Política
El bloque de diputados del Movimiento Evita se opuso a la reforma laboral
«Son iniciativas violatorias de principios sustanciales y opuestas, inclusive, a mandatos constitucionales», aseguraron los parlamentarios.
El bloque de diputados de Peronismo para la Victoria (Movimiento Evita) ha resuelto oponerse de manera absoluta a los proyectos de ley que, difundidos por el propio gobierno nacional, apuntan a una reforma amplia de la legislación laboral vigente y a modificar la fórmula que determina la actualización semestral de los haberes previsionales.
«El énfasis con que formulamos nuestra negativa obedece a que no se trata de proyectos meramente opinables y sujetos, en cuanto a su mayor o menor aceptabilidad, al resultado del proceso parlamentario, sino que son iniciativas violatorias de principios sustanciales y opuestas, inclusive, a mandatos constitucionales, dirigidas a dañar gravemente los intereses, los derechos y el bienestar de los trabajadores activos y pasivos», manifestaron desde el bloque.
«Sobre el que concierne a la legislación laboral ya se sabe que afecta, entre otros institutos básicos, la irrenunciabilidad de los derechos; la responsabilidad solidaria de todos los que se benefician con la prestación de servicios; la limitación al derecho del empleador a modificar como le plazca las formas y modalidades del trabajo; los límites del tiempo de trabajo permitiendo el retorno de las jornadas extenuantes y facilitando a los empleadores eludir el pago de horas extras; la estabilidad en el empleo abaratando el despido y creando un fondo, financiado por los propios trabajadores, para sustituir el pago de indemnizaciones por despido sin causa. Y mucho más. Nos limitamos a enunciarlos porque ya han sido denunciados por numerosas organizaciones sindicales e instituciones especializadas, de modo que no es preciso por ahora dedicar espacio a evaluaciones más detalladas. Y en cuanto refiere al sistema de cálculo de los haberes previsionales, porque pretende reemplazar una fórmula que posibilita el incremento de su poder adquisitivo por sobre los índices que expresan la evolución de los precios por otra que producirá, con certeza matemática, el deterioro de ese poder adquisitivo, además de ni siquiera prever una canasta de precios ajustada al consumo real de los adultos mayores», añadieron.
«Es por eso que, más que reiterar comentarios puntuales, nos parece necesario destacar el significado profundo de estos proyectos regresivos que desnudan las verdaderas intenciones del gobierno y su ligazón íntima con los intereses del poder económico más concentrado, así como su firme decisión de proteger esos intereses a costa de la sobreexplotación de los trabajadores y el desamparo de los más vulnerables», consideraron desde el Movimiento Evita.
«El derecho del trabajo nació como fruto de las luchas heroicas libradas por los trabajadores durante más de dos siglos hasta que se impuso, junto con la democracia política, como elementos constitutivos insoslayables del sentido común y de la visión moral de la nueva civilización consolidada después de la segunda guerra mundial. Esa óptica no abomina del capitalismo pero le exige ajustarse a normas y premisas que lo hagan compatible con el respeto por los derechos humanos que se integran con todos los institutos sustantivos de los derechos laborales y los de la seguridad social. No existe país moderno y medianamente desarrollado que no los contemple», agregaron.
«El principio protectorio, la regla por la cual debe aplicarse la norma más favorable al trabajador, el “indubio pro operario”, la regla de irrenunciabilidad de derechos, el principio de equidad y el de justicia social, entre otros, integran los valores que rigen a las sociedades civilizadas. Del mismo modo que los integran los principios de la seguridad social que imponen la protección frente a las contingencias del trabajo y de la vida. En definitiva se trata del derecho “a una mejora continua de las condiciones de existencia” (art.11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, de acuerdo al art. 75 inc. 22) de la Constitución Nacional tiene jerarquía constitucional como otros instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos y deben considerarse complementarios de los derechos que ella reconoce). Es a la luz de estos principios que debe interpretarse el mandato constitucional de “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social” (inc. 19 del mismo artículo) y “la protección al trabajo en sus diversas formas” que deben otorgar las leyes y todos los derechos que consagra el art. 14 bis, inclusive y especialmente en este caso, la movilidad de las jubilaciones y pensiones que dicho precepto dispone», expresaron.
«Se trata de una movilidad mejorativa de los haberes previsionales, no peyorativa. Y de ampliar la protección legal de los derechos del trabajador, no de disminuirla. Los proyectos en cuestión atacan todos estos valores que nacen de mandatos constitucionales intergiversables y que rigen en todo el mundo civilizado. Ese mundo al cual nos quiere incorporar, según dice el presidente de la Nación que, al mismo tiempo, vocifera contra la Justicia del Trabajo porque se atiene al “indubio pro operario”», añadieron.
«Sabemos que hay tendencias en el capitalismo actual que tienden a reeditar el salvajismo que caracterizó los primeros tiempos del sistema. Pues bien, no estamos dispuestos a permitirlo y jamás seremos cómplices de esos intentos. Ese es el fundamento de nuestra oposición a los proyectos de ley que hemos mencionado», concluyeron desde el Movimiento Evita.
Política
Coparticipación: Culminó la ronda de diálogo en toda la provincia
Desde el Gobierno provincial aseguraron que se buscará avanzar en posibles mejoras de los indicadores que conforman el esquema de distribución.
El Gobierno de Río Negro llevó adelante la última mesa de trabajo con intendentes, en el marco del proceso de actualización de los índices de coparticipación, completando así la ronda de encuentros con todas las regiones de la provincia.
Del encuentro participaron los intendentes Marcelo Román de Allen; Daniel Hernández de Campo Grande; Daniela Salzotto de Catriel; Enrique Rossi de Cinco Saltos; Rodrigo Buteler de Cipolletti; Horacio Zúñiga de Contralmirante Cordero; y María Emilia Soria de General Roca.
La reunión fue encabezada por el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, acompañado por la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, y el titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri.
Durante la jornada, y en base al diálogo y el consenso, se tomó nota de cada una de las propuestas presentadas por los municipios, con el objetivo de analizarlas y avanzar en posibles mejoras de los indicadores que conforman el esquema de distribución.
«Estamos llevando adelante un proceso serio, responsable y profundamente federal. Escuchamos a cada municipio, tomamos sus propuestas y trabajamos en conjunto para construir una herramienta más justa, actualizada y acorde a la realidad de la provincia», expresó Ríos.
El Ministro remarcó además que «este proceso se sostiene en el diálogo permanente y en la convicción de que ningún municipio se verá perjudicado, sino que buscamos fortalecer a cada comunidad en función de su realidad».
Finalizadas estas rondas de trabajo, el Gobierno Provincial ahora analizará integralmente todas las propuestas para definir la mejor actualización de los índices de coparticipación, propuestos a avanzar en base al diálogo y el consenso construido con los municipios.
Política
El bloque opositor constituye mayoría en el Consejo Superior del IUPA y exige condiciones para una transición democrática plena
El 30 de marzo se llevará adelante la primera sesión del Consejo Superior, donde se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la institución.
Los comicios celebrados los días 15 y 16 de marzo en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) han dado como resultado la conformación de un bloque opositor mayoritario en el Consejo Superior, integrado por las fuerzas Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa. Este bloque, que se identifica como Consejeros Electos por la Transparencia, emitió un comunicado manifestando su posición ante la comunidad universitaria y la opinión pública.
«El bloque opositor reconoce y valida la elección de los consejeros estudiantiles de La 17 y Unesa, obtenida de manera transparente y ajustada a derecho, con la presencia de autoridades de mesa reconocidas en los padrones oficiales y fiscales de todas las fuerzas participantes del acto electoral de la sede central», indicaron.
Asimismo, «desconoce los resultados irregulares provenientes de las urnas de las dependencias adicionales y autoridades de mesa (Disposición N° 005/2026), debidamente observadas por las listas en instancias previas y durante el acto eleccionario».
Además, el bloque opositor denunció que las autoridades normalizadoras «están realizando una manipulación maliciosa de la información al difundir resultados electorales a través de medios oficiales sin respaldo documental alguno, sin haber puesto a disposición de las fuerzas políticas ningún tipo de documentación oficial que los acredite. Este proceder constituye un acto de negligencia institucional que vicia de nulidad cualquier comunicación oficial en ese sentido».
En virtud de lo expuesto, el bloque considera pertinente la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Junta Electoral a lo largo de todo el proceso electivo, con el objetivo de analizar si las acciones llevadas adelante han cumplido con los principios de transparencia e imparcialidad que deben regir todo acto democrático. El bloque se reserva el derecho de iniciar sumarios administrativos, disciplinares y legales si las irregularidades verificadas así lo requirieran.
Finalmente manifestaron que las fuerzas que conforman el bloque opositor electo exigen condiciones plenas para ejercer su mandato como representantes democráticos en la primera sesión del Consejo Superior, prevista para el 30 de marzo, instancia en la que se elegirán las nuevas autoridades que conducirán el período democrático de la universidad de las artes de la provincia.
Todas las autoridades designadas por el rector normalizador deben dar lugar a la nueva conducción elegida por los representantes democráticos. Esto incluye al rector, vicerrector, directores y secretarios. «No puede haber democracia universitaria plena mientras persistan en sus funciones autoridades no surgidas del voto de la comunidad», indicaron.
«El IUPA le debe a su comunidad una universidad democrática, transparente y abierta. Ese es el mandato que recibimos en las urnas y ese es el compromiso que asumimos», concluye el comunicado firmaron por Consejeros Electos por la Transparencia (Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa).
Política
Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior
La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.
Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.
Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.
Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.
De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.
Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.
Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.
En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.
El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.
