Gremios
Para UPCN «es miserable negociar el salario de los trabajadores por un puesto en la Función Pública»
El gremio detalló que la categoría más baja de los estatales, recibirá en el primer semestre un incremento de tan sólo $700.
El gremio UPCN sigue criticando el acuerdo que ésta vez, logró el otro sindicato de estatales rionegrinos (ATE) con el gobierno provincial. «Los salarios de los trabajadores no pueden ser nunca la moneda de cambio a la hora de negociar la incorporación de una organización sindical a la legalidad. La búsqueda de espacios de participación tiene otros canales que el de los salarios y es absolutamente repudiable que se use a los trabajadores para obtener una participación o un cargo con estamento legal. Es una estrategia miserable y repudiable desde la lucha sindical», indicaron desde la Mesa Directiva del gremio que conduce Juan Carlos Scalesi.
«La UPCN, como gremio que busca de verdad (aunque no quememos gomas, ni banderas, ni tratemos de chorro al gobernador para conseguir algo) el incremento y sostenimiento real del poder adquisitivo de las familias de los estatales, no puede aceptar ser parte de esta jugada en contra de los trabajadores de la Administración provincial», añadieron.
«Si el proyecto de reforma de la Función Pública está relacionado con haber aceptado la imposición de un aumento miserable del 4,5% para el primer semestre, la UPCN no quiere participar -ni siquiera como parte pasiva- en ninguna negociación espuria que perjudique de tamaña manera a los trabajadores y se muestre como la mejor negociación en años, cuando representa apenas un 4,5 % para el primer semestre, cuyas previsiones -incluso oficiales- dan solamente de enero a junio de 2018 un 12% de inflación acumulada. Si sumamos a estos porcentajes el no cumplimiento de lo acordado por parte del gobierno en 2016 y 2017, ya representa más del 20% de depreciación salarial para los estatales, que aun considerando ese porcentaje reciben los salarios más bajos de los tres poderes», agregaron.
«Según la brillante negociación de otra organización que usa un acuerdo sobre los haberes para fines propios y ajenos al derecho salarial, un trabajador de la categoría 1 del escalafón recibirá en el primer semestre de 2018 un incremento de $700 cuando, según lo adeudado y la previsión debería percibir, al menos, $3200 de aumento para recuperar el poder de compra de su familia; o un trabajador de la categoría 18 ,que en vez de los $1500 que recibirá en el primer semestre de 2018, debería recibir $6700 para que sus haberes se recuperen medianamente», detallaron.
«La UPCN no quiere participar en una negociación que usa como moneda de cambio el bolsillo de los compañeros cuando el haberle aceptado un miserable 4,5% de aumento para el primer semestre sea el precio de otra organización para ser parte de la legalidad de una negociación», indicaron.
«Le pedimos hace mucho al gobernador una Ley de Convenio Colectivo de Trabajo y ratificamos que su tratamiento debe estipularse en un momento distinto al de la discusión salarial. La UPCN tiene la responsabilidad que le da el ser mayoría y no va a regalar a los trabajadores por un cargo en la Función Pública», concluye el documento que lleva la firma de Scalesi.
Gremios
ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
