El bloque de diputados de Peronismo para la Victoria (Movimiento Evita) ha resuelto oponerse de manera absoluta a los proyectos de ley que, difundidos por el propio gobierno nacional, apuntan a una reforma amplia de la legislación laboral vigente y a modificar la fórmula que determina la actualización semestral de los haberes previsionales.

«El énfasis con que formulamos nuestra negativa obedece a que no se trata de proyectos meramente opinables y sujetos, en cuanto a su mayor o menor aceptabilidad, al resultado del proceso parlamentario, sino que son iniciativas violatorias de principios sustanciales y opuestas, inclusive, a mandatos constitucionales, dirigidas a dañar gravemente los intereses, los derechos y el bienestar de los trabajadores activos y pasivos», manifestaron desde el bloque.

«Sobre el que concierne a la legislación laboral ya se sabe que afecta, entre otros institutos básicos, la irrenunciabilidad de los derechos; la responsabilidad solidaria de todos los que se benefician con la prestación de servicios; la limitación al derecho del empleador a modificar como le plazca las formas y modalidades del trabajo; los límites del tiempo de trabajo permitiendo el retorno de las jornadas extenuantes y facilitando a los empleadores eludir el pago de horas extras; la estabilidad en el empleo abaratando el despido y creando un fondo, financiado por los propios trabajadores, para sustituir el pago de indemnizaciones por despido sin causa. Y mucho más. Nos limitamos a enunciarlos porque ya han sido denunciados por numerosas organizaciones sindicales e instituciones especializadas, de modo que no es preciso por ahora dedicar espacio a evaluaciones más detalladas. Y en cuanto refiere al sistema de cálculo de los haberes previsionales, porque pretende reemplazar una fórmula que posibilita el incremento de su poder adquisitivo por sobre los índices que expresan la evolución de los precios por otra que producirá, con certeza matemática, el deterioro de ese poder adquisitivo, además de ni siquiera prever una canasta de precios ajustada al consumo real de los adultos mayores», añadieron.

«Es por eso que, más que reiterar comentarios puntuales, nos parece necesario destacar el significado profundo de estos proyectos regresivos que desnudan las verdaderas intenciones del gobierno y su ligazón íntima con los intereses del poder económico más concentrado, así como su firme decisión de proteger esos intereses a costa de la sobreexplotación de los trabajadores y el desamparo de los más vulnerables», consideraron desde el Movimiento Evita.

«El derecho del trabajo nació como fruto de las luchas heroicas libradas por los trabajadores durante más de dos siglos hasta que se impuso, junto con la democracia política, como elementos constitutivos insoslayables del sentido común y de la visión moral de la nueva civilización consolidada después de la segunda guerra mundial. Esa óptica no abomina del capitalismo pero le exige ajustarse a normas y premisas que lo hagan compatible con el respeto por los derechos humanos que se integran con todos los institutos sustantivos de los derechos laborales y los de la seguridad social. No existe país moderno y medianamente desarrollado que no los contemple», agregaron.

«El principio protectorio, la regla por la cual debe aplicarse la norma más favorable al trabajador, el “indubio pro operario”, la regla de irrenunciabilidad de derechos, el principio de equidad y el de justicia social, entre otros, integran los valores que rigen a las sociedades civilizadas. Del mismo modo que los integran los principios de la seguridad social que imponen la protección frente a las contingencias del trabajo y de la vida. En definitiva se trata del derecho “a una mejora continua de las condiciones de existencia” (art.11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, de acuerdo al art. 75 inc. 22) de la Constitución Nacional tiene jerarquía constitucional como otros instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos y deben considerarse complementarios de los derechos que ella reconoce). Es a la luz de estos principios que debe interpretarse el mandato constitucional de “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social” (inc. 19 del mismo artículo) y “la protección al trabajo en sus diversas formas” que deben otorgar las leyes y todos los derechos que consagra el art. 14 bis, inclusive y especialmente en este caso, la movilidad de las jubilaciones y pensiones que dicho precepto dispone», expresaron.

«Se trata de una movilidad mejorativa de los haberes previsionales, no peyorativa. Y de ampliar la protección legal de los derechos del trabajador, no de disminuirla. Los proyectos en cuestión atacan todos estos valores que nacen de mandatos constitucionales intergiversables y que rigen en todo el mundo civilizado. Ese mundo al cual nos quiere incorporar, según dice el presidente de la Nación que, al mismo tiempo, vocifera contra la Justicia del Trabajo porque se atiene al “indubio pro operario”», añadieron.

«Sabemos que hay tendencias en el capitalismo actual que tienden a reeditar el salvajismo que caracterizó los primeros tiempos del sistema. Pues bien, no estamos dispuestos a permitirlo y jamás seremos cómplices de esos intentos. Ese es el fundamento de nuestra oposición a los proyectos de ley que hemos mencionado», concluyeron desde el Movimiento Evita.