Judiciales
Finalizó en Roca el primer juicio oral y público con el nuevo Código Procesal Penal
Con los alegatos de clausura, terminó el primer juicio oral y público realizado en Roca bajo las pautas del nuevo Código Procesal Penal.
El veredicto del Tribunal de Juicio, con la explicación básica de la decisión judicial, se conocerá este viernes 13 de octubre a las 12, en tanto que la lectura de la sentencia completa se realizará dentro de los cinco días posteriores. Tal como indica el nuevo Código, en caso de que el imputado sea declarado culpable se deberá realizar rápidamente un segundo juicio, esta vez para definir el monto de la pena que corresponda aplicar.
Se trata de la investigación de una tentativa de robo calificado del cual resultaron víctimas un matrimonio y sus tres hijos menores de edad, además de un empleado de la familia. El robo ocurrió en la zona de chacras de Roca el pasado 6 de julio. A finales de ese mes, durante un allanamiento, el imputado fue detenido en el marco de la investigación policial de varios hechos. El caso se rigió con las normas del nuevo Código Procesal a partir de la audiencia de control de acusación, por lo que desde entonces todas las instancias se analizaron en audiencias orales y públicas videogabadas y sin expediente de papel.
La acusación estuvo a cargo de la fiscal Silvana García, quien pidió en su alegato un veredicto condenatorio, mientras que la defensa correspondió al abogado particular Mariano Gabriel Baraldi, quien solicitó la declaración de inocencia.
El Tribunal de Juicio que deberá dictar el veredicto está integrado por los jueces del Foro María Evelina García Balduini, quien presidió el Tribunal, y sus pares Oscar Gatti y Alejandro Pellizzon. La primera audiencia se realizó el viernes 6 de octubre; la segunda el lunes 9 y los alegatos de clausura se expusieron este martes.
Como indica el nuevo procedimiento, en el inicio del debate la Fiscalía expuso su alegato de apertura, presentando el caso al Tribunal y anticipando su prueba y sus expectativas con respecto al juicio. Luego fue el turno del alegato inicial de la defensa, que propugnó la inocencia del imputado, y así se dio paso a la instancia de examen y contraexamen de los primeros cuatro testigos, todos ellos víctimas directas del hecho investigado. Sus relatos fueron respaldados con mapas y fotografías, reproducidos en una pantalla que se expuso ante el Tribunal y el público.
En la segunda jornada fueron examinados otros cuatro testigos y además el Tribunal desestimó un planteo de nulidad que había formulado la Defensa en la primera audiencia. Finalmente hoy declaró el último testigo, el acusado brindó declaración indagatoria declarándose inocente y se expusieron los alegatos de clausura del debate.
El hecho
De acuerdo con la acusación, el intento de robo ocurrió alrededor de las 22:45 en la vivienda de las víctimas. La mujer, los tres hijos y el sereno de la chacra se encontraban en la cocina, mientras que el marido descansaba en una habitación. Cuando la mujer salió al patio trasero a sacar la basura, junto con el sereno y uno de los niños, dos sujetos que portaban armas de fuego -uno de los cuales habría sido el imputado Francisco Daniel Reyes, actualmente detenido- saltaron el cerco perimetral y los apuntaron con las armas. La mujer pudo ingresar rápidamente a la casa con el niño, trabó la puerta y alertó al esposo, mientras resguardaba a los dos hijos menores en un baño.
Uno de los autores, presuntamente Reyes, logró entrar a la vivienda tras romper la puerta de una patada. Una vez en la cocina apuntó con el arma a la hija mayor de la familia y en ese instante intervino el padre, quien se abalanzó sobre el agresor, iniciándose un forcejeo. En ese contexto, la mujer logró tomar un palo con el que golpeó al desconocido.
Efectuando al menos dos disparos, el otro sujeto también ingresó a la vivienda y finalmente ambos huyeron por una puerta trasera, realizando más disparos para no ser perseguidos.
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Favoreció solo a un hijo en la herencia: Ordenan compensar al resto de los hermanos
Un padre cedió un predio a un sólo heredero y dejó afuera al resto.
Todo empezó mucho antes del expediente judicial. Empezó en un predio fiscal de Fernández Oro, en una porción de tierra ocupada por una familia desde comienzos de la década del setenta. Allí se levantaron construcciones, se hicieron cerramientos, se abrió una perforación para extraer agua y se plantaron árboles. Durante años, ese espacio funcionó como lugar de vivienda y de trabajo para varios integrantes del grupo familiar.
Con el paso del tiempo, esa historia común tomó otro rumbo. En 1996, el padre de la familia firmó una cesión gratuita a favor de uno de sus hijos. El trámite se hizo dentro de un expediente administrativo de la Dirección de Tierras de Río Negro. No se trató de una escritura sobre el dominio del inmueble, porque la tierra seguía bajo órbita provincial. Pero sí incluyó algo con valor concreto: la posición de permisionario y, sobre todo, las mejoras y adelantos existentes en el lugar.
Años después, tras la muerte del padre, esa decisión volvió al centro de la escena. Tres coherederos acudieron al Poder Judicial con un planteo preciso. Sostuvieron que aquella cesión benefició a un solo heredero y dejó afuera al resto en el reparto de un patrimonio que, según afirmaron, no contaba con otros bienes de peso. El reclamo apuntó a que esa ventaja patrimonial ingresara al cálculo de la sucesión.
Del otro lado, el heredero demandado sostuvo una posición distinta. Señaló que el terreno nunca perteneció al padre como dueño, porque se trataba de tierras fiscales. En esa línea, afirmó que nadie podía heredar una propiedad que nunca integró el patrimonio en calidad de dominio. También defendió la validez de la cesión administrativa que lo colocó como ocupante reconocido del predio.
El caso llegó a sentencia en el fuero Civil de Cipolletti. El Juzgado reconstruyó la historia, revisó el expediente administrativo y analizó cuál era la naturaleza de lo transferido. La respuesta no pasó por la propiedad del suelo, sino por el valor patrimonial de lo cedido. La resolución indicó que, aunque el muerto no era titular del dominio, sí transfirió de forma gratuita una ventaja económica concreta a uno de sus hijos: un conjunto identificable de mejoras y adelantos asentados sobre la parcela fiscal.
Ese punto resultó decisivo. Para el Juzgado, la discusión no exigió anular el acto ni quitarle al demandado su situación administrativa frente a la Provincia. El eje estuvo en otro lado: determinar si esa cesión debía computarse al momento de partir la herencia. Y la respuesta fue afirmativa.
La sentencia resolvió que el heredero beneficiado deberá colacionar en la sucesión el valor total de esas mejoras y adelantos. Es decir, ese beneficio deberá ser incorporado a la cuenta particionaria como anticipo de herencia. El fallo aclaró además que no entran en ese cálculo las mejoras posteriores ni los frutos obtenidos después, porque el objeto de análisis quedó limitado a lo que existía al momento de la cesión de 1996.
¿Qué es la colación?
La colación es una regla del derecho sucesorio que busca mantener la igualdad entre los herederos. En términos simples, significa que si uno de los hijos recibió un beneficio económico del padre o de la madre mientras estaban con vida, ese beneficio debe tenerse en cuenta cuando se reparte la herencia.
No implica devolver el bien recibido. Lo que se hace es sumar su valor a la herencia para calcular el reparto de manera equitativa.
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Revocaron la condena condicional y Rubén Muñoz seguirá preso
El Tribunal desestimó los planteos de la defensa y avaló la decisión del juez de Ejecución.
En una audiencia de revisión, el Tribunal resolvió por unanimidad confirmar la revocación de la condena condicional de carácter suspensivo de Rubén Muñoz. En consecuencia, dispuso que continúe cumpliendo su pena de manera efectiva en prisión.
El juez de Ejecución, Fernando Romera, había adoptado esa decisión tras verificar un «nuevo incumplimiento de las pautas de conducta fijadas en la sentencia».
El defensor Eduardo Carrera expresó sus agravios y consideró que la medida resultó arbitraria y desproporcionada. También cuestionó la prueba aportada. Sin embargo, la fiscal Susana Carrasco argumentó que Muñoz posee un amplio conocimiento de las pautas que debía cumplir, por lo que el pedido de cumplimiento efectivo de la pena se ajusta a derecho.
Durante la audiencia, la fiscal mencionó que «no estamos frente a un ciudadano que realiza un simple reclamo. Muñoz está condenado por amenazas. Las reglas fueron claras y las aceptaron la defensa y el condenado. Estas reglas que debía cumplir constituían condiciones de su libertad».
Entre esas condiciones figuraban restricciones vinculadas con el contacto y la proximidad respecto del actual ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Daniel Jara, víctima en uno de los expedientes. La resolución judicial estableció una prohibición expresa de acercamiento, hostigamiento o comunicación por cualquier medio con esa persona. Las pautas formaban parte de los puntos segundo y tercero de la sentencia que reguló la ejecución condicional de la pena.
El Tribunal, luego de un cuarto intermedio, consideró que los agravios no resultaron suficientes para conmover la decisión del juez de Ejecución respecto de la sentencia del 9 de marzo pasado. Los jueces rechazaron los argumentos de la defensa y descartaron que la decisión del juez Romera fuese arbitraria.
«La decisión es razonada, aparece como lógica y está debidamente fundada. Tiene respaldo en los hechos y en el derecho», expresó el Tribunal, integrado por los jueces Gastón Martín, Sandro Garrido y Alejandro Pellizon.
También descartaron que la decisión resulte desproporcionada o carente de pruebas. En ese sentido, señalaron que el video exhibido constituye prueba suficiente para la revocación.
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Intento de robo frustrado: Declararon culpables a tres acusados en Roca
El hecho ocurrió en octubre de 2024 y gracias a la rápida intervención policial y el aporte de vecinos, los sujetos terminaron detenidos.
La Justicia de General Roca declaró la responsabilidad penal de tres hombres por una tentativa de robo en lugar poblado y en banda, agravado por escalamiento y por la intervención de un menor de 18 años, en un hecho ocurrido en octubre de 2024.
Durante el juicio, el Tribunal Colegiado consideró acreditado que los imputados forzaron el portón de una vivienda con intenciones de robo, aunque no lograron concretar el delito debido a la rápida intervención del personal policial.
En su resolución, los jueces destacaron que «el accionar policial permitió aprehender rápidamente a los imputados», y subrayaron además el rol clave de los vecinos, cuya atención y colaboración resultaron fundamentales para el esclarecimiento del hecho.
Por otra parte, dos de los acusados fueron absueltos por los delitos de encubrimiento y sustitución de chapa patente, cargos que no pudieron ser probados durante el debate.
Actualmente, los tres hombres permanecen detenidos con prisión preventiva en el Establecimiento Penal N° 2, mientras avanza otro legajo en el que se investiga una presunta asociación ilícita.
