Río Negro
Pacto fiscal: El gobierno rionegrino asegura que fijó la mayoría de las alícuotas por debajo de lo acordado
En algunas actividades en las que el consenso fiscal estableció un tope de 1,5%, Río Negro fijó una alícuota menor para 2018 de 0,5%.
El gobierno de Río Negro aseguró que estableció bajas sensibles en las alícuotas en las actividades primarias y transversales de la economía, que inician en un 0,5% en las primarias para progresivamente llegar a 0% en 2020 y el transporte arranca en 3% llegando a la desgravación en 2021. Estas rebajas en las alícuotas impactan directamente en la cadena de valor, representa una baja en el costo en el producto final.
Por ejemplo, en las actividades agrícolas, ganaderas, caza, silvicultura, pesca, minería y canteras, el consenso fiscal estableció un tope de 1,5%, pero Río Negro fijó una alícuota menor para 2018 de 0,5%, llegando a 0% a partir de 2020. En el caso de la industria y la industria papelera el máximo dispuesto por el consenso fiscal es de 2% y 7% respectivamente, Río Negro grava ambas actividades en un 1,5%.
Respecto a los servicios relacionados directamente con la actividad primaria se dispuso darle el tratamiento de industria, es decir una alícuota del 1,5% apartándose del tope del 5% que se estableció en el consenso para los servicios. En las actividades de transporte y construcción la provincia estableció que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos se determine con alícuotas del 3% y en las turísticas en un 4%, un punto menos que las dispuestas en el Pacto Fiscal.
Además que todas las actividades cuya alícuota fue reducida a partir de este año son alcanzadas por los incentivos y bonificaciones por buen cumplimiento a los contribuyentes Mipymes, por lo que estando al día pagaran desde un 15 hasta un 30% menos, para comercio y servicios y para las demás actividades de un 5 al 10%.
«Reducir el impuesto sobre los Ingresos Brutos a la industria y el transporte tendrá un efecto en el costo de producción de todos los bienes que ingresan para su comercialización en Río Negro (nacionales o importados). Siendo Río Negro una provincia alejada de los centros industriales del país el costo de transporte tiene una incidencia muy alta en el producto final de consumo, por lo tanto la ecuación tanto para los consumidores como para las empresas será siempre positiva», explicaron desde el gobierno.
«El Impuesto sobre los Ingresos Brutos es un tributo que se va aplicando en cada eslabón de la cadena, desde la producción a la comercialización, hasta que el bien llega al consumidor, por ello es importante desgravar la primer etapa de producción para que el impuesto no sea un costo más del producto», añadieron.
«Siguiendo este esquema y tomando en cuenta que la reforma impositiva fue tomada por todas las provincias y éstas desgravaron las mismas actividades al mismo tiempo, se puede decir que el precio de un producto vendido por el productor va a tener una reducción de alícuotas que llega hasta el 2,5% y en el trasporte en el 1% de alícuota. Pero si a esto le sumamos que cada insumo que se utilizó para fabricar o producir ese bien, tuvo la misma reducción de la carga impositiva, por lo tanto cuanto más insumos tenga el producto final menos costo tendrá su producción con el nuevo esquema tributario», concluyeron.
Judiciales
Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
Política
La Provincia busca fondos para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas 22 y 151
El proyecto enviado a la Legislatura autoriza al Ejecutivo a gestionar financiamiento externo para obras en los sectores más deteriorados y estudios de preinversión.
Río Negro busca contar con los recursos necesarios para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas Nacionales 22 y 151, luego de décadas de abandono de los gobiernos nacionales. El proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck propone autorizar un financiamiento externo de hasta US$ 60 millones para obras y estudios de preinversión
La propuesta contempla inicialmente recurrir a FONPLATA–Banco de Desarrollo, aunque también habilita al Poder Ejecutivo a gestionar otros programas de financiamiento externo multilateral, bilateral o nacional que pueda disponer el Gobierno Nacional.
El programa tiene un objetivo concreto: resolver los problemas más urgentes y generar las condiciones para una recuperación integral. Contempla obras de puesta en valor en los sectores de mayor deterioro y estudios de preinversión que permitan definir las siguientes etapas, evaluar alternativas técnicas y económicas y determinar los esquemas más convenientes para cada ruta.
La Provincia busca trabajar en dos tiempos: atender primero los puntos críticos y, al mismo tiempo, planificar lo que viene. Las intervenciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, mientras que los estudios aportarán la información necesaria para organizar la recuperación durante los próximos años.
Un financiamiento con destino específico
El proyecto establece que los recursos tendrán un destino exclusivo vinculado con las Rutas 22 y 151. Podrán utilizarse para ejecutar obras en los tramos de máxima criticidad, realizar estudios de preinversión y cubrir los costos de administración necesarios para desarrollar el programa.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, será el organismo ejecutor, con la participación de Vialidad Rionegrina como responsable técnica de las obras e intervenciones.
La autorización de la Legislatura no significa que los US$ 60 millones ingresarán automáticamente ni que el financiamiento se tomará de manera inmediata. Permitirá que el Poder Ejecutivo gestione y estructure la operación y suscriba los instrumentos necesarios para concretarla.
Las condiciones financieras, como la tasa de interés, el plazo de amortización, las comisiones y los gastos, se determinarán posteriormente en el convenio de préstamo correspondiente.
Política
Rutas 22 y 151: Qué cambia con la Emergencia Vial Provincial
La medida permitirá acelerar intervenciones sobre los tramos que pasen a la órbita provincial, con prioridad en reparación, mantenimiento, repavimentación y señalización.
El Gobierno de Río Negro busca acelerar las respuestas frente al deterioro de distintos sectores de las Rutas Nacionales 22 y 151. El proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura propone declarar la Emergencia Vial Provincial en toda su extensión dentro del territorio rionegrino, una herramienta que permitirá agilizar las intervenciones necesarias sobre cada tramo, una vez concretada la transferencia de competencias.
Durante años, el abandono de los Gobiernos Nacionales se fue acumulando hasta convertir algunos sectores en un riesgo cotidiano. Ahuellamientos, banquinas deterioradas, obras inconclusas y otras condiciones afectan la seguridad de miles de personas y también impacta en la producción y la conectividad.
Ahora, la Provincia se prepara para asumir una responsabilidad que cambia el escenario. Y para eso necesita contar con herramientas propias para actuar sobre estos corredores.
Por eso, el proyecto propone declarar la Emergencia Vial por un año desde la publicación de la ley, con la posibilidad de prorrogarla por otro período igual mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En términos simples, la medida busca que la Provincia pueda responder con mayor rapidez cuando un tramo presente una situación que no puede esperar.
Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la gestión, administración, mantenimiento, planificación y ejecución de obras sobre los sectores que se vayan incorporando. Esto permitirá atender los puntos deteriorados, realizar tareas de mantenimiento, mejorar la señalización, ejecutar repavimentaciones y desarrollar otras intervenciones necesarias para recuperar condiciones de seguridad y transitabilidad.
El acuerdo con Nación establece que la transferencia será progresiva, tramo por tramo. Cada sector deberá contar con un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determine qué se transfiere, en qué condiciones y desde qué momento Vialidad Rionegrina comienza a hacerse cargo.
De esta manera, la Provincia podrá ordenar las intervenciones, conocer el estado de cada tramo, establecer prioridades y actuar sobre aquellos sectores que se encuentren efectivamente bajo su gestión.
