Río Negro
La Legislatura sancionó el Presupuesto 2018
La ley prevé ingresos totales por $46.308.000.000 teniendo en cuenta los recursos provenientes del «Plan Castello».
Luego de seis horas de debate, la Legislatura rionegrina sancionó hoy por mayoría el Presupuesto General de la Administración Provincial para el Ejercicio Fiscal 2018, que fija en más de $57.000.000.000 el total de Gastos Corrientes, de Capital y Aplicaciones Financieras. El proyecto fue votado en general, con 32 votos a favor y 9 en contra, y también se votó en particular, con la oposición de algunos bloques sobre determinados artículos.
Para el ejercicio 2018 los recursos de origen provincial, compuestos básicamente por impuestos provinciales, representan alrededor del 38,5% del total de los recursos de la Provincia. El 61,5% restante provienen de transferencias automáticas que forman parte de la masa coparticipable de recursos nacionales como de transferencias de fondos específicos que le corresponden a la Provincia.
La ley prevé ingresos totales por $46.308.000.000 teniendo en cuenta los recursos provenientes del Plan Castello, que representan un aumento en términos monetarios de $13.844.000.000 respecto de la ejecución proyectada para el cierre del ejercicio 2017. La variación sin tener en cuenta los recursos del mencionado Plan es de $8.321.000.000 y del 25,6% en términos porcentuales.
Con respecto al gasto, la ley contempla $48.826.000.000 en concepto de gastos totales, lo que representa un aumento nominal del 38,2% respecto al cierre estimado para el ejercicio 2017, explicado principalmente por el crecimiento en la obra pública que implicará la puesta en marcha del Plan Castello. De los $48.826.000.000, $39.011.000.000 se destinarán a gastos operativos mientras que $9.814.000.000 a gasto de capital, previendo un crecimiento del 18,3% y el 315,3% respectivamente.
Por finalidad, el Presupuesto prevé en 45% el gasto en servicios sociales; 22,5% en administración gubernamental; 15,7% en deuda pública, intereses y gastos; 9,2% en servicios económicos; y 7,7% en Seguridad. En servicios sociales, el mayor gasto se prevé para Educación y Cultura y para Salud.
La partida de personal continúa siendo la de mayor participación en los gastos corrientes, previéndose un incremento en términos nominales del 12,1% dentro del rango de inflación esperada para el ejercicio 2018. El incremento en la partida de intereses de la deuda del 99,7% se explica principalmente por los servicios del título de deuda internacional de U$ 300.000.000 colocado en diciembre 2017 y por el incremento de la deuda contraída localmente en pesos cuyas tasas de interés continúan en niveles elevados.
El Presupuesto 2018 arroja un resultado financiero deficitario de $2.518.000.000, lo cual supone una reducción en términos nominales del 12,5% respecto al resultado financiero proyectado para el cierre del 2017 y un 26% en términos reales (medido como % del PBI). Por su parte, el resultado corriente estimado es un superávit de $182.000.000, contra un déficit de $1.760.000.000 esperados al cierre de 2017.
El debate
El miembro informante del proyecto fue el legislador Rodolfo Cufré (JSRN), quien realizó una extensa exposición de sus alcances. Consideró que el Presupuesto refleja la continuidad de las políticas de integración social, desarrollo económico, contención del gasto público, ordenamiento, responsabilidad fiscal y principalmente la incorporación de infraestructura, en consonancia con los lineamientos políticos del actual gobierno y potenciando cambios necesarios para construir una sociedad más justa, más armoniosa y con mayores posibilidades.
“El Presupuesto 2018 propone generar un marco favorable para continuar con el desarrollo de políticas educativas, de seguridad, mejoramiento en salud, obra pública, entre otros objetivos, bajo la órbita de un Estado siempre presente, moderno y transparente”, indicó.
Aseguró que el proyecto “expresa el pensamiento de un gobierno comprometido con sus ciudadanos, que tiene la mirada puesta en sus necesidades básicas, aún bajo el condicionamiento lógico que representa mantener el equilibrio de sus cuentas en relación con el innegable influjo de la realidad económica y financiera nacional”.
Concluyó que el gobierno provincial “tiene una cifrada esperanza de desarrollo” con la puesta en marcha de las obras del Plan Castello, que “colocará a Río Negro en el podio de las provincias más desarrolladas y modernas de nuestro país”.
Por su parte, también por el oficialismo, Alfredo Martín (JSRN) defendió la gestión de gobierno y enumeró distintas obras de infraestructura finalizadas y en ejecución en los distintos circuitos de la Provincia y aseguró que el Plan Castello “nos va a permitir ser una provincia rica”.
También en defensa de la gestión de gobierno, Marta Milesi (JSRN) salió al cruce de críticas realizadas por el legislador Mario Sabatella (FNyP) y destacó la gestión en Salud y las obras relacionadas con esta materia que prevé el Plan Castello. Roxana Fernández hizo lo mismo en defensa de la política en Educación, con la enumeración de obras en jardines de infantes. También remarcó la implementación de la nueva escuela secundaria, la política en educación superior y las obras que proyecta el Plan Castello.
El presidente del bloque oficialista, Alejandro Palmieri, intervino en el cierre del debate con una férrea defensa del proyecto y con fuertes críticas a los planteos del bloque del Frente para la Victoria. “Es un presupuesto con mucha obra pública, con un compromiso de deuda que nos vamos a hacer cargo, una deuda sana, saludable, que fue tomada para hacer obra pública, para generar trabajo. Es un presupuesto que va a pagar los sueldos en término, como hoy terminó de pagar el aguinaldo”, expresó, por eso “nos hacemos cargo y estamos orgullosos de este Presupuesto”, concluyó.
Desde el bloque radical, Soraya Yauhar, aunque criticó “el escueto tiempo transcurrido entre el ingreso y el tratamiento en Cámara de los proyectos oficiales, lo que imposibilitó un análisis más exhaustivo de estos expedientes”, señaló que el año 2018 será el año de reordenamiento de las cuentas públicas.
Consideró que la mayoría de las definiciones que tiene el paquete fiscal son la consecuencia del consenso fiscal firmado por el Gobierno Nacional y los gobernadores. “Es la primera vez que veo definiciones que están orientadas a mejorar las condiciones de competitividad de la economía, a promover el desarrollo económico y el empleo genuino”, destacó.
Por el Frente Progresista, Jorge Ocampos acompañó en general y se opuso a algunos artículos durante el tratamiento en particular. Dijo que el presupuesto es más realista que el de años anteriores, pero tendrá un alto déficit financiero de $2.500.000.000 y una gran deuda adquirida y a adquirir que rondará los $20.000.000.000”.
Aseguró que el déficit fiscal “es de todos, ni de izquierda ni de derecha, es lo que le hace daño al país, es lo que hace que gastemos más recursos de los que entran, es una mala aplicación de fondos y nos pone en situación desigual en el concierto de las naciones”.
Por la oposición, el legislador Nicolás Rochás (FpV) expresó su rechazo en general y en particular al presupuesto y a las leyes impositivas por ser “parte de un plan de endeudamiento consecuente con el gobierno nacional”. Criticó las deudas contraídas por la provincia, la subejecución de partidas y la utilización de cheques con pagos diferidos realizadas por el gobierno actual que, según el legislador, triplicó la deuda en los últimos dos años.
Mario Sabatella, por el bloque Fuerza Nacional y Popular (FNyP), también votó en contra. Remarcó la falta de ejecución en muchos de los rubros del presupuesto del año en curso. Criticó tanto al gobierno nacional como al provincial respecto de sus políticas económicas. “Hay un pueblo que estaba feliz y que hoy reclama en la calle que paren con el ajuste y con esta perversidad política”.
“Ya votamos un presupuesto que era lastimoso el año pasado, y ni siquiera se ejecutaron las bajas partidas que estaban destinadas a la Educación o las que estaban comprometidas en el 2016 y tampoco se habían ejecutado hasta entonces”. Recordó que el rubro Salarios no contenía entonces las pautas de crecimiento ni la inflación “porque eran temas manejables. El presupuesto se aprobó gracias a la mayoría automática que el oficialismo tiene en esta Legislatura y ahora ha sido incrementado en un 50% respecto del anterior”, aseguró.
El legislador Jorge Vallaza (FpV) coincidió en que el Presupuesto 2018 repite los mismos errores del año pasado. En referencia al área social, marcó que a la subejecución se suma la disminución del presupuesto actual para la mayoría de los programas que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, que es de dos a cuatro veces menor respecto al vigente.
Por su parte, la legisladora Marta Bizzotto (FpV) se refirió a los “ajustes realizados en educación” y realizó un repaso de diferentes programas educacionales presupuestados para este año que no fueron ejecutados y expresó que “este presupuesto formaliza y proyecta las políticas financieras de un Estado que no las cumple”.
A su turno, Raúl Martínez (FpV) se refirió a la obra pública y al “problema habitacional”. Consideró que el presupuesto es un nuevo endeudamiento y ajuste que “no le sirve a las más de 70.000 familias que no tienen vivienda en Río Negro”.
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Alejandro Marinao, planteó la posición de una minoría dentro de su bancada de apoyar el proyecto en un plano general, y rechazar algunos artículos. En este sentido, afirmó que no le delegarán facultades especiales al gobernador, y menos las que competen al Parlamento, y los artículos ligados al crédito publico, que también consideró que deben ser tratadas por la Cámara.
Señaló que desde el punto de vista de la planificación, el presupuesto tiene grandes falencias y que los tres indicadores claros para el 2018 son el Plan Castello, la deuda y el pago de sueldos.
Afirmó que son altas las falencias en el cumplimiento de los servicios del Estado y que “es hora de que el oficialismo tome la decisión de abordalas”. Asimismo, se refirió a la “necesidad imperiosa” de poner en funcionamiento el Instituto de Planificación, “que es donde se discute y se planifica al Estado”, y para el cual ” el año pasado se presupuestaron 21 millones y no se gastó ni un solo peso”.
El legislador Luis Albrieu (FpV) expresó que “notamos que se presenta un presupuesto con gran desarrollo y con obras que entusiasman a la ciudadanía, pero observamos que después se subejecuta. Por este motivo fuimos perdiendo credibilidad en los presupuestos que presenta el oficialismo en la Legislatura”. De esta manera, el legislador adelantó que la mayoría del bloque del Frente para la Victoria no acompañaba el proyecto del Ejecutivo.
Judiciales
El ex intendente de Fernández Oro fue condenado por fraude y uso de documentación falsa
La causa continuará en una segunda etapa, donde se conocerá la pena a Reggioni.
El ex intendente de Fernández Oro, Juan Oscar Reggioni, fue hallado responsable del delito de administración fraudulenta y uso de documento ideológicamente falso. El tribunal tuvo por acreditado que utilizó una declaración jurada adulterada para destrabar el último desembolso de un plan nacional de viviendas.
El proyecto solo alcanzó a construir 6 de las 12 unidades previstas. El resto de las personas imputadas -tres presidentes de cooperativas y una intermediaria- fueron absueltas. La absolución se fundamentó en la falta de pruebas, en decisiones del Ministerio Público Fiscal o en violaciones al principio de congruencia.
Ayer (12/05) se conoció el veredicto en la causa vinculada al plan de viviendas ACU994, implementado en Fernández Oro entre 2014 y 2015. El tribunal analizó si existió una maniobra para obtener fondos nacionales sin que se cumplieran las condiciones establecidas en el convenio firmado entre el municipio y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.
El acuerdo preveía construir 12 viviendas en 6 meses, con fondos que serían liberados en cuatro etapas contra certificaciones de obra. Reggioni gestionó tres de los cuatro desembolsos, es decir, el 75% del financiamiento total. En su declaración jurada, afirmó haber ejecutado ese 75%, lo que equivaldría a haber construido 9 viviendas. Sin embargo, durante el juicio se acreditó que solo se construyeron 6 viviendas, sumando tanto las completadas como las parcialmente ejecutadas. Esto representa apenas el 50% del total comprometido.
A pesar de ello, se presentó una rendición de cuentas que informaba un avance físico del 75%, lo que permitió que Nación aprobara el cuarto y último desembolso. Para ello, se utilizó una declaración jurada suscripta en agosto de 2015 que no contaba con la firma del maestro mayor de obras que había intervenido en las certificaciones anteriores. Esa omisión, unida al porcentaje irreal de avance informado, constituyó el núcleo de la maniobra observada por el tribunal, según la prueba presentada en el juicio.
Este fue el único punto que justificó la declaración de culpabilidad: se descartó que Reggioni hubiera falsificado documentos materiales o que se hubiera apropiado del dinero en beneficio propio. La resolución judicial lo encontró responsable del delito de administración fraudulenta agravada contra la administración pública y del uso de documento ideológicamente falso. Determinó que violó los deberes emergentes del convenio, al permitir que se presentara una certificación que no reflejaba el estado real de las obras.
En cuanto al resto de las personas imputadas, el tribunal dictó la absolución de todos ellos.
Fabio Huenchunao, presidente de una de las cooperativas, fue absuelto a pedido del fiscal jefe, quien consideró que había actuado como un instrumento de Reggioni sin conocimiento suficiente ni capacidad real de decisión. Los jueces y la jueza que intervinieron señalaron que, al haberse retirado la acusación en su contra, no existía jurisdicción para emitir una sentencia condenatoria.
A partir de ese criterio, también fueron absueltos Diego Quintero y Luis Méndez, presidentes de otras dos cooperativas. Se indicó que las pruebas no evidenciaban diferencias sustanciales en sus conductas respecto a Huenchunao, y que no se había probado una responsabilidad penal concreta. Además, el tribunal consideró arbitrario mantener la acusación contra ellos sin argumentación suficiente.
Por su parte, Carina Marín, quien operó como nexo informal entre el municipio y las cooperativas, también fue absuelta. El veredicto consideró que la acusación fue modificada sustancialmente al final del juicio, sin respetar el principio de congruencia procesal ni permitirle ejercer una defensa efectiva. Se señaló que no existió evidencia concreta que respaldara ni la acusación inicial ni la reformulación posterior.
La resolución descartó que Reggioni se hubiera apropiado del dinero para fines personales y también desestimó que el perjuicio económico derivado del cuarto desembolso pudiera atribuírsele, ya que su ejecución correspondía a la gestión municipal siguiente. En ese sentido, el veredicto advirtió que el cuarto desembolso se concretó en marzo de 2016, ya fuera del mandato de Reggioni, y que su trazabilidad fue dificultada por la mezcla de fondos con otros planes nacionales, como “Techo Digno”. También se consignó que la investigación no siguió la ruta del dinero.
Ante esta situación, se remarcó que la falta de documentación, el desorden administrativo y las inconsistencias en los archivos del municipio deberán ser investigadas por el Ministerio Público Fiscal.
La causa continuará en una segunda etapa, según lo prevé el Código Procesal Penal rionegrino, enfocada exclusivamente en la aplicación de la pena respecto del ex intendente Reggioni.
Política
«La reiterancia permitirá que delincuentes esperen su proceso detenidos»
Así lo aseguró el ministro Gatti. El proyecto se trata el 22 de mayo en la Legislatura.
El próximo 22 de mayo, la Legislatura de Río Negro tratará, entre otros proyectos, la Ley de Reiterancia, iniciativa que suma una herramienta clave para frenar el delito reiterado y que permitirá a los fiscales pedir prisión preventiva para quienes acumulen múltiples causas penales activas. «Esto soluciona dos aspectos: la tranquilidad de la gente y la aceleración de los procesos», dijo el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti.
El proyecto fue presentado por el gobernador, Alberto Weretilneck. «De esta forma, la Provincia se pone del lado de las víctimas y de cada vecino que espera vivir más seguro», agregó Gatti.
«El proyecto tiene que ver con una idea que se viene planteando hace un tiempo, buscar terminar con la ideología que todavía está vigente en muchos sectores, poderes judiciales, universidades de derecho, que tiene que ver con lo que hemos denominado el abolicionismo penal, que puso el eje a partir de considerar al delincuente una víctima de la sociedad, y revirtió los valores que tienen que ver que con la honestidad y el cumplimiento de la ley», comentó el ministro en declaraciones a Radio Noticias de Viedma.
El funcionario indicó que las normas que rigen actualmente generan «un estado de confusión por parte de la ciudadanía y de desazón en la fuerza policial. Cuando la persona, después de dos detenciones o con dos procesos, uno con elevación a juicio, esperará su sentencia detenido. Ya no podrá especular con dilatar los tiempos para seguir en libertad porque será de su interés máximo que se resuelva».
«Esto soluciona dos aspectos: la tranquilidad de la gente y la aceleración de los procesos», dijo Gatti.
Con respecto al proyecto que se va a tratar el 22 de mayo, el ministro sostuvo que «se nutre de otras iniciativas presentadas anteriormente y la cuales vamos a debatir en comisiones, previo a la sesión. Todos harán su aporte en esa instancia».
Río Negro
La importancia de proteger a las aves migratorias
Cada año, diversas especies de aves migratorias llegan a Río Negro desde distintos puntos del continente.
El 10 de mayo se conmemoró el Día Internacional de las Aves Migratorias. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro invita a reflexionar sobre la conservación de estas especies y sus hábitats clave.
Cada año, diversas especies de aves migratorias llegan a Río Negro desde distintos puntos del continente. Entre ellas, el Playero Rojizo, el Rayador, el Chorlo Ártico y la Golondrina Parda surcan miles de kilómetros para encontrar alimento y descanso en nuestras costas, lagunas y estepas.
Estos viajes extraordinarios hacen de Río Negro una provincia estratégica para su conservación. Áreas Naturales Protegidas como Bahía de San Antonio, Punta Bermeja o las Lagunas de Carri Laufquen funcionan como refugios esenciales para estas especies.
El Playero Rojizo, un símbolo de conservación
De las aves migratorias que visitan la provincia, el Playero Rojizo (Calidris canutus rufa) se destaca por su asombrosa travesía: recorre más de 15.000 kilómetros desde el Ártico canadiense hasta nuestras costas. En particular, el Área Natural Protegida Bahía de San Antonio le ofrece alimento y descanso clave para su supervivencia.
La especie se encuentra catalogada como vulnerable, y su conservación depende directamente del estado de los ecosistemas costeros. Su presencia en nuestras playas no sólo es una maravilla natural, sino también un llamado de atención sobre la necesidad de proteger los hábitats que estas aves utilizan en sus ciclos migratorios.
Las aves migratorias dependen de la buena salud de los ecosistemas que visitan. La preservación de los humedales, costas y cuerpos de agua es crucial para su supervivencia. Por eso, desde la Secretaría de Ambiente se refuerzan acciones para proteger estos entornos y se impulsa el turismo responsable y la educación ambiental.
«La migración de las aves nos recuerda que la naturaleza no reconoce fronteras. Cada acción local suma en la conservación global», expresó Oscar Cozani, Subsecretario de Área Naturales Protegidas.
En este día, se invita a la ciudadanía a conocer, valorar y cuidar estos espacios que conectan a Río Negro con el resto del mundo a través del vuelo de sus aves.
