Judiciales
Solicitarán pena de cumplimiento efectivo para Rubén López
Así lo aseguraron desde el Ministerio Público Fiscal. En los próximos días se conocerá la condena para el ex legislador y actual secretario general del Sindicato de la Fruta de Río Negro y Neuquén.
El ex legislador provincial y actual secretario general del Sindicato de Obreros y Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén, fue declarado en la mañana de este lunes como responsable de los delitos de abuso sexual simple, lesiones leves y coacción. Como el juicio se realizó bajo la modalidad del nuevo proceso acusatorio, todavía no se conoce el monto de la pena, la cual será debatida en el juicio de cesura.
Por su parte, confirmaron que se iniciará una investigación por falso testimonio contra un testigo de la defensa.
La fiscal del caso, Eugenia Vallejos y el fiscal jefe, Santiago Marquez Gauna, se mostraron conformes con la resolución del Tribunal integrado por los jueces Pablo Repetto, Florencia Caruso y Laura Gonzalez Vitale. «A partir de ahora comenzaremos a trabajar en la segunda etapa del juicio, es decir en la cesura, pero como anticipamos en el control de acusación la pena que solicitaremos será de modalidad efectiva», adelantó Vallejos.
«Hemos demostrado que la víctima siempre dijo la verdad y que la defensa del acusado, por el contrario intentó desestimar los testigos de la acusación con declaraciones mendaces», agregó mientras tanto Marquez Gauna.
Respecto de la calidad de ex legislador provincial del acusado, el fiscal jefe recordó que «los ciudadanos de esta provincia somos todos iguales ante la Ley y esto es un hecho más que demuestra que este Ministerio Público y este Poder Judicial no hace diferencia de cualquier ciudadano de esta provincia, no importa el cargo función, nombre o apellido que tenga».
Por su parte, en cuanto a uno de las personas que declararon durante el juicio, el representante del Ministerio Público ordenó que se inicie una investigación por presunto falso testimonio.
Según la acusación de la Fiscalía, el 18 de octubre de 2016, el acusado abusó sexualmente de la joven empleada doméstica. El referente sindical la tomó por sorpresa y por la espalda y le realizó tocamientos en sus partes íntimas. Una vez producido el ataque sexual, el acusado tomó de las muñecas a la víctima produciéndole lesiones y la coaccionó manifestándole que él «tenía mucho poder» y que la iban a encontrar “con un tiro en la sierra”.
En el nuevo proceso penal vigente a partir de agosto pasado, la etapa de juicio se divide en dos: una primera donde se debate la responsabilidad de los imputados en el hecho y la segunda donde se determina el monto de la pena correspondiente. Justamente, la audiencia de cesura se realizará durante las próximas semanas y según se anticipó en la audiencia de control de acusación el Ministerio Público Fiscal solicitaría una pena de cumplimiento efectivo.
Judiciales
La Justicia Federal aceptó el amparo colectivo por la Ruta Nacional 151
Analizarán los tramos específicos incluidos en la cautelar, para evaluar la necesidad de obras de conservación hasta la sentencia definitiva.
El Juzgado Federal de General Roca, a cargo del juez Hugo Greca, reconoció la acción de amparo colectivo presentada por el gobernador Alberto Weretilneck, intendentes y cámaras empresariales para garantizar la seguridad en la Ruta Nacional N° 151.
En su resolución, el magistrado definió avanzar en los tramos específicos de la ruta incluidos en la cautelar solicitada, para evaluar la necesidad de obras de conservación hasta la sentencia definitiva.
«La fecha de realización del reconocimiento judicial in situ, que deberá ser propuesta de manera conjunta, contando con los medios para el traslado», indica además.
«La participación de peritos de parte, en condiciones de producir luego un examen científico que precise tanto las medidas requeridas como las defensas planteadas por la demandada», agrega.
El fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, señaló que «es un paso indispensable para dejar en evidencia la gravedad del abandono de la Ruta 151 y exigir medidas urgentes que resguarden la seguridad de los rionegrinos».
A su vez, subrayó que «el propio Estado Nacional reconoció que en dos años no ejecutó obras sustanciales y que lo hecho hasta ahora es claramente insuficiente. Esa confesión deja en claro que la Provincia tenía razón al plantear esta acción judicial», dijo.
Además, el fiscal de Estado sostuvo que «Río Negro no se va a resignar a que la desidia nacional ponga en riesgo vidas humanas. Vamos a seguir insistiendo hasta que se ordenen las obras mínimas de conservación y se cumpla con el deber básico de garantizar rutas seguras».
Finalmente, Pérez Estevan remarcó la necesidad de celeridad en el proceso. «Llevamos meses reclamando medidas mínimas mientras la causa se demora en trámites que no se condicen con la urgencia del caso. El amparo no puede transformarse en un juicio ordinario: la Justicia debe actuar rápido porque está en juego la vida de quienes transitan todos los días esta ruta», concluyó.
Judiciales
Fiscalía de Estado recuperó más de $8.600.000 para el sistema de salud
Una sentencia judicial obliga al responsable de un accidente vial y a su aseguradora a reintegrar los gastos médicos al IPROSS.
La Fiscalía de Estado de Río Negro obtuvo un fallo favorable que ordena la restitución de más de $8.600.000 al Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), consolidando su rol central en la defensa del patrimonio público.
El Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones N 13 de Viedma hizo lugar a la demanda presentada por el organismo provincial, que actuó en representación de IPROSS. La sentencia, dictada el 1 de septiembre de 2025, obliga al responsable de un accidente vial y a su aseguradora a reintegrar los gastos médicos y asistenciales afrontados por la obra social estatal en la atención de un afiliado gravemente lesionado sobre la Ruta Nacional N° 3.
La resolución judicial reconoce el derecho de la Provincia a recuperar, mediante acción subrogatoria, los costos generados por la negligencia de terceros. El fallo también subraya la legitimidad del accionar de la Fiscalía de Estado, que promovió la demanda con éxito y aseguró una importante restitución a favor del sistema público de salud.
«Esta acción reafirma nuestro compromiso con la protección del erario provincial y la defensa activa de los recursos del sistema solidario de salud», destacó el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan.
El organismo explicó que cada peso recuperado fortalece la capacidad operativa de IPROSS y alivia la carga sobre el sistema público de salud, que no debe asumir costos ajenos a su responsabilidad.
«La estrategia de iniciar acciones judiciales busca precisamente garantizar el recupero de los gastos cubiertos por IPROSS a los afiliados cuando la responsabilidad de los daños corresponde a un tercero y a su aseguradora», destacaron desde el Gobierno.
Judiciales
Familia del Alto Valle definió el cuidado de un adulto mayor y el destino de una chacra
Fue a través del Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, bajo la coordinación de la Defensa Pública de mediación.
En el Alto Valle, una mesa de mediación reunió a una familia entera que buscaba organizar el cuidado de su padre ya mayor y resolver cómo administrar una chacra de la región. La cita ocurrió el 26 de agosto de 2025 en un Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, bajo la coordinación de la Defensa Pública de mediación. El proceso fue gratuito y concluyó con un acta que dejó asentados compromisos y responsabilidades.
Ese día, uno de los hijos tomó la palabra con decisión: trasladaría a su padre a su casa el 28 de agosto y se haría cargo de su cuidado cotidiano. Además, aceptó realizar los trámites previsionales para asumir la representación como apoderado y administrar los ingresos del adulto mayor.
En la misma mesa, una de las hermanas ofreció colaborar en la atención diaria. El objetivo fue claro: que quien asumiera la carga principal pudiera disponer de espacios de descanso. Se estableció que los detalles de esa ayuda se coordinarían de manera directa entre los familiares. La conversación giró luego hacia la chacra. Otro de los hermanos aceptó administrar la tierra y los animales. Dijo que se encargaría de los tributos y del cuidado del ganado. El compromiso incluyó la entrega de un grupo de vacas con sus crías a uno de sus hermanos, con retiro fijado entre el 30 y el 31 de agosto.
El tema económico también ocupó un lugar en la discusión. Varias personas se comprometieron a aportar una suma de dinero todos los meses, durante los primeros diez días, mediante transferencias a una cuenta bancaria. La mediación recogió esa decisión sin prever sanciones, solo como un acuerdo de responsabilidad compartida.
La audiencia se extendió hasta el mediodía. Dos de los hermanos decidieron no suscribir a ciertos puntos, y por eso el documento final reflejó únicamente los aspectos consensuados. La mediadora informó que lo acordado tenía carácter inmediato y obligatoriedad plena.
La reunión concluyó con la lectura del acta. Cada integrante escuchó en silencio el detalle de las fechas, las tareas y los aportes comprometidos. La tensión del inicio se transformó en un registro escrito que marcó un camino para la organización familiar. La intervención de la Defensa Pública permitió que este proceso se desarrollara sin costo y bajo un marco oficial que dio respaldo a la palabra de los participantes.
