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Para la CTA el tarifazo en el gas «sólo beneficia a empresarios y perjudica a los pobres»
A partir de hoy la tarifa de gas subió un 36% para las categorías más bajas y en un 31% para las de consumo medio en toda la Patagonia.
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro criticó en duros términos al gobierno nacional que «de la mano del presidente Mauricio Macri y el ministro de Energía de la Nación, Juan Aranguren» resolvió incrementar a partir de hoy la tarifa de gas en la Patagonia en un 36% para las categorías más bajas y en un 31% para las de consumo medio. El ajuste se enmarca en un alza de hasta el 40% promedio en todo el país y se suma al 45% de diciembre pasado.
«Los aumentos en el precio de las facturas de servicios básicos representan otra forma de transferencia de recursos desde los asalariados a los empresarios. Según estudios de organizaciones de consumidores, alcanzan al 40% de los ingresos argentinos”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores/as del Estado (ATE) y la CTA Autónoma de Río Negro.
«Los sectores populares, como siempre, son los más castigados por estas políticas neoliberales. La tarifa social en nuestra Patagonia sólo beneficiará a las casas con menor consumo -de hasta 800 metros cúbicos- a las que, insólitamente, le descontarán sólo un 25 por ciento. Un tubo de diez kilos ya pasa a costar 216 pesos», añadió.
«Las políticas de Cambiemos siguen siendo insensibles por sobre cualquier discusión a favor o en contra de los subsidios, y están direccionadas a financiar los costos de inversión empresario», sostuvo Aguiar.
“Las empresas de gas, y también las eléctricas, propusieron con el aval del ministro Aranguren que en los aumentos se incluya el segmento que financia las inversiones que prometen llevar a cabo. Esto es absurdo, porque primero tienen que hacer las inversiones y luego recuperarlas con aumento de tarifas”, criticó el dirigente sindical.
Desde octubre próximo, tras la última indexación prevista para eliminar los subsidios, los precios subirán en función del índice inflacionario.
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Para ATE, «las garantías constitucionales están en riesgo» luego de la persecución política y judicial contra periodistas
«Este ataque a la libertad de expresión y el intento de allanar a periodistas pone en riesgo toda la institucionalidad de nuestro país», dijo Aguiar.
Luego de que el Gobierno denunciara a los periodistas que difundieron audios sobre la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió este accionar del Poder Ejecutivo y acusó «un grave ataque contra la libertad de expresión».
«La persecución y el intento de allanar a periodistas por revelar hechos de corrupción pone en riesgo toda la institucionalidad en nuestro país», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Se trata de un ataque directo a la libertad de expresión y a todas las garantías constitucionales que como sociedad tenemos que defender. Todos los ciudadanos tienen derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa», agregó el dirigente. Entre los periodistas apuntados se encuentran Jorge Rial y Mauro Federico, además del responsable del portal Data Clave, Pablo Giménez.
Además, el sindicato alertó el preocupante acto de censura por el cual el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, prohibió la difusión de nuevos audios de la hermana del presidente.
«Estas decisiones atentan directamente contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión, amparados en los artículos 14 y 32 de la Carta Magna. Todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal», detalló Aguiar.
Además, recordó que «la Argentina suscribe a la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual en su artículo 13 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. El ejercicio del derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley».
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UnTER ratificó el rechazo a la oferta salarial del Gobierno y exigió urgente convocatoria a paritaria
Desde el sindicato esperan que el llamado sea la próxima semana, si no convocarán a un nuevo Congreso.
El plenario de secretarios generales de la UnTER resolvió avalar por unanimidad el rechazo del Consejo Directivo Central a la última propuesta salarial por considerarla «paupérrima» y exigir una urgente convocatoria a paritaria con una oferta de recomposición acorde con los requerimientos del sindicato.
Con la participación de representantes de las 18 Seccionales, el plenario que se desarrolló por plataforma virtual, definió que en caso de no recepcionar la convocatoria del Ministerio de Educación en la primera semana de septiembre, se realizará un Congreso Extraordinario el 9 de septiembre. Asimismo, se resolvió exigir al Gobierno provincial la derogación de las auditorias médicas.
El plenario se expidió también respecto de las situaciones de violencia en diferentes puntos de la Provincia: exigió la continuidad del trabajo, de manera perentoria, en la elaboración de un protocolo y definió exhortar a los legisladores provinciales a tratar urgentemente el proyecto presentado por UnTER para la protección y el resguardo de los docentes en las instituciones rionegrinas.
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ATE denunció a UPCN y a Unión Personal por prácticas ilegales contra los estatales
El sindicato acusó a la obra social por cobrar coseguros ilegales en prestaciones de salud que forman parte del Programa Médico Obligatorio, y restringir prestaciones a quienes no estén afiliados a UPCN.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a Unión Personal, obra social administrada por el sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por el cobro de coseguros ilegales. También acusa discriminación en las prestaciones médicas según la afiliación sindical y la aplicación de tarifas exorbitantes sobre las prestaciones médicas obligatorias cercenando el derecho a la salud de los trabajadores.
«La conducta de algunos dirigentes del Sector Público es miserable. Primero le destruyen los salarios a los trabajadores avalando recortes sin precedentes, y ahora pretenden cobrar plus o aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Estamos frente a una extorsión comprobada y además debe investigarse si no existen complicidades de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud por permitir este accionar discriminatorio y manifiestamente ilegal que perjudica a miles de trabajadores estatales», agregó el dirigente.
En esta línea, el referente de ATE apuntó contra la conducción de UPCN. «Están utilizando a la obra social para intentar de manera desesperada frenar las desafiliaciones masivas que están sufriendo a partir del silencio cómplice que mantienen desde hace 19 meses avalando a un Gobierno que de manera permanente y sistemática ha agredido al empleo público e intentado desmantelar numerosas estructuras del Estado», agregó.
«Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados», concluyó Aguiar.
El dirigente sindical argumentó ante la Superintendencia la ilegalidad del cobro de coseguros para intervenciones quirúrgicas, lo que viola el Programa Médico Obligatorio, y la imposición de costos elevados y diferenciales según afiliación sindical. Además, resaltó que «todos los estatales, independientemente de su afiliación o no, tienen el mismo derecho a la salud».
De esta forma, se acusa a UPCN de «extorsionar a los trabajadores para frenar la desafiliación masiva que viene sufriendo y de eximir solo a quienes estén afiliados a dicho sindicato del pago de los coseguros, entre otros privilegios como el acceso exclusivo a distintos sanatorios. Esto último, además de ser inconstitucional, representa una práctica extorsiva e intimidatoria. Además, el sindicato liderado por Andrés Rodríguez actúa en consonancia con el Gobierno Nacional».
Desde ATE se repudia «una deficiente administración por parte de la obra social Unión Personal y de UPCN lo que obliga a trasladar los costos de los servicios a los propios estatales».
«Gracias a la estrategia jurídica que el centenario sindicato estatal implementó para impedir los abusos que está llevando a cabo Unión Personal, ya se logró dar marcha atrás a algunas de las prácticas fraudulentas. Para eso, se presentaron diversos amparos, colectivos e individuales según el caso, ante el órgano de control de las obras sociales», sostuvo Aguiar.
Por otra parte, los delegados del sindicato en cada sector de la Administración Pública Nacional han registrado múltiples casos y asesorado sobre el procedimiento administrativo para impedir estas acciones ilegales y discriminatorias que está ejerciendo la obra social. También se ha puesto a disposición los formularios correspondientes para realizar las denuncias de forma individual.
