Gremios
«Esperamos que el gobierno recapacite y convoque a una reunión del Consejo de la Función Pública»
En esos términos finalizó la reunión de la Mesa Directiva Provincial de UPCN que se realizó el miércoles por la tarde en Viedma.
Los referentes de las delegaciones territoriales de UPCN reiteraron el miércoles su total rechazo al acuerdo salarial entre el gobierno provincial y el otro gremio de estatales (ATE). «Implica un empujón más en la caída del poder adquisitivo de los trabajadores de la Administración Pública rionegrina», indicaron.
«Es una propuesta poco seria que se puede tildar hasta de ladina, porque el gobierno juega con la necesidad de los trabajadores ofreciendo un bono por única vez y un porcentaje que no cubre siquiera la inflación de los dos primeros meses de este año. Pretenden conformarnos por un rato, con una suma fija por única vez, en desmedro del salario real y su desvalorización acelerada», manifestaron desde UPCN.
Los referentes provinciales expresaron el «profundo malestar que muestran los compañeros de los distintos organismos distribuidos en todo el territorio, muy molestos por esta medida publicitada por el gobierno que juega con sus necesidades».
Mientras se estaba desarrollando la reunión, los presentes se anoticiaron del 18% acumulativo ofrecido a los judiciales; «a esto le agregamos el 16,5% obtenido por los legislativos y entre el 17% y el 21% por los docentes, quedando los agentes de la Administración Pública totalmente discriminados en el conjunto de trabajadores que brindan su fuerza de trabajo en el Estado y aún más excluidos teniendo en cuenta los dispares niveles salariales de los tres poderes», indicaron.
«Y el descontento ya no solo se centra en los compañeros que revistan en las categorías más bajas del escalafón, cuyos sueldos no alcanzan a superar el límite de la pobreza, sino de los administrativos, los técnicos y los profesionales de la Administración Pública que, en comparación con sus pares de los otros poderes reciben por el mismo trabajo menos de un 50% de lo que perciben los compañeros legislativos o judiciales. Y no es un planteo hacia el salario digno que tienen ellos, sino al inmerecido destrato que tienen los nuestros, la falta de equiparación que la UPCN viene denunciando desde hace mucho tiempo», añadieron desde UPCN.
«La totalidad de los representantes provinciales coincidieron en que los compañeros sienten este destrato como una ofensa muy cara, porque tira hacia abajo (aún más) el salario real de los agentes de la Administración Pública, muy por debajo de los índices inflacionarios y compromete de manera preocupante el consumo de los bienes básicos de un gran número de familias rionegrinas», agregaron.
«Venimos pidiendo durante meses al gobierno un adelanto en concepto de reconocimiento de los montos adeudados en 2016 y 2017, a pagarse a inicios de año para, justamente, no llegar a esta altura del año sin ninguna mejora en los salarios, pero el gobierno estiró los tiempos, ofreciendo de manera ilegítima un porcentaje inferior al de todos y a destiempo, que acrecienta la brecha salarial entre poderes y empobrece cada vez más a los trabajadores de esta Administración Pública», dijeron los referentes provinciales del gremio que conduce Juan Carlos Scalesi.
Finalmente, todos los integrantes de la Mesa coincidieron en solicitar directamente al gobernador Alberto Weretilneck que recapacite de su postura y llame a una reunión en el ámbito del Consejo de la Función Pública para revisar esta decisión que «causa gran perjuicio a los estatales de la Administración Pública rionegrina».
Gremios
El Frente de Sindicatos Unidos reclama un salario mínimo vital y móvil de $2.879.877
El informe detalla que el SMVM oficial ya es el más bajo de la historia argentina y está 20% por debajo del valor que tuvo durante la década del 90.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) sostuvo que las y los trabajadores necesitan un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $2.879.877 para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Ese monto equivale a ocho veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.
Además, en lo que va del gobierno de Javier Milei, los asalariados perdieron más de 62 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales y se vieron forzados a endeudarse para sostener la vida cotidiana. Eso explica el nivel de endeudamiento de las familias argentinas.
En el desglose de datos, el FreSU informó que cada trabajador del sector privado perdió en promedio $2.321.24 y, en el caso del sector público, la pérdida fue de $12.788.939 en promedio.
Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toma como referencia los costos necesarias para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional: Alimentación adecuada ($648.271); vivienda digna ($568.227); educación ($252.457); vestimenta ($147.595); salud ($349.332); transporte, esparcimiento y vacaciones ($597.209); y previsión social ($316.786).
El FreSU está integrado por unas 140 organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Aeronáuticos, Molineros y Papeleros.
El 1 de Mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados y votaron el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, donde afirmó que «reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión».
El tercer informe mensual del FreSU fue anunciado por los secretarios generales Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE), Daniel Yofra (Federación Aceitera) y Matías Fachal (Federación Judicial) y la secretaria general de Conadu Histórica, Francista Staiti, desde la jornada de debate realizada por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mendoza, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL) en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza.
Gremios
El Gobierno propuso seguir actualizando salarios por IPC
El Ejecutivo dejó planteado que la propuesta salarial está sujeta a la aceptación de la oferta, y que ante eventuales medidas de fuerza, no se liquidarán los incrementos previstos y se aplicarán descuentos.
El Gobierno de Río Negro presentó una nueva propuesta de aumento salarial a los gremios estatales, garantizando «actualizaciones automáticas atadas a la inflación» hasta septiembre. «Este esquema ofrece mayor previsibilidad a las familias del personal estatal y asegura la continuidad de los servicios esenciales para todos los rionegrinos», destacaron desde el Ejecutivo.
La propuesta, que fue presentada en el marco de la Mesa de la Función Pública (ante representantes de ATE pero con ausencia de UPCN) y en la paritaria docente, al gremio UnTER, consiste en continuar con la actualización bimestral de los salarios, aplicando el promedio entre el IPC Nacional y el IPC de Viedma para los próximos dos bimestres.
De esta manera, para el bimestre junio-julio 2026 los salarios se actualizarán tomando como referencia el promedio de inflación registrado en abril y mayo; mientras que para el bimestre agosto-septiembre 2026 se usarán como base los índices de junio y julio.
En el caso de la negociación docente, el Gobierno Provincial dejó planteado que la propuesta salarial está sujeta a la aceptación de la oferta y al normal desarrollo del ciclo lectivo. Ante eventuales medidas de fuerza, no se liquidarán los incrementos previstos y se aplicarán los descuentos por los días no trabajados.
Además, la propuesta incorpora un incremento del 20% para el plus operador de SENAF y otro 50% para los adicionales del Personal de Servicio de Apoyo de Educación, ambos a partir del mes en curso.
También se ofreció avanzar con el pago de las recategorizaciones adeudadas a casi 4.000 agentes de Salud. El esquema prevé que quienes tengan montos de hasta $200.000 cobren en una cuota a fines de junio; entre $200.001 y $500.000, en tres cuotas desde julio; entre $500.001 y $1.000.000, en cuatro cuotas; y quienes superen el millón de pesos, en seis cuotas desde julio.
Desde el Gobierno Provincial remarcaron que «la propuesta se realiza en un contexto nacional complejo, sosteniendo el compromiso de mantener salarios actualizados, cuidar el funcionamiento del Estado y garantizar previsibilidad para las familias rionegrinas».
Gremios
Mientras UnTER asegura un 70% de adhesión al paro, el Gobierno informa un 65% de presentismo en las escuelas
En el primer día de protesta, los docentes se movilizaron en los puentes Cipolletti-Neuquén y fueron reprimidos por efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura.
La primera jornada del paro docente de 48 horas en Río Negro estuvo marcada por cifras contrapuestas entre el gremio UnTER y el Gobierno provincial, y por momentos de tensión en los puentes carreteros que conectan Cipolletti con Neuquén.
Desde el sindicato aseguraron que la medida de fuerza alcanzó una adhesión cercana al 70% en toda la provincia. En contraposición, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos informó que el presentismo docente superó el 65%, lo que, según indicaron, «permitió sostener el dictado de clases en gran parte de las escuelas».
En paralelo, la protesta tuvo su punto más crítico en la zona de los puentes interprovinciales sobre la Ruta Nacional N° 22, donde docentes se manifestaban en el marco del paro de 48 horas. Durante la mañana, la actividad se había desarrollado con entrega de folletería y tránsito lento, sin mayores inconvenientes.
Sin embargo, la situación escaló cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar sobre la calzada. En ese momento, intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura, quienes utilizaron gas pimienta para dispersar a los docentes.
El accionar generó corridas, momentos de tensión y desconcierto entre los presentes. Algunos manifestantes resultaron afectados por los gases, aunque fueron asistidos en el lugar y continuaron con la movilización.
Desde UnTER señalaron que la intención era movilizarse hacia la rotonda sin cortar totalmente el tránsito, dejando al menos un carril habilitado para la circulación.
Por su parte, el Gobierno provincial cuestionó la medida de fuerza al considerarla injustificada y remarcó que, «en los últimos años, los salarios docentes se ubicaron por encima de la inflación».
