Política
El bloque de diputados del Movimiento Evita se opuso a la reforma laboral
«Son iniciativas violatorias de principios sustanciales y opuestas, inclusive, a mandatos constitucionales», aseguraron los parlamentarios.

El bloque de diputados de Peronismo para la Victoria (Movimiento Evita) ha resuelto oponerse de manera absoluta a los proyectos de ley que, difundidos por el propio gobierno nacional, apuntan a una reforma amplia de la legislación laboral vigente y a modificar la fórmula que determina la actualización semestral de los haberes previsionales.
«El énfasis con que formulamos nuestra negativa obedece a que no se trata de proyectos meramente opinables y sujetos, en cuanto a su mayor o menor aceptabilidad, al resultado del proceso parlamentario, sino que son iniciativas violatorias de principios sustanciales y opuestas, inclusive, a mandatos constitucionales, dirigidas a dañar gravemente los intereses, los derechos y el bienestar de los trabajadores activos y pasivos», manifestaron desde el bloque.
«Sobre el que concierne a la legislación laboral ya se sabe que afecta, entre otros institutos básicos, la irrenunciabilidad de los derechos; la responsabilidad solidaria de todos los que se benefician con la prestación de servicios; la limitación al derecho del empleador a modificar como le plazca las formas y modalidades del trabajo; los límites del tiempo de trabajo permitiendo el retorno de las jornadas extenuantes y facilitando a los empleadores eludir el pago de horas extras; la estabilidad en el empleo abaratando el despido y creando un fondo, financiado por los propios trabajadores, para sustituir el pago de indemnizaciones por despido sin causa. Y mucho más. Nos limitamos a enunciarlos porque ya han sido denunciados por numerosas organizaciones sindicales e instituciones especializadas, de modo que no es preciso por ahora dedicar espacio a evaluaciones más detalladas. Y en cuanto refiere al sistema de cálculo de los haberes previsionales, porque pretende reemplazar una fórmula que posibilita el incremento de su poder adquisitivo por sobre los índices que expresan la evolución de los precios por otra que producirá, con certeza matemática, el deterioro de ese poder adquisitivo, además de ni siquiera prever una canasta de precios ajustada al consumo real de los adultos mayores», añadieron.
«Es por eso que, más que reiterar comentarios puntuales, nos parece necesario destacar el significado profundo de estos proyectos regresivos que desnudan las verdaderas intenciones del gobierno y su ligazón íntima con los intereses del poder económico más concentrado, así como su firme decisión de proteger esos intereses a costa de la sobreexplotación de los trabajadores y el desamparo de los más vulnerables», consideraron desde el Movimiento Evita.
«El derecho del trabajo nació como fruto de las luchas heroicas libradas por los trabajadores durante más de dos siglos hasta que se impuso, junto con la democracia política, como elementos constitutivos insoslayables del sentido común y de la visión moral de la nueva civilización consolidada después de la segunda guerra mundial. Esa óptica no abomina del capitalismo pero le exige ajustarse a normas y premisas que lo hagan compatible con el respeto por los derechos humanos que se integran con todos los institutos sustantivos de los derechos laborales y los de la seguridad social. No existe país moderno y medianamente desarrollado que no los contemple», agregaron.
«El principio protectorio, la regla por la cual debe aplicarse la norma más favorable al trabajador, el “indubio pro operario”, la regla de irrenunciabilidad de derechos, el principio de equidad y el de justicia social, entre otros, integran los valores que rigen a las sociedades civilizadas. Del mismo modo que los integran los principios de la seguridad social que imponen la protección frente a las contingencias del trabajo y de la vida. En definitiva se trata del derecho “a una mejora continua de las condiciones de existencia” (art.11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, de acuerdo al art. 75 inc. 22) de la Constitución Nacional tiene jerarquía constitucional como otros instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos y deben considerarse complementarios de los derechos que ella reconoce). Es a la luz de estos principios que debe interpretarse el mandato constitucional de “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social” (inc. 19 del mismo artículo) y “la protección al trabajo en sus diversas formas” que deben otorgar las leyes y todos los derechos que consagra el art. 14 bis, inclusive y especialmente en este caso, la movilidad de las jubilaciones y pensiones que dicho precepto dispone», expresaron.
«Se trata de una movilidad mejorativa de los haberes previsionales, no peyorativa. Y de ampliar la protección legal de los derechos del trabajador, no de disminuirla. Los proyectos en cuestión atacan todos estos valores que nacen de mandatos constitucionales intergiversables y que rigen en todo el mundo civilizado. Ese mundo al cual nos quiere incorporar, según dice el presidente de la Nación que, al mismo tiempo, vocifera contra la Justicia del Trabajo porque se atiene al “indubio pro operario”», añadieron.
«Sabemos que hay tendencias en el capitalismo actual que tienden a reeditar el salvajismo que caracterizó los primeros tiempos del sistema. Pues bien, no estamos dispuestos a permitirlo y jamás seremos cómplices de esos intentos. Ese es el fundamento de nuestra oposición a los proyectos de ley que hemos mencionado», concluyeron desde el Movimiento Evita.
Judiciales
Weretilneck sobre la Ruta 151: «El Gobierno Nacional sigue sin hacerse cargo»
Nacion apeló el fallo judicial que ordenaba a Vialidad Nacional reparar y mantener la Ruta Nacional N° 151, tras años de abandono y reclamos.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck expresó su malestar ante la decisión del Estado Nacional de apelar el fallo judicial que ordenaba a Vialidad Nacional reparar y mantener la Ruta Nacional N° 151, tras años de abandono y reclamos. Consideró que la apelación «es una muestra más de la falta de interés del Gobierno Nacional por nuestra provincia».
«En lugar de asumir su responsabilidad, que quedó acreditada en la causa judicial y cumplir con la sentencia, deciden estirar el proceso innecesariamente, mientras miles de usuarios siguen poniendo en riesgo su vida todos los días por el estado calamitoso de la ruta», afirmó.
Weretilneck recordó que el fallo de la Justicia Federal reconoció el derecho colectivo a la seguridad vial y ordenó al Estado Nacional presentar un plan de obras en un plazo de 10 días y comenzar los trabajos en 90. «Vuelven a desconocer los argumentos presentados y documentados. En lugar de cumplir con la sentencia y presentar un plan de reparación para la Ruta 151, lo que están haciendo es patear el problema para adelante y mostrar que no les importa Río Negro», enfatizó.
«La 151 es una ruta para el desarrollo del norte provincial y su estado merece una respuesta inmediata. Tiene un enorme grado de abandono, reconocido en la propia causa judicial por el mismo Estado y por Vialidad Nacional. Poco le importa al centralismo porteño este reclamo conjunto con los Intendentes, y parece que mucho menos le importan las vidas que todos los días se ponen en juego cuando alguien transita esa ruta», concluyó el gobernador.
Gremios
Aguiar se reunió con Cristina para debatir sobre «el Estado que viene»
«Fue ella la que oportunamente propuso discutir una nueva estatalidad, una propuesta que inmediatamente tuvo alto impacto y nosotros decidimos recoger el guante, aceptar ese desafío y ratificar que los trabajadores debemos estar en el centro de esa discusión», indicó el dirigente estatal.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se reunió con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y debatieron sobre «la nueva estatalidad» en la antesala de la jornada de debate El Estado que viene para reconstruir la Patria, organizada por el sindicato.
«La reunión con Cristina duró más de una hora y cobra fuerza el Encuentro Federal de Estatales que hemos convocado desde el sindicato. Fue ella la que oportunamente propuso discutir una nueva estatalidad, una propuesta que inmediatamente tuvo alto impacto y nosotros decidimos recoger el guante. Desde ATE aceptamos ese desafío y además ratificamos que los trabajadores debemos estar en el centro de esa discusión. Ese debate no lo delegamos. Asumimos la conducción convencidos que no llegamos para administrar, sino para transformar uno de los sindicatos más grandes, antiguos y prestigiosos de la República Argentina», señaló Rodolfo Aguiar tras el encuentro realizado en San José 1111, domicilio de la ex mandataria, a quien le expresó su solidaridad tras su arresto con prisión domiciliaria.
En este marco, el dirigente de ATE señaló que «el debate está abierto, requiere amplitud y sentido estratégico. Los trabajadores queremos estar sentados en la mesa de discusión, sabemos que es muy alta la responsabilidad que tenemos».
«Durante el encuentro surgió como preocupación el deterioro de los ingresos del sector público y la aparición de fenómenos nuevos como son los asalariados formales pobres y el pluriempleo. Hemos coincidido en que la estrategia defensiva no alcanza y que tenemos que repensar cómo se va a reconstruir la nación una vez que este Gobierno concluya. La gestión que lo suceda estará fuertemente condicionada. También acordamos que tenemos que desandar años de estigmatización sobre el empleo público. En el tiempo que viene, el Estado tiene que recuperar cercanía», agregó el dirigente de ATE Nacional.
En relación a la situación judicial de la presidenta del Partido Justicialista, Aguiar expresó que «volvimos a manifestar nuestra solidaridad con su detención ilegal y seguimos exigiendo su inmediata libertad».
Finalmente, el referente estatal aseguró que «la vimos muy bien, muy comprometida y sintiendo como propios todos los padecimientos del pueblo».
Durante los últimos meses, dirigentes políticos y referentes sociales de la Argentina y de todo el mundo han visitado a la ex presidenta en su domicilio luego de su detención, como el presidente de Brasil, Lula Da Silva, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, o el cantautor cubano Silvio Rodríguez, entre otros.
Cabe recordar que Cristina Kirchner alentó en varios de sus discursos a debatir «la nueva estatalidad», tema que desde el sindicato se viene proponiendo y que hoy se abordará en la jornada de debate en el predio recreativo de ATE en Burzaco (Av. Espora 4500).
«Frente al avance de la derecha, de la mano de Javier Milei, se puso en jaque la idea misma del Estado, atacando las políticas que promueven la justicia social, la igualdad y la soberanía nacional. Desde ATE se tomó la iniciativa de poner en valor los saberes del Estado y repensar cómo se reconstruirá la nación una vez finalizada la gestión del Gobierno actual», indicó Aguiar.
Para eso, el sindicato decidió dialogar con un arco variado de la política, intelectuales y referentes sociales heterogéneos, como Juan Grabois, Sergio Massa, Natalia Zaracho, Gabriel Katopodis, Esteban Paulón, Cecilia Todesca, Carlos Tomada, Nicolás Kreplak, Pablo Bercovich, Julián Domínguez, entre otros.
Policiales
Proponen boleto gratuito para policías y penitenciarios que estén en cumplimiento de su función
«Los últimos aumentos impactan directamente en los trabajadores que deben trasladarse diariamente», dijeron desde el bloque CC-ARI, espacio que presentó el proyecto en la Legislatura.

El presidente del bloque CC-ARI Cambiemos, Javier Acevedo, presentó un proyecto de ley que propone establecer un descuento del 100% en el valor del boleto del transporte público urbano e interurbano para el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro, cuando utilicen estos medios en el ejercicio de sus funciones.
Entre los fundamentos de la iniciativa, el parlamentario destaca que «un gran número de trabajadores de estas fuerzas utiliza diariamente los medios de transporte urbano e interurbano, muchas veces varias veces al día, para cumplir tareas en representación del Estado, como la cobertura de guardias, recargos de servicio, participación en operativos especiales, custodias, acompañamientos, servicios adicionales y convocatorias de emergencia, entre otras».
Además, resalta que muchos agentes deben trasladarse constantemente porque su lugar de residencia no coincide con el destino donde prestan servicio, lo que los obliga a viajar de forma permanente para cumplir con sus funciones. «Esta situación afecta sensiblemente su economía personal, ya que deben afrontar con recursos propios el costo de los pasajes necesarios para cumplir con su labor», subraya Acevedo.
El legislador recordó que, según un estudio oficial difundido por el Gobierno Provincial en abril de 2025, el subsidio estatal reduce hasta un 70% el valor del pasaje y constituye una política clave para mantener los boletos accesibles. Sin esa asistencia, los valores del transporte interurbano se dispararían. Sin embargo, «a pesar de los subsidios, los últimos aumentos impactan directamente en los trabajadores que deben trasladarse diariamente».
Según el proyecto, el beneficio alcanzará tanto a los agentes que viajen vistiendo el uniforme oficial de su institución como a aquellos que, por razones operativas, deban hacerlo de civil, como los integrantes de brigadas especiales, personal con adecuación de tareas o que desempeñe funciones administrativas. En estos casos, la autoridad competente deberá acreditar la condición del beneficiario mediante convenios con las empresas prestatarias del servicio.
«Esta medida aliviaría el esfuerzo económico que realiza el trabajador de cualquiera de las dos Fuerzas del Estado provincial al trasladarse para cumplir con su labor. Al mismo tiempo, garantizar condiciones económicas razonables para el cumplimiento del deber es una forma concreta de fortalecer la seguridad pública, promover la estabilidad laboral y reconocer el esfuerzo cotidiano del personal que mantiene el orden, la seguridad y la prevención en todo el territorio rionegrino», afirmó Acevedo.
La normativa faculta al Ministerio de Seguridad y Justicia a celebrar convenios con las empresas prestatarias del servicio público de transporte urbano e interurbano en el ámbito provincial.