Gremios
«Esperamos que el gobierno recapacite y convoque a una reunión del Consejo de la Función Pública»
En esos términos finalizó la reunión de la Mesa Directiva Provincial de UPCN que se realizó el miércoles por la tarde en Viedma.
Los referentes de las delegaciones territoriales de UPCN reiteraron el miércoles su total rechazo al acuerdo salarial entre el gobierno provincial y el otro gremio de estatales (ATE). «Implica un empujón más en la caída del poder adquisitivo de los trabajadores de la Administración Pública rionegrina», indicaron.
«Es una propuesta poco seria que se puede tildar hasta de ladina, porque el gobierno juega con la necesidad de los trabajadores ofreciendo un bono por única vez y un porcentaje que no cubre siquiera la inflación de los dos primeros meses de este año. Pretenden conformarnos por un rato, con una suma fija por única vez, en desmedro del salario real y su desvalorización acelerada», manifestaron desde UPCN.
Los referentes provinciales expresaron el «profundo malestar que muestran los compañeros de los distintos organismos distribuidos en todo el territorio, muy molestos por esta medida publicitada por el gobierno que juega con sus necesidades».
Mientras se estaba desarrollando la reunión, los presentes se anoticiaron del 18% acumulativo ofrecido a los judiciales; «a esto le agregamos el 16,5% obtenido por los legislativos y entre el 17% y el 21% por los docentes, quedando los agentes de la Administración Pública totalmente discriminados en el conjunto de trabajadores que brindan su fuerza de trabajo en el Estado y aún más excluidos teniendo en cuenta los dispares niveles salariales de los tres poderes», indicaron.
«Y el descontento ya no solo se centra en los compañeros que revistan en las categorías más bajas del escalafón, cuyos sueldos no alcanzan a superar el límite de la pobreza, sino de los administrativos, los técnicos y los profesionales de la Administración Pública que, en comparación con sus pares de los otros poderes reciben por el mismo trabajo menos de un 50% de lo que perciben los compañeros legislativos o judiciales. Y no es un planteo hacia el salario digno que tienen ellos, sino al inmerecido destrato que tienen los nuestros, la falta de equiparación que la UPCN viene denunciando desde hace mucho tiempo», añadieron desde UPCN.
«La totalidad de los representantes provinciales coincidieron en que los compañeros sienten este destrato como una ofensa muy cara, porque tira hacia abajo (aún más) el salario real de los agentes de la Administración Pública, muy por debajo de los índices inflacionarios y compromete de manera preocupante el consumo de los bienes básicos de un gran número de familias rionegrinas», agregaron.
«Venimos pidiendo durante meses al gobierno un adelanto en concepto de reconocimiento de los montos adeudados en 2016 y 2017, a pagarse a inicios de año para, justamente, no llegar a esta altura del año sin ninguna mejora en los salarios, pero el gobierno estiró los tiempos, ofreciendo de manera ilegítima un porcentaje inferior al de todos y a destiempo, que acrecienta la brecha salarial entre poderes y empobrece cada vez más a los trabajadores de esta Administración Pública», dijeron los referentes provinciales del gremio que conduce Juan Carlos Scalesi.
Finalmente, todos los integrantes de la Mesa coincidieron en solicitar directamente al gobernador Alberto Weretilneck que recapacite de su postura y llame a una reunión en el ámbito del Consejo de la Función Pública para revisar esta decisión que «causa gran perjuicio a los estatales de la Administración Pública rionegrina».
Gremios
ATE llama a una “condena social” contra los gobernadores por la quita de la zona fría
«En las puertas del invierno, ¿cómo pueden avalar la quita de subsidios a los habitantes de sus provincias que van a tener que pagar el doble por el gas? Estamos frente a un nuevo golpe al bolsillo», dijo el titular de ATE.
Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto oficialista que elimina el subsidio de energía por zona fría a distintas provincias, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «tenemos que lograr que sean condenados socialmente los gobernadores que apoyaron la media sanción. No debieran estar gobernando por carecer de toda sensibilidad».
«En las puertas del invierno, ¿cómo pueden avalar la quita de subsidios a los habitantes de sus provincias que van a tener que pagar el doble por el gas? Estamos frente a un nuevo golpe al bolsillo. El deterioro del poder adquisitivo es gravísimo, no se tolera más. Si esta ley se aprueba, se profundizará el ajuste en las provincias, va a empobrecer aún más al 80% de la población y va a acelerar la conflictividad», agregó el dirigente estatal.
En referencia a la condonación de deudas millonarias que las empresas energéticas mantenían con el Gobierno, Aguiar cuestionó que «es inaceptable que le quiten los subsidios a quienes menos tienen, a los más pobres, mientras benefician a las elites empresarias, a quienes les van a perdonar deudas por miles de millones de dólares».
«Milei y el empresariado nacional y trasnacional que lo mandan son los autores de un daño social irreparable, pero también existen cómplices necesarios y son los gobernadores, diputados y senadores», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
El proyecto que ya cuenta con media sanción del Congreso recorta los subsidios de gas en numerosos departamentos de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja, al modificar el Régimen de Zona Fría. Esta modificación implica una suba drástica de los costos de los servicios que, según el caso, aumentará entre un 20 y un 100% en caso de aplicarse la ley, afectando a más de 3 millones de usuarios.
La norma además incluye la condonación de las deudas que las empresas Edesur y Edenor mantienen con el Estado Nacional. El monto de la deuda rondaría los 1.800 millones de dólares.
Gremios
UnTER rechazó la propuesta salarial y reclamó una nueva paritaria urgente
Aunque la moción de paro obtuvo mayoría, no alcanzó los dos tercios requeridos por el estatuto sindical, por lo que no habrá nuevas medidas de fuerza.
El Congreso Extraordinario de UnTER resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Río Negro en la paritaria del pasado jueves (14/05) y reclamó una nueva convocatoria urgente para continuar con las negociaciones.
El encuentro se desarrolló este jueves (21/05) en Viedma con la participación de representantes de las 18 Seccionales de la provincia, donde se analizó la situación educativa y salarial a nivel provincial y nacional.
Según informó el gremio docente, durante la jornada también se debatió la posibilidad de llevar adelante medidas de fuerza. La moción a favor del paro obtuvo 104 votos, mientras que la postura de no realizar medidas de fuerza consiguió 51 votos y hubo además dos abstenciones. Sin embargo, desde UnTER aclararon que el estatuto sindical exige una mayoría especial de dos tercios del total de congresales para aprobar un paro, número que finalmente no se alcanzó. Por ese motivo, el Congreso resolvió no avanzar con medidas de fuerza en esta instancia.
No obstante, el sindicato definió impulsar acciones de visibilización simultáneas en toda la provincia y en conjunto con otras organizaciones gremiales.
Previo al inicio del Congreso, docentes realizaron una movilización hacia el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y posteriormente a Casa de Gobierno para expresar sus reclamos salariales y en defensa de la educación pública.
Gremios
El Frente de Sindicatos Unidos reclama un salario mínimo vital y móvil de $2.879.877
El informe detalla que el SMVM oficial ya es el más bajo de la historia argentina y está 20% por debajo del valor que tuvo durante la década del 90.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) sostuvo que las y los trabajadores necesitan un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $2.879.877 para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Ese monto equivale a ocho veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.
Además, en lo que va del gobierno de Javier Milei, los asalariados perdieron más de 62 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales y se vieron forzados a endeudarse para sostener la vida cotidiana. Eso explica el nivel de endeudamiento de las familias argentinas.
En el desglose de datos, el FreSU informó que cada trabajador del sector privado perdió en promedio $2.321.24 y, en el caso del sector público, la pérdida fue de $12.788.939 en promedio.
Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toma como referencia los costos necesarias para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional: Alimentación adecuada ($648.271); vivienda digna ($568.227); educación ($252.457); vestimenta ($147.595); salud ($349.332); transporte, esparcimiento y vacaciones ($597.209); y previsión social ($316.786).
El FreSU está integrado por unas 140 organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Aeronáuticos, Molineros y Papeleros.
El 1 de Mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados y votaron el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, donde afirmó que «reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión».
El tercer informe mensual del FreSU fue anunciado por los secretarios generales Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE), Daniel Yofra (Federación Aceitera) y Matías Fachal (Federación Judicial) y la secretaria general de Conadu Histórica, Francista Staiti, desde la jornada de debate realizada por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mendoza, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL) en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza.
