Sociedad
La Defensoría del Pueblo investigará los cortes de electricidad que afectaron a la zona
Santagati solicitó informes a Edersa, Transcomahue S.A. y al EPRE.
Ante las deficiencias del servicio de suministro eléctrico ocurrido durante el mes de febrero con interrupciones prolongadas en distintos puntos de la provincia, la defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, resolvió iniciar de oficio las investigaciones correspondientes.
En este sentido, Santagati solicitó a la empresa distribuidora de energía EdERSA, la transportadora Transcomahue S.A y al Ente Provincial Regulador de Energía Eléctrica (EPRE), que informen las razones concretas de la interrupción del servicio público de electricidad en las ciudades de Viedma, General Roca y Cervantes durante el 5 de febrero pasado; las medidas de intervención directa que se ejecutaron en los respectivos ámbitos de actuación, así como las que se tomaron para evitar o mitigar los efectos negativos de los cortes y las acciones que se llevarán adelante para reparar o resarcir daños generados por los cortes acaecidos, detallando los motivos por los cuales se dispusieron, durante los días posteriores, cortes rotativos y programados.
En su resolución, la defensora insiste en «la necesidad de realizar todas las obras, inversiones y mantenimiento adecuado de la red por parte de la distribuidora EdERSA y la transportista Transcomahue a los efectos de garantizar la prestación estable y la calidad del servicio público para todos los usuarios, independientemente de factores estacionales, con el consiguiente seguimiento y el debido control por parte del EPRE, según dicta el marco regulatorio eléctrico de la Provincia de Río Negro en la Ley J Nº 2.902».
Santagati resaltó que «la distribuidora EdERSA es el responsable directo frente al usuario, por lo que tiene la obligación de asegurar una prestación del servicio de forma efectiva, debiendo arbitrar los medios que sean necesarios para garantizar una provisión dotada de calidad y previsibilidad».
Además, en la resolución del organismo de control se destaca «que habiéndose observado que resulta insuficiente e inexacto el actual mapeo de situación, corresponde hacer hincapié en la necesidad y el deber legal y constitucional de brindar información veraz, fehaciente y confiable a los vecinos afectados por los masivos cortes e interrupciones a través de los medios de comunicación – incluyendo redes sociales – y en los propios sitios web institucionales de empresas y entes involucrados, especificando las zonas geográficas aquejadas (calles y numeraciones) junto con los plazos ciertos de normalización del servicio en cada uno de los casos». Asimismo indica que «complementariamente, dicha información debe encontrarse disponible en los diversos canales de atención telefónica de los responsables del servicio».
Indicó la defensora del Pueblo que «las consecuencias derivadas del intempestivo suceso generaron múltiples perjuicios sobre los usuarios y el sector comercial». En este sentido y atento el cuadro de situación reinante, Santagati consideró finalmente que «deviene en imperioso la articulación de mecanismos que permitan una ágil reparación de los perjuicios que afectaron a los damnificados».
Policiales
Murió un hombre mientras entrenaba en un gimnasio de Roca
La víctima se descompensó repentinamente mientras realizaba su rutina. Pese a las maniobras de RCP, no logró ser reanimado.
Un hombre de aproximadamente 50 años falleció esta mañana (24/02) en un gimnasio de General Roca mientras realizaba su rutina de entrenamiento.
El trágico hecho ocurrió poco después de las 7 horas en un centro de entrenamiento ubicado en calle Chile casi España. Según relataron testigos, el hombre se desplomó de manera repentina en plena actividad física.
De inmediato, los profesores presentes comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se daba aviso al sistema de emergencias. Al lugar arribó personal del SIARME, quienes continuaron con los intentos de estabilización durante varios minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, los trabajadores de salud confirmaron que no pudieron salvarle la vida.
Efectivos policiales montaron un operativo para resguardar la zona y facilitar una eventual derivación, aunque finalmente se constató el fallecimiento en el lugar.
La Justicia deberá determinar si se realizará una autopsia para establecer las causas exactas del deceso.
Roca
El Municipio aseguró que la Fiesta de la Manzana dejó más de $10.000 millones en la economía local
El neto total invertido por la comuna roquense fue de $2.372 millones.
La Fiesta Nacional de la Manzana cerró su edición 2026 con un balance «altamente positivo», según evaluó el Municipio de Roca. La nueva disposición del predio y las condiciones climáticas favorables generaron el marco ideal para que miles de personas disfrutaran durante las tres jornadas.
Desde la organización destacaron la diversidad de propuestas artísticas, la integración de los espacios y la fluidez en la circulación dentro del predio. También se subrayó el operativo de seguridad, tanto en el interior como en el exterior del evento, que permitió un desarrollo sin incidentes de gravedad pese a la masividad.
En el plano económico, se estima que el movimiento generado en la ciudad y el Alto Valle superó los 10.000 millones de pesos, con fuerte repercusión en los sectores hotelero, gastronómico, turístico, comercial y de servicios.
La intendenta María Emilia Soria, presidenta de la Comisión Organizadora de la FNM, destacó el trabajo del personal municipal, fuerzas de seguridad, salud y bomberos. «El cuidado de cada detalle de la organización, el control de accesos, el predio bien iluminado, cómodo y limpio, permitió que el público disfrutara sintiéndose tranquilo y seguro», expresó.
En cuanto a los números oficiales, el neto total invertido en la FNM 2026 fue de $2.372.052.361, compuesto por $3.019.718.941 de egresos y $647.666.580 de ingresos.
Entre los principales ingresos se contabilizaron la venta de stands y puestos de artesanos ($303.713.549), entradas ($172.315.000), aportes de empresas auspiciantes ($138.538.031) y otros conceptos como licitaciones y publicidad ($33.100.000).
Respecto a los egresos, las mayores partidas se destinaron a la contratación de artistas ($1.211.991.460), escenario, sonido y pantallas ($859.887.916), alojamientos ($17.438.341) y gastos generales y preparación del predio ($930.401.224). Dentro de este último ítem se incluyó la contratación de adicionales de la Policía de Río Negro por $113.382.700, con el objetivo de reforzar la seguridad sin afectar el servicio en la ciudad.
Judiciales
Vendió su vehículo de trabajo para cancelar un plan, pero el auto nunca llegó: Deberán entregarle uno nuevo y compensar el daño causado
La sentencia ordenó entregar el vehículo pactado y una indemnización total de 13,5 millones de pesos.
Confió en la palabra del vendedor, reorganizó su economía familiar y tomó una decisión que afectó de manera directa su actividad profesional: vendió la camioneta con la que trabajaba para cancelar anticipadamente un plan de ahorro y así acceder al modelo que le habían prometido. El vehículo nuevo nunca fue entregado y el conflicto culminó con una sentencia del fuero Civil de Bariloche que ordenó cumplir con la entrega del rodado y pagar una indemnización millonaria.
El fallo responsabilizó en forma solidaria a Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y a la concesionaria oficial Automotores Fiorasi y Corradi S.A., al considerar acreditado el incumplimiento contractual y la vulneración de derechos básicos del consumidor, en especial el deber de información clara y detallada.
El hombre, maestro mayor de obras, había suscripto un plan de ahorro para una Volkswagen Saveiro en su versión base, pero según expuso en la demanda, desde el inicio recibió la promesa de que podría cambiar a una versión superior si cancelaba la totalidad del plan antes de tiempo y abonaba la diferencia correspondiente, beneficio que incluía además ciertas bonificaciones comerciales ofrecidas por el concesionario.
Con esa expectativa y ante la necesidad de contar con un vehículo adecuado para su actividad laboral, decidió vender su camioneta, una Ford Ranger que utilizaba como herramienta de trabajo, y destinó el dinero obtenido a cancelar el plan en su totalidad, convencido de que ese paso destrabaría la adjudicación y permitiría concretar el cambio de modelo.
Sin embargo, tras la cancelación comenzaron las dilaciones, los pedidos de pagos adicionales sin precisión suficiente sobre los montos y las explicaciones cambiantes respecto de la disponibilidad de la unidad. En un momento se le informó que existía un vehículo asignado, pero la operación no avanzó y luego se le comunicó que esa unidad ya no estaba disponible, situación que lo llevó a formular reclamos administrativos ante Defensa del Consumidor, donde obtuvo una resolución favorable que tampoco logró la entrega efectiva.
Ante la persistencia del incumplimiento, promovió una demanda civil en la que reclamó la entrega del vehículo comprometido y una indemnización por los daños sufridos, entre ellos el impacto emocional, la imposibilidad de utilizar un rodado propio para trabajar y la conducta que consideró abusiva por parte de las empresas involucradas.
Uno de los ejes centrales de la sentencia fue el deber de información. El juez interviniente consideró probado que el plan estaba cancelado y que existía adjudicación, pero entendió que las demandadas no acreditaron haber brindado información cierta, clara y detallada acerca de los requisitos finales, los importes exigibles para el cambio de modelo y los pasos concretos para efectivizar la entrega. Aplicó el principio de cargas probatorias dinámicas, según el cual en las relaciones de consumo la empresa tiene la obligación de aportar al proceso la documentación y los datos que obran en su poder, de modo que la falta de precisión y respaldo documental jugó en su contra.
La sentencia ordenó entregar el vehículo pactado -o uno de similares características si el modelo ya no se comercializa- y respetar las bonificaciones ofrecidas en el marco de la operación. Además fijó una indemnización total de 13,5 millones de pesos en concepto de daño moral, privación de uso y daño punitivo.
Para cuantificar el daño moral, el juez tuvo en cuenta la frustración generada por la falta de respuesta eficaz, la prolongación del conflicto y la afectación emocional acreditada mediante pericia psicológica, que dio cuenta de ansiedad y malestar vinculados con la situación. Reconoció también un monto por privación de uso del vehículo, al considerar que la indisponibilidad impactó de manera directa en la actividad profesional del demandante. El fallo de primera instancia no está firme porque puede ser apelado.
