Judiciales
Pasaron los alegatos en el caso de la banda del crudo
Es en el marco del juicio que se lleva adelante contra diez acusados de sustraer reiteradamente petróleo de un ducto de la empresa Oldelval ubicado a 6 km de Roca.
Ayer a la tarde la fiscal jefe Graciela Echegaray realizó sus alegatos en el juicio que se lleva adelante contra diez acusados de sustraer reiteradamente petróleo de un ducto de la empresa Oldelval ubicado a 6 km de Roca.
En dicha audiencia, Echegaray utilizó recursos audiovisuales para mostrar a la defensa y al Tribunal las pruebas con las que contó para llegar a las conclusiones expuestas. Es así que sostuvo que el inicio de dicha organización delictiva fue en octubre de 2011, con el contrato de comodato del lugar conocido como “Puesto Araño”, donde se construyó una pileta para almacenar el crudo robado a través de la pinchadura del ducto.
A través del entrecruzamiento de llamadas y mensajes de los teléfonos de los diez imputados realizado por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITEL) del Ministerio Público, la Fiscalía señaló que las comunicaciones aumentaban los días de extracción, también remarcó las relaciones entre ellos: “Se trata de una organización delictiva con mucha conexión familiar”, dijo Echegaray.
El art. 210 del Código Procesal Penal de asociación ilícita dice que “será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembros de esa asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión”. Por ello Echegaray señaló los roles de cada uno:
1.- José Luis Olivetto: cabecilla de la banda, encargado de realizar toda la logística externa e interna de la organización delictiva (Pena: 12 años).
2.- Oscar Daniel Araño: figura fundamental como eslabón de la cadena, puse a disposición su terreno, en el cual la empresa Oldelval posee una servidumbre de oleoducto que atraviesa su propiedad. Allí se hizo la conexión clandestina para la pinchadura del ducto, se realizó una dirramación por goteo a través de mangueras hacia la pileta construida para tal fin. (Pena: 9 años )
3.- Lisandro Manuel Álvarez: fue el responsable de trasladar el crudo hasta la refinería ubicada en Ramallo, provincia de Buenos Aires. (Pena: 8 años)
4.- Víctor Darío Olivetto: otro imputado encargado del trabajo de campo, carga y descarga de camiones como del trasporte de personal de Roca hacia el campo de Araño. (Pena: 5 años)
5.- Enrique Miguel Olivetto: era la persona que coordinaba el trabajo de campo comunicándose con todos los implicados las noches de “extracción”. (Pena: 5 años)
6.- Edgardo Miguel Olivetto: junto a Juan Alberto Muñoz fueron los encargados de cargas los camiones de petróleo y de hacer el “trabajo de campo”. (Pena: 4 años)
7.- Juan Alberto Muñoz: una de las personas que integró la organización delictiva, quien cumpliría tareas de observación en moto y carga del hidrocarburo junto a Víctor y Edgardo Olivetto. (Pena: 4 años)
8.- Javier Tomás Doleschan: es uno de los camioneros que transportó el crudo, fue detenido en uno de los procedimientos realizados en la investigación de la causa y el GPS de su vehículo arrojó el camino realizado con el hidrocarburo a la Petrolera DeGap.. (Pena: 7 años)
9.- Patricia Inés Valverde: Era la encargada adelante las tareas de administración de la casa de préstamos “CrediPatrik”, estas tareas comprendían cobranzas diarias. (Pena de 5 años)
10.- Alejandro Valverde: es hermano de Patricia, se dedicaba a la venta y arreglo de automóviles y llegó a juicio por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. (Pena: 3 años).
Al finalizar sus alegatos, la Fiscal Jefe solicitó que una vez resueltas las actuaciones se remitan a la fiscalía correspondiente para que se continúen las investigaciones en torno a Gastón Alvarez (prófugo), Oscar Daniel Araño y Alejandro Valverde. Además pidió que se envíe a la justicia de Ramallo, provincia de Buenos Aires, un oficio con las copias de la causa para que se investigue lo relativo al crudo cuyo destino final fue la Petrolera DeGap.
Finalmente, solicitó la inmediata detención de José Luis Olivetto, el jefe de la organización delictiva, por los riesgos procesales de fuga, ya que pesa sobre él una grave acusación y un alto índice de culpabilidad. Además “tiene dinero suficiente como para evadir la sentencia en caso de que la misma sea condenatoria”.
Judiciales
Compró un iPhone, lo envió por encomienda y llegó la caja vacía: La Justicia condenó a la empresa transportista
El destinatario, un vecino de Roca, recibió el paquete abierto y sin el teléfono. La firma no respondió el reclamo.
Lo que debía ser un simple envío terminó convertido en un conflicto judicial. Un hombre de General Roca había comprado un iPhone 14 Pro Max nuevo para regalárselo a una amiga y, como en ocasiones anteriores, optó por enviarlo mediante un servicio de encomiendas desde la terminal local. Sin embargo, esta vez el paquete no llegó como debía.
Cuando la destinataria se acercó a retirar la encomienda, encontró la caja abierta y sin el dispositivo en su interior. Sorprendida, realizó el reclamo en el momento, pero la empresa de transporte no le ofreció ninguna respuesta.
Frente a la falta de soluciones, el comprador decidió iniciar una demanda por daños y perjuicios. En su presentación sostuvo que la firma incumplió el contrato de consumo al no garantizar la entrega en condiciones adecuadas. Tras analizar el caso, el fuero Civil de Roca le dio la razón y ordenó a la firma transportista indemnizarlo.
En el fallo, el juez remarcó que las relaciones de consumo deben interpretarse bajo el principio de protección al consumidor, que exige buena fe contractual, información clara sobre los servicios y cumplimiento estricto de las obligaciones asumidas. La empresa, además, no contestó la demanda y quedó en rebeldía, lo que permitió dar por acreditados los hechos tal como fueron relatados por el afectado.
El testimonio de la mujer que retiró el paquete fue clave: confirmó que el envío estaba correctamente embalado, describió la apertura visible de la caja al momento de recibirla y detalló la falta de respuesta de la firma ante sus reclamos. También mencionó que ya había usado el servicio en otras oportunidades sin problemas.
Finalmente, el juez concluyó que la empresa incumplió sus obligaciones contractuales y vulneró los derechos previstos en la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial. Recordó que en estos casos rige un régimen de responsabilidad objetiva para el proveedor, quien debe garantizar que la mercadería llegue en las condiciones pactadas.
Judiciales
Detectaron faltantes en la bóveda de un casino y confirmaron el despido
Las cámaras de videovigilancia registraron ingresos no autorizados a la bóveda, movimientos que obstruyeron la visión de los dispositivos de seguridad y manipulación indebida de contenedores con recaudaciones
Una trabajadora del casino Crown de Cipolletti fue despedida luego de que una auditoría interna detectara maniobras irregulares en el manejo de dinero. Las cámaras de videovigilancia registraron ingresos no autorizados a la bóveda, movimientos que obstruyeron la visión de los dispositivos de seguridad y manipulación indebida de contenedores con recaudaciones. La Cámara del Trabajo de Cipolletti confirmó la validez del despido con causa dispuesto por la empresa.
La persona se desempeñaba en el área de Tesorería del casino y contaba con acceso directo a los sistemas de resguardo de valores. Según el fallo, durante varias jornadas se detectaron diferencias entre los montos informados como recaudación en mesas de juego y los valores efectivamente encontrados al realizar el conteo. Las grabaciones mostraron una secuencia reiterada de ingresos en soledad a la bóveda, manipulación de drop box sin autorización y acciones contrarias a los protocolos internos.
Al momento de retirarse del establecimiento, la trabajadora fue interceptada por personal de seguridad. En presencia de un escribano se constató que llevaba consigo una suma importante de dinero, sin haberla declarado previamente al ingresar, tal como lo exigían las normas internas de la empresa. La empleadora consideró que estos hechos configuraron una violación de los deberes de buena fe, diligencia y lealtad, y notificó el despido con causa mediante acta notarial.
Durante el proceso judicial, testigos del área de vigilancia, seguridad y administración relataron que las diferencias de dinero sólo se produjeron cuando la trabajadora cumplía turno en el área. También indicaron que no existía ninguna necesidad operativa para los movimientos que realizaba dentro de la bóveda, y que el comportamiento registrado en las cámaras se repitió durante varias jornadas consecutivas.
El voto mayoritario del fallo destacó que la empleadora actuó de manera inmediata al constatar las irregularidades y que comunicó la decisión en forma clara y fundada. El tribunal valoró la prueba testimonial, documental y técnica, y concluyó que la conducta de la trabajadora resultó incompatible con las funciones que desempeñaba y con los niveles de confianza que exige el manejo de fondos.
Con esos fundamentos, la Cámara del Trabajo resolvió rechazar la demanda iniciada por la trabajadora y confirmó la legalidad del despido con causa comunicado por el casino Crown.
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Acuerdo Institucional: Ricardo Apcarian presidirá el Superior Tribunal desde febrero
El magistrado ya había ocupado la Presidencia del máximo órgano judicial provincial en 2021.
El Superior Tribunal de Justicia se reunió en Acuerdo Institucional y designó autoridades para el año judicial que comenzará el 1 de febrero de 2026. El juez Ricardo Apcarian presidirá el máximo órgano judicial provincial, según quedó estipulado en la Acordada 33/2025.
La Ley Orgánica establece que «la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia será ejercida anualmente por el juez o la jueza que el mismo Cuerpo designe en la primera quincena de diciembre de cada año. En la misma oportunidad se establecerá el orden en que sus integrantes reemplazarán la Presidencia en caso de ausencia u otro impedimento».
En cuanto al orden de subrogancias en la presidencia se dispuso en primer término al vocal Sergio Barotto, en segundo a Liliana Piccinini, luego Sergio Ceci y por último a la actual presidenta, Cecilia Criado.
También se dispusieron los jueces y juezas delegadas en cada circunscripción. Se mantienen en la Primera Liliana Piccinini, en la Segunda Sergio Barotto. Sergio Ceci estará a cargo de la Cuarta y la Tercera Circunscripción tendrá como jueza delegada a Cecilia Criado.
La resolución también asigna las representaciones institucionales para el período. En el Foro Patagónico de Superiores Tribunales participarán Sergio Barotto y Sergio Ceci. La Presidencia del Superior Tribunal representará al Poder Judicial ante la Junta Federal de Cortes y ante el Foro Federal de los Consejos de la Magistratura, además de ejercer la representación ante la Justicia de Paz, el Centro de Documentación Jurídica y la Oficina de Derechos Humanos y Género.
Por su parte, Barotto encabezará la Escuela de Capacitación Judicial, mientras que Apcarian hará lo propio en el Comité de Informatización.
