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Sociedad

La Defensoría del Pueblo investigará los cortes de electricidad que afectaron a la zona

Santagati solicitó informes a Edersa, Transcomahue S.A. y al EPRE.

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Ante las deficiencias del servicio de suministro eléctrico ocurrido durante el mes de febrero con interrupciones prolongadas en distintos puntos de la provincia, la defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, resolvió iniciar de oficio las investigaciones correspondientes.

En este sentido, Santagati solicitó a la empresa distribuidora de energía EdERSA, la transportadora Transcomahue S.A y al Ente Provincial Regulador de Energía Eléctrica (EPRE), que informen las razones concretas de la interrupción del servicio público de electricidad en las ciudades de Viedma, General Roca y Cervantes durante el 5 de febrero pasado; las medidas de intervención directa que se ejecutaron en los respectivos ámbitos de actuación, así como las que se tomaron para evitar o mitigar los efectos negativos de los cortes y las acciones que se llevarán adelante para reparar o resarcir daños generados por los cortes acaecidos, detallando los motivos por los cuales se dispusieron, durante los días posteriores, cortes rotativos y programados.

En su resolución, la defensora insiste en «la necesidad de realizar todas las obras, inversiones y mantenimiento adecuado de la red por parte de la distribuidora EdERSA y la transportista Transcomahue a los efectos de garantizar la prestación estable y la calidad del servicio público para todos los usuarios, independientemente de factores estacionales, con el consiguiente seguimiento y el debido control por parte del EPRE, según dicta el marco regulatorio eléctrico de la Provincia de Río Negro en la Ley J Nº 2.902».

Santagati resaltó que «la distribuidora EdERSA es el responsable directo frente al usuario, por lo que tiene la obligación de asegurar una prestación del servicio de forma efectiva, debiendo arbitrar los medios que sean necesarios para garantizar una provisión dotada de calidad y previsibilidad».

Además, en la resolución del organismo de control se destaca «que habiéndose observado que resulta insuficiente e inexacto el actual mapeo de situación, corresponde hacer hincapié en la necesidad y el deber legal y constitucional de brindar información veraz, fehaciente y confiable a los vecinos afectados por los masivos cortes e interrupciones a través de los medios de comunicación – incluyendo redes sociales – y en los propios sitios web institucionales de empresas y entes involucrados, especificando las zonas geográficas aquejadas (calles y numeraciones) junto con los plazos ciertos de normalización del servicio en cada uno de los casos». Asimismo indica que «complementariamente, dicha información debe encontrarse disponible en los diversos canales de atención telefónica de los responsables del servicio».

Indicó la defensora del Pueblo que «las consecuencias derivadas del intempestivo suceso generaron múltiples perjuicios sobre los usuarios y el sector comercial». En este sentido y atento el cuadro de situación reinante, Santagati consideró finalmente que «deviene en imperioso la articulación de mecanismos que permitan una ágil reparación de los perjuicios que afectaron a los damnificados».

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Roca

Roca puso en marcha una obra clave: Comenzó el conector vial de calle Güemes

Se intervendrá el tramo entre Jujuy y Mendoza con mejoras integrales.

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Con el objetivo de mejorar la circulación y la conectividad urbana, el Municipio de General Roca comenzó la ejecución de una nueva obra vial sobre calle Güemes.

Se trata del conector vial Gral. M.M. Güemes, que abarca el tramo comprendido entre las calles Jujuy y Mendoza. El proyecto contempla pavimentación, construcción de cordón cuneta y badenes, además de la incorporación de estacionamientos a 45° y señalización horizontal.

Asimismo, se realizarán obras complementarias como la colocación de alcantarillas en calles Formosa, Río Negro y Norberto Blanes.

Esta intervención forma parte del Plan de Conectividad e Infraestructura Vial, que prevé una serie de mejoras en arterias clave de la ciudad para facilitar la circulación vehicular y la integración entre distintos sectores.

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Política

El bloque opositor constituye mayoría en el Consejo Superior del IUPA y exige condiciones para una transición democrática plena

El 30 de marzo se llevará adelante la primera sesión del Consejo Superior, donde se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la institución.

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Los comicios celebrados los días 15 y 16 de marzo en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) han dado como resultado la conformación de un bloque opositor mayoritario en el Consejo Superior, integrado por las fuerzas Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa. Este bloque, que se identifica como Consejeros Electos por la Transparencia, emitió un comunicado manifestando su posición ante la comunidad universitaria y la opinión pública.

«El bloque opositor reconoce y valida la elección de los consejeros estudiantiles de La 17 y Unesa, obtenida de manera transparente y ajustada a derecho, con la presencia de autoridades de mesa reconocidas en los padrones oficiales y fiscales de todas las fuerzas participantes del acto electoral de la sede central», indicaron.

Asimismo, «desconoce los resultados irregulares provenientes de las urnas de las dependencias adicionales y autoridades de mesa (Disposición N° 005/2026), debidamente observadas por las listas en instancias previas y durante el acto eleccionario».

Además, el bloque opositor denunció que las autoridades normalizadoras «están realizando una manipulación maliciosa de la información al difundir resultados electorales a través de medios oficiales sin respaldo documental alguno, sin haber puesto a disposición de las fuerzas políticas ningún tipo de documentación oficial que los acredite. Este proceder constituye un acto de negligencia institucional que vicia de nulidad cualquier comunicación oficial en ese sentido».

En virtud de lo expuesto, el bloque considera pertinente la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Junta Electoral a lo largo de todo el proceso electivo, con el objetivo de analizar si las acciones llevadas adelante han cumplido con los principios de transparencia e imparcialidad que deben regir todo acto democrático. El bloque se reserva el derecho de iniciar sumarios administrativos, disciplinares y legales si las irregularidades verificadas así lo requirieran.

Finalmente manifestaron que las fuerzas que conforman el bloque opositor electo exigen condiciones plenas para ejercer su mandato como representantes democráticos en la primera sesión del Consejo Superior, prevista para el 30 de marzo, instancia en la que se elegirán las nuevas autoridades que conducirán el período democrático de la universidad de las artes de la provincia.

Todas las autoridades designadas por el rector normalizador deben dar lugar a la nueva conducción elegida por los representantes democráticos. Esto incluye al rector, vicerrector, directores y secretarios. «No puede haber democracia universitaria plena mientras persistan en sus funciones autoridades no surgidas del voto de la comunidad», indicaron.

«El IUPA le debe a su comunidad una universidad democrática, transparente y abierta. Ese es el mandato que recibimos en las urnas y ese es el compromiso que asumimos», concluye el comunicado firmaron por Consejeros Electos por la Transparencia (Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa).

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Política

Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior

La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.

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Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.

Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.

Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.

De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.

Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.

Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.

En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.

El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.

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