Judiciales
Piden que se declare culpable a hombre que desobedeció la prohibición de acercamiento a su ex pareja
En un mes y medio, habría incumplido la orden judicial en cinco oportunidades.
La titular de la Fiscalía de Violencia de Género Norma Reyes y la adjunta Analía Cofré solicitaron que se declare culpable a un hombre por el delito de “desobediencia reiterada en cinco oportunidades en concurso real” (Arts. 239, 45 y 55 del Código Penal).
En su alegato Reyes sostuvo que “la teoría del caso de esta Fiscalía fue probada en este juicio, resultando el acusado autor penalmente responsable, ya que había sido debidamente notificado de la prohibición de acercamiento dictada por el Juzgado de Familia y era consciente de que no debía actuar de la manera en que lo hizo. Fue por ello que la víctima sufrió una escalada de hostigamiento que luego se convirtió en persecución, y no le quedó otra opción que realizar una denuncia penal. Ese estado, en el que se encontraba la víctima, fue descripto en el informe de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) que incorporamos en este juicio”.
Más adelante, la representante del Ministerio Público Fiscal dijo que “el imputado no respetó ni siquiera el límite establecido por la Justicia y es por ello que no podemos mantenernos ajenos a los delitos de desobediencia”.
La fiscal sostuvo en su acusación que al imputado se lo juzga por cinco hechos distintos. “El primero fue el 5 de mayo a las 23.00 aproximadamente, cuando la denunciante había ido a dejar a la hija que tienen en común a la casa de la abuela. El hombre estaba merodeando por allí y al ser descubierto se habría ocultado tras unos arbustos. El segundo fue dos días después, a la noche cuando la señora se dirigía a la casa de una amiga, y antes de llegar la llamó diciéndole que sentía miedo porque el hombre la estaba siguiendo. El tercer hecho fue ese mismo día unas horas después cuando ambas mujeres vieron estacionado el vehículo del acusado a unos metros de donde ellas se encontraban. El 11 de junio la señora fue advertida por una tercera persona que el imputado le había estado tomando fotos a su auto. Luego la madre de la denunciante la llamó para manifestarle que el acusado durante la madrugada la había estado llamando. Posteriormente el hombre le había enviado un mensaje de texto en el que afirmaba que estaba en la Comisaría 3° denunciándola porque desconocía dónde había dejado a la hija de ambos mientras no estaba con ella. Finalmente, el último episodio denunciando y que se juzga hoy fue el 25 de junio a las 18.30 cuando la denunciante estaba en un salón de eventos celebrando el cumpleaños de la niña, y fue alertada por un vecino que el imputado estaba rondando el domicilio particular. Esta circunstancia había sido prevista por la denunciante, porque en horas del mediodía había hablado con el padre de su hija respecto de la fiesta y éste le había manifestado oposición a que el festejo se realizara. Esta conversación habría originado una discusión en la que debió mediar personal policial de la Comisaría 3°. Además, mientras se realizaba el festejo el imputado habría circulado por las inmediaciones en varias oportunidades”, detalló la fiscal.
Y agregó que “con su accionar, el imputado habría transgredido e incumplido la orden dictada por el Juez de Paz dos años antes de los hechos, que expresamente le imponía prohibición de acercamiento a la denunciante, como a su domicilio particular y a 200 mts del lugar donde ella se encuentre. Así mismo dice la resolución que deberá abstenerse de producir incidentes, proferir agravios, realizar actos torpes o molestos o de hostigamiento y/o efectuar reclamos de cualquier índole”. Cabe aclarar que la medida fue ratificada por el Juzgado de Familia N° 16 en el marco de la Ley 3040.
En la audiencia celebrada hoy se recibió la declaración de la víctima y tres testigos más, que fueron interrogados en examen y contraexamen tanto por la Fiscalía como por la defensa particular. Cabe mencionar que la defensa solicitó la absolución de su asistido.
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Se entregó en Roca el joven acusado de asesinar de un disparo a un hombre en Allen
El imputado acudió por sus propios medios a la guardia de la Comisaría 3° y manifestó su intención de entregarse. Quedó detenido a disposición de la Fiscalía de Allen.
Un hombre de 32 años murió ayer lunes (09/11) por la mañana en Allen tras recibir un disparo en el pecho. Por el homicidio, un joven de 25 años que permanecía prófugo se presentó voluntariamente este martes en la Comisaría 3° de General Roca, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.
El hecho se conoció alrededor de las 6, cuando desde la guardia del Hospital Ernesto Accame informaron el ingreso de la víctima en estado crítico. Pese a las maniobras de asistencia realizadas por los profesionales médicos, minutos más tarde confirmaron su fallecimiento a causa de la herida de arma de fuego en la zona torácica.
De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, el hombre había sido auxiliado en la intersección del Pasaje Vecinal e Islas Malvinas y trasladado de urgencia al nosocomio local por allegados a bordo de un automóvil.
En el lugar trabajaron el fiscal Zornita, efectivos de la Comisaría 33°, personal de la Brigada de Investigaciones y Criminalística.
En tanto, el sospechoso, sobre quien pesaba una orden de detención vigente, se presentó este martes alrededor de las 11 en la guardia de la Comisaría 3°. El joven acudió por sus propios medios y manifestó su intención de entregarse al conocer que era buscado por el crimen ocurrido 24 horas antes.
Tras su presentación, el personal policial se comunicó con la Fiscalía Descentralizada de Allen, desde donde se dispuso notificar formalmente su aprehensión en el legajo judicial caratulado como homicidio agravado. También se dio intervención al Cuerpo de Investigación Judicial para el cotejo de antecedentes.
El imputado quedó alojado en una sede policial a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Además, se notificó a la Defensoría Oficial para garantizar su representación legal.
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Juicio por abuso sexual: La Fiscalía pidió perspectiva de género y una resolución con enfoque en los derechos de la víctima
La fiscal Benatti pidió que se analice el contexto de vulnerabilidad de la víctima, que tenía 12 años cuando ocurrieron los hechos. La defensa solicitó que el acusado sea condenado por estupro.
La Fiscalía solicitó a un Tribunal Colegiado que declare responsable penal a un hombre acusado por hechos de abuso sexual que comenzaron cuando la víctima tenía 12 años. El caso llegó a juicio varios años después de ocurrido y la acusación sostuvo que se trató de un ataque no consentido que derivó en un embarazo.
Durante los alegatos de clausura, la fiscal Celeste Benatti pidió a los jueces Gastón Martín, Maximiliano Camarda y Gastón Pierroni que analizaran el caso desde la perspectiva de una niña de 12 años en 2015. Planteó la necesidad de comprender cómo su vida y sus decisiones cotidianas quedaron atravesadas y subordinadas a las determinaciones de los adultos que la rodeaban.
La representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que la niña nunca eligió mantener una relación con el imputado ni quedar embarazada sin comprender siquiera lo que eso significaba. También señaló que debió continuar viviendo en un entorno donde su agresor seguía presente mediante un régimen de comunicación parental con el bebé que había tenido.
Benatti sostuvo que en aquel momento falló el sistema de protección y que la víctima quedó relegada, sin que nadie le preguntara verdaderamente qué había ocurrido ni qué quería para su vida. En ese sentido, pidió que el Tribunal resuelva con perspectiva de género y contemple el contexto sociofamiliar, la manipulación emocional ejercida sobre la niña y la normativa protectora vigente.
Entre las pruebas, la Fiscalía destacó una pericia genética realizada en el Laboratorio Regional de Genética Forense de Bariloche, que confirmó la paternidad respecto del hijo producto del abuso con un 99,99% de probabilidad. También mencionó el informe médico forense que estableció la fecha de concepción.
Los hechos juzgados ocurrieron en diciembre de 2015, cuando la víctima tenía 12 años y el imputado 18. La Fiscalía sostuvo que se trató de un ataque no consentido, en un contexto de profunda vulnerabilidad e invisibilización institucional y familiar.
La representante fiscal también recordó la Ley N° 27.206 de Respeto a los Tiempos de las Víctimas y el artículo 67 del Código Penal, referido a la suspensión de la prescripción en los casos de abuso sexual.
Por su parte, el defensor particular mantuvo la postura sostenida durante el debate y solicitó que su asistido sea condenado por la figura de estupro. El Tribunal informó que dará a conocer su resolución el miércoles 11 de noviembre a las 12.30 horas.
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Violencia obstétrica: Condenaron a un anestesiólogo y a una clínica por el maltrato a una mujer durante una cesárea
Una mujer que llevaba 40 horas de trabajo de parto fue maltratada por un anestesiólogo antes de una cesárea. La Justicia reconoció el daño y condenó al profesional y al sanatorio a pagar una indemnización.
Una mujer que llevaba 40 horas en labores de parto y 8 horas con contracciones aceptó someterse a una cesárea en una clínica de Roca. Estaba agotada y los controles médicos comenzaban a detectar señales de riesgo para el bebé. Ante ese panorama, resignó su deseo de un parto natural y fue ingresada al quirófano.
Allí, cuando estaba a punto de aplicarle la anestesia epidural, el anestesiólogo le recriminó que lo hubieran convocado después de la medianoche, cuando él ya había terminado su jornada laboral. La mujer le respondió que no podía elegir el horario del nacimiento de su hijo. El profesional también hizo comentarios despectivos sobre abogados y jueces cuando supo que ella era abogada, en los momentos previos al nacimiento del bebé.
La mujer inició primero un proceso en el fuero de Familia, donde se reconoció que había sufrido violencia obstétrica. Esa decisión quedó firme luego de una apelación de los demandados ante la Cámara. Después presentó una demanda civil por los daños que le ocasionó el episodio.
El fuero Civil condenó al anestesiólogo y a la clínica a pagar una indemnización. La sentencia incluyó medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir, entre ellas la entrega de información sobre sus derechos a las personas gestantes que ingresan a la clínica y la implementación de un procedimiento accesible para recibir y resolver reclamos.
Para resolver el caso, la magistrada aplicó la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que reconoce la violencia obstétrica como una modalidad de violencia de género.
También consideró la Ley Nacional de Parto Respetado y la Ley de Derechos del Paciente. Citó, además, los antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció que la violencia durante el embarazo, el parto y el posparto constituye una violación a los derechos humanos.
La sentencia también recuperó los estándares internacionales que identifican concepciones machistas y estereotipadas detrás de estas prácticas. Entre ellas, la idea de que el sufrimiento es una parte inevitable del embarazo, la supuesta inferioridad de las mujeres, la creencia de que no pueden tomar decisiones adecuadas sobre sus procesos reproductivos y las concepciones que reducen sus cuerpos a objetos de placer sexual masculino.
En el ámbito provincial, la jueza destacó que Río Negro fue pionera con la Ley D 3263, que reemplazó el concepto de parto médico por el de parto humanizado. Esa norma reconoce a la persona gestante como protagonista del nacimiento y protege su derecho a un parto respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos.
Otro aspecto central fue la evaluación del daño psicológico. Durante el proceso se presentaron dos pericias con conclusiones diferentes. La jueza otorgó mayor valor al informe del Cuerpo de Investigación Forense, que identificó angustia, ansiedad, sentimientos de desvalorización y otras consecuencias vinculadas con el episodio.
Estereotipos a la vista
Al analizar la conducta del anestesiólogo, la magistrada señaló que «el demandado debió conocer que se dirigía a una mujer que atravesaba el proceso de nacimiento de su hijo y que se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad. Sin embargo, el profesional dispensó un trato inadecuado a la paciente, cuando su especial posición de jerarquía y autoridad le imponía límites en el modo de relacionarse con su paciente, y no lo hizo, omitiendo la especial diligencia que le era exigible».
La jueza dedicó una parte de la sentencia a identificar y visibilizar los estereotipos que impactaron en el suceso.
Así, cuestionó que se atribuyera a la paciente responsabilidad por la duración del trabajo de parto y por el horario de la intervención, como si hubiera podido decidir cuándo debía nacer su hijo. También examinó el prejuicio que asocia la emocionalidad femenina con una menor capacidad para interpretar lo sucedido. Según explicó, el dolor, el cansancio o la angustia no habilitan a considerar que el relato de una mujer sea exagerado o poco confiable. Otro aspecto revelado fue la naturalización del maltrato dentro de los equipos de salud.
La sentencia también rechazó la expectativa de que una mujer deba reaccionar de una manera determinada frente a una situación de violencia. Finalmente, la magistrada examinó la desigualdad de poder propia de la relación entre profesionales de la salud y pacientes. Esa asimetría se profundiza durante el parto, cuando la persona depende de la asistencia médica para atravesar una intervención necesaria.
En sus conclusiones, la magistrada consideró que el anestesiólogo debía responder por su conducta porque vulneró el deber de brindar un trato digno y respetuoso y cometió un acto de violencia obstétrica.
También atribuyó responsabilidad a la clínica, ya que el profesional fue convocado por la institución. A su vez, la jueza consideró insuficientes las acciones de capacitación que la clínica había acreditado tras la intervención del fuero de Familia.
Garantía de no repetición
La condena no se limitó a la reparación económica. La clínica deberá elaborar y entregar a las pacientes una carta de derechos de las personas gestantes. La misma deberá ser escrita en lenguaje claro y accesible, con información sobre el trato digno, la participación en las decisiones médicas, el respeto de sus necesidades y preferencias y los canales para realizar consultas o reclamos.
También tendrá que implementar o adecuar un protocolo para recibir y responder denuncias por posibles situaciones de violencia obstétrica.
Las medidas deberán cumplirse dentro de los 60 días posteriores a que la sentencia quede firme, con acreditación documental y control judicial. La jueza sostuvo que la prevención requiere acciones institucionales efectivas y sostenidas, capaces de modificar prácticas y evitar nuevas vulneraciones de derechos.
