgar un régimen de coparticipación y distribución de fondos federales a partir de lo que una provincia produce. Las provincias centrales del país son lo que son, porque los patagónicos entregamos energía hidroeléctrica, gas y combustible. Por lo tanto, es absolutamente peligroso para la estabilidad institucional del país pretender que cada provincia se haga valer de un esquema egoísta de lo que debería recibir de un régimen de distribución federal”, resaltó.
Weretilneck concluyó con la postura de Río Negro, “más allá de la respuesta jurídica, nuestro planteo es político, y exigimos que la demanda de la Provincia de Buenos Aires tenga una solución política”.
Presidieron el acto junto al gobernador, los ministros de Gobierno, Luis Di Giácomo; y de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri; el secretario de Hacienda, Eduardo Luis Bacci y el legislador Alejandro Palmieri.
Demanda de la Provincia de Río Negro
El fiscal de Estado, Julián Fernández Eguía, explicó que la Provincia de Río Negro está contestando al reclamo que realizó la Provincia de Buenos Aires, sobre la eliminación del tope de $650 millones de pesos establecido en el 10% del Impuesto a las Ganancias.
“Subsidiariamente la Provincia de Buenos Aires plantea que si no se hace lugar al reclamo inicial de eliminación del tope de $650 millones, solicita que se planté la inconstitucionalidad de la eliminación de los incisos B y D que es ese mismo 10% y un 4% del fondo de infraestructura del que solicita ser partícipe. Hasta la fecha no participan porque legalmente se lo impiden”, manifestó Fernández Eguía.
Asimismo, expresó que “estas dos peticiones de la Provincia de Buenos Aires implican para Río Negro en la principal una pérdida de 1700 millones de pesos y la subsidiaria entre 400 y 500 millones de pesos”.
“Nuestra respuesta plantea que la Provincia de Buenos Aires está introduciendo en la Corte una cuestión que debería resolver el Estado Nacional y las provincias en una mesa de diálogo político, en base a que esto es una cuestión relacionada a la coparticipación que la Constitución Nacional se lo asigna al Congreso y a las provincias”, resaltó el Fiscal de Estado y agregó: “Hay que correr el eje de lo que es un inciso de una Ley de Ganancias, sentarse en una mesa y que cada uno pueda plantear las desigualdades que se fueron sucediendo y quiere resolver”.
Río Negro
Río Negro pagará aguinaldos el 19 y 20 de diciembre
Lo anunció el gobernador Weretilneck en sus redes sociales.
El Gobierno de Río Negro pagará el segundo medio aguinaldo del año los días 19 y 20 de diciembre. Lo anunció el gobernador Alberto Weretilneck en sus redes sociales, quien afirmó que la decisión apunta a acompañar a las familias y al comercio local.
Con un gran esfuerzo presupuestario, la Provincia cumple con el pago antes de fin de año, garantizando previsibilidad para todo el personal estatal y dando un fuerte impulso a la economía.
Detalle del cronograma
Viernes 19/12
- Salud Pública, guardias y horas extras de Salud
- Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial
Sábado 20/12
- Docentes y porteros
- Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios
- Poder Legislativo, Judicial y órganos de control
El gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de este compromiso cumplido que “es una noticia que queríamos darles no sólo a los empleados públicos, sino también al comercio y a todas las familias que estaban esperando este anuncio”.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
