Judiciales
Inicia el juicio a un sacedorte del Alto Valle acusado de abuso sexual
Será este viernes en la Ciudad Judicial de Roca. La Diócesis pidió perdón y manifestó «dolor y vergüenza» por los hechos denunciados.

Luego de conocerse públicamente el inicio de un juicio el próximo viernes por supuesto abuso sexual, que involucra a un sacerdote de la región, la Diócesis del Alto Valle emitió un comunicado de prensa pidiendo perdón por lo sucedido. Asimismo, manifestaron «nuestra solidaridad con el dolor de quien denunciara las acciones y su familia, y nuestra disponibilidad cercana en todo cuanto pudiera aliviar el mismo».
La información fue publicada esta mañana por la Agencia de Noticias Roca, ya que hasta el momento no se tenía conocimiento de los hechos, los cuales habrían ocurrido entre 2010 y 2011 en Allen. No obstante, recién la denuncia la radicó la familia del niño involucrado -que en ese momento tenía 14 años-, en 2014.
La causa está caratulada como “abuso sexual con acceso carnal por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. Y agravado por ser un ministro de culto”. En caso de que la Justicia lo considera culpable, el sacerdote podría purgar una pena que va desde los 8 a los 20 años de cárcel. El acusado, que al momento del hecho tenía 30 años, se encuentra en libertad, a la espera de concretarse el proceso.
En este sentido, el Obispo diocesano, Mons. Marcelo Alejandro Cuenca; junto con los Obispos eméritos, Mons. José Pedro Pozzi sdb y Mons. Néstor Hugo Navarro, y el Presbiterio diocesano expresaron a través de un documento afirmando que «el Presbítero juzgado es miembro de nuestro Presbiterio diocesano desde el 16 de octubre de 2000; y ha ejercido su ministerio, en diversos destinos, sin observaciones por parte de los fieles hasta mayo de 2011, fecha a la cual se desempeñaba como Canciller en la Curia diocesana y Párroco en Allen».
Añadieron asimismo que «desde septiembre de 2013, se encuentra privado de todo oficio eclesiástico y suspendido del ejercicio público del ministerio como consecuencia de la conclusión de un proceso administrativo penal canónico; realizado en la Diócesis, por mandato de la Santa Sede, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Durante este tiempo ha residido, con las restricciones anteriores y otras que se le impusieran, en los lugares donde el Obispo diocesano ha determinado conforme a la caridad debida a un hermano Sacerdote, a pesar de sus pecados y/o delitos, y la prudencia aconsejada por aquellos profesionales del derecho y la salud a los que se recurrió, junto con el debido acompañamiento profesional y espiritual», agregaron desde el Obispado del Alto Valle.
«En el mes de octubre de 2014 fuimos anoticiados informalmente de una denuncia penal en su contra ante la justicia provincial. Teniendo este Obispado, en la persona de su Diocesano, una actitud de plena colaboración en la investigación llevada a cabo por la justicia provincial, actitud que seguirá manteniendo hasta el final del juicio que se inicia ahora», informaron.
«Habiendo culminado la etapa de instrucción, se procedió al dictado del auto de procesamiento, y el fiscal solicitó la elevación a juicio. Las audiencias de debate, donde se analizarán las pruebas y pericias realizadas, llevarán a que la Cámara Tercera del Crimen delibere y dicte sentencia condenatoria o absolutoria por el delito en cuestión», sostuvieron.
«Porque la justicia repara el daño, pero no sana las heridas, deseamos expresar «nuestro dolor y vergüenza por los hechos denunciados y a juzgar; nuestra solidaridad con el dolor de quien denunciara las acciones y su familia, y nuestra disponibilidad cercana en todo cuanto pudiera aliviar el mismo», manifestaron.
Agregan que «expresamos nuestro humilde pedido de perdón a ellos, y a todos aquellos varones y mujeres que vuelven a escandalizarse, pudiendo llegar a dudar en su fe, por el pecado de quienes estamos convocados a cuidarlos y animarlos en el camino del seguimiento fiel de Jesucristo; y nuestro compromiso para velar que situaciones como esta no se presenten en el seno de nuestra Iglesia local».
Finalmente, «rogamos a todos orar unos por otros por el perdón de nuestras faltas, y para que el Espíritu nos conceda, por la intercesión de nuestra Madre la siempre Virgen María, una Iglesia que “sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza” (Plegaria eucarística)».
Judiciales
Comenzó el juicio contra cuatro policías acusados de torturar a dos adolescentes en Alta Barda
El juicio se extenderá durante cinco jornadas más y contará con la declaración de más de 30 testigos.

Comenzó el debate oral por el hecho que investiga una serie de acciones que cuatro policías habrían cometido contra dos adolescentes en junio de 2024, en el playón deportivo del barrio Alta Barda de General Roca.
El Tribunal Colegiado comenzó a escuchar a los primeros testigos propuestos por el Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta que la pretensión punitiva supera los 3 años de prisión.
Durante la primera jornada declararon la madre de uno de los jóvenes, la hermana de ella y dos enfermeras del servicio de emergencias.
El debate continuará durante cinco jornadas más. Para este miércoles (19/08) está prevista, entre otras medidas probatorias, la reproducción de las Cámaras Gesell.
Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 15 de junio de 2024, entre las 2.05 y las 4.30, cuando los cuatro imputados, que se movilizaban en un móvil policial tipo pick up y prestaban funciones en la Comisaría 47° de J.J. Gómez, llegaron al playón deportivo del barrio Alta Barda.
La acusación sostiene que uno de los policías habría efectuado disparos al aire para dispersar a quienes se encontraban en el lugar y que, posteriormente, tras identificar a los dos adolescentes, los habría hecho subir al móvil frente a sus tres compañeros.
De acuerdo con el relato fiscal, una de las policías conducía, otra se encontraba en la cajuela y el restante ocupaba el asiento trasero junto a los adolescentes.
La acusación plantea que los jóvenes fueron trasladados a un descampado y que allí uno de los policías habría golpeado a ambos. Según la Fiscalía, las dos mujeres policías le pedían que detuviera su accionar, mientras el otro hombre observaba.
Siempre según la acusación, posteriormente el mismo efectivo les habría ordenado correr y efectuado nuevas detonaciones hacia los pies de los adolescentes. Uno de ellos habría sufrido una herida en el muslo izquierdo producto del impacto de un perdigón.
La Fiscalía también sostuvo que el policía habría amenazado a los jóvenes mientras tenía un arma cargada y que finalmente ambos lograron escapar hacia la zona de las sierras, donde permanecieron ocultos.
La calificación legal es torturas en concurso ideal con lesiones leves calificadas por el carácter de funcionario policial, privación ilegal de la libertad con abuso de función y amenazas con arma. Uno de los policías respondería como autor, mientras que los otros tres lo harían en carácter de partícipes necesarios.
Las defensas, en tanto, cuestionaron tanto la teoría de la fiscalía como la calificación legal. El defensor penal público Juan Pablo Chirinos sostuvo que su asistido reconoció el hecho, aunque no en el grado ni con la participación que plantea la acusación, y afirmó que para esa parte no existió tortura.
Por su parte, Flavia Rojas planteó que la defensa discutirá la teoría fiscal a partir de la desigualdad existente en la fuerza policial entre hombres y mujeres y su impacto en la labor de su asistida.
El juicio está previsto durante toda esta semana, desde las 8.30, en los Tribunales de General Roca.
Judiciales
Identificaron al joven que fue asesinado a tiros en la zona oeste de Roca
La investigación busca determinar cómo ocurrió el crimen, identificar a los responsables y localizar las armas que habrían sido utilizadas.

Un joven de 19 años fue asesinado durante la noche del jueves (14/08) en la zona oeste de General Roca, luego de recibir múltiples disparos de arma de fuego. La víctima fue identificada como Diego Nicolás Gutierrez, quien murió como consecuencia de las heridas provocadas durante el ataque.
El hecho ocurrió dentro de la jurisdicción de la Comisaría 47° y es investigado por el Ministerio Público Fiscal, bajo la coordinación de la fiscal Verónica Villarruel.
En la escena trabajaron integrantes de la Fiscalía de Turno, el Gabinete de Criminalística, la Unidad Operativa del Ministerio Público, la Policía de Río Negro y la Brigada de Investigaciones.
El cuerpo del joven fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca, donde profesionales médicos realizarán la autopsia para determinar con precisión la causa y las circunstancias del fallecimiento.
Mientras tanto, los investigadores continúan con distintas diligencias para reconstruir lo ocurrido, identificar a los responsables del homicidio y avanzar en la búsqueda de las armas utilizadas en el ataque.
Judiciales
Acusan a un hombre de enviar mensajes y audios sexuales a una adolescente
La Fiscalía sostuvo que el imputado contactó a la víctima entre julio y agosto de 2025 y le envió mensajes y audios de contenido sexual, sabiendo que era menor de edad.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por el delito de acoso sexual infantil, en una causa en la que se investiga el contacto que habría mantenido con una adolescente a través de WhatsApp y el envío de mensajes y audios de contenido sexual.
La audiencia se realizó este viernes (14/08) en el Foro Penal de General Roca. La fiscal adjunta Daniela Espinoza Sagredo detalló que los hechos investigados ocurrieron entre julio y agosto de 2025.
Según la acusación, el hombre se comunicó con la adolescente mediante WhatsApp y le envió mensajes y audios de contenido sexual, a sabiendas de que se trataba de una menor de edad. La calificación legal propuesta es acoso sexual infantil en carácter de autor.
La investigación comenzó luego de que la madre de la joven escuchara a su hija hablar por teléfono con una persona desconocida, a quien le brindaba información sobre sus rutinas y horarios. Ante esta situación, la mujer realizó la denuncia penal que dio inicio a las actuaciones judiciales.
Como principal evidencia, la Fiscalía presentó un informe técnico de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones. El análisis de los teléfonos del imputado y de la víctima permitió identificar más de 1.000 páginas de registros, conversaciones y archivos de audio que sustentan la acusación.
El legajo también incorpora el acta del allanamiento realizado en la vivienda del imputado, en Cipolletti, y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. Este último documento explicó las razones técnicas por las cuales no fue posible realizar una entrevista en Cámara Gesell a la adolescente. Además, se anexó como prueba el Certificado Único de Discapacidad de la menor.
Durante la audiencia, la defensa del acusado, a cargo del abogado Pablo Barrionuevo, no presentó objeciones formales a la imputación, aunque señaló que discutirá la interpretación que la Fiscalía realiza de los mensajes. El imputado, por su parte, hizo uso de su derecho constitucional y optó por no declarar.
Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Gustavo Quelín dio por iniciada la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.
¿Qué es el grooming?
El grooming es una forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, mediante la cual una persona adulta establece contacto con fines sexuales a través de medios tecnológicos, utilizando estrategias de engaño, manipulación y sometimiento emocional.
En Argentina, el delito de grooming está tipificado en el artículo 131 del Código Penal y contempla una pena de prisión de seis meses a cuatro años.





