Gremios
UPCN y ATE rechazaron el 15% ofrecido por el gobierno provincial
Ayer el gobierno les hizo la misma oferta que al gremio docente.
El gobierno provincial dio inicio ayer a una serie de encuentros con los gremios UPCN y ATE, que se suman al realizado días atrás con UnTER, para comenzar a discutir distintas pautas en relación al empleo público y el funcionamiento del Estado, además de la propuesta salarial 2018.
En primer término, los ministros de Economía, Agustín Domingo; y de Gobierno, Luis Di Giácomo; junto a la secretaria de la Función Pública, Isabel Tipping, se reunieron con la dirigencia de UPCN, para luego hacerlo con los representantes del gremio ATE.
En las reuniones, se avanzó sobre cuestiones no sólo relacionadas con el salario sino también a la carrera administrativa de los empleados públicos, la transparencia para el cubrimiento de vacantes y la etapa de implementación de manual de funciones y misiones del personal de apoyo de educación.
Otro de los puntos abordados fue la cuestión salarial, respecto de la cual el gobierno realizó a los gremios una propuesta de aumento del 15% escalonado.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, remarcó que “las discusiones fueron positivas, en las cuales volcamos una serie de propuestas para una mesa de diálogo que debe tener continuidad en lo que resta del año. Pusimos como primer punto la necesidad de poner en marcha la carrera administrativa en la función pública. Creemos que en esta etapa podemos jerarquizar y poner en marcha una carrera administrativa en la cual el empleado pueda ir mejorando su condición salarial a través de la capacitación, desempeño y posibilidades”.
“En segundo término planteamos comenzar con un proceso de transparencia y participación en la designación de nuevo recurso humano cuando se necesite dentro de la Administración Pública, con los controles necesarios de parte de las organizaciones gremiales”, añadió.
Otro de los puntos abordados fue trabajar en la culminación del Manual de Misiones y Funciones del personal de servicios generales de Educación.
Como cuarto tema, el gobierno planteó su propuesta salarial para el 2018, con un 15% de aumento para los empleados públicos, dividido en un 4% a partir de marzo, otro 3% a partir de los salarios de junio, un 4% con los sueldos de septiembre y el restante 4% desde los salarios de noviembre.
“Ellos a su vez nos presentaron sus requerimientos y propuestas, las cuales se formalizarán mañana por escrito, y en los próximos días volveremos a reunirnos para seguir avanzando en estos aspectos”, sintetizó el ministro Di Giácomo.
Por su parte, el ministro de Economía, Agustín Domingo, explicó que “el gobierno provincial tendrá entre sus objetivos la implementación de la carrera administrativa, permitiendo el crecimiento de los empleados públicos en sus ámbitos laborales, reconociendo su esfuerzo y responsabilidad”.
“También se iniciará, en el marco de la transparencia y gobierno abierto, convocatorias abiertas para cubrir vacantes en el Estado, a través de las herramientas tecnológicas que cuenta la Provincia”, agregó.
Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, sostuvo al término del encuentro que «si el gobernador quiere un final feliz va a tener que dejar de hablar del 15%. Él sabía que si incorporaba a ATE a las paritarias se terminaban las parodias y habría que discutir salarios de verdad. Este gobierno se había acostumbrado al sí fácil durante los últimos años. Valoramos el diálogo, pero ahora se van a tener que esforzar de verdad si quieren alcanzar un acuerdo con los estatales», remarcó.
«Esta propuesta no alcanza para que sea analizada por el plenario provincial. Tiene que ser mejorada sustancialmente. Estamos en un país donde la ‘cláusula gatillo’ la tienen solo los empresarios y se le niega a los trabajadores», concluyó.
Gremios
ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
