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El gobierno mejoró la oferta y ATE define mañana
El 15% de aumento es retroactivo a febrero y se abonará en tres tramos. Además, se incluye una suma de $2000.
El gobierno provincial volvió a reunirse en paritarias con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), mejoró el último ofrecimiento y respondió positivamente a una demanda histórica del sindicato aceptando la modificación de la ley que actualmente regula el funcionamiento del Consejo de la Función Pública y Reconversión del Estado.
“La modificación de la Función Pública supone una de las mayores transformaciones que se dará en el Estado rionegrino en las últimas décadas. Jamás pensamos que esta democratización de las relaciones laborales podríamos alcanzarla durante nuestra gestión. Cómo no valorar tanta lucha y hasta la cárcel que tuvimos que sufrir para llegar hasta acá”, manifestó el secretario general de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar.
“El plenario de mañana será multitudinario y definirá la aceptación o rechazo, pero tenemos que decir que, en relación a lo estrictamente salarial, todavía hay algunos aspectos que no nos convencen”, agregó.
La entidad gremial convocó a un plenario provincial de delegados, que se espera reúna a más de 400 delegados, para mañana (22/03) a partir de las 11 horas en Neuquén 1427 en la ciudad de General Roca (Salón de la Sociedad Libanesa de Socorros Mutuos). Será esta instancia orgánica la que defina la aceptación o el rechazo de los trabajadores estatales a la nueva oferta.
Si bien desde ATE consideran que la propuesta salarial tiene «mayor entidad» y es «comprensiva de reclamos sensibles de los trabajadores que hasta aquí no habían sido considerados», sigue generando algunas dudas en relación al pago tardío de las guardias y horas extras y la cantidad de tramos para la cancelación del incremento, entre otros aspectos.
Concretamente, la propuesta del gobierno fue:
- Un 15% de aumento retroactivo a febrero, a pagar 4,5% con los haberes de ese mes, 2,5% en junio y 8% en septiembre.
- Para los agentes comprendidos en la Ley 1844 otorgar una suma de $2.000 para las categorías de la 1 a la 8 y una suma de $1.500 de la categoría 9 en adelante. Y sus equivalentes para los trabajadores de la Ley 1904.
Fijar, en el marco del nuevo Manual de Misiones y Funciones, adicionales para los porteros y porteras de $6000 para Coordinadores/as, $4000 para Jefes/as de Radio, $2500 para Jornada Completa, $2500 para Jornada Extendida, $2500 para Tareas Menores, $1500 para Peones de Chacra. - Apertura salarial real y efectiva en el mes de agosto.
- Aceptación de modificación de la Ley de la Función Pública y presentación de un anteproyecto a mediados de abril.
- Pago a porteros/as de escuela en el primer día del cronograma conjuntamente con docentes.
- Inicio del proceso de blanqueo salarial o regularización de sumas no remunerativas en el mes de agosto.
- Fijar fecha dentro de la primera quincena de abril para iniciar el debate sobre Carrera Administrativa y distintos conceptos salariales como Indumentaria, Asignaciones Familiares y otros percibidos por los agentes que revisten bajo las leyes 1.844 y 1.904.
Tal como en los anteriores encuentros, el Poder Ejecutivo estuvo representado por los ministros de Gobierno Luis Di Giácomo, de Economía Agustín Domingo y por la secretaria de la Función Pública y Reconversión del Estado, Isabel Tipping. Mientras que la comitiva sindical estuvo encabezada por Rodolfo Aguiar e integrada por los secretarios generales de todas las Seccionales: Egar Actis (Bariloche), Rosa Ñanco(Regina), Javier Milani (Andina Sur), Esterea González (Allen), Jorge Nuñez (Cipolletti),Federico Gabarra (Alto Valle Este) y Carlos Novillo (Consejo Provincial). Además, también estuvieron los representantes de ATE ante la Secretaría de la Función Pública, Selva Sánchez y el asesor legal Diego Sachetti.
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
