Judiciales
Piden que se declare culpable a hombre que desobedeció la prohibición de acercamiento a su ex pareja
En un mes y medio, habría incumplido la orden judicial en cinco oportunidades.
La titular de la Fiscalía de Violencia de Género Norma Reyes y la adjunta Analía Cofré solicitaron que se declare culpable a un hombre por el delito de “desobediencia reiterada en cinco oportunidades en concurso real” (Arts. 239, 45 y 55 del Código Penal).
En su alegato Reyes sostuvo que “la teoría del caso de esta Fiscalía fue probada en este juicio, resultando el acusado autor penalmente responsable, ya que había sido debidamente notificado de la prohibición de acercamiento dictada por el Juzgado de Familia y era consciente de que no debía actuar de la manera en que lo hizo. Fue por ello que la víctima sufrió una escalada de hostigamiento que luego se convirtió en persecución, y no le quedó otra opción que realizar una denuncia penal. Ese estado, en el que se encontraba la víctima, fue descripto en el informe de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) que incorporamos en este juicio”.
Más adelante, la representante del Ministerio Público Fiscal dijo que “el imputado no respetó ni siquiera el límite establecido por la Justicia y es por ello que no podemos mantenernos ajenos a los delitos de desobediencia”.
La fiscal sostuvo en su acusación que al imputado se lo juzga por cinco hechos distintos. “El primero fue el 5 de mayo a las 23.00 aproximadamente, cuando la denunciante había ido a dejar a la hija que tienen en común a la casa de la abuela. El hombre estaba merodeando por allí y al ser descubierto se habría ocultado tras unos arbustos. El segundo fue dos días después, a la noche cuando la señora se dirigía a la casa de una amiga, y antes de llegar la llamó diciéndole que sentía miedo porque el hombre la estaba siguiendo. El tercer hecho fue ese mismo día unas horas después cuando ambas mujeres vieron estacionado el vehículo del acusado a unos metros de donde ellas se encontraban. El 11 de junio la señora fue advertida por una tercera persona que el imputado le había estado tomando fotos a su auto. Luego la madre de la denunciante la llamó para manifestarle que el acusado durante la madrugada la había estado llamando. Posteriormente el hombre le había enviado un mensaje de texto en el que afirmaba que estaba en la Comisaría 3° denunciándola porque desconocía dónde había dejado a la hija de ambos mientras no estaba con ella. Finalmente, el último episodio denunciando y que se juzga hoy fue el 25 de junio a las 18.30 cuando la denunciante estaba en un salón de eventos celebrando el cumpleaños de la niña, y fue alertada por un vecino que el imputado estaba rondando el domicilio particular. Esta circunstancia había sido prevista por la denunciante, porque en horas del mediodía había hablado con el padre de su hija respecto de la fiesta y éste le había manifestado oposición a que el festejo se realizara. Esta conversación habría originado una discusión en la que debió mediar personal policial de la Comisaría 3°. Además, mientras se realizaba el festejo el imputado habría circulado por las inmediaciones en varias oportunidades”, detalló la fiscal.
Y agregó que “con su accionar, el imputado habría transgredido e incumplido la orden dictada por el Juez de Paz dos años antes de los hechos, que expresamente le imponía prohibición de acercamiento a la denunciante, como a su domicilio particular y a 200 mts del lugar donde ella se encuentre. Así mismo dice la resolución que deberá abstenerse de producir incidentes, proferir agravios, realizar actos torpes o molestos o de hostigamiento y/o efectuar reclamos de cualquier índole”. Cabe aclarar que la medida fue ratificada por el Juzgado de Familia N° 16 en el marco de la Ley 3040.
En la audiencia celebrada hoy se recibió la declaración de la víctima y tres testigos más, que fueron interrogados en examen y contraexamen tanto por la Fiscalía como por la defensa particular. Cabe mencionar que la defensa solicitó la absolución de su asistido.
Judiciales
Usaba auriculares, no escuchó a su jefe y recibió una sanción de la Justicia
La empleada cumplía funciones de atención al público y ya había recibido advertencias por el uso de auriculares. El tribunal consideró que su conducta afectó el funcionamiento del servicio.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) aplicó un apercibimiento con anotación en el legajo a una empleada judicial que utilizaba auriculares durante su jornada laboral, pese a haber recibido advertencias anteriores. La trabajadora cumplía funciones de atención al público y recepción de personas, tareas que requerían interacción permanente con usuarios y compañeros.
El episodio comenzó cuando el funcionario a cargo de la dependencia intentó comunicarse con ella en reiteradas oportunidades para encomendarle tareas, pero no obtuvo respuesta. Al acercarse a su escritorio, advirtió que tenía auriculares colocados en ambos oídos. Una compañera también debió hacerle señas para alertarla sobre la presencia de su superior.
El funcionario le tocó el hombro para captar su atención y le recordó que no debía utilizar auriculares durante el horario laboral. La empleada respondió que esa práctica no estaba prohibida. Sin embargo, momentos después ingresó al despacho de su superior y cuestionó el llamado de atención en un tono elevado. Argumentó que necesitaba los auriculares para concentrarse y que quienes quisieran hablarle debían ubicarse frente a su escritorio.
La situación ocurrió mientras había usuarios en el sector de atención. Las declaraciones de otros trabajadores permitieron reconstruir lo sucedido y confirmaron que la empleada ya había recibido advertencias previas.
Tras la apertura de un sumario administrativo, la trabajadora ejerció su derecho de defensa y cuestionó la valoración de las pruebas. Al resolver, el STJ aclaró que no existe una norma que prohíba expresamente el uso de auriculares, pero consideró que su utilización afectó el cumplimiento de las tareas y la disponibilidad requerida para el servicio.
El tribunal también cuestionó el tono y la forma en que la trabajadora se dirigió a su superior. No obstante, valoró que posteriormente ofreciera disculpas y que no registrara antecedentes disciplinarios.
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Después de 20 años sin verse, un padre y su hija se reencontraron en una mediación
El encuentro se produjo en el marco de un reclamo para sostener los estudios terciarios de la joven. Además de alcanzar un acuerdo alimentario, padre e hija pudieron conversar, abrazarse y retomar el contacto.
Una joven de 21 años se presentó en el Centro de Atención de la Defensa Pública (CADEP) para solicitar que su padre colaborara económicamente con el sostenimiento de sus estudios terciarios. Sin embargo, la mediación terminó convirtiéndose en una oportunidad para reencontrarse después de aproximadamente 20 años sin verse.
La joven llegó acompañada por su madre y, en un primer momento, la intervención se desarrolló en salas separadas. Durante la reunión, explicó cuáles eran sus necesidades, cómo era su carrera y por qué había recurrido a esa instancia. Por su parte, el padre realizó un ofrecimiento concreto y pidió poder hablar con su hija.
Ante esa situación, las defensoras intervinientes les propusieron compartir un espacio a solas, sin abogados de por medio. Ambos aceptaron y se sentaron juntos en una de las salas del Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC).
El encuentro se prolongó durante un tiempo considerable. Cuando las profesionales volvieron a ingresar, encontraron a padre e hija abrazados y llorando.
Según explicó una de las representantes de la Defensa Pública, esos minutos, que fueron posibles a partir de una necesidad concreta de la joven para continuar sus estudios, abrieron una posibilidad para recomponer el vínculo familiar.
Durante la reunión, ambos intercambiaron sus números de celular y acordaron coordinar un encuentro para tomar un café. De acuerdo con lo informado por las defensoras, ese contacto comenzó a sostenerse desde que salieron de la mediación.
En cuanto al reclamo económico, las partes acordaron que el padre destinará un porcentaje del beneficio previsional que percibe. Para instrumentar lo convenido, se dispuso la apertura de una cuenta judicial y se ofició a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para que se realice la retención voluntaria acordada en concepto de prestación alimentaria para su hija.
Judiciales
La obra social deberá cubrir el acompañamiento terapéutico y la integración escolar de un adolescente con síndrome de Down
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó una sentencia que obliga a la obra social estatal a cubrir 36 horas semanales de acompañamiento terapéutico, tres sesiones de psicología por semana y el apoyo a la integración escolar.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro confirmó la obligación de la obra social estatal de garantizar la cobertura integral de los tratamientos y la continuidad escolar de un adolescente de 13 años con síndrome de Down. La decisión establece que deberá brindar 36 horas semanales de acompañamiento terapéutico, tres sesiones de psicología por semana y el módulo de apoyo a la integración escolar en la institución donde cursó toda la primaria.
El caso se inició en Roca, cuando la madre del adolescente presentó un amparo para reclamar las prestaciones indicadas por los profesionales que lo atienden. El joven tiene dificultades visuales y otras condiciones de salud que requieren apoyos específicos para su desarrollo y su inclusión educativa.
La familia había solicitado seis horas diarias de acompañamiento terapéutico, equivalentes a 36 horas semanales, tres sesiones de psicología por semana y la cobertura del apoyo a la integración escolar. La obra social no negó las prestaciones, pero inicialmente autorizó cuatro horas diarias de acompañamiento, de lunes a viernes. Luego amplió la cobertura a cinco horas por día, sin alcanzar las seis indicadas por los profesionales. En psicología, autorizó ocho sesiones mensuales en lugar de las doce solicitadas.
La entidad sostuvo que la documentación presentada no justificaba ampliar las prestaciones. En particular, argumentó que no había elementos que acreditaran una situación de crisis o síntomas agudos que requirieran una mayor frecuencia de atención psicológica.
La jueza de primera instancia hizo lugar al amparo, pero la Fiscalía de Estado apeló la decisión. Argumentó que la obra social nunca había negado la atención, sino que existían diferencias sobre la cantidad de horas y sesiones necesarias. También cuestionó que se ordenara financiar la integración escolar en una institución privada, al considerar que la educación obligatoria y gratuita es responsabilidad del Estado provincial. Otro de sus planteos fue que la sentencia interfería en las facultades de auditoría médica de la obra social al dar prioridad a las indicaciones de los profesionales particulares.
El STJ rechazó esos argumentos y explicó que la intervención judicial no había sustituido las funciones de auditoría médica, sino que había examinado si las limitaciones impuestas por la entidad estaban debidamente justificadas.
Uno de los puntos centrales fue la continuidad escolar. El adolescente había cursado toda la primaria en la misma institución y sus profesionales consideraron necesario que permaneciera allí durante el nivel secundario. El pediatra sostuvo que esa continuidad permitiría mantener sus procesos de aprendizaje, favorecer la inclusión social y fortalecer las habilidades necesarias para alcanzar una mayor autonomía. La psicóloga advirtió que un cambio de escuela podía afectar su salud mental y su calidad de vida, e incluso generar retrocesos en su desarrollo psicológico, social e intelectual.
El Tribunal señaló que la cobertura de educación privada para personas con discapacidad tiene carácter excepcional cuando la oferta estatal no reúne las condiciones necesarias. Sin embargo, entendió que las circunstancias particulares del caso justificaban mantener la prestación. Consideró que la obra social había financiado esa cobertura durante la primaria y que no podía desconocer su actuación anterior sin una justificación suficiente. Además, no había demostrado que cambiar de establecimiento fuera adecuado ni que pudiera hacerse sin afectar la evolución del adolescente.
Finalmente, el STJ rechazó la apelación de la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia de primera instancia. La obra social estatal deberá garantizar las 36 horas semanales de acompañamiento terapéutico, las tres sesiones semanales de psicología y el módulo de apoyo a la integración escolar durante el ciclo lectivo.
