Río Negro
La Legislatura sancionó el Presupuesto 2018
La ley prevé ingresos totales por $46.308.000.000 teniendo en cuenta los recursos provenientes del «Plan Castello».
Luego de seis horas de debate, la Legislatura rionegrina sancionó hoy por mayoría el Presupuesto General de la Administración Provincial para el Ejercicio Fiscal 2018, que fija en más de $57.000.000.000 el total de Gastos Corrientes, de Capital y Aplicaciones Financieras. El proyecto fue votado en general, con 32 votos a favor y 9 en contra, y también se votó en particular, con la oposición de algunos bloques sobre determinados artículos.
Para el ejercicio 2018 los recursos de origen provincial, compuestos básicamente por impuestos provinciales, representan alrededor del 38,5% del total de los recursos de la Provincia. El 61,5% restante provienen de transferencias automáticas que forman parte de la masa coparticipable de recursos nacionales como de transferencias de fondos específicos que le corresponden a la Provincia.
La ley prevé ingresos totales por $46.308.000.000 teniendo en cuenta los recursos provenientes del Plan Castello, que representan un aumento en términos monetarios de $13.844.000.000 respecto de la ejecución proyectada para el cierre del ejercicio 2017. La variación sin tener en cuenta los recursos del mencionado Plan es de $8.321.000.000 y del 25,6% en términos porcentuales.
Con respecto al gasto, la ley contempla $48.826.000.000 en concepto de gastos totales, lo que representa un aumento nominal del 38,2% respecto al cierre estimado para el ejercicio 2017, explicado principalmente por el crecimiento en la obra pública que implicará la puesta en marcha del Plan Castello. De los $48.826.000.000, $39.011.000.000 se destinarán a gastos operativos mientras que $9.814.000.000 a gasto de capital, previendo un crecimiento del 18,3% y el 315,3% respectivamente.
Por finalidad, el Presupuesto prevé en 45% el gasto en servicios sociales; 22,5% en administración gubernamental; 15,7% en deuda pública, intereses y gastos; 9,2% en servicios económicos; y 7,7% en Seguridad. En servicios sociales, el mayor gasto se prevé para Educación y Cultura y para Salud.
La partida de personal continúa siendo la de mayor participación en los gastos corrientes, previéndose un incremento en términos nominales del 12,1% dentro del rango de inflación esperada para el ejercicio 2018. El incremento en la partida de intereses de la deuda del 99,7% se explica principalmente por los servicios del título de deuda internacional de U$ 300.000.000 colocado en diciembre 2017 y por el incremento de la deuda contraída localmente en pesos cuyas tasas de interés continúan en niveles elevados.
El Presupuesto 2018 arroja un resultado financiero deficitario de $2.518.000.000, lo cual supone una reducción en términos nominales del 12,5% respecto al resultado financiero proyectado para el cierre del 2017 y un 26% en términos reales (medido como % del PBI). Por su parte, el resultado corriente estimado es un superávit de $182.000.000, contra un déficit de $1.760.000.000 esperados al cierre de 2017.
El debate
El miembro informante del proyecto fue el legislador Rodolfo Cufré (JSRN), quien realizó una extensa exposición de sus alcances. Consideró que el Presupuesto refleja la continuidad de las políticas de integración social, desarrollo económico, contención del gasto público, ordenamiento, responsabilidad fiscal y principalmente la incorporación de infraestructura, en consonancia con los lineamientos políticos del actual gobierno y potenciando cambios necesarios para construir una sociedad más justa, más armoniosa y con mayores posibilidades.
“El Presupuesto 2018 propone generar un marco favorable para continuar con el desarrollo de políticas educativas, de seguridad, mejoramiento en salud, obra pública, entre otros objetivos, bajo la órbita de un Estado siempre presente, moderno y transparente”, indicó.
Aseguró que el proyecto “expresa el pensamiento de un gobierno comprometido con sus ciudadanos, que tiene la mirada puesta en sus necesidades básicas, aún bajo el condicionamiento lógico que representa mantener el equilibrio de sus cuentas en relación con el innegable influjo de la realidad económica y financiera nacional”.
Concluyó que el gobierno provincial “tiene una cifrada esperanza de desarrollo” con la puesta en marcha de las obras del Plan Castello, que “colocará a Río Negro en el podio de las provincias más desarrolladas y modernas de nuestro país”.
Por su parte, también por el oficialismo, Alfredo Martín (JSRN) defendió la gestión de gobierno y enumeró distintas obras de infraestructura finalizadas y en ejecución en los distintos circuitos de la Provincia y aseguró que el Plan Castello “nos va a permitir ser una provincia rica”.
También en defensa de la gestión de gobierno, Marta Milesi (JSRN) salió al cruce de críticas realizadas por el legislador Mario Sabatella (FNyP) y destacó la gestión en Salud y las obras relacionadas con esta materia que prevé el Plan Castello. Roxana Fernández hizo lo mismo en defensa de la política en Educación, con la enumeración de obras en jardines de infantes. También remarcó la implementación de la nueva escuela secundaria, la política en educación superior y las obras que proyecta el Plan Castello.
El presidente del bloque oficialista, Alejandro Palmieri, intervino en el cierre del debate con una férrea defensa del proyecto y con fuertes críticas a los planteos del bloque del Frente para la Victoria. “Es un presupuesto con mucha obra pública, con un compromiso de deuda que nos vamos a hacer cargo, una deuda sana, saludable, que fue tomada para hacer obra pública, para generar trabajo. Es un presupuesto que va a pagar los sueldos en término, como hoy terminó de pagar el aguinaldo”, expresó, por eso “nos hacemos cargo y estamos orgullosos de este Presupuesto”, concluyó.
Desde el bloque radical, Soraya Yauhar, aunque criticó “el escueto tiempo transcurrido entre el ingreso y el tratamiento en Cámara de los proyectos oficiales, lo que imposibilitó un análisis más exhaustivo de estos expedientes”, señaló que el año 2018 será el año de reordenamiento de las cuentas públicas.
Consideró que la mayoría de las definiciones que tiene el paquete fiscal son la consecuencia del consenso fiscal firmado por el Gobierno Nacional y los gobernadores. “Es la primera vez que veo definiciones que están orientadas a mejorar las condiciones de competitividad de la economía, a promover el desarrollo económico y el empleo genuino”, destacó.
Por el Frente Progresista, Jorge Ocampos acompañó en general y se opuso a algunos artículos durante el tratamiento en particular. Dijo que el presupuesto es más realista que el de años anteriores, pero tendrá un alto déficit financiero de $2.500.000.000 y una gran deuda adquirida y a adquirir que rondará los $20.000.000.000”.
Aseguró que el déficit fiscal “es de todos, ni de izquierda ni de derecha, es lo que le hace daño al país, es lo que hace que gastemos más recursos de los que entran, es una mala aplicación de fondos y nos pone en situación desigual en el concierto de las naciones”.
Por la oposición, el legislador Nicolás Rochás (FpV) expresó su rechazo en general y en particular al presupuesto y a las leyes impositivas por ser “parte de un plan de endeudamiento consecuente con el gobierno nacional”. Criticó las deudas contraídas por la provincia, la subejecución de partidas y la utilización de cheques con pagos diferidos realizadas por el gobierno actual que, según el legislador, triplicó la deuda en los últimos dos años.
Mario Sabatella, por el bloque Fuerza Nacional y Popular (FNyP), también votó en contra. Remarcó la falta de ejecución en muchos de los rubros del presupuesto del año en curso. Criticó tanto al gobierno nacional como al provincial respecto de sus políticas económicas. “Hay un pueblo que estaba feliz y que hoy reclama en la calle que paren con el ajuste y con esta perversidad política”.
“Ya votamos un presupuesto que era lastimoso el año pasado, y ni siquiera se ejecutaron las bajas partidas que estaban destinadas a la Educación o las que estaban comprometidas en el 2016 y tampoco se habían ejecutado hasta entonces”. Recordó que el rubro Salarios no contenía entonces las pautas de crecimiento ni la inflación “porque eran temas manejables. El presupuesto se aprobó gracias a la mayoría automática que el oficialismo tiene en esta Legislatura y ahora ha sido incrementado en un 50% respecto del anterior”, aseguró.
El legislador Jorge Vallaza (FpV) coincidió en que el Presupuesto 2018 repite los mismos errores del año pasado. En referencia al área social, marcó que a la subejecución se suma la disminución del presupuesto actual para la mayoría de los programas que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, que es de dos a cuatro veces menor respecto al vigente.
Por su parte, la legisladora Marta Bizzotto (FpV) se refirió a los “ajustes realizados en educación” y realizó un repaso de diferentes programas educacionales presupuestados para este año que no fueron ejecutados y expresó que “este presupuesto formaliza y proyecta las políticas financieras de un Estado que no las cumple”.
A su turno, Raúl Martínez (FpV) se refirió a la obra pública y al “problema habitacional”. Consideró que el presupuesto es un nuevo endeudamiento y ajuste que “no le sirve a las más de 70.000 familias que no tienen vivienda en Río Negro”.
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Alejandro Marinao, planteó la posición de una minoría dentro de su bancada de apoyar el proyecto en un plano general, y rechazar algunos artículos. En este sentido, afirmó que no le delegarán facultades especiales al gobernador, y menos las que competen al Parlamento, y los artículos ligados al crédito publico, que también consideró que deben ser tratadas por la Cámara.
Señaló que desde el punto de vista de la planificación, el presupuesto tiene grandes falencias y que los tres indicadores claros para el 2018 son el Plan Castello, la deuda y el pago de sueldos.
Afirmó que son altas las falencias en el cumplimiento de los servicios del Estado y que “es hora de que el oficialismo tome la decisión de abordalas”. Asimismo, se refirió a la “necesidad imperiosa” de poner en funcionamiento el Instituto de Planificación, “que es donde se discute y se planifica al Estado”, y para el cual ” el año pasado se presupuestaron 21 millones y no se gastó ni un solo peso”.
El legislador Luis Albrieu (FpV) expresó que “notamos que se presenta un presupuesto con gran desarrollo y con obras que entusiasman a la ciudadanía, pero observamos que después se subejecuta. Por este motivo fuimos perdiendo credibilidad en los presupuestos que presenta el oficialismo en la Legislatura”. De esta manera, el legislador adelantó que la mayoría del bloque del Frente para la Victoria no acompañaba el proyecto del Ejecutivo.
Judiciales
La Justicia ratificó que la falta de trabajo no exime el deber alimentario de un progenitor
Para evitar pagar la cuota alimentaria que fijó una jueza, también alegó dolencias físicas y dificultades económicas.
Un hombre intentó eludir su responsabilidad parental en favor de su hija con el argumento de que no tenía trabajo. Para evitar pagar la cuota alimentaria que fijó una jueza de Familia de Bariloche también alegó dolencias físicas y dificultades económicas. Presentó un recurso de apelación, pero la respuesta fue la misma: la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia y ratificó que la desocupación no anula las obligaciones legales de un padre.
El Tribunal rechazó el recurso y respaldó el criterio de primera instancia, que había fijado una cuota alimentaria equivalente al 35% de todos los ingresos del progenitor, con un piso no inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). El fallo estableció además que el monto deberá actualizarse automáticamente cada vez que cambie el valor del salario mínimo, lo que evita que la madre deba volver a litigar para solicitar nuevos aumentos.
Durante el proceso judicial, el padre sostuvo que no tenía trabajo y que una dolencia en la espalda le impedía conseguir uno. También argumentó que tenía otros hijos a cargo. Su propuesta fue pagar $40.000 por mes, monto que resultó insuficiente frente a los gastos de su hija adolescente, quien cursa estudios universitarios y no mantiene vínculo con él.
La jueza de primera instancia desestimó el planteo tras un análisis del expediente y de los informes incorporados. El hombre figuraba inscripto como monotributista, había trabajado como remisero hasta pocos meses antes del juicio y no aportó pruebas médicas serias que justificaran una incapacidad prolongada. Tampoco había demostrado voluntad de involucrarse en la crianza o de mejorar su situación para asumir el rol que le corresponde como padre.
La pericia social confirmó que la madre, quien trabaja como portera en una escuela pública, mantiene sola a su hija y a otro hijo menor. Realiza actividades adicionales para sostener el hogar y destina gran parte de sus ingresos al pago de alquiler y educación. El informe describió un entorno austero, organizado y enfocado en el cuidado y desarrollo de los hijos.
La Cámara respaldó íntegramente ese análisis. Indicó que la obligación alimentaria no se basa únicamente en los ingresos reales, sino en la capacidad económica potencial del alimentante, y que esta no puede desaparecer por falta de voluntad o por informalidad laboral. También recordó que la ley reconoce el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado, y que quien no asume esas tareas debe compensarlo de otro modo.
El fallo final ratificó el monto y el criterio establecido en primera instancia. Rechazó la apelación del demandado y confirmó que, incluso sin empleo, un progenitor no puede dejar de cumplir con su obligación alimentaria.
Río Negro
Río Negro actualiza su Código de Aguas para impulsar energías limpias
La Ley permitirá ampliar las facultades del DPA, llevando adelante obras de energía solar, eólica y mareomotiz.
El Gobierno Provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley que amplía las facultades del Departamento Provincial de Aguas (DPA) para llevar adelante obras de energía solar, eólica y mareomotriz, además de la hidroeléctrica. La propuesta busca adecuar el Código de Aguas a los desafíos ambientales actuales y avanzar hacia un modelo energético más limpio y sustentable.
El gobernador Alberto Weretilneck, impulsor de la iniciativa, destacó que esta actualización le otorga a la Provincia «las herramientas necesarias para transformar nuestros recursos en energía limpia, moderna y sostenible, con impacto directo en el desarrollo local».
La modificación de la Ley Q Nº 3930 y del Código de Aguas establece que el DPA tendrá prioridad para ejecutar y explotar proyectos de energías renovables en todo el territorio rionegrino. El objetivo es complementar los aprovechamientos hidroeléctricos con fuentes limpias, reducir costos, optimizar infraestructuras existentes y garantizar la sustentabilidad ambiental de cada emprendimiento.
El proyecto toma como ejemplo la Central Hidroeléctrica Salto Andersen, en Río Colorado, donde se impulsa la incorporación de generación solar fotovoltaica aprovechando instalaciones ya construidas. Este modelo de complementariedad entre agua y energías renovables busca replicarse en otros puntos de la provincia, siempre sujeto a la viabilidad económica y a la admisibilidad ambiental de cada caso.
De esta manera, Río Negro actualiza su marco legal para consolidarse como productora de energías renovables, promoviendo el autoabastecimiento, la diversificación de la matriz energética y un desarrollo que combine crecimiento económico con responsabilidad ambiental.
Judiciales
Su muñeca no resistió más: Abrió miles de pollos con cuchillo y sufrió una lesión permanente
La Justicia estableció que el porcentaje de incapacidad es del 8,75% y fijó la indemnización correspondiente para la trabajadora.
Una trabajadora de una planta avícola de Cipolletti logró que la Cámara del Trabajo reconociera su incapacidad como una enfermedad profesional y condenara a la ART al pago de una indemnización.
Durante años, cortó, limpió y clasificó piezas de pollo bajo exigencias físicas constantes. Abrió aves con cuchillos, separó vísceras, embaló productos y levantó bandejas pesadas, en jornadas extensas. Lo hizo con esfuerzo repetido y posturas forzadas que fueron dejando marcas en su cuerpo.
A comienzos de 2023, los dolores comenzaron a instalarse en sus muñecas. Informó a su empleadora, recibió calmantes, reposo y sesiones de fisioterapia. En julio ya no pudo continuar trabajando. En febrero del año siguiente, se sometió a una cirugía en la muñeca izquierda, donde se detectó una lesión en el fibrocartílago triangular.
La aseguradora de riesgos del trabajo (ART) no reconoció la relación entre la patología y las tareas, y la Comisión Médica dictaminó que se trataba de una dolencia inculpable. Frente a ese rechazo, la trabajadora inició una acción judicial.
El expediente tramitó ante la Cámara del Trabajo de Cipolletti. La ART demandada no respondió en el plazo legal, lo que derivó en su declaración en rebeldía. El tribunal dio curso a la prueba y designó a un perito médico, quien evaluó a la trabajadora y determinó que sufría una limitación funcional en la muñeca izquierda, con un grado de incapacidad inicial del 5,85%.
Ambas partes impugnaron ese dictamen. La aseguradora insistió con el informe de la Comisión Médica, mientras que la trabajadora cuestionó el cálculo del factor edad. El perito ratificó su informe, describió el impacto de los movimientos repetitivos en las lesiones articulares y señaló que en este caso existía causalidad con las tareas laborales.
La jueza y los dos jueces del tribunal valoraron el dictamen, la prueba documental, el relato no controvertido y la falta de respuesta de la demandada. Reconocieron que las tareas desempeñadas durante años constituyeron un mecanismo adecuado para generar la lesión. Aplicaron la «teoría de la indiferencia de la concausa», ya admitida por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), según la cual el trabajo debe considerarse causa relevante aunque existan factores concurrentes.
También se remitieron a los precedentes del STJ que sostienen la obligatoriedad del baremo previsto en el Decreto 659/96 para calcular incapacidades, y a su pronunciamiento sobre el Decreto 669/2019, que avaló su validez con aplicación desde su entrada en vigencia.
En función de esos lineamientos, el Tribunal incrementó el porcentaje de incapacidad al 8,75% y fijó la indemnización correspondiente, con intereses desde la fecha del infortunio. Estableció que el monto debía abonarse en un plazo de diez días, y en caso de mora, debía aplicarse la tasa activa del Banco Nación. La firma condenada es La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
