Judiciales
Se realizó en Roca el primer juicio de cesura del nuevo Código Procesal Penal
El veredicto sobre la pena será dado a conocer por los jueces el próximo 2 de noviembre.
Tras la realización del debate sobre el monto de la pena que corresponde aplicar al autor de un intento de robo, el Tribunal de Juicio de Roca integrado por los jueces María Evelina García Balduini, Oscar Gatti y Alejandro Pellizon anunció que el veredicto se dará a conocer el próximo 2 de noviembre.
En la Ciudad Judicial de Roca se realizó este lunes el primer «juicio de cesura» del nuevo Código Procesal Penal. Consiste en exponer, en audiencia oral y pública ante los jueces, las pruebas y los fundamentos (alegatos) de la Fiscalía y la Defensa respecto de la cantidad de años de prisión que corresponde imponer a un hombre que recientemente fue declarado culpable del delito de «robo calificado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa».
El nuevo sistema procesal penal prevé la realización de los juicios penales en dos etapas: en la primera, el juicio oral y público versa sobre la existencia del delito y la participación o no del imputado en el mismo. La segunda instancia se abre si el imputado es declarado culpable y consiste en debatir, en una nueva audiencia oral y pública, qué pena le corresponde dentro de la escala de mínimos y máximos que establece el Código Penal de la Nación para cada delito.
Para el delito analizado en este juicio, la pena mínima legal es de 3 años y 4 meses de prisión. La Fiscalía, tras detallar sus fundamentos, solicitó que el imputado sea condenado a 5 años y 10 meses de prisión efectiva. En tanto que la defensa optó por no formular alegatos sobre la pena porque anticipó que planteará un recurso de impugnación contra la declaración de culpabilidad, insistiendo en la inocencia del imputado.
El veredicto sobre la pena será dado a conocer por los jueces el próximo 2 de noviembre, mientras que los fundamentos por escrito de esa decisión se harán público en una audiencia convocada para el 7 del próximo mes.
El caso
El hecho investigado en este proceso ocurrió alrededor de las 22.45 del 6 de julio de 2017 en una chacra de Roca. Resultaron víctimas un matrimonio, sus tres hijos menores de edad y el sereno del predio.
Según se probó en el juicio, el imputado Francisco Daniel Reyes y otro hombre no identificado ingresaron por un patio, derribaron una puerta e ingresaron a la casa, donde apuntaron a las víctimas con las armas de fuego. De acuerdo con el veredicto, una vez que Reyes estuvo en la cocina apuntó con el arma a la hija mayor de la familia, para trabarse luego en un forcejeo con el padre de la adolescente. Luego, efectuando al menos dos disparos, el otro sujeto también ingresó a la vivienda y finalmente ambos huyeron por una puerta trasera, realizando más disparos para no ser perseguidos.
Judiciales
Levantan la tutela sindical de un trabajador municipal acusado de reiteradas inasistencias
La Cámara Laboral de Roca autorizó al Municipio de Chichinales a avanzar con un procedimiento disciplinario por ausencias injustificadas.
Un trabajador municipal tenía tutela sindical por su rol de delegado gremial. Esa protección le otorgaba un resguardo especial frente a sanciones laborales, pero el Municipio sostuvo que el hombre enfrentaba un problema disciplinario. Durante 2025 faltó a su lugar de trabajo en ocho oportunidades sin justificación.
Para la Municipalidad, las ausencias no constituyeron un hecho aislado, sino un patrón reiterado de incumplimientos que afectó la confianza depositada en el trabajador. También afectó el funcionamiento del servicio público. Por ese motivo, la comuna solicitó al Poder Judicial el levantamiento de la tutela sindical.
El fuero laboral de Roca hizo lugar a una demanda presentada por la Municipalidad de Chichinales. El fallo habilita al Municipio a avanzar con un procedimiento disciplinario y, eventualmente, aplicar una sanción vinculada con reiteradas inasistencias laborales que consideró injustificadas.
El expediente avanzó sin que el trabajador contestara. Ante esa falta de respuesta, el tribunal declaró su rebeldía procesal y consideró acreditados los hechos expuestos. Además, entendió que esos hechos resultaban verosímiles y que contaban con respaldo en la documentación presentada.
Entre los elementos valorados figuraron constancias del sumario administrativo, documentación laboral y antecedentes que acreditaban su condición de delegado sindical.
Al analizar el caso, la Cámara destacó la relevancia constitucional y legal de la tutela sindical como mecanismo destinado a proteger la actividad gremial y garantizar la libertad sindical. Sin embargo, señaló que esa protección no constituye una inmunidad absoluta frente al incumplimiento de obligaciones laborales.
El fallo remarcó que la garantía existe para resguardar el ejercicio de la representación sindical y no para impedir toda actuación disciplinaria cuando se atribuyen conductas ajenas a la actividad gremial.
La sentencia también precisó que el proceso de exclusión de tutela sindical tiene un alcance limitado. Su finalidad no consiste en aplicar directamente una sanción, sino en determinar si corresponde levantar la protección sindical para que el empleador pueda ejercer sus facultades disciplinarias. La eventual sanción y la discusión sobre su procedencia podrán ser objeto de otras instancias o planteos posteriores.
Sobre la base de la falta de contestación de la demanda, la documentación acompañada y la acreditación de la condición de delegado sindical, el tribunal concluyó que correspondía excluir al trabajador de la tutela sindical respecto de los hechos investigados. En consecuencia, autorizó al Municipio a adoptar la medida disciplinaria que considerara pertinente dentro del marco de sus facultades legales.
Judiciales
Buscan intensamente a una mujer de 35 años desaparecida desde hace una semana en Roca
Fue vista por última vez alrededor de las 13.30 del martes pasado y desde entonces se desconoce su paradero.
Las autoridades judiciales y policiales solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Cintia Alexis Campos, una mujer de 35 años domiciliada en General Roca, cuyo rastro se perdió durante la tarde del martes 9 de junio. Según informó el Ministerio Público Fiscal, la mujer fue vista por última vez alrededor de las 13.30 horas y desde entonces no se tienen novedades sobre su ubicación.
Campos reside en un domicilio ubicado sobre Avenida Roca al 4000 y es intensamente buscada por familiares, la Justicia y las fuerzas de seguridad. Tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,59 metros de altura, posee tez blanca, ojos marrones y cabello castaño oscuro, largo hasta los hombros y con rulos.
Al momento de ausentarse vestía una calza negra, una campera inflada color gris y zapatillas blancas.
Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que cualquier persona que cuente con información que pueda contribuir a localizarla se comunique de inmediato al RN Emergencias 911, a la Fiscalía de turno al teléfono (0298) 4231271 o a la unidad policial más cercana.
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Murió el anestesiólogo condenado por la muerte de Valentín
Atencio Krausse falleció en las últimas horas. Había sido condenado a tres años de prisión condicional e inhabilitado para ejercer la profesión.
En las últimas horas de este domingo (14/06) se confirmó el fallecimiento del médico anestesiólogo Mauricio Atencio Krausse, quien había sido condenado por su responsabilidad en la muerte de Valentín, el niño de 4 años que falleció durante una intervención quirúrgica realizada en General Roca.
Atencio Krausse atravesaba una enfermedad terminal y sufrió un ACV hemorrágico que agravó de manera irreversible su estado de salud.
El nombre del anestesiólogo había adquirido notoriedad pública durante los últimos años a raíz del juicio por la muerte de Valentín. La Justicia concluyó que el fallecimiento del pequeño no fue producto de una fatalidad, sino consecuencia de una conducta negligente durante la práctica médica.
Por ese motivo, Krausse fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional y a la inhabilitación para ejercer la medicina. La sentencia fue ratificada en su totalidad a mediados de mayo por instancias superiores.
La muerte del profesional se produce pocas semanas después de la confirmación definitiva de la condena y mientras continúa vigente el debate sobre la seguridad en los quirófanos y las responsabilidades médicas en procedimientos de alta complejidad.
