Gremios
«Esperamos que el gobierno recapacite y convoque a una reunión del Consejo de la Función Pública»
En esos términos finalizó la reunión de la Mesa Directiva Provincial de UPCN que se realizó el miércoles por la tarde en Viedma.
Los referentes de las delegaciones territoriales de UPCN reiteraron el miércoles su total rechazo al acuerdo salarial entre el gobierno provincial y el otro gremio de estatales (ATE). «Implica un empujón más en la caída del poder adquisitivo de los trabajadores de la Administración Pública rionegrina», indicaron.
«Es una propuesta poco seria que se puede tildar hasta de ladina, porque el gobierno juega con la necesidad de los trabajadores ofreciendo un bono por única vez y un porcentaje que no cubre siquiera la inflación de los dos primeros meses de este año. Pretenden conformarnos por un rato, con una suma fija por única vez, en desmedro del salario real y su desvalorización acelerada», manifestaron desde UPCN.
Los referentes provinciales expresaron el «profundo malestar que muestran los compañeros de los distintos organismos distribuidos en todo el territorio, muy molestos por esta medida publicitada por el gobierno que juega con sus necesidades».
Mientras se estaba desarrollando la reunión, los presentes se anoticiaron del 18% acumulativo ofrecido a los judiciales; «a esto le agregamos el 16,5% obtenido por los legislativos y entre el 17% y el 21% por los docentes, quedando los agentes de la Administración Pública totalmente discriminados en el conjunto de trabajadores que brindan su fuerza de trabajo en el Estado y aún más excluidos teniendo en cuenta los dispares niveles salariales de los tres poderes», indicaron.
«Y el descontento ya no solo se centra en los compañeros que revistan en las categorías más bajas del escalafón, cuyos sueldos no alcanzan a superar el límite de la pobreza, sino de los administrativos, los técnicos y los profesionales de la Administración Pública que, en comparación con sus pares de los otros poderes reciben por el mismo trabajo menos de un 50% de lo que perciben los compañeros legislativos o judiciales. Y no es un planteo hacia el salario digno que tienen ellos, sino al inmerecido destrato que tienen los nuestros, la falta de equiparación que la UPCN viene denunciando desde hace mucho tiempo», añadieron desde UPCN.
«La totalidad de los representantes provinciales coincidieron en que los compañeros sienten este destrato como una ofensa muy cara, porque tira hacia abajo (aún más) el salario real de los agentes de la Administración Pública, muy por debajo de los índices inflacionarios y compromete de manera preocupante el consumo de los bienes básicos de un gran número de familias rionegrinas», agregaron.
«Venimos pidiendo durante meses al gobierno un adelanto en concepto de reconocimiento de los montos adeudados en 2016 y 2017, a pagarse a inicios de año para, justamente, no llegar a esta altura del año sin ninguna mejora en los salarios, pero el gobierno estiró los tiempos, ofreciendo de manera ilegítima un porcentaje inferior al de todos y a destiempo, que acrecienta la brecha salarial entre poderes y empobrece cada vez más a los trabajadores de esta Administración Pública», dijeron los referentes provinciales del gremio que conduce Juan Carlos Scalesi.
Finalmente, todos los integrantes de la Mesa coincidieron en solicitar directamente al gobernador Alberto Weretilneck que recapacite de su postura y llame a una reunión en el ámbito del Consejo de la Función Pública para revisar esta decisión que «causa gran perjuicio a los estatales de la Administración Pública rionegrina».
Gremios
ATE lanza un paro nacional de 24 horas para protestar en todo el país el jueves 15 y «voltear el decreto 70/23 completo»
«Este DNU no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre y en la Capital Federal se movilizará al Congreso de la Nación a partir de las 13.30 para exigir la derogación del Decreto N° 70/23. Además, las protestas se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias.
Durante la jornada, sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Cabe destacar que cada provincia definirá la extensión de la medida y la modalidad de protesta.
«Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, señaló que «no podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto».
«Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo», agregó el dirigente.
«Desde que asumió Milei nunca existió ni necesidad ni urgencia. La Constitución Nacional le prohíbe expresamente al presidente legislar. Y si lo hace, debe ser declarado nulo de nulidad absoluta. Con un Congreso que estuvo siempre abierto, este decreto es corrupción», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Además se verán afectados los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radioperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.
La movilización se dará además en el marco de la Marcha Federal Universitaria para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición salarial, actualización de las becas estudiantiles y los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
