Ante las deficiencias del servicio de suministro eléctrico ocurrido durante el mes de febrero con interrupciones prolongadas en distintos puntos de la provincia, la defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, resolvió iniciar de oficio las investigaciones correspondientes.

En este sentido, Santagati solicitó a la empresa distribuidora de energía EdERSA, la transportadora Transcomahue S.A y al Ente Provincial Regulador de Energía Eléctrica (EPRE), que informen las razones concretas de la interrupción del servicio público de electricidad en las ciudades de Viedma, General Roca y Cervantes durante el 5 de febrero pasado; las medidas de intervención directa que se ejecutaron en los respectivos ámbitos de actuación, así como las que se tomaron para evitar o mitigar los efectos negativos de los cortes y las acciones que se llevarán adelante para reparar o resarcir daños generados por los cortes acaecidos, detallando los motivos por los cuales se dispusieron, durante los días posteriores, cortes rotativos y programados.

En su resolución, la defensora insiste en «la necesidad de realizar todas las obras, inversiones y mantenimiento adecuado de la red por parte de la distribuidora EdERSA y la transportista Transcomahue a los efectos de garantizar la prestación estable y la calidad del servicio público para todos los usuarios, independientemente de factores estacionales, con el consiguiente seguimiento y el debido control por parte del EPRE, según dicta el marco regulatorio eléctrico de la Provincia de Río Negro en la Ley J Nº 2.902».

Santagati resaltó que «la distribuidora EdERSA es el responsable directo frente al usuario, por lo que tiene la obligación de asegurar una prestación del servicio de forma efectiva, debiendo arbitrar los medios que sean necesarios para garantizar una provisión dotada de calidad y previsibilidad».

Además, en la resolución del organismo de control se destaca «que habiéndose observado que resulta insuficiente e inexacto el actual mapeo de situación, corresponde hacer hincapié en la necesidad y el deber legal y constitucional de brindar información veraz, fehaciente y confiable a los vecinos afectados por los masivos cortes e interrupciones a través de los medios de comunicación – incluyendo redes sociales – y en los propios sitios web institucionales de empresas y entes involucrados, especificando las zonas geográficas aquejadas (calles y numeraciones) junto con los plazos ciertos de normalización del servicio en cada uno de los casos». Asimismo indica que «complementariamente, dicha información debe encontrarse disponible en los diversos canales de atención telefónica de los responsables del servicio».

Indicó la defensora del Pueblo que «las consecuencias derivadas del intempestivo suceso generaron múltiples perjuicios sobre los usuarios y el sector comercial». En este sentido y atento el cuadro de situación reinante, Santagati consideró finalmente que «deviene en imperioso la articulación de mecanismos que permitan una ágil reparación de los perjuicios que afectaron a los damnificados».