Política
El bloque de diputados del Movimiento Evita se opuso a la reforma laboral
«Son iniciativas violatorias de principios sustanciales y opuestas, inclusive, a mandatos constitucionales», aseguraron los parlamentarios.
El bloque de diputados de Peronismo para la Victoria (Movimiento Evita) ha resuelto oponerse de manera absoluta a los proyectos de ley que, difundidos por el propio gobierno nacional, apuntan a una reforma amplia de la legislación laboral vigente y a modificar la fórmula que determina la actualización semestral de los haberes previsionales.
«El énfasis con que formulamos nuestra negativa obedece a que no se trata de proyectos meramente opinables y sujetos, en cuanto a su mayor o menor aceptabilidad, al resultado del proceso parlamentario, sino que son iniciativas violatorias de principios sustanciales y opuestas, inclusive, a mandatos constitucionales, dirigidas a dañar gravemente los intereses, los derechos y el bienestar de los trabajadores activos y pasivos», manifestaron desde el bloque.
«Sobre el que concierne a la legislación laboral ya se sabe que afecta, entre otros institutos básicos, la irrenunciabilidad de los derechos; la responsabilidad solidaria de todos los que se benefician con la prestación de servicios; la limitación al derecho del empleador a modificar como le plazca las formas y modalidades del trabajo; los límites del tiempo de trabajo permitiendo el retorno de las jornadas extenuantes y facilitando a los empleadores eludir el pago de horas extras; la estabilidad en el empleo abaratando el despido y creando un fondo, financiado por los propios trabajadores, para sustituir el pago de indemnizaciones por despido sin causa. Y mucho más. Nos limitamos a enunciarlos porque ya han sido denunciados por numerosas organizaciones sindicales e instituciones especializadas, de modo que no es preciso por ahora dedicar espacio a evaluaciones más detalladas. Y en cuanto refiere al sistema de cálculo de los haberes previsionales, porque pretende reemplazar una fórmula que posibilita el incremento de su poder adquisitivo por sobre los índices que expresan la evolución de los precios por otra que producirá, con certeza matemática, el deterioro de ese poder adquisitivo, además de ni siquiera prever una canasta de precios ajustada al consumo real de los adultos mayores», añadieron.
«Es por eso que, más que reiterar comentarios puntuales, nos parece necesario destacar el significado profundo de estos proyectos regresivos que desnudan las verdaderas intenciones del gobierno y su ligazón íntima con los intereses del poder económico más concentrado, así como su firme decisión de proteger esos intereses a costa de la sobreexplotación de los trabajadores y el desamparo de los más vulnerables», consideraron desde el Movimiento Evita.
«El derecho del trabajo nació como fruto de las luchas heroicas libradas por los trabajadores durante más de dos siglos hasta que se impuso, junto con la democracia política, como elementos constitutivos insoslayables del sentido común y de la visión moral de la nueva civilización consolidada después de la segunda guerra mundial. Esa óptica no abomina del capitalismo pero le exige ajustarse a normas y premisas que lo hagan compatible con el respeto por los derechos humanos que se integran con todos los institutos sustantivos de los derechos laborales y los de la seguridad social. No existe país moderno y medianamente desarrollado que no los contemple», agregaron.
«El principio protectorio, la regla por la cual debe aplicarse la norma más favorable al trabajador, el “indubio pro operario”, la regla de irrenunciabilidad de derechos, el principio de equidad y el de justicia social, entre otros, integran los valores que rigen a las sociedades civilizadas. Del mismo modo que los integran los principios de la seguridad social que imponen la protección frente a las contingencias del trabajo y de la vida. En definitiva se trata del derecho “a una mejora continua de las condiciones de existencia” (art.11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, de acuerdo al art. 75 inc. 22) de la Constitución Nacional tiene jerarquía constitucional como otros instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos y deben considerarse complementarios de los derechos que ella reconoce). Es a la luz de estos principios que debe interpretarse el mandato constitucional de “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social” (inc. 19 del mismo artículo) y “la protección al trabajo en sus diversas formas” que deben otorgar las leyes y todos los derechos que consagra el art. 14 bis, inclusive y especialmente en este caso, la movilidad de las jubilaciones y pensiones que dicho precepto dispone», expresaron.
«Se trata de una movilidad mejorativa de los haberes previsionales, no peyorativa. Y de ampliar la protección legal de los derechos del trabajador, no de disminuirla. Los proyectos en cuestión atacan todos estos valores que nacen de mandatos constitucionales intergiversables y que rigen en todo el mundo civilizado. Ese mundo al cual nos quiere incorporar, según dice el presidente de la Nación que, al mismo tiempo, vocifera contra la Justicia del Trabajo porque se atiene al “indubio pro operario”», añadieron.
«Sabemos que hay tendencias en el capitalismo actual que tienden a reeditar el salvajismo que caracterizó los primeros tiempos del sistema. Pues bien, no estamos dispuestos a permitirlo y jamás seremos cómplices de esos intentos. Ese es el fundamento de nuestra oposición a los proyectos de ley que hemos mencionado», concluyeron desde el Movimiento Evita.
Política
Plan Castello: Río Negro realizó un nuevo pago y redujo su deuda 55%
El saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones.
El Gobierno de Río Negro realizó un nuevo pago del Plan Castello por más de U$S 41 millones, avanzando en el proceso de desendeudamiento iniciado en diciembre de 2023. De esta manera, la Provincia redujo en un 55% el saldo del financiamiento del plan.
Con el pago de U$S 41.694.412 correspondiente a la quinta cuota del Plan Castello -entre capital e intereses- el saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones. Esto representa una disminución del 55% desde el inicio del proceso de cancelación.
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, Río Negro redujo su deuda total en dólares de U$S 413 millones a U$S 302 millones, es decir, U$S 111 millones menos (-27%). En paralelo, el peso de la deuda sobre los ingresos corrientes cayó del 71% al 15%, lo que representa una mejora histórica del 79% en los indicadores de sostenibilidad fiscal.
«Este proceso de ordenamiento financiero fortalece la solvencia de la Provincia y mejora su posicionamiento ante organismos internacionales de financiamiento como el BID, la CAF y la AFD. De esta manera, Río Negro consolida su capacidad para acceder a financiamiento destinado a obras de infraestructura y proyectos estratégicos que acompañen el desarrollo productivo y el crecimiento de la provincia», indicaron desde el Ejecutivo rionegrino.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
