La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso para el próximo miércoles (11/09) para exigir a los diputados que rechacen el veto presidencial al aumento de las jubilaciones, y en protesta «contra el intento de congelar los salarios en la administración pública y los más de 65.000 despidos que planea el Gobierno a fin de mes».

«Los diputados que voten en favor del veto estarán condenando a los jubilados a pasar hambre, enfermarse y morir. Los estatales nos vamos a movilizar de manera masiva y rechazamos cualquier posibilidad de que se aplique el protocolo anticonstitucional de Bullrich», aseveró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, en referencia al protocolo antipiquetes.

«Debemos estar en la calle para evitar que se siga consolidando el régimen autoritario del Gobierno. No vamos a aceptar que se congelen los salarios en el sector público y rechazamos cualquier posibilidad de que a fin de mes vuelvan a existir cesantías masivas. Seguramente esta será la primera protesta de varias que llevaremos adelante este mes», agregó el dirigente.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sindicato se manifestará a partir de las 13 horas frente al Congreso Nacional mientras que en el resto de las provincias las modalidades de protesta serán definidas por las conducciones locales.

Cabe recordar que durante la última paritaria, ATE rechazó el 2% de septiembre y 1% de octubre ofertado por el Gobierno, y repudió cualquier posibilidad de que los salarios se mantengan congelados hasta fin de año.

Esta medida se realizará en conjunto con las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional con el objetivo de que los diputados ratifiquen su voto en favor de la movilidad jubilatoria.

El Gobierno de Río Negro lanzó una nueva línea de créditos productivos con una inversión superior a los $3.000 millones, orientada a fortalecer el sector agroindustrial de la provincia. Esta iniciativa está diseñada para beneficiar a productores de diversos sectores, incluyendo agricultura, ganadería, fruticultura, pesca, acuicultura, apicultura y recursos forestales. A través de estos créditos, los productores podrán acceder a financiamiento destinado a la adquisición de equipos, mejoras en instalaciones y la adopción de nuevas tecnologías.

Los productores interesados en acceder a estos créditos deben ingresar a www.desarrolloeconomico.rionegro.gov.ar, donde se detalla la información sobre las líneas de financiamiento, montos disponibles y requisitos específicos para cada sector. Según el área de producción, las opciones de crédito varían desde los $5.000.000 con firma de mutuo y pagaré, hasta $20.000.000 con otras garantías. Las tasas de interés son fijas, los plazos de devolución son flexibles y se otorgan períodos de gracia para facilitar el inicio de los proyectos. Una vez que el productor tenga toda la información y cumpla con los requisitos, deberá iniciar la solicitud en la plataforma online o acercándose a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Los sectores que se verán beneficiados incluyen la agricultura y horticultura, con financiamiento para insumos y bienes de capital destinados a mejorar la eficiencia y aumentar la superficie de producción.

En ganadería bovina y ovina, se incentivará la mejora de instalaciones, la compra de reproductores y el fortalecimiento de la genética local. En fruticultura, se destinarán más de $1.000.000.000 para mejorar la sanidad de los cultivos y adquirir insumos agrícolas. La apicultura también será beneficiada con créditos para la adquisición de materiales e insumos que fortalezcan la producción de miel.

Los sectores de pesca y acuicultura recibirán apoyo para la compra de bienes de capital y capital de trabajo, mientras que los recursos forestales contarán con respaldo económico para la adquisición de equipamiento y herramientas que promuevan la gestión sustentable de los recursos.

Este programa forma parte de un plan integral para fortalecer y diversificar la matriz productiva de Río Negro, promoviendo el desarrollo sostenible y la competitividad en toda la región. Con estas nuevas líneas de crédito, el Gobierno busca impulsar el crecimiento económico y brindar herramientas a los productores para enfrentar los desafíos del mercado actual.

Los gobiernos de Río Negro y Neuquén solicitaron al Gobierno Nacional la pronta elaboración de los pliegos de bases y condiciones para el funcionamiento de los complejos hidroeléctricos ubicados sobre los ríos Limay y Neuquén.

El gobernador de Río Negro, Alberto Wereltineck, acompañó la solicitud de su par del Neuquén, Rolando Figueroa, quien reiteró por nota al secretario de Energía de la Nación, Eduardo Chirillo, la necesidad de un acuerdo tripartito entre la Nación y las provincias. Este acuerdo es fundamental para avanzar en la confección de los pliegos que regirán el concurso y posibles nuevas concesiones de generación de energía eléctrica en los complejos hidroeléctricos Chocón – Arroyito, Cerros Colorados, Piedra del Águila y Alicurá.

Figueroa subrayó la importancia de que las provincias participen activamente en el proceso de concesión, prórroga y/o autorización de estos complejos, insistiendo en que las nuevas concesiones deben ajustarse a las normativas provinciales vigentes sobre el manejo y uso de las aguas, así como la protección del ambiente. Dichas normativas son una prerrogativa inalienable de las provincias de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Nacional y las respectivas constituciones provinciales.

El documento enviado este martes (03/09) a la Nación también solicita que se brinde una respuesta en un plazo de diez días corridos, teniendo en cuenta que el plazo de 180 días corridos para el llamado a concurso ya está en curso según lo establecido en el artículo 6° del decreto vigente.

La nota concluye recordando que las provincias de Río Negro y Neuquén se reservan el derecho de iniciar acciones judiciales, incluyendo la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la Ley 15.336, así como de cualquier reglamento o acto administrativo del Estado Nacional que intente definir el destino de los recursos hídricos de los ríos Neuquén y Limay sin la participación y consentimiento previo y expreso de las provincias.