Después de dos décadas de una relación marcada por violencia física, psicológica y económica, una mujer tuvo que abandonar su propia casa. Es madre de tres hijos y posee una discapacidad auditiva. La vivienda en la que residía con su pareja se les adjudicó, en parte, debido a su situación de discapacidad.

Durante mucho tiempo pagó el alquiler de una habitación y un baño con su pensión, mientras su expareja ocupaba la vivienda que ella misma abonaba todos los meses ante el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV). A pesar de su situación de vulnerabilidad, la mujer priorizó el pago de todas las cuotas.

Mientras buscaba un lugar digno para vivir, el hombre que la agredió permanecía en el hogar familiar sin pagar impuestos, servicios ni la compensación económica que se había ordenado en una etapa anterior. Al hombre se le atribuyó el uso de la vivienda durante un año, con la obligación de pagar un alquiler, pero nunca cumplió.

Ante la falta de acuerdo y tras la finalización de una mediación, la mujer promovió una demanda para lograr la división y liquidación del inmueble. Sin embargo, ese proceso no prosperó y volvió a solicitar la atribución de la vivienda. Indicó que los hijos ya eran mayores de edad y que el hombre continuaba ocupando la casa sin autorización vigente ni pago del canon.

La sentencia hizo lugar a la medida cautelar y atribuyó el uso del inmueble a la mujer, con un plazo para que el hombre lo desocupara. La decisión también fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. Ante el incumplimiento, se ordenó el desalojo y se entregó la posesión del inmueble.

Finalmente, el fuero de Familia de Roca resolvió que el inmueble corresponde en un cien por ciento a la mujer. También ordena que el organismo de vivienda registre la propiedad de forma exclusiva a su nombre.

El fallo consideró acreditado que la vivienda se adjudicó a ambos durante la convivencia, pero que la totalidad de las cuotas y la cancelación final del crédito fueron pagadas por la mujer, en especial después de la separación. El hombre no presentó pruebas que demostraran aportes económicos al pago de la vivienda ni de impuestos o servicios. También se valoró su conducta procesal pasiva y el hecho de que ocupó el inmueble durante años sin pagar canon locativo ni contribuir a los gastos.

La jueza también evaluó la situación personal de la mujer, quien posee discapacidad auditiva. En ese contexto, consideró aplicables los principios constitucionales y convencionales sobre la protección de las personas con discapacidad y su derecho a una vivienda adecuada.

A partir de la prueba producida, el fuero de Familia concluyó que no se acreditó un esfuerzo económico común en la adquisición del inmueble y que la mujer asumió de forma exclusiva el pago de la vivienda y la cancelación del crédito. En consecuencia, resolvió hacer lugar a la demanda. La jueza también ordenó comunicar la decisión al IPPV para su registración.

Un hombre fue detenido por personal policial de la Comisaría 31° luego de protagonizar el robo de un teléfono celular perteneciente a un cabo de la Policía de Río Negro que se encontraba de licencia.

El episodio se registró en el barrio 500 Viviendas, donde efectivos realizaban recorridas preventivas a pie. En ese momento observaron a un grupo de personas ingresar a uno de los núcleos del sector.

Tras una consulta con el Centro de Emergencias 911, los uniformados procedieron a identificar a varios adultos y a un menor. En medio del procedimiento, uno de los hombres interceptó al efectivo policial y, tras un breve forcejeo, le sustrajo el teléfono celular antes de escapar corriendo.

La situación fue rápidamente advertida por los policías, que iniciaron un rastrillaje en las inmediaciones. Minutos después, en la esquina de Guatemala y Mendoza, lograron recuperar el dispositivo y encontraron al sospechoso tendido en el suelo con lesiones visibles en el rostro.

El hombre fue resguardado por el personal policial y trasladado a la unidad. La Fiscalía en turno dispuso iniciar actuaciones judiciales por el delito de robo.

Efectivos dependientes de la Unidad Regional Segunda de la Policía de Río Negro, llevan adelante operativos de prevención y seguridad en distintos puntos estratégicos de General Roca, especialmente en puentes e ingresos a la ciudad.

Los procedimientos tienen como objetivo reforzar la seguridad y controlar la circulación vehicular y peatonal. En ese marco, el personal policial realiza identificación de personas e inspección de vehículos para detectar posibles irregularidades.

Entre las tareas que se desarrollan se encuentran controles de documentación obligatoria, verificación de vehículos sin dominio visible y revisión de autopartes con el fin de prevenir adulteraciones o posibles ilícitos.

De los operativos participan de manera coordinada efectivos de la Comisaría 3°, Comisaría 21°, Comisaría 31°, Comisaría 48° y el Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca, quienes trabajan en conjunto para garantizar el orden y reforzar la presencia policial en las calles.

Estas acciones forman parte de un plan integral de prevención del delito que se desarrolla en distintos sectores de la ciudad y que continuará durante los próximos días.