Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto oficialista que elimina el subsidio de energía por zona fría a distintas provincias, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «tenemos que lograr que sean condenados socialmente los gobernadores que apoyaron la media sanción. No debieran estar gobernando por carecer de toda sensibilidad».

«En las puertas del invierno, ¿cómo pueden avalar la quita de subsidios a los habitantes de sus provincias que van a tener que pagar el doble por el gas? Estamos frente a un nuevo golpe al bolsillo. El deterioro del poder adquisitivo es gravísimo, no se tolera más. Si esta ley se aprueba, se profundizará el ajuste en las provincias, va a empobrecer aún más al 80% de la población y va a acelerar la conflictividad», agregó el dirigente estatal.

En referencia a la condonación de deudas millonarias que las empresas energéticas mantenían con el Gobierno, Aguiar cuestionó que «es inaceptable que le quiten los subsidios a quienes menos tienen, a los más pobres, mientras benefician a las elites empresarias, a quienes les van a perdonar deudas por miles de millones de dólares».

«Milei y el empresariado nacional y trasnacional que lo mandan son los autores de un daño social irreparable, pero también existen cómplices necesarios y son los gobernadores, diputados y senadores», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

El proyecto que ya cuenta con media sanción del Congreso recorta los subsidios de gas en numerosos departamentos de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja, al modificar el Régimen de Zona Fría. Esta modificación implica una suba drástica de los costos de los servicios que, según el caso, aumentará entre un 20 y un 100% en caso de aplicarse la ley, afectando a más de 3 millones de usuarios.

La norma además incluye la condonación de las deudas que las empresas Edesur y Edenor mantienen con el Estado Nacional. El monto de la deuda rondaría los 1.800 millones de dólares.

El Congreso Extraordinario de UnTER resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Río Negro en la paritaria del pasado jueves (14/05) y reclamó una nueva convocatoria urgente para continuar con las negociaciones.

El encuentro se desarrolló este jueves (21/05) en Viedma con la participación de representantes de las 18 Seccionales de la provincia, donde se analizó la situación educativa y salarial a nivel provincial y nacional.

Según informó el gremio docente, durante la jornada también se debatió la posibilidad de llevar adelante medidas de fuerza. La moción a favor del paro obtuvo 104 votos, mientras que la postura de no realizar medidas de fuerza consiguió 51 votos y hubo además dos abstenciones. Sin embargo, desde UnTER aclararon que el estatuto sindical exige una mayoría especial de dos tercios del total de congresales para aprobar un paro, número que finalmente no se alcanzó. Por ese motivo, el Congreso resolvió no avanzar con medidas de fuerza en esta instancia.

No obstante, el sindicato definió impulsar acciones de visibilización simultáneas en toda la provincia y en conjunto con otras organizaciones gremiales.

Previo al inicio del Congreso, docentes realizaron una movilización hacia el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y posteriormente a Casa de Gobierno para expresar sus reclamos salariales y en defensa de la educación pública.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) sostuvo que las y los trabajadores necesitan un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $2.879.877 para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Ese monto equivale a ocho veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.

Además, en lo que va del gobierno de Javier Milei, los asalariados perdieron más de 62 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales y se vieron forzados a endeudarse para sostener la vida cotidiana. Eso explica el nivel de endeudamiento de las familias argentinas.

En el desglose de datos, el FreSU informó que cada trabajador del sector privado perdió en promedio $2.321.24 y, en el caso del sector público, la pérdida fue de $12.788.939 en promedio.

Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toma como referencia los costos necesarias para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional: Alimentación adecuada ($648.271); vivienda digna ($568.227); educación ($252.457); vestimenta ($147.595); salud ($349.332); transporte, esparcimiento y vacaciones ($597.209); y previsión social ($316.786).

El FreSU está integrado por unas 140 organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Aeronáuticos, Molineros y Papeleros.

El 1 de Mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados y votaron el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, donde afirmó que «reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión».

El tercer informe mensual del FreSU fue anunciado por los secretarios generales Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE), Daniel Yofra (Federación Aceitera) y Matías Fachal (Federación Judicial) y la secretaria general de Conadu Histórica, Francista Staiti, desde la jornada de debate realizada por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mendoza, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL) en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza.