Gremios
«Esperamos que el gobierno recapacite y convoque a una reunión del Consejo de la Función Pública»
En esos términos finalizó la reunión de la Mesa Directiva Provincial de UPCN que se realizó el miércoles por la tarde en Viedma.
Los referentes de las delegaciones territoriales de UPCN reiteraron el miércoles su total rechazo al acuerdo salarial entre el gobierno provincial y el otro gremio de estatales (ATE). «Implica un empujón más en la caída del poder adquisitivo de los trabajadores de la Administración Pública rionegrina», indicaron.
«Es una propuesta poco seria que se puede tildar hasta de ladina, porque el gobierno juega con la necesidad de los trabajadores ofreciendo un bono por única vez y un porcentaje que no cubre siquiera la inflación de los dos primeros meses de este año. Pretenden conformarnos por un rato, con una suma fija por única vez, en desmedro del salario real y su desvalorización acelerada», manifestaron desde UPCN.
Los referentes provinciales expresaron el «profundo malestar que muestran los compañeros de los distintos organismos distribuidos en todo el territorio, muy molestos por esta medida publicitada por el gobierno que juega con sus necesidades».
Mientras se estaba desarrollando la reunión, los presentes se anoticiaron del 18% acumulativo ofrecido a los judiciales; «a esto le agregamos el 16,5% obtenido por los legislativos y entre el 17% y el 21% por los docentes, quedando los agentes de la Administración Pública totalmente discriminados en el conjunto de trabajadores que brindan su fuerza de trabajo en el Estado y aún más excluidos teniendo en cuenta los dispares niveles salariales de los tres poderes», indicaron.
«Y el descontento ya no solo se centra en los compañeros que revistan en las categorías más bajas del escalafón, cuyos sueldos no alcanzan a superar el límite de la pobreza, sino de los administrativos, los técnicos y los profesionales de la Administración Pública que, en comparación con sus pares de los otros poderes reciben por el mismo trabajo menos de un 50% de lo que perciben los compañeros legislativos o judiciales. Y no es un planteo hacia el salario digno que tienen ellos, sino al inmerecido destrato que tienen los nuestros, la falta de equiparación que la UPCN viene denunciando desde hace mucho tiempo», añadieron desde UPCN.
«La totalidad de los representantes provinciales coincidieron en que los compañeros sienten este destrato como una ofensa muy cara, porque tira hacia abajo (aún más) el salario real de los agentes de la Administración Pública, muy por debajo de los índices inflacionarios y compromete de manera preocupante el consumo de los bienes básicos de un gran número de familias rionegrinas», agregaron.
«Venimos pidiendo durante meses al gobierno un adelanto en concepto de reconocimiento de los montos adeudados en 2016 y 2017, a pagarse a inicios de año para, justamente, no llegar a esta altura del año sin ninguna mejora en los salarios, pero el gobierno estiró los tiempos, ofreciendo de manera ilegítima un porcentaje inferior al de todos y a destiempo, que acrecienta la brecha salarial entre poderes y empobrece cada vez más a los trabajadores de esta Administración Pública», dijeron los referentes provinciales del gremio que conduce Juan Carlos Scalesi.
Finalmente, todos los integrantes de la Mesa coincidieron en solicitar directamente al gobernador Alberto Weretilneck que recapacite de su postura y llame a una reunión en el ámbito del Consejo de la Función Pública para revisar esta decisión que «causa gran perjuicio a los estatales de la Administración Pública rionegrina».
Gremios
Paritaria docente: UnTER rechazó la propuesta salarial del Gobierno y convocó a un Congreso
El gremio exige recomposición salarial pendiente de 2025. La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta febrero.
Este jueves (22/01) se llevó adelante en la ciudad de Viedma la primera reunión paritaria del año entre el Gobierno de Río Negro y la nueva conducción del gremio docente UnTER, sin que se lograra un acuerdo salarial entre las partes.
Durante el encuentro, realizado en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, la ministra de Educación, Patricia Campos, presentó una propuesta salarial de carácter trimestral, con actualización en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma, correspondiente al período de enero a marzo.
Desde UnTER señalaron que la oferta no puede ser evaluada, ya que «no contempla la recomposición salarial pendiente del año 2025». En ese sentido, las autoridades del gremio reiteraron los reclamos surgidos de los encuentros internos, vinculados a la urgente recomposición del salario docente, mejores condiciones laborales, mayor financiamiento educativo y el cumplimiento de la Resolución 233/98, entre otros puntos.
«El salario debe garantizar la recuperación del poder adquisitivo. Ningún docente por debajo de la línea de la pobreza», remarcaron desde el sindicato.
Por su parte, desde el Gobierno provincial indicaron que «la propuesta salarial se enmarca en un difícil contexto económico, y responde a la política de pagar los salarios en tiempo y forma, garantizar los servicios esenciales del Estado y mantener ingresos que se ubiquen por encima de la inflación, en función de un uso responsable de los recursos disponibles».
Ante la falta de consenso, el Ejecutivo propuso un cuarto intermedio para la primera semana de febrero, instancia que fue cuestionada por UnTER, que manifestó su total desacuerdo con lo que consideró un intento de «dilación» en la negociación.
En ese marco, el gremio docente anunció la convocatoria a un Congreso Provincial, que se realizará el jueves (29/01) en la ciudad de San Antonio Oeste, donde se definirán las acciones a seguir.
Del encuentro participaron, por el Gobierno, la ministra Patricia Campos, la secretaria de Educación Silvia Arza, vocales gubernamentales y autoridades del Consejo Provincial de Educación. En representación de UnTER estuvieron presentes integrantes del Consejo Directivo Central y del equipo gremial y legal del sindicato.
Gremios
ATE intima judicialmente al Gobierno por el intento de privatización del área de Metrología del INTI
«El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno nacional para que deje sin efecto la recientemente publicada Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que desarticula y quita las funciones del Programa de Metrología Legal, área de trabajo que se encarga del control y regulación de instrumentos con reglamentos nacionales como los surtidores de combustible, las balanzas comerciales y los instrumentos médicos, entre otros.
«El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto. Esta resolución encubre un claro intento de privatización. Es llamativo que sean atacadas casualmente todas las funciones de control y fiscalización», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En referencia a las consecuencias que implica esta decisión del Gobierno, apuntó que «esta medida no sólo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que atenta contra la seguridad de toda la población. Parece increíble, nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que en los surtidores de nafta un litro no sea realmente un litro».
«Es evidente que esto va a tener consecuencias graves y concretas en el funcionamiento cotidiano de numerosas empresas y son millones los ciudadanos que pueden verse afectados», concluyó Aguiar y advirtió que el sindicato realizará plenarios y asambleas para definir el plan de acción hasta lograr que se derogue esta resolución.
El Programa de Metrología Legal tiene repercusión directa en la cotidianidad de la población ya que, por ejemplo, realiza los controles para la correcta medición de los alcoholímetros, los cinemómetros (fotomultas) y las balanzas comerciales, como así también los surtidores de combustibles (garantizando que no se sirva menos cantidad de la que el usuario compra), entre otros controles.
A partir de la disposición del Gobierno, el organismo nacional cesa en sus actividades de aprobación de modelos, y también la certificación de correcto funcionamiento y medición de los instrumentos actualmente utilizados.
Dentro de este área se encuentran las líneas de trabajo de metrología legal, certificación, aprobación de modelos y el Servicio Argentino de Calibración. De las mismas, junto a otras áreas indirectas, dependen 147 trabajadores distribuidos en todas las provincias y cuyos puestos de trabajo están en riesgo a partir de esta resolución.
Gremios
Tras el 2,8% de inflación, Aguiar señaló que «los salarios estatales perdieron 14,4% en el 2025»
“Estamos frente a un estancamiento de la economía. La economía no crece, el proceso inflacionario continúa en ascenso y se reduce el poder de compra de la gente», dijo el secretario general de ATE.
Luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicara que la inflación en diciembre fue de 2,8%, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «el Gobierno es el artífice de una pesadilla económica». Agregó que «estamos frente a un estancamiento de la economía. La economía no crece y se reduce el poder adquisitivo de la gente. Estamos atravesando un proceso que será muy difícil de revertir».
Además, INDEC informó que la Canasta Básica Total que mide la línea de pobreza llegó a $1.308.713. En este marco, Aguiar apuntó que «está claro que el dinero vale cada vez menos y alcanza para comprar menos cosas. Desde que asumió el presidente Milei los salarios han mostrado una caída constante».
«A pesar de las promesas del Gobierno, la inflación se mantiene en ascenso. A esta altura tenemos que aceptar que no hay luz al final del túnel como nos dijeron. Se pierden puestos de trabajo, disminuyen los ingresos y se deteriora la calidad de vida de toda la población», indicó el secretario general de ATE Nacional.
En referencia a la evolución del salario en la administración pública que durante el 2025 fue de 17,1%, mientras que la inflación en el mismo periodo fue de 31,5% (una diferencia de 14,4%), el dirigente de ATE indicó que «la destrucción de los salarios y las jubilaciones ha sido una política pública. El empobrecimiento es generalizado y hasta ahora bastante silencioso. Si no reaccionamos, va a ser peor».
«En el sector público, hay que poner en debate la responsabilidad de la dirigencia sindical. No puede ser que durante el 2025 la paritaria estatal se haya ubicado 14,4 puntos por debajo de la inflación y que ello haya sido aceptado por otro sindicato. Es evidente que existe una corresponsabilidad», detalló Aguiar. Cabe recordar que durante la gestión de Javier Milei, ATE rechazó sistemáticamente todos los ofrecimientos que se ubicaron por debajo de la evolución de los precios, mientras que UPCN aceptó.
«Deben convocarse de manera inmediata las paritarias de la administración pública central. No se soporta más ajuste. No podemos arrancar otro año perdiendo», concluyó Aguiar.
Es necesario destacar que según un estudio de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el 72% de los trabajadores perciben menos de 1 millón de pesos. En el caso de los asalariados formales, el 58% recibe un ingreso menor a esa cifra y en los informales el porcentaje es el 89%. Es decir, en la Argentina la mayoría de los trabajadores son pobres.
Esto, sumado a los servicios que subieron por encima del nivel general de los precios (como los alquileres un 39% o el combustible 40%), da como resultado una caída del consumo que en 2025 fue del 5,2% según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
