Río Negro
Acordaron elaborar un plan de contingencia conjunto por la situación eléctrica de Roca
Funcionarios provinciales, empresarios frutícolas, y los responsables de EdERSA se reunieron en Cipolletti.
A instancias de la Secretaría de Estado de Energía provincial ayer se realizaron dos reuniones donde se acordaron medidas para ayudar a garantizar el abastecimiento eléctrico en General Roca y sus alrededores, luego de las recientes interrupciones padecidas en el suministro.
Por la mañana, los cuadros técnicos relacionados con la actividad se encontraron en la sede cipoleña del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Negro y Neuquén, con la participación de la empresa estatal Transcomahue, la distribuidora EdERSA, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad y los representantes de los trabajadores.
Por la tarde, se hizo una reunión en las instalaciones que el consorcio Productores Argentinos Integrados (PAI) posee en General Roca donde no sólo se sumaron referentes de la actividad frutícola, sino también del comercio y de la industria local.
Allí se expusieron las causas de la salida de servicio de la Estación Transformadora General Roca ocurrida a comienzos de esta semana, en un momento del año en el cual se encuentra operando al límite de su capacidad, donde se combinan las altas temperaturas con los picos anuales de demanda por la actividad frutícola. A su vez se indicó que está en proceso de investigación la ocurrencia de los sucesos anómalos que provocaron la falla en las instalaciones de la transportista.
Desde la Secretaría de Estado de Energía se propuso la elaboración de un plan de contingencia que otorgue previsibilidad cuando exista probabilidad de restricciones en el servicio eléctrico con el fin de informar con anticipación a los sectores que puedan verse afectados. La confección de la logística operativa y comunicacional estará a cargo de un equipo compuesto por técnicos de EdERSA y el EPRE.
También se propuso sumar a otros sectores que no estuvieron en la reunión con el fin de participar en forma activa para abordar la coyuntura. Se invitará a participar al Municipio, a organizaciones intermedias y otros grupos de usuarios.
Tras el encuentro, el secretario de Estado de Energía, Sebastián Caldiero, explicó que “la intervención del Gobierno Provincial surge a partir de la necesidad de garantizar la coordinación operativa y técnica entre la distribuidora y la transportista. Y se sumó a los grandes usuarios del sector frutícola porque son quienes hoy absorben el 50% de la capacidad de despacho de energía para la ciudad”.
“Entre todos debemos hacer un esfuerzo para cuidar a la principal economía del Alto Valle. Es indispensable garantizarle la máxima energía disponible al complejo frutícola para tener una mayor producción y que no se vea afectada la comercialización futura”, añadió.
Finalmente, el funcionario resaltó la importancia que reviste la necesidad de culminar con la interconexión por parte de la distribuidora al nuevo centro de distribución inaugurado recientemente por el Gobernador en la ET Roca. “Eso fue algo que también se abordó porque va a evitar que este que este tipo de eventos se reitere. Una vez que se haga la vinculación, para lo cual ya se está trabajando en forma coordinada con EdERSA, contaremos con el respaldo de tecnología de última generación y no como la actual, que data de la década del 70, cuando fue construida la Estación”, concluyó.
Caldiero estuvo acompañado por la secretaria de Energía Eléctrica, Andrea Confini; el secretario de Fruticultura, Carlos Banacloy; por el EPRE, su presidente, Néstor Pérez; y el responsable del área Técnica, Agustín Vidal; el presidente de Transcomahue, Marcos Crescimone; por la distribuidora EdERSA, su gerente comercial, Fernando Sánchez y su gerente de operaciones, Leonardo Iriarte; por la Cámara de Agricultura Industria y Comercio (CAIC), Miguel Grasso y por el Grupo PAI SA, Roberto Garrido, Germán Barzi, Leonardo Lustig, Gustavo Isla y Sergio Riskin.
Judiciales
Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
Política
La Provincia busca fondos para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas 22 y 151
El proyecto enviado a la Legislatura autoriza al Ejecutivo a gestionar financiamiento externo para obras en los sectores más deteriorados y estudios de preinversión.
Río Negro busca contar con los recursos necesarios para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas Nacionales 22 y 151, luego de décadas de abandono de los gobiernos nacionales. El proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck propone autorizar un financiamiento externo de hasta US$ 60 millones para obras y estudios de preinversión
La propuesta contempla inicialmente recurrir a FONPLATA–Banco de Desarrollo, aunque también habilita al Poder Ejecutivo a gestionar otros programas de financiamiento externo multilateral, bilateral o nacional que pueda disponer el Gobierno Nacional.
El programa tiene un objetivo concreto: resolver los problemas más urgentes y generar las condiciones para una recuperación integral. Contempla obras de puesta en valor en los sectores de mayor deterioro y estudios de preinversión que permitan definir las siguientes etapas, evaluar alternativas técnicas y económicas y determinar los esquemas más convenientes para cada ruta.
La Provincia busca trabajar en dos tiempos: atender primero los puntos críticos y, al mismo tiempo, planificar lo que viene. Las intervenciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, mientras que los estudios aportarán la información necesaria para organizar la recuperación durante los próximos años.
Un financiamiento con destino específico
El proyecto establece que los recursos tendrán un destino exclusivo vinculado con las Rutas 22 y 151. Podrán utilizarse para ejecutar obras en los tramos de máxima criticidad, realizar estudios de preinversión y cubrir los costos de administración necesarios para desarrollar el programa.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, será el organismo ejecutor, con la participación de Vialidad Rionegrina como responsable técnica de las obras e intervenciones.
La autorización de la Legislatura no significa que los US$ 60 millones ingresarán automáticamente ni que el financiamiento se tomará de manera inmediata. Permitirá que el Poder Ejecutivo gestione y estructure la operación y suscriba los instrumentos necesarios para concretarla.
Las condiciones financieras, como la tasa de interés, el plazo de amortización, las comisiones y los gastos, se determinarán posteriormente en el convenio de préstamo correspondiente.
Política
Rutas 22 y 151: Qué cambia con la Emergencia Vial Provincial
La medida permitirá acelerar intervenciones sobre los tramos que pasen a la órbita provincial, con prioridad en reparación, mantenimiento, repavimentación y señalización.
El Gobierno de Río Negro busca acelerar las respuestas frente al deterioro de distintos sectores de las Rutas Nacionales 22 y 151. El proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura propone declarar la Emergencia Vial Provincial en toda su extensión dentro del territorio rionegrino, una herramienta que permitirá agilizar las intervenciones necesarias sobre cada tramo, una vez concretada la transferencia de competencias.
Durante años, el abandono de los Gobiernos Nacionales se fue acumulando hasta convertir algunos sectores en un riesgo cotidiano. Ahuellamientos, banquinas deterioradas, obras inconclusas y otras condiciones afectan la seguridad de miles de personas y también impacta en la producción y la conectividad.
Ahora, la Provincia se prepara para asumir una responsabilidad que cambia el escenario. Y para eso necesita contar con herramientas propias para actuar sobre estos corredores.
Por eso, el proyecto propone declarar la Emergencia Vial por un año desde la publicación de la ley, con la posibilidad de prorrogarla por otro período igual mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En términos simples, la medida busca que la Provincia pueda responder con mayor rapidez cuando un tramo presente una situación que no puede esperar.
Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la gestión, administración, mantenimiento, planificación y ejecución de obras sobre los sectores que se vayan incorporando. Esto permitirá atender los puntos deteriorados, realizar tareas de mantenimiento, mejorar la señalización, ejecutar repavimentaciones y desarrollar otras intervenciones necesarias para recuperar condiciones de seguridad y transitabilidad.
El acuerdo con Nación establece que la transferencia será progresiva, tramo por tramo. Cada sector deberá contar con un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determine qué se transfiere, en qué condiciones y desde qué momento Vialidad Rionegrina comienza a hacerse cargo.
De esta manera, la Provincia podrá ordenar las intervenciones, conocer el estado de cada tramo, establecer prioridades y actuar sobre aquellos sectores que se encuentren efectivamente bajo su gestión.
