Gremios
ATE protestará en la sede de la Policía Federal en Roca
«A esta fuerza se le está yendo la mano en la provincia y vulnera garantías ciudadanas básicas», aseguró Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió movilizarse a partir de las 10 horas de este miércoles hasta la sede de la Policía Federal Argentina en la ciudad de General Roca (Córdoba 1774).
«A esta fuerza se le está yendo la mano en la provincia y vulnera garantías ciudadanas básicas. Sus integrantes y jefaturas, no descartamos que con la anuencia de algún Juez o Fiscal Federal se alejan de su función de proteger y servir. Están actuando como los grupos comando que había en la dictadura, espiando, persiguiendo y estigmatizando a los trabajadores. Montan procedimientos desmedidos en los barrios para intimidar al pueblo y lograr que no reclamen frente a las injusticias», denunció Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y CTA Autónoma de Río Negro.
«Hay trabajadores que perdieron sus alquileres porque fueron calumniados e injuriados por policías federales mandados a desprestigiarlos. No podemos naturalizar esto que esta pasando. Hay que mostrar que no tenemos miedo o este accionar va a ir en aumento hasta que haya un hecho que lamentar», agregó finalmente el dirigente gremial.
La protesta que se estima dure hasta pasado el mediodía será llevada a cabo por los delegados que la entidad tiene en distintos organismos del Estado Nacional, sectores provinciales y municipales para «poner en evidencia a esa fuerza de seguridad que se aleja cada vez más de sus funciones de “proteger” y “servir” a la comunidad, actuando como policía de seguridad y judicial en toda jurisdicción federal».
El sindicato asegura que pudo comprobar la «existencia de abusos cometidos por integrantes de esa fuerza, avalados por sus superiores, orientados a perseguir, amenazar e infundir miedo a dirigentes, delegados sindicales y trabajadores, generando en algunos casos graves consecuencias».
«Por un lado, policías de esa fuerza uniformados y de civil recorren los barrios donde habitan los militantes de ATE y visitan a sus vecinos, llegando al extremo que algunos de ellos perdieron sus alquileres y se tuvieron que mudar ya que los hacían aparecer como narcotraficantes, cuando en realidad son empleados públicos, en varios de los casos comprobados que prestan servicios en la ANSES», añadieron desde el gremio.
«También hace dos días en el caso de otro dirigente del gremio tuvo que explicar durante horas a sus vecinos que no portaba, ni usaba armas porque integrantes de la Policía Federal habían asegurado eso mintiendo abiertamente», agregaron.
«Los excesos llegan a tal punto que para realizar una simple notificación diseñan mega-operativos rodeando manzanas enteras con el objetivo de intimidar a toda la ciudadanía y estigmatizar a vecinos honestos y honrados como son la mayoría de los trabajadores estatales», recordó Aguiar.
Preocupa a ATE «la impunidad con la que actúa esta fuerza durante las últimas semanas y la falta de intervención de jueces o fiscales del fuero federal que pongan límites y ubiquen a los integrantes de la PFA nuevamente en la investigación y persecución de los delitos complejos como el combate al narcotráfico, los ciberdelitos, la trata de personas, corrupción y otros».
Gremios
ATE lanza un paro nacional de 24 horas para protestar en todo el país el jueves 15 y «voltear el decreto 70/23 completo»
«Este DNU no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre y en la Capital Federal se movilizará al Congreso de la Nación a partir de las 13.30 para exigir la derogación del Decreto N° 70/23. Además, las protestas se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias.
Durante la jornada, sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Cabe destacar que cada provincia definirá la extensión de la medida y la modalidad de protesta.
«Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, señaló que «no podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto».
«Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo», agregó el dirigente.
«Desde que asumió Milei nunca existió ni necesidad ni urgencia. La Constitución Nacional le prohíbe expresamente al presidente legislar. Y si lo hace, debe ser declarado nulo de nulidad absoluta. Con un Congreso que estuvo siempre abierto, este decreto es corrupción», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Además se verán afectados los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radioperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.
La movilización se dará además en el marco de la Marcha Federal Universitaria para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición salarial, actualización de las becas estudiantiles y los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
Gremios
ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
