Río Negro
Presentaron el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado de Río Negro
El informe revela que en la provincia hubo 75 desaparecidos antes y durante el último golpe de Estado. En el Alto Valle, 41.
Los damnificados van de 1973 a 1983. La presentación la hizo la delegada regional de DDHH, Jimena Palópoli, en una conferencia que se suma a las actividades organizadas para conmemorar en la Provincia el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
La información recopilada en el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado de Río Negro detalla que “un total de 75 personas” fueron desaparecidas o asesinadas. Del total, 57 se encuentran desaparecidas, mientras que 18 fueron asesinadas, entre el 25 de mayo de 1973 al 10 de diciembre de 1983.
De todos los casos denunciados, apenas el 5% obtuvo condena. Otro 14 % se encuentra en proceso judicial, mientras que el 56% de los casos no fue incluido en ninguna causa judicial o aún no han tenido tratamiento.
“Durante el periodo previo al Golpe de Estado (1973 – 1976), 4 personas fueron asesinadas mientras que 2 se encuentran desaparecidas. Luego, en la etapa de la última dictadura cívico militar, 2 personas fueron asesinadas en la provincia de Río Negro y 16 se encuentran desaparecidas, mientras que 8 rionegrinos fueron asesinados y 29 desaparecidos en otras provincias”, puntualizó Palópoli en base a los datos recopilados.
Completan el cómputo las personas relacionadas con la Provincia: cuatro fueron asesinadas y 10 aún están desaparecidas.
Entre otros aportes del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado de Río Negro, “el 55% de los asesinatos y desapariciones forzadas tuvieron lugar en el Alto Valle, seguido por un 20% en la zona Andina, un 13% en la Atlántica y un 11% en el Valle Medio. Sólo el 1% restante no está identificado el lugar donde se produjo el hecho, pero sí confirmado que fue dentro de la provincia de Río Negro”.
Criterios utilizados para la confección del registro
Para la confección del presente listado se tomaron en cuenta cuatro criterios de clasificación de personas desaparecidas y/o asesinadas desde el 25 de Mayo de 1973 hasta el 10 de diciembre de 1983:
1- Personas desaparecidas y/o asesinadas de y en la provincia de Río Negro, desde el 25 de mayo de 1973 al 24 de marzo de 1976.
2- Personas desaparecidas y/o asesinadas en la provincia de Río Negro desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983.
3- Personas nacidas o que se encontraran viviendo en la provincia de Río Negro al momento del hecho, desaparecidas y/o asesinadas en otras provincias, desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983.
4. Otros: Personas desaparecidas y/o asesinadas cuya historia de vida guarde relación con la provincia desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 10 de diciembre de 1983.
Descripción de los criterios
Criterio 1: Personas desaparecidas y/o asesinadas de y en la provincia de Río Negro desde el 25 de mayo de 1973 al 24 de marzo de 1976
Descripción: se tomaron en cuenta todas aquellas personas que hayan nacido en la provincia de Río Negro o hayan sido desaparecidas y/o asesinadas dentro del territorio de la misma, durante el período mencionado, coincidente con el comienzo del accionar de la AAA (Alianza Anticomunista Argentina) y otros grupos parapoliciales.
Criterio 2: Personas desaparecidas y/o asesinadas en la provincia de Río Negro desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983.
Descripción: se tomaron en cuenta todas aquellas personas que hayan sido detenidas/desaparecidas y/o asesinadas dentro del territorio de la provincia de Río Negro, desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983.
Criterio 3: Personas nacidas o que se encontraran viviendo en la provincia de Río Negro al momento del hecho, desaparecidas y/o asesinadas en otras provincias, desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983.
Descripción: se tomaron en cuenta todas aquellas personas que hayan sido detenidas/desaparecidas y/o asesinadas en otras provincias desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983 y hayan nacido en la provincia de Río Negro o se encontraran viviendo en la misma al momento del hecho.
Criterio 4: Personas desaparecidas y/o asesinadas cuya historia de vida guarde relación con la provincia desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 10 de diciembre de 1983.
Descripción: se tomaron en cuenta todas aquellas personas que hayan sido detenidas/desaparecidas y/o asesinadas desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, cuya historia de vida guarde relación significativa con la Provincia de Río Negro.
Se incluyeron:
– Personas que hayan estudiado en la provincia en cualquier nivel educativo. (primario – secundario – universitario)
– Personas que hayan trabajado en la provincia o hayan sido funcionarios públicos del Estado Rionegrino.
– Personas que hayan sido reconocidas por su participación política y/o social en la provincia.
Fuentes de Información utilizadas para la confección del Registro
Para la confección del presente listado se tomarán en cuenta las siguientes fuentes de información, sin quedar excluidas otras fuentes que deberán ser chequeadas previamente:
1) Secretaría de Derechos Humanos de la Nación: Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE)
2) Legajos CONADEP – SDH – REDEFA.
3) Base de datos de consulta pública del Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires. Esta base de datos se conforma con los registros oficiales de denuncias por desaparición forzada Ley 24.321.
4) Archivo personal de Roberto Baschetti – Historiador
Total de víctimas
Teniendo en cuenta que los únicos que conocen verdaderamente el número de desapariciones forzadas son los propios responsables de ese delito, la cantidad de personas desaparecidas es indeterminada, parcial y provisoria, siendo hasta la fecha de 75 personas.
Los casos que ha tomado este registro son aquellos que cuentan con denuncia ante CONADEP / SDH.
Río Negro
Weretilneck confirmó el aval de Nación para financiar obras en las Rutas 22 y 151
El financiamiento de FONPLATA permitirá intervenir los sectores más deteriorados de ambos corredores y mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.
El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que Río Negro obtuvo la garantía del Gobierno Nacional para avanzar con un crédito de hasta US$ 60 millones de FONPLATA – Banco de Desarrollo, destinado a financiar obras prioritarias en las Rutas Nacionales 22 y 151.
El financiamiento permitirá intervenir los sectores más deteriorados de ambos corredores, mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial.
La operación se enmarca en la decisión de la Provincia de asumir progresivamente la gestión de estas rutas y definir y ejecutar las obras necesarias en territorio rionegrino.
El avance se produjo luego de un relevamiento realizado recientemente por Vialidad Rionegrina, la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), especialistas de FONPLATA y el Gobierno Nacional.
El trabajo permitió constatar en territorio el estado de las trazas y avanzar en la definición del plan de obras que acompañará la operación de financiamiento.
Con el aval obtenido, la Provincia continúa trabajando en la documentación técnica y financiera necesaria para presentar la operación ante el Directorio de FONPLATA, previsto para noviembre.
El programa tendrá impacto directo sobre más de 438.000 habitantes de los departamentos de Pichi Mahuida, Avellaneda y General Roca, además de las personas y vehículos que utilizan diariamente ambas rutas.
También se estima un mejor acceso para 312.000 habitantes a 81 centros de salud, 15 hospitales, 20 cuarteles de bomberos y distintas dependencias policiales.
La operación contempla financiamiento externo por hasta US$ 60 millones, con la Nación como garante. La gestión administrativa, financiera y fiduciaria estará a cargo de la UPCEFE, mientras que Vialidad Rionegrina tendrá la responsabilidad técnica de definir las prioridades y ejecutar las intervenciones.
Judiciales
Por el aumento de causas, Roca tendrá una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia
El Poder Judicial detectó durante la última década un incremento sostenido de expedientes en el Fuero de Familia de General Roca.
La Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto impulsado por el Superior Tribunal de Justicia para crear una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia con sede en General Roca, correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial.
Al fundamentar la iniciativa, la legisladora Natalia Reynoso (JSRN) explicó que la propuesta surge a partir de los estudios realizados por la Dirección de Planificación Estratégica del Poder Judicial, que durante los últimos diez años registró un crecimiento sostenido de las causas y expedientes que ingresan al fuero de Familia.
Según detalló, el relevamiento correspondiente al período comprendido entre 2016 y 2026 permitió detectar un incremento que calificó como «exponencial, sostenido y estructural», particularmente en la Segunda Circunscripción Judicial.
Reynoso destacó además que el Poder Judicial modificó la metodología utilizada para determinar la carga que soportan los distintos organismos. Hasta ahora, uno de los principales parámetros era simplemente cuantitativo: se contabilizaba la cantidad de expedientes ingresados y tramitados.
La nueva metodología incorpora el concepto de «carga ponderada de trabajo», que busca determinar no solamente cuántos expedientes tramita un organismo, sino también cuánto esfuerzo y tiempo demanda cada uno de ellos de acuerdo con su complejidad.
Para establecer ese indicador se tuvieron en cuenta variables como la complejidad de las causas, su duración y el grado de intervención judicial requerido.
«No es lo mismo una causa que puede resolverse mediante una audiencia y posterior homologación que aquellos procesos que demandan seguimientos durante dos años o más, sucesivas audiencias y la participación de equipos interdisciplinarios», explicó la legisladora.
Entre las problemáticas de mayor complejidad mencionó las situaciones de violencia de género e intrafamiliar, además de causas relacionadas con alimentos, filiaciones y adopciones.
La metodología, elaborada con participación de juezas de Familia de las diferentes circunscripciones judiciales, permitió establecer con mayor precisión la carga efectiva de trabajo de cada organismo.
En el caso de General Roca, los resultados mostraron no solamente un aumento en la cantidad de expedientes, sino también una creciente exigencia funcional derivada de la complejidad de las causas.
Reynoso sostuvo que la ciudad viene registrando «un nivel de demanda estructural superior al resto de las localidades analizadas», pese a contar con estructuras organizativas similares a las existentes en organismos que atienden volúmenes y niveles de demanda considerablemente menores.
Ese desequilibrio, explicó, determinó la necesidad de avanzar con la creación de una nueva Unidad Procesal de Familia.
La iniciativa busca así adecuar la estructura judicial de General Roca a una realidad que se modificó sustancialmente durante la última década y mejorar la capacidad de respuesta del fuero frente a causas que, además de haber aumentado en cantidad, requieren intervenciones cada vez más prolongadas y complejas.
Río Negro
Los estatales de Río Negro dejan de estar obligados a permanecer en IPROSS y podrán elegir otra obra social
La Legislatura aprobó la reforma que elimina la obligatoriedad de permanecer en IPROSS. La opción alcanza a trabajadores activos, jubilados y sus grupos familiares.
Los trabajadores estatales de Río Negro podrán elegir libremente su obra social y dejar de estar obligados a permanecer en el Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), a partir de la reforma aprobada por la Legislatura provincial. La nueva norma establece un régimen de afiliación voluntaria u optativa que alcanza a agentes públicos activos y pasivos y contempla también a sus grupos familiares.
La modificación cambia el esquema vigente y permite que quienes actualmente tienen afiliación obligatoria a IPROSS puedan optar por otra entidad para su cobertura de salud.
La opción tendrá determinadas condiciones. Quien decida cambiar de cobertura deberá permanecer durante un período mínimo de 12 meses en la entidad elegida. Cumplido ese plazo, podrá optar por otra cobertura.
Además, una vez transcurridos 36 meses desde el primer ejercicio de la opción, el afiliado podrá solicitar su reincorporación a IPROSS como afiliado obligatorio directo, sin períodos de carencia.
La reforma también contempla situaciones vinculadas con tratamientos médicos. Durante el proceso de cambio deberá garantizarse la continuidad de los tratamientos, mientras que también se prevé el regreso a IPROSS cuando la cobertura elegida cese por causas ajenas al afiliado.
De esta manera, el nuevo esquema modifica la relación entre los trabajadores estatales y la obra social provincial: IPROSS deja de ser la única alternativa obligatoria y los afiliados pasan a contar con la posibilidad de elegir otra cobertura.
El cambio había sido anunciado por el Gobierno provincial y finalmente fue convertido en ley por la Legislatura, que aprobó la iniciativa por 35 votos a favor y 9 en contra.
Desde el Gobierno sostuvieron que el nuevo escenario busca que IPROSS compita por mantener a sus afiliados a partir de la calidad de sus prestaciones y atención. Esa posición fue planteada públicamente por el gobernador Alberto Weretilneck al presentar la iniciativa.
