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“La propuesta del gobierno no puede aceptarse de ninguna manera”

Así lo resolvió la Mesa Directiva Provincial de la UPCN.

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Ayer a la tarde (15/03) se realizó en Viedma una reunión con el pleno de los 52 miembros de la Mesa Directiva Provincial de la UPCN y los 36 integrantes de la comisión asesora de las 26 delegaciones territoriales. Entre los temas tratados, el salarial ocupó el centro de la orden del día y por votación unánime de los integrantes, se resolvió que la propuesta del gobierno (15% en cuatro tramos hasta septiembre y una suma fija por única vez de 1500 pesos) no puede aceptarse de ninguna manera.

Respecto a esa decisión, el secretario general Juan Carlos Scalesi, aseveró que «la Ley N° 3052 del Consejo Provincial de la Función Pública establece que los acuerdos salariales deben ser consensuados en esa mesa y nosotros, como representantes de los trabajadores no podemos consensuar lo que propuso el gobierno hasta ahora».

Los secretarios de Mesa destacaron además que «la planta de trabajadores de la Administración Pública no aumenta desde hace años, por lo que el Estado no tiene preocupaciones ni excusas en ese sentido. Además, resaltaron la absoluta disconformidad con la actitud poco comprometida del Ejecutivo respecto a sus trabajadores, porque los salarios vienen cayendo por el desfasaje respecto a la inflación y el gobierno no cumple con lo que se comprometió a través de la firma de las actas de 2016 y 2017, que es, justamente, revisar los acuerdos para ajustar los puntos que perdió el salario».

«Hay cada vez más compañeros endeudados y el consumo desciende a niveles preocupantes», expresaron. Todos coincidieron en que «la brecha entre ricos y pobres crece cada vez más y muchos trabajadores no superan el límite de la pobreza».

Scalesi dijo que «el Estado debe sincerarse en sus gastos y apuntalar el funcionamiento de la Administración Pública, no subsidiar empresas deficitarias o dilapidar el presupuesto en erogaciones que no hacen al funcionamiento de un Estado de utilidad para todos los ciudadanos».

La Mesa Directiva Provincial se centró en consensuar el rechazo unánime de la oferta del gobierno y propuso continuar el diálogo en la búsqueda de un acuerdo para el primer semestre (de aumento salarial para 2018, más reconocimiento de parte de la deuda de 2016 y 2017) y volver a negociar en el mes de junio, con el compromiso inobjetable de la revisión.

Dentro del debate se evaluó la posibilidad de implementar diversas medidas si no se logra consenso y acuerdo en la próxima reunión.

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El Gobierno convocó a renegociar convenios en el Estado pero ATE respondió con que «se trata de un chantaje y una extorsión

El sindicato concurrirá a la audiencia pero rechazará cualquier modificación de las condiciones laborales y salariales actuales.

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En el marco de la renegociación de convenios colectivos de trabajo impulsados desde la reforma laboral, el Gobierno nacional ahora convocó a rediscutirlos en el Estado y para el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, «funciona como una herramienta de extorsión y chantaje».

«Estamos ante una presión o amenaza que tiene por finalidad obligarnos a los estatales a resignar derechos o beneficios que se encuentran contemplados en nuestros convenios colectivos. Mediante intimidación o violencia pretenden obligarnos a que firmemos la quita de nuestros derechos», completó el dirigente estatal.

En este marco, agregó que «por supuesto que los trabajadores queremos discutir nuestros convenios colectivos, pero debe tratarse de una discusión libre y voluntaria. En este caso la razón es que el Estado nos quiere obligar a discutir para profundizar sus políticas antisindicales y de destrucción de derechos».

«Tenemos que tener claro que con Milei aparece una particularidad en la Secretaría de Trabajo ya que esta no actúa como moderadora de las negociaciones sino que se ha convertido en el brazo ejecutor del ajuste impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional», aseguró Aguiar.

Además, el dirigente indicó que «hay convenios que especifican bonos o adicionales importantes que dejarán de percibirse mientras se negocie el convenio. No podemos aceptar que la renegociación se transforme en un instrumento para aplicar una brutal rebaja salarial sobre ingresos que incluso han sido congelados durante los dos últimos años».

«La única manera que debe entenderse esta renegociación es como parte de una política antisindical y de destrucción de los derechos sociales. No tenemos que aceptarla», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

La rediscusión de convenios comenzó en el sector privado en las últimas horas a partir de la eliminación de la ultraactividad incluida en la Ley 27.802 de Reforma Laboral. Sin embargo, en las últimas horas llegaron notificaciones desde el Ministerio de Capital Humano para renegociar los convenios de distintos organismos como PAMI, ANSES, ACUMAR, entre otros.

Si bien no se fijó una fecha para la convocatoria, el sindicato confirmó que asistirá pero rechazará cualquier tipo de modificación de las condiciones laborales y salariales actuales.

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ATE rechazó la paritaria de 6,6% trimestral y bono de $50.000

«No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. Rechazamos esta oferta porque perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo», señaló Aguiar.

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El Gobierno nacional ofreció en el inicio de la paritaria 2026-2027 de la administración pública nacional un incremento de 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto, además de un bono por única vez $50.000 para el mes de agosto, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta por insuficiente.

«No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. Rechazamos esta oferta porque perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«Se trata de una oferta que es insuficiente y que además no contempla un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido en el sector público», aseguró Aguiar, al tiempo en el que añadió que «el Gobierno viola la buena fe que debe existir en las negociaciones y que se encuentra garantizada por ley. Estamos asistiendo a un empobrecimiento planificado de todos los trabajadores del sector público».

En este contexto, el dirigente expresó que «este Gobierno, desde que asumió hasta ahora, confiscó $12.000.000 en promedio a cada uno de los estatales. Este es un ofrecimiento que nos coloca cada vez más lejos de lograr un entendimiento y además acelera la conflictividad en el Estado».

El incremento acumulativo llega a 6,6% para el trimestre, mientras que la inflación acumulada durante los últimos tres meses supera el 8,3%. De esta manera, «se profundiza la pérdida del poder de compra de los ingresos del sector público durante la gestión de Javier Milei, los cuales ya se ubican 43% por debajo de la inflación».

En este sentido, el sindicato exige un salario mínimo que supere los $2.200.000 necesarios para cubrir todas las prestaciones básicas contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

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El aumento salarial para estatales rionegrinos será de 4,28% e impactará en el aguinaldo

Para determinar este porcentaje, se promediaron las mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional y provincial correspondientes a los meses de abril y mayo.

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El Gobierno Provincial anunció el incremento salarial del bimestre junio-julio, acordado en la Mesa de la Función Pública. Se trata de una actualización automática a partir del promedio del IPC Viedma y el IPC Nacional.

El Gobierno de Río Negro confirmó la nueva pauta salarial que impactará de manera directa en los haberes de junio y en la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). De acuerdo al esquema de actualización automática bimestral vigente, el incremento será del 4,28%.

Para determinar este porcentaje, se promediaron las mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional y provincial correspondientes a los meses de abril y mayo, datos que se dieron a conocer en las últimas horas.

Este mecanismo garantiza que el salario acompañe la evolución de los precios, brindando alivio directo a las y los trabajadores del Estado y reafirmando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Mesa de la Función Pública.

Cómo se calcula el aumento

El porcentaje surge de promediar el IPC de abril (2,6% a nivel nacional y 2,1% en Viedma) y el de mayo 2,1% a nivel nacional y 1,67% en Viedma).

Al igual que en los tramos anteriores, los dos promedios mensuales se acumulan entre sí, asegurando que el incremento cubra la inflación real del bimestre y proteja el poder adquisitivo de las y los estatales.

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