La Legislatura de Río Negro sancionó en segunda vuelta un paquete de nueve proyectos de ley, entre los que se destacan la incorporación del Himno Nacional Argentino y el Himno Provincial en Lengua de Señas Argentina al sistema educativo, y la creación de un procedimiento para la aplicación de convenios internacionales sobre restitución de niñas, niños y adolescentes, así como régimen de visitas transfronterizas.

La iniciativa vinculada a la enseñanza de los himnos en Lengua de Señas fue impulsada por el bloque PRO Unión Republicana, y establece que su incorporación será obligatoria en todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la provincia.

En tanto, el proyecto que reglamenta la aplicación de convenios internacionales en materia de restitución de menores y régimen de contacto transfronterizo fue presentado por los legisladores de JSRN, Lucas Pica y Facundo López.

Otro de los proyectos aprobados fue la modificación de la Ley 4508, sobre régimen de evaluación para reconocimientos y distinciones, presentada por los legisladores de la UCR, Ariel Bernatene y Lorena Matzen.

Nuevas fiestas provinciales

Durante la sesión, también se otorgó carácter de fiesta provincial a distintos eventos tradicionales:

• La Fiesta del Asador, que se realiza cada febrero en General Enrique Godoy, a propuesta de los legisladores Silvia Morales (JSRN) y los integrantes del bloque PJ-NE: Luis Ivancich, Pedro Dantas, Daniel Belloso, Ana Marks y Leandro García.
• La Fiesta del Asador Criollo, que tiene lugar en julio en San Javier, impulsada por Marcelo Szczygöl, Facundo López, Maricela Cévoli y Andrea Escudero (JSRN).
• La Fiesta de la Sidra, celebrada en noviembre en General Roca, fue una propuesta de José Luis Berros (Vamos con Todos).
• La Fiesta del Enólogo, que se llevará a cabo cada octubre en Mainqué, fue presentada por Silvia Morales (JSRN) y Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos).

Asimismo, se declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación cinco lotes de un inmueble de El Bolsón con el objetivo de regularizar la situación dominial de los vecinos de los barrios Luján, Lujancito e Hijos del Luján. La iniciativa fue impulsada por Leandro García (PJ–Nuevo Encuentro).

Finalmente, se aprobó la modificación de la Ley P N.º 5450, referida a los Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (MARC), también presentada por los legisladores de JSRN, Lucas Pica y Facundo López.

Un hombre buscó restringir la capacidad de su madre de 89 años, con el argumento de simplificar la administración del dinero de su progenitora. Esto fue desvirtuado por la propia mujer que pudo expresar y sostener que ella necesitaba ayuda pero no con sus ingresos.

Luego de la intervención conjunta del Ministerio Público de la Defensa se logró que la economía de la mujer continúe bajo su órbita, teniendo presente el nuevo paradigma guiado por la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores y la de Protección de las Personas con Discapacidad.

La mujer tiene dos hijos, uno que reside con ella y otro en Buenos Aires. El primero presentó la petición en la Unidad Procesal de Familia entendiendo que facilitaría un trámite ante la ANSES.

La vivienda de la mujer y de su hijo fue el epicentro de la audiencia celebrada entre la Defensora de Pobres y Ausentes que la representaba, al Defensor de Menores e Incapaces que debía emitir su dictamen respecto del pedido, y la jueza de Familia interviniente en este expediente.

También estuvo presente el hijo que pudo explicar las dificultades que estaba teniendo para auxiliar a su madre en el cobro de su jubilación y su pensión.

«Los motivos que ameritaban esta solicitud fueron de a poco desvirtuados. A través de la impugnación que realizó esta defensora de los informes interdisciplinarios, solicitando la intervención de la Oficina de Servicio Social del Ministerio Público. Así mismo mantuvimos varios encuentros con la señora, tanto en su casa -por su dificultad para trasladarse- como en la sede de la Defensoría», explicó la defensora civil.

«En su domicilio pudimos dar cuenta de las facultades conservadas que posee la mujer. Luego de haber dialogado extensamente con ella, nos dio las explicaciones por las que se había iniciado este proceso y que ella no estaba en las condiciones descriptas por su hijo», expuso el defensor de incapaces.

De esta manera, se vislumbró que lo único que se necesitaba en este caso, y que para la instancia de la audiencia ya había sido concretado, era cambiar de apoderado habilitado ante la ANSES para cobrar.

«Para todo ello, la adulta mayor estuvo de acuerdo y subrayó lo referenciado por su defensora, es decir, que quería continuar administrando su dinero pero que requería de la ayuda de su hijo, de aquel que está instalado en la misma localidad que ella, para la medicación y demás cuidados», explicó el equipo de defensores.

Finalmente, la jueza rechazó la demanda que pretendía la restricción de la capacidad jurídica por demencia senil, y de esta manera se mantuvo la capacidad plena de la señora.

Durante la instancia de presentación de prueba, la Defensoría esgrimió los informes a favor de su petición, es decir, «sosteniendo que la señora tiene autodeterminación y que se debían preservar sus capacidades y estimularlas para propender a ampliar el rango de situaciones para las que puede autovalidarse», sostuvo la resolución de la jueza de Familia.

«Una de las grandes innovaciones del Código Civil en materia de capacidad radica en reconocer lo importante y vital que supone para la persona el ejercicio por sí de sus derechos», agregó la resolución de la magistrada.

«El Artículo 30 de la Convención de las personas mayores establece que tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y que los Estados parte reconocerán que la persona mayor tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida», dice más adelante la sentencia.

La defensora apoyó sus argumentos en la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad local, la de la Secretaria de Adultos Mayores de la Provincia, además de los informes de la Oficina de Servicio Social del Ministerio Público.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó la aprobación unánime de la Ley 80-20 en la Legislatura de Río Negro, una norma histórica que establece que en todas las obras de infraestructura declaradas de interés provincial el 80% de los trabajadores deberán ser rionegrinos. «Desde hoy, no se pone un caño sin contratar a un rionegrino. La defensa del trabajo y de nuestras pymes es ley», afirmó el mandatario.

La reglamentación da prioridad a quienes cuenten con al menos dos años de residencia en la provincia y vivan dentro de un radio de 20 kilómetros de cada obra. Además, se incorpora un 20% de cupo reservado a mujeres y disidencias, abriendo camino hacia una mayor igualdad en un sector históricamente desigual. «No hay desarrollo posible si no es en beneficio de las y los rionegrinos. Por eso impulsamos y logramos estas leyes que nacen del diálogo con trabajadores, sindicatos, pymes y municipios», agregó Weretilneck.

El gobernador subrayó que esta norma se enmarca en una estrategia más amplia de crecimiento vinculada al desarrollo energético, petrolero y minero. Actualmente, 2.500 rionegrinos ya trabajan en proyectos derivados del RIGI, con respaldo y acompañamiento del Estado provincial.

El espíritu de la ley es garantizar que el progreso llegue acompañado de empleo local y que cada inversión represente oportunidades para miles de familias. Para ello, se establecieron mecanismos de flexibilidad consensuados con el sector privado: cuando un oficio no pueda cubrirse con trabajadores locales, las empresas podrán contratar personal de otras provincias, siempre con la obligación de capacitar en Río Negro a futuros trabajadores.

La aplicación de la norma contará con sistemas de control eficientes en articulación con las organizaciones de los trabajadores, quienes también participarán en una mesa de seguimiento. Allí se contemplan no solo los oficios directos de cada obra, sino también los servicios y empleos indirectos que los proyectos generan en las comunidades.

La inclusión es otro eje central: el cupo del 20% para mujeres y disidencias representa un paso firme hacia la igualdad de género, rompiendo barreras y ampliando horizontes. «Votar estas leyes es votar a favor del trabajo, del desarrollo y del crecimiento económico de Río Negro. La defensa nace acá», concluyó Weretilneck.